Jalisco, Querétaro y Oaxaca, entre referéndums, plebiscitos y revocaciones de mandato
Mientras a nivel global observamos con enojo y miedo la violencia con la que autócratas amenazan a las mismas democracias que los eligieron, a nivel local en México se observan con curiosidad y expectativa una serie de ejercicios de participación ciudadana que deberíamos aspirar a tener con mayor regularidad.
En lo que va de enero, en Jalisco, Oaxaca y Querétaro se impulsaron y discutieron varios mecanismos de democracia directa que son llamativos y, en algún caso, hasta esperanzadores.
En el caso de Jalisco, este año ya se solicitaron dos referéndums y un plebiscito por el controversial aumento de la tarifa al transporte público. Los dos referéndums buscan que las personas voten si están en contra o a favor del acuerdo con el que el gobierno estatal autoriza el aumento del servicio de transporte público de $ 9.50 a $ 14 pesos, sujeto a un subsidio para pagar $ 11 pesos únicamente si se adquiere la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, con la institución financiera Broxel. El primer referéndum fue propuesto por la diputada local Tonantzin y votado a favor por diputaciones de casi todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, menos Movimiento Ciudadano, el partido responsable de esa decisión. El segundo referéndum fue solicitado por un grupo de personas, quienes necesitaban el respaldo de 3,369 electores en la aplicación Fírmale del Instituto Electoral de Jalisco y que, en pocos días, alcanzaron un total de 14,873 respaldos.
Por su parte, el plebiscito fue solicitado por otro grupo de personas con la intención de evitar que el subsidio solo sea entregado a quienes tengan la tarjeta “Al Estilo Jalisco”. La crítica sobre el uso de esta tarjeta es clara, tanto en materia de protección de datos personales, como en el sentido del negocio redondo que el gobierno de Jalisco le hace a esta institución financiera, al asegurarle un número grande de clientes por este subsidio y por otras ayudas sociales que buscan entregarse por esta vía. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que las quejas por el deficiente servicio de transporte público en Jalisco son cada vez más visibles, lo que se suma a un tarifazo que afecta a las personas con menores ingresos y que, generalmente, tienen que hacer uso de varios medios y rutas de transporte al día.
Este tarifazo se percibe drástico e injusto y no fue justificado adecuadamente por las autoridades. Y aunque ha habido obras en materia de transporte, siguen siendo insuficientes para asegurar una movilidad eficaz y segura, particularmente para quienes viven en las zonas más alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara.
La pregunta del millón en este momento, para las y los abogados en Jalisco, es si estos mecanismos finalmente serán aprobados o no por el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, dado que una de las cosas que no se pueden someter a votación en plebiscitos y referéndums son aspectos de índole fiscal o contributiva (tarifas). Sin embargo, quienes defendemos la posibilidad de que estos ejercicios se realicen —además de ver oportunidades y ambigüedades en la ley que permitirían avanzar— identificamos que no solo se trata del tarifazo: se trata también de participar para opinar y decidir sobre un modelo privatizador, tanto en la operación de algunas unidades como en el uso de tarjetas para los subsidios.
Más al sur, en Oaxaca, el pasado sábado 24 de enero se llevó a cabo la primera jornada electoral en la historia para la Revocación de Mandato de un gobernador en México. Fue el mismo gobernador Salomón Jara quien impulsó el ejercicio, claramente confiado en que su base electoral y partidista saldría a respaldarlo, aunque en el transcurso del proceso algunos presidentes municipales y partidos de la coalición que lo llevó a la gubernatura se movilizaron en contra de que siguiera en el cargo. Aún así, llamó la atención que el gobernador mencionara que estaba en contra de que votara el 40 % de la lista nominal para que el ejercicio fuera vinculante, diciendo que si votaba el 10 % o el 15 % debería resultar obligatoria la determinación de las personas. De acuerdo con los últimos resultados del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, participó el 29.9 % de la lista nominal, un total de 935,500 personas, de las que el 58.8 % votó porque Jara continuara en el cargo, el 38.2 % por retirarle la confianza y el 3 % anuló. Todo esto, en un ejercicio que costó $ 99 millones, de los $ 270 millones solicitados inicialmente por el Instituto Electoral.
Lo que es necesario reflexionar en este contexto es la instrumentalización partidista de este tipo de mecanismos, algo que ya se vio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si bien no sería legal restringir la activación de estos mecanismos a nadie —incluidos los mismos políticos—, las personas deberíamos reflexionar y formar nuestro criterio para evaluar a las y los representantes a partir de la motivación que tengan para someterse a estos ejercicios. Por lo menos preguntarnos, ¿quienes utilizan el mecanismo de revocación de verdad responden a un compromiso con los valores democráticos? ¿O, en su caso, es un instrumento más para hacer alarde del respaldo político?
Más hacia el centro del país, en Querétaro, la situación es diferente, ya que el año pasado el Instituto Electoral de Querétaro aprobó el ejercicio de dos plebiscitos solicitados por dos municipios: Cadereyta y Querétaro capital. El primero buscaba preguntarle a las personas de este municipio si querían que el servicio de agua se municipalizara, considerando que es la Comisión Estatal de Aguas —un organismo estatal— el que se encarga del servicio. El segundo buscaba preguntar a las personas si estaban a favor de la construcción de un teleférico al norte de la ciudad como medio de transporte.
Sobre este segundo plebiscito, una de las críticas fue que lo que se quería someter a votación era la idea del teleférico, sin que hubiera información, estudios o proyectos técnicos suficientes que explicaran la obra, su operación o su mantenimiento.
Resultó que, en el caso queretano, ninguno de los plebiscitos terminará por llevarse a cabo debido a los costos que estableció el Instituto Electoral para que se realizaran. $ 7.9 millones para el primero y $ 30.5 millones para el segundo, cifras que ninguno de los municipios estuvo de acuerdo en pagar.
Hay muchas reflexiones a partir de estos ejercicios y discusiones de democracia participativa en lo local. ¿Qué otros temas de índole estatal y municipal deberían someterse a estos mecanismos actualmente? ¿Qué otros mecanismos falta implementar y consolidar a nivel local para fortalecer una cultura participativa? ¿Cómo aseguramos que estos ejercicios no se vean limitados por cuestiones presupuestales? Si se echan para abajo los plebiscitos y referéndums de Jalisco con argumentos legales, ¿no sería legítimo que se impulsara una consulta popular sobre este tema desde las autoridades? Con las comparaciones puestas en el norte global, ¿podríamos aspirar a convertirnos en Suiza y tener hasta cuatro referéndums nacionales al año —o muchísimos más a nivel local—?
En un momento en el que está próxima la discusión de la reforma político-electoral en México, y en el que la realidad mundial cada vez desestima más los acuerdos basados en principios democráticos, vale la pena recordar que la democracia electoral nunca ha sido suficiente para impulsar las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas a favor de quienes más lo necesitamos. Por eso, darle más poder al poder popular y ciudadano a través de reglas y mecanismos claros no solo es deseable, es enteramente necesario para contrarrestar a los autócratas que —como en Estados Unidos hoy, o como en muchos gobiernos estatales durante muchos años— hemos padecido.
* Luis Javier Moreno (@luisjamb) es politólogo y máster en análisis político. Director de Política Colectiva (@PoliticaColecti).
Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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