Frío extremo y heladas: la lupa de las desigualdades que enfrenta la niñez
En México, el frío rara vez ocupa el centro de la conversación pública. A diferencia de los huracanes o las sequías, las heladas suelen percibirse como un fenómeno estacional, pasajero, casi inevitable. Sin embargo, en un país marcado por profundas desigualdades sociales, el frío extremo no cae parejo. Cuando la temperatura desciende, lo que se enfría no es solo el ambiente: se tensan los sistemas de protección, se evidencian las carencias y se vulneran derechos fundamentales, especialmente los de niñas, niños y adolescentes.
El cambio climático ha alterado los patrones tradicionales del invierno. Hoy, los frentes fríos son más intensos, más prolongados y menos predecibles. Para la temporada invernal 2025–2026, se pronosticaron 48 frentes fríos en el país, acompañados de temperaturas extremas y lluvias por encima de lo normal. Lejos de ser una estadística técnica, este dato anticipa un escenario de riesgo para miles de familias que viven en condiciones de carencia, con viviendas sin aislamiento térmico, ingresos limitados y acceso insuficiente a servicios básicos.
El frío como amplificador de desigualdades
Las heladas no crean la desigualdad, pero sí la amplifican. En comunidades donde ya existen rezagos históricos, el invierno actúa como una lupa que hace visibles las brechas que durante otros meses permanecen normalizadas. En estos contextos, niñas y niños no solo enfrentan el frío con menos recursos, sino con menos redes de protección.
Las bajas temperaturas afectan de manera directa la seguridad alimentaria. Las heladas dañan cultivos, interrumpen medios de vida y encarecen productos básicos. Para muchas familias, el invierno implica destinar una mayor parte de sus ingresos a calefacción improvisada, leña, gas o medicamentos, reduciendo el presupuesto disponible para alimentos. En hogares con niñas y niños pequeños, esta tensión económica puede traducirse en dietas insuficientes, menos comidas al día o una alimentación de menor calidad nutricional, con impactos directos en el desarrollo de la niñez.
Salud bajo cero: riesgos previsibles, impactos evitables
El derecho a la salud es uno de los más amenazados durante el invierno. El frío extremo incrementa de manera significativa las infecciones respiratorias, que afectan con mayor gravedad a niñas y niños pequeños, especialmente a quienes ya presentan desnutrición o condiciones de salud previas. A ello se suman los riesgos derivados del uso inseguro de calentadores, braseros o fogones dentro de las viviendas, una práctica común en contextos de pobreza energética que puede provocar intoxicaciones, quemaduras o incendios.
En zonas rurales o serranas, las heladas también dificultan el acceso oportuno a servicios de salud. Caminos intransitables, largas distancias y centros médicos con recursos limitados hacen que enfermedades prevenibles se agraven. En estos escenarios, el frío no es solo una condición climática: es un factor que pone en entredicho el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de la niñez.
Aprender con frío
El impacto del frío también se extiende al ámbito educativo. En muchas regiones del país, las escuelas carecen de infraestructura adecuada para enfrentar temperaturas extremas. La suspensión de clases, los ajustes de horarios y el ausentismo escolar se vuelven frecuentes durante el invierno, particularmente en comunidades rurales.
Para niñas y niños que ya enfrentan rezago educativo, perder días de clase por el frío profundiza las brechas de aprendizaje. A esto se suma que quienes enferman de manera recurrente o deben permanecer en casa para ayudar a sus familias durante el invierno tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela. Así, el frío se convierte en un obstáculo adicional para el derecho a la educación, un derecho que debería ser garantizado incluso —y especialmente— en contextos de emergencia climática.
Pobreza y movilidad: cuando aprender no está garantizado
Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48 % de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género.
A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real.
La niñez en el centro de la respuesta climática
Desde nuestra experiencia en contextos de emergencia, hemos aprendido una lección clara: esperar a que el daño ocurra siempre resulta más costoso, en términos humanos y sociales, que actuar de manera anticipada. En estados como Chihuahua —uno de los más expuestos a las bajas temperaturas en el país— esta realidad se repite cada invierno con especial crudeza.
La implementación de acciones anticipatorias ante frentes fríos nos ha permitido actuar antes de que las heladas impacten de lleno en la vida de las familias. Estas acciones parten de un principio fundamental: el frío extremo es previsible y, por lo tanto, sus impactos pueden reducirse si se actúa con información, coordinación y enfoque de derechos.
En municipios como Juárez, Chihuahua capital y Bocoyna, nuestro trabajo en territorio ha mostrado que acompañar a las familias con información clara sobre prevención, uso seguro de calentadores y cuidado de la salud, combinado con apoyos oportunos como kits invernales y alimentarios, puede marcar una diferencia real en la vida cotidiana de niñas y niños.
Durante la última temporada invernal, estas acciones permitieron que, desde Save the Children, lograramos apoyar a cientos de personas en contextos de alta vulnerabilidad. En Chihuahua, se entregaron kits invernales que beneficiaron directamente a niñas y niños, así como apoyos alimentarios que contribuyeron a reducir la presión económica de los hogares durante los meses más fríos. Más allá de las cifras, estas experiencias confirman que cuando la niñez se coloca en el centro de la respuesta, el impacto es más profundo y duradero.
No se trata de asistencialismo, sino de protección de derechos. Garantizar abrigo, alimentación y acceso a información oportuna durante el invierno es una forma concreta de hacer efectivos derechos que, de otro modo, quedan únicamente en el papel.
Una responsabilidad que no se va con el frío
El frío extremo es un recordatorio incómodo de que la crisis climática no es neutra: afecta más a quienes menos recursos tienen para enfrentarla. En un país como México, donde millones de niñas y niños crecen en condiciones de pobreza, ignorar el impacto del invierno es aceptar que la desigualdad siga definiendo quién puede protegerse y quién no.
Frente a este escenario, la pregunta no es si el frío seguirá llegando, sino cómo decidimos responder como sociedad. Anticiparnos, coordinar esfuerzos y fortalecer sistemas de protección social con enfoque de niñez no debería ser una excepción estacional, sino una prioridad permanente.
Porque el frío no debería vulnerar derechos. Pero mientras existan niñas y niños que enfrenten el invierno sin lo mínimo indispensable, el silencio y la inacción también se convierten en una forma de abandono.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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