La geografía de la desigualdad: el caso de la Diabetes en México
Cada 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes invita a reflexionar sobre una epidemia silenciosa que se expande sin pausa en México. Más que una enfermedad crónica, la diabetes se ha convertido en un espejo de nuestras desigualdades: quienes menos tienen son quienes menos acceso tienen al diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Detrás de las estadísticas hay vidas como la de Doña Josefina, mujer de 55 años, habitante de una colonia de alta marginación en Iztapalapa. Para ella, seguir un tratamiento integral —medicamentos, dieta, ejercicio y monitoreo regular de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c)— es casi un lujo. Su preocupación diaria no es abstracta: teme perder la vista, necesitar diálisis o enfrentar una amputación (Meza, 2015). Su historia refleja un reto histórico del sistema de salud: garantizar que todas las personas, sin importar dónde vivan, tengan acceso oportuno a diagnóstico, seguimiento y tratamiento integral. La geografía sigue influyendo en las trayectorias de salud, y atender esa brecha es una tarea colectiva que hoy está en proceso de fortalecerse.
El Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para avanzar en una agenda que ya está tomando forma: fortalecer la Atención Primaria a la Salud (APS), ampliar el acceso territorial y asegurar que cada comunidad cuente con herramientas para la detección, el control y el seguimiento oportuno. No se trata solo de medicamentos, sino de continuar consolidando un modelo preventivo y comunitario que México ha venido impulsando en los últimos años.
Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evidencian el crecimiento desbocado de la epidemia: de poco más de 5 millones de casos totales en el año 2000, la cifra superó los 10 millones en 2021 (IMSS, 2023), un incremento del 100 %.
El incremento responde a factores ampliamente estudiados: entornos obesogénicos, consumo elevado de alimentos ultraprocesados y estilos de vida cada vez más sedentarios, fenómenos globales que también afectan a México.
Un avance que merece destacarse
En paralelo, México ha logrado resultados importantes en prevención. El informe Panorama de la Salud 2025 de la OCDE señala que la prevalencia de diabetes en personas adultas pasó de 19 % en 2012 a 14 % en 2022 (OCDE, 2025). Este avance coincide con políticas públicas que han demostrado efectividad: como la implementación del IEPS del 10 % a bebidas azucaradas; el etiquetado frontal de advertencia, y campañas de prevención y un diagnóstico más oportuno.
Gracias a estas medidas, México dejó de ocupar el primer lugar de prevalencia de diabetes en la OCDE, mostrando que los esfuerzos implementados han tenido un impacto positivo.
La atención pendiente tras la pandemia
Durante 2020, la reconversión hospitalaria por COVID-19 redujo temporalmente la capacidad para atender enfermedades crónicas. El descenso de casos registrados ese año no refleja una disminución real de la enfermedad, sino un subregistro asociado a la emergencia sanitaria global. Hoy, como en muchos países, esta pausa genera una “deuda de atención”: personas que retomaron tarde su control y que ahora requieren atención especializada.
Este fenómeno no es exclusivo de México, pero sí recalca la importancia de continuar fortaleciendo el primer nivel de atención y acelerar la detección oportuna.
El análisis epidemiológico muestra diferencias claras entre regiones. La Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León concentran casi 4 millones de casos, lo cual refleja una mayor población y mejor capacidad de diagnóstico. Esto se debe a la alta densidad poblacional y a la mayor concentración de centros de atención, lo que garantiza una mejor captación y registro de la morbilidad.
En contraste, entidades como Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Yucatán registran menos casos, lo que no implica menor incidencia, sino mayores dificultades para la detección oportuna.
En estos territorios, es frecuente que la diabetes aparezca tardíamente en los registros, cuando ya existen complicaciones graves o cuando la enfermedad se documenta solo en estadísticas de mortalidad.
Por eso, hablar de diabetes en México es también hablar de equidad territorial, de acercar diagnósticos, herramientas y servicios a todas las comunidades.
Durante años, el debate sobre la diabetes se centró en hábitos individuales. Sin embargo, factores como el acceso limitado a alimentos saludables, la falta de espacios públicos para actividad física o la disponibilidad de servicios médicos cercanos tienen un peso determinante.
Hoy existe un consenso internacional: la prevención no depende solo de las personas, sino de entornos saludables y políticas públicas coordinadas. México ha avanzado en esa dirección, y continuar por ese camino es clave para reducir complicaciones y nuevos casos.
Para que la atención sea oportuna y equitativa, la Atención Primaria a la Salud (APS) debe ser el punto de partida. Su fortalecimiento permitirá:
- Garantizar acceso real al paquete esencial de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
- Profundizar la acción intersectorial, transformar entornos y regular productos que contribuyen a la enfermedad.
- Mejorar la detección temprana con telemedicina, teleconsulta e inteligencia artificial.
- Localizar y reincorporar a personas con enfermedades crónicas que perdieron seguimiento durante la pandemia.
La APS es la vía para acercar la salud a las comunidades y para cerrar brechas históricas.
México ha demostrado que las políticas de prevención y regulación pueden tener impactos significativos. El reto ahora es dar continuidad a ese esfuerzo, fortalecer el primer nivel de atención y avanzar en la equidad territorial para que todas las personas tengan acceso a una atención oportuna y de calidad.
