“Haiga sido como haiga sido”: el estilo morenista de gobernar
La votación mayoritaria de Morena en el Senado de la República refrendó la continuidad de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta 2029, a pesar del unánime rechazo a su administración, tanto por organizaciones defensoras de derechos humanos como por la sociedad civil en general. Incluso generó críticas y reservas al interior de Morena, y llevó a uno de los primeros momentos tensos durante el incipiente sexenio de Claudia Sheinbaum, pues la evaluación interna, así como la comparecencia de Piedra Ibarra, sólo expusieron su absoluta incapacidad para continuar o siquiera intimar un cambio en su administración. Sin embargo, lo preocupante es que su renovación ha sido un ejemplo más de las prácticas políticas de Morena que, con control absoluto del Poder Legislativo, actúa con abierta imposición y sin ninguna preocupación por las consecuencias y sus formas de lograr sus objetivos.
De manera perturbadoramente irónica, Morena ha llevado a razón de Estado una frase lamentable e icónica de nuestra política nacional, pronunciada por quien ahora sirve de prócer y precursor de este gobierno: Felipe Calderón. “Haiga sido como haiga sido”, la frase que dijera a Denise Maerker durante el proceso electoral de 2006, se ha convertido en un referente del lenguaje político nacional como ejemplo de logros políticos a toda costa, incluso contra la estabilidad política del país. Durante muchos años fue criticada por el morenismo, ahora gobierno, y fue uno de sus señalamientos más lapidarios para justificar su desconfianza ante las instituciones y el sistema que ahora pretenden desmontar, de la misma manera como denunciaron con ahínco esa frase y sus consecuencias.
Ya Jorge Zepeda Patterson advirtió esta situación dentro del obradorismo en abril de 2022, a la víspera de la revocación de mandato convocada para refrendar el apoyo al expresidente López Obrador. En ese entonces denunciaba la peligrosa cercanía de ese movimiento por actuar bajo el ominoso lema para tratar de promover y ganarse el favor de ser el obradorista que convocara a más personas para participar en ese ejercicio, aunque violaran abiertamente la ley electoral, mientras que reflexionaba sobre el peligro de que esta fuera la manera de actuar de Morena después de la presidencia de Andrés Manuel. Aquel texto cerraba con una oración que, al menos el primer mes del nuevo sexenio, ha probado errónea: “Solo cabe esperar que en la siguiente versión, ya sin la presencia del líder, se vean obligados a confrontar sus actos con su supuesta conciencia social. Por ahora no se necesita, mientras estén con Obrador.”
El mismo Zepeda, en septiembre del mismo año, regresó al tema de Morena y el “haiga sido como haiga sido”, en un tono similar a la primera columna, ahora motivado por la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que señalaba al partido como uno de los más corruptos de México. En ese momento, como en el primer texto, también trataba de excusar al ahora expresidente de que su partido y su movimiento adoptara la práctica política de avasallar y ganar a toda costa; sin embargo, con el mismo tono exculpatorio, también trataba de separar esta conducta del líder político. Como vimos durante su sexenio, y como podemos verlo ahora al inicio de este nuevo periodo, en realidad ese lema no era indisociable del propio líder, quien nos demostró repetidamente que, en nombre de sus causas, se valía hacer propia una consigna de su acérrimo rival.
Reitero, no se trata sólo del refrendo a Rosario Piedra Ibarra, es más bien una conducta reiterada donde gobierna Morena, sea en el orden federal o local, como la llamé inicialmente es una razón de Estado. Esta doctrina, definida por el jesuita Giovanni Botero en 1589, servía de crítica a quienes ejercían el poder sin considerar los límites propios de la ley o de la razón, en aras de mantener y proteger al Estado. Sin embargo, Morena demuestra que, más que defender a la unidad política, lo que se propone es defender sólo su control del Estado y sus instituciones, como lo han demostrado acciones como la retención de Daniel Barreda en la fiscalía del estado de Campeche mientras se discutía la reforma judicial, la protección y defensa a ultranza de figuras como Alejandro Gertz Manero, o de sus gobernadores como Américo Villarreal o Rubén Rocha Moya.
También Mauricio Merino denunciaba, a principios de mes, el desaseo de la implementación de la reforma al Poder Judicial, recurriendo al mismo tropo: “haiga sido como haiga sido”; para él es preocupante porque en ello se afecta a la legitimidad democrática. Una de las principales labores políticas siempre es la contante renovación del pacto de legitimidad, ya que permite a quienes ejercen el poder y actúan como gobierno continuar en esa posición con el apoyo popular. Sin embargo, hacerlo basado en una conducta avasallante y contraria, ensoberbecida ante la confianza ciega en la perpetuidad de su posición, no sólo va en detrimento de la legitimidad democrática, también desgasta y consume cualquier atisbo de capacidad para lidiar con el conflicto y mantener la estabilidad política.
