Sembrando el cambio ¿en el papel? El reto de materializar el trabajo justo en el campo
En enero del 2025 se realizaron reformas significativas al capítulo de Personas Trabajadoras del Campo de la Ley Federal de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas para este sector. Se trató de un logro histórico con potencial de beneficiar a un sector históricamente precarizado, en particular a las trabajadoras agrícolas.
No obstante, a casi dos años del acierto legislativo, vale la pena preguntarnos: ¿cómo se han materializado estas disposiciones en acciones concretas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la trabajadoras? ¿Qué ha cambiado? ¿Las trabajadoras viven mejor?
Pese a que la ley ahora reconoce a las trabajadoras agrícolas como pilares de la economía y la seguridad alimentaria de México, su vida cotidiana sigue marcada por la precariedad y la violación sistemática de sus derechos humanos laborales.
Por eso, la legislación por sí sola no basta y es fundamental poner el foco en ellas, las mujeres que, a pesar de su contribución significativa al sector agrícola, siguen enfrentando barreras estructurales que vulneran su bienestar.
El contrato invisible y la falsa promesa
Uno de los problemas más apremiantes es la deficiencia grave en la contratación. La LFT establece la obligación de contar con contratos escritos (Artículo 282). Sin embargo, en la práctica, la ausencia de contratos laborales escritos es la norma, no la excepción. Cerca del 90 % de las trabajadoras no tiene un contrato formal y depende de acuerdos verbales que solo garantizan el pago y la jornada, pero violan sistemáticamente derechos básicos como la seguridad social, las vacaciones o el aguinaldo.
Esta informalidad es la puerta de entrada a la desprotección total. Aunque la seguridad social es un derecho (Art. 279 LFT), el 86.6 % de las trabajadoras agrícolas carece de ella. Las empresas, en lugar de afiliarlas formalmente, optan por una práctica ambigua que raya en la ilegal, otorgar “pases” u “órdenes” (que solo deberían otorgarse de manera extraordinaria) para la atención médica eventual en el IMSS. Esta práctica crea una falsa sensación de aseguramiento y, en los hechos, funciona como una simulación e incluso como una forma de corrupción, ya que no genera derechos para otros seguros del IMSS ni las cotizaciones esenciales para una pensión a largo plazo. Es decir, trabajan toda una vida sin red de protección.
Para las mujeres, la lucha además es doble. Por un lado, enfrentan una discriminación constante que se refleja en la distribución diferenciada de tareas. A ellas se les asignan tareas “feminizadas” y con menor remuneración, bajo el argumento de su “delicadeza”. Esto se traduce directamente en sus bolsillos: en promedio, el pago del jornal para hombres es de 228 pesos, mientras que el de las mujeres es de 201 pesos (esto puede variar dependiendo de la región y tipo de producto).
A esto se suma que la violencia de género y el acoso laboral y sexual son problemáticas recurrentes y generalizadas en sus lugares de trabajo. Por miedo a represalias (que van desde la asignación de tareas más pesadas hasta despidos injustificados), muchas trabajadoras optan por no denunciar.
Por si fuera poco, la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados profundiza su vulnerabilidad. La falta de servicios de guardería adecuados es alarmante. El servicio de Guarderías de Campo del IMSS, que debería ser un apoyo vital, se redujo en un 50 % entre 2012 y 2024. Los horarios disponibles (de apertura a las 7 u 8 de la mañana) no se adaptan a las jornadas agrícolas que inician a las 5. Esta falta de infraestructura obliga a muchas mujeres a dejar sus trabajos o a cargar con una doble jornada extenuante, perpetuando ciclos de pobreza.
La ausencia del Estado en la vigilancia laboral
Pero si ya existe una ley que protege sus derechos, ¿por qué persisten estas violaciones sistemáticas? Parte de la respuesta está en la vigilancia insuficiente de las condiciones laborales. El cumplimiento efectivo es débil debido a la ambigüedad de la ley respecto a las responsabilidades federales y locales en la materia, lo que ocasiones descoordinación entre autoridades y, en última instancia, un vacío en la vigilancia de estas obligaciones.
A esto se suma la reducción constante de recursos destinados a la vigilancia laboral. El presupuesto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) se ha reducido significativamente, cayendo un 54.3 % en términos reales entre 2015 y 2024. Con solo 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional, es prácticamente imposible garantizar revisiones periódicas. Las inspecciones son escasas y las sanciones resultan ínfimas frente a la magnitud del incumplimiento.
De hecho, la baja cultura de denuncia, causada por el desconocimiento y la desconfianza en las autoridades, agrava el círculo vicioso: las violaciones se normalizan, permanecen invisibles y rara vez llegan a una instancia que las corrija.
Sembrar el cambio, una tarea urgente
La agenda para un trabajo justo está trazada, pero requiere acción contundente y coordinada de las dependencias federales y locales. No basta con que la ley exista en el papel: es urgente fortalecer la inspección con perspectiva de género, asegurar la afiliación real al IMSS, erradicar la práctica simulada de los “pases” de salud y ampliar y adaptar los servicios de guardería a los ciclos agrícolas y a las jornadas de trabajo reales.
Nuestras trabajadoras agrícolas, con su valentía y compromiso, merecen el fruto de su trabajo condiciones de trabajo justo, no la precariedad. Sembrar el cambio no es solo una opción, es una responsabilidad estructural para honrar las manos que alimentan a México.
* Néstor Genis (@GenisNestor) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
Cómo reclutan a los jóvenes
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Dinero por sembrar el caos
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
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