La diabetes no es solo un problema médico: es un tema de justicia social y de derechos. Consolidar la APS, corregir el subregistro y actuar sobre los determinantes sociales permitirá que el derecho a la salud no dependa del lugar donde se nace, sino de un sistema preparado para cuidar a todas las personas. Porque la salud debe ser territorializada, integral y, sobre todo, justa.
*José Noé Rizo es Investigador en Salud Pública y Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; Secretario General Electo (2026-2027) de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
Bibliografía:
IMSS. (2023). Detección padecimientos Diabetes por delegación, por año. 2000 – 2021. CDMX.
Meza, R. B.-G.-M.-N.-M.-P.-Á. (2015). Burden of type 2 diabetes in Mexico: Past, current and future prevalence and incidence rates. Preventive Medicine , 81, 445–450.
OCDE, O. p. (2025). Panorama de la salud 2025: México. París: OCDE.
El presidente de EU afirmó que las empresas petroleras de su país invertirán miles de millones en la producción petrolera venezolana, pero el dinero no es el único problema que tendrán.
Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. “administrará” el país hasta que haya una transición “segura”.
El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.
Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la “muy dañada” infraestructura petrolera y “empezarán a generar dinero para el país”.
Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que costará miles de millones y tomará hasta una década para lograr una producción significativa de petróleo.
Así que, ¿podrá realmente EE.UU. tomar control de las reservas de petróleo de Venezuela? Y ¿funcionará el plan de Trump?
Con aproximadamente 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo.
Pero la cantidad de crudo que el país produce actualmente es diminuta en comparación con esta riqueza.
La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el otrora presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro reforzaron su control sobre la empresa estatal PDVSA, lo que provocó un éxodo de su personal más capacitado.
Aunque varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han contraído significativamente a medida que Washington amplió las sanciones e interceptó las exportaciones de crudo con miras a restringir el acceso de Maduro a una fuente económica clave.
Las sanciones -primero aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por supuestas violaciones de derechos humanos- también han dejado a Venezuela descontentada de inversiones y repuestos necesarios para esta industria.
“El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura”, comenta Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec (empresa Anglo-Sudafricana bancaria y de gestión de patrimonio internacional).
En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía.
Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.
La situación política
Las reservas del país están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”. Es difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina.
En anticipación de los ataques y captura de Maduro, EE.UU. también incautó dos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados.
Homayoun Falakshahi, principal analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, indica que los obstáculos clave para las empresas de petróleo que esperan explotar las reservas venezolanas son legales y políticos.
En conversación con la BBC, el analista dijo que quienes esperan perforar en Venezuela tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que no será posible hasta que haya un sucesor de Maduro en funciones.
Para Falakshahi, las empresas estarían entonces arriesgando miles de millones de inversiones en la estabilidad de un futuro gobierno venezolano.
“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, concluyó.
Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.
Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares -y potencialmente una década- para restablecer la producción anterior de Venezuela.
Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, señaló que los planes de Trump tendrían un impacto limitado en el suministro global y, por ende, en el precio del crudo.
Opinó que hay “una enorme cantidad de obstáculos que librar y el plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo” que los precios del crudo en 2026 verían muy poco cambio.
Shearing vaticinó que las firmas no invertirían hasta que un gobierno estable estuviera instalado en Venezuela, y los proyectos no tendrían rendimiento por “muchos, muchos años”:
“El problema siempre han sido las décadas de inversión insuficiente, el mal manejo y los altos costos de extracción”.
El analista añadió que aunque el país regresara a los niveles anteriores de producción de unos tres millones de barriles diarios, todavía continuaría por debajo de los 10 principales productores mundiales.
Además, Shearing resaltó la alta producción de los países de la OPEP+, diciendo que el mundo actualmente “no está sufriendo de una escasez de petróleo”.
La apuesta de las petroleras
El antiguo director ejecutivo de BP (British Petroleum) John Browne comentó a BBC News que la reactivación de la industria petrolera de Venezuela era un “proyecto a muy largo plazo”.
“La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear todos los recursos, particularmente el material y el personal, toma muchísimo tiempo”.
Mientras que podría haber un “alza rápida” de alguna producción, Browne indicó que el volumen podría de hecho disminuir mientras la industria se reorganiza.
Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022, a pesar de las sanciones de EE.UU.
La compañía, actualmente responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano, informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y está cumpliendo “con todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Las otras grandes firmas petroleras han mantenido silencio público de sus planes hasta ahora, y sólo Chevron ha abordado la situación.
Pero Falakshahi piensa que los jefes de las petroleras estarán conversando internamente sobre si tomar provecho de la oportunidad.
“El apetito de ir a alguna parte esta vinculado a dos factores principales, la situación política y los recursos sobre el terreno”, expresó.
A pesar de la enormemente incierta situación política, Falakshahi concluyó que “la ganancia potencial podría considerarse demasiado grande de eludir”.
John Browne sostuvo que las compañías querrán involucrarse porque “tener opciones de negocio en diferentes partes del mundo es algo bueno”.
“Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía… vas a querer involucrarte muy rápidamente”.
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