Además de traicionar a los supuestos principios de izquierda y de poder popular con los que justificaron su llegada al poder, Morena también pone en riesgo y vulnera la continuidad de la vida política en nuestro país cuando actúa de manera unilateral contra las instituciones políticas y contra cualquier oposición a su programa. Sí, es entendible que, arropados en una amplia mayoría electoral, asuman la autoridad que les ha sido concedida mediante el proceso democrático, pero no pueden abusar de ese apoyo para justificar, más que legitimar su mandato. Esta distinción no es menor ni casual: como nos explicó Hannah Arendt, justificación y legitimidad son dos atributos que permiten distinguir entre la violencia y el poder.
Al actuar “haiga sido como haiga sido”, Morena actúa violentamente no sólo contra las instituciones que considera un obstáculo a su proyecto, sino también contra la vida política de nuestro país, violencia que facilita otras violencias como vemos en los asesinatos de migrantes por la Guardia Nacional, o la escalada de violencia que vivimos desde el último mes a nivel nacional. Para Hannah Arendt, la violencia destruye y el poder crea, por eso el primero debe justificarse y el segundo legitimarse; al destruir cualquier resquicio de confianza y de institucionalidad, Morena desgasta y consume rápidamente la legitimidad democrática que le concedieron las elecciones de 2024. En lugar de crear un nuevo arreglo institucional que, sustentado en su legitimidad, refleje las distintas demandas sociales que le confiaron su voto, lo que hacen es arremeter indiscriminadamente con un brío motivado por el agravio político.
En última instancia, por eso es tan peligroso el “haiga sido como haiga sido”: es el recurso último de quien, arropado en el poder, busca ventilar y resolver agravios, en lugar de alcanzar una meta política. Mientras en Morena consideren que el cambio de régimen es más un camino para satisfacer un agravio, que una oportunidad para acercar más a nuestro país al bienestar y la justicia social, no sólo traiciona una convicción de izquierda y a un poder popular, también abre la puerta a que nuestra dinámica política, ya asfixiada por la violencia, se recrudezca cuando emerja una oposición desde quienes fueron igualmente agravados por ellos. Así que no, “haiga sido como haiga sido” jamás será un principio de gobierno, una razón de Estado o un estilo de gobierno: sólo será el recurso del agravio que siempre permanecerá insatisfecho.
*Armando Luna Franco (@drats89) es doctorante en Ciencia Política en El Colegio de México, especializado en teoría política y sistema político mexicano.
En estas elecciones que él mismo tildó de “las más importantes de la historia del país”, los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Este martes Donald Trump no solo competía por la presidencia de Estados Unidos. Los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Ahora que Trump logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permite un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos, los analistas adelantan que esto probablemente resultará en la desestimación de los dos casos penales federales que enfrenta, el congelamiento de los casos penales estatales hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en sus diversos procesos civiles pendientes.
A continuación te explicamos cuál es el panorama de las cuatro causas penales que enfrenta y cuál es su evolución más probable.
1. Caso “Stormy Daniels”
Es un caso estatal y el más urgente.
En mayo un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por US$130.000 a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels, con fines electorales, ante la campaña para las presidenciales de 2016.
Fue por unanimidad, como se requería para alcanzar el veredicto. Y así, Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal.
La sentencia estaba inicialmente prevista para el 11 de julio, pero tras el fallo con el que Tribunal Supremo concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Juan Merchán, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, les dio plazo a las partes para presentar alegaciones y fijó una nueva fecha: 18 de septiembre.
Pero Trump pidió que la sentencia se retrasase, alegando que un fallo tan cercano a la cita en las urnas sería una forma de interferencia electoral. Merchán se lo concedió, estableciendo como fecha última el 26 de noviembre.
La falsificación de registros comerciales puede castigarse con hasta cuatro años de cárcel, aunque en el caso de Trump los expertos en leyes no se ponen de acuerdo sobre el desenlace más probable.
Algunos apuntan a que el juez Merchán podría dictar una pena de prisión por las especificidades de su caso, como que Trump fue hallado en desacato 10 veces y el objetivo del pago fue influir en unas elecciones.
Otros aseguran que lo más probable es que imponga una condena leve o vuelva a retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump dejase la Casa Blanca.
“Si gana las elecciones, no habrá una sentencia significativa”, le dijo hace unas semanas Karen Friedman Agnifilo, quien fue jefa de la división de juicios del fiscal de distrito de Manhattan, a la cadena estadounidense ABC.
“Un presidente en ejercicio no se vería obligado a ingresar en la cárcel, por lo que en teoría, si es condenado a prisión, podría cumplirlo una vez dejado el cargo”, le dijo a ese mismo medio Jeffrey Cohen, profesor de Derecho del Boston College.
2. Caso federal por presunta interferencia electoral
Es un caso federal. Lo está llevando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington.
Desde 2020 Trump sostiene que le robaron aquellas elecciones ganadas por Joe Biden, pero el fiscal especial Jack Smith, nombrado específicamente por el Departamento de Justicia, no lo acusa por esa afirmación que se ha probado sin fundamento.
La acusación se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Biden.
Según el acta judicial que se hizo público en octubre, Smith acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Si bien la “conspiración de Trump para permanecer en el cargo” comenzó el 13 de noviembre de 2020, dice el documento, él ya la venía preparando desde antes.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado: Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Nuevo México.
También lo señalan de intentar reclutar al entonces vicepresidente, Mike Pence, en su papel de presidente del Senado, para obstruir la certificación de la elección.
Además, la acusación responsabiliza al entonces presidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El acusado también sabía que solo le quedaba una última esperanza para impedir la certificación de Biden como presidente: la gran multitud enfurecida que tenía delante. Así que durante más de una hora, el acusado pronunció un discurso diseñado para enardecer a sus partidarios y motivarlos a marchar hacia el Capitolio”, se lee en el acta publicada en octubre.
Trump se declaró inocente de los cargos.
Han pasado 15 meses de ello y, tras múltiples retrasos por las maniobras dilatorias de la defensa, no hay una fecha fijada para el juicio.
La jueza de distrito Tanya Chutkan está considerando cómo debe proceder el caso a la luz del fallo de julio del Supremo sobre la inmunidad de Trump. Mientras, ha establecido fechas clave del procedimiento que van más allá de las elecciones. La siguiente es el 19 de diciembre.
¿Pero qué puede pasar ahora que Trump se declaró ganador?
El republicano prometió quitar del cargo al fiscal Smith si se alzaba con la victoria, aunque podría no tener que echar mano de esa carta, logrando que el Departamento de Justicia retire los cargos.
Y es que una antigua política de este departamento impide el procesamiento de un presidente en ejercicio, con lo que los casos federales en su contra podrían quedar en nada una vez asuma el cargo.
Si bien el fiscal Smith podría tratar de avanzar con el procesamiento en los dos meses que hay de las elecciones a la toma de posesión, los expertos creen que tiene pocas probabilidades de revivir el caso.
Los expertos concuerdan, pues, en que el caso terminaría diluyéndose. Lo que no está tan claro es la forma exacta en la que eso ocurriría.
3. Los documentos clasificados de Mar-a-Lago
Es el segundo caso penal federal que enfrenta Trump.
Trump está imputado por los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), y que retuvo allí tras dejar la presidencia, en enero de 2021.
El 8 de agosto de 2022 agentes del FBI recolectaron en la residencia más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde “confidencial” hasta “top secret“.
En total son más de 10.000 documentos que por ley pertenecen al gobierno de EE.UU., así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas al personal de secretaría de la Casa Blanca o a un asistente militar.
Por ello, el republicano enfrenta siete cargos: uno en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Sin embargo, desde que la jueza de distrito Aileen Cannon asumió el control del caso en junio de 2023, muchas de sus decisiones se han salido tanto de la norma que han avivado las preguntas sobre su favoritismo hacia Trump.
“Tenemos una jueza excelente en Florida. Es una jueza brillante. No la conozco. Nunca hablé con ella. Pero es valiente y brillante”, ha dicho de ella el propio acusado.
El 15 de julio la jueza Cannon dictaminó que el fiscal Smith fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo y, tras desestimar los cargos, decidió archivar y dar por cerrado el procedimiento.
Ante ello, el fiscal Smith presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones, argumentando que la jueza “pone en peligro la forma en la que el Departamento de Justicia funciona desde hace tiempo y pone en duda cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, los expertos adelantan que con Trump en la Casa Blanca, lo más probable es que el fiscal no tenga más remedio que retirar la apelación.
En caso de que decidiera proseguir, Smith tendría que lograr convencer al tribunal de Apelaciones de que revoque la decisión de la jueza Cannon y el equipo de Trump ya ha planteado una defensa construida sobre la inmunidad presidencial, que podría convertirse en la base de una futura apelación.
Como en el otro caso federal ya mencionado, Trump también podría conseguir que el Departamento de Justicia retire los cargos.
4. Caso por presunta interferencia electoral en el condado de Fulton (Georgia)
En este caso estatal Trump enfrenta —junto con otros acusados— cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.
Los fiscales presentaron originalmente 41 cargos contra 19 acusados en agosto de 2023.
Desde entonces, cuatro acusados se declararon culpables y el juez que está al frente del caso, Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, anuló nueve de los cargos, aunque la mayor parte del auto de procesamiento sigue intacto.
La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba para imponerse en el estado.
El caso está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones sopesará si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso.
Y es que Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses. El juez McAfee optó por no descalificarla, pero el equipo de Trump apeló la decisión.
Los argumentos orales está programados para el 6 de diciembre.
Si el tribunal de apelaciones desestima la impugnación, esto podría allanar el camino para que el juez McAfee fije una fecha para el juicio. Aunque los expertos apuntan a que lo más probable es que el equipo de defensa lo apele en otras instancias, generando más retrasos.
Si, por el contrario, el tribunal decide que hay que retirar a la fiscal y su oficina del caso, eso también traería retrasos. Es que, para empezar, habría que buscar otro fiscal.
Los expertos aseguran que, a diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier posible intromisión de Trump.
Así, no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados ante una condena a nivel estatal, ni quitar del cargo a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
En cualquier caso, los expertos prevén que el caso quedaría congelado mientras Trump sea presidente.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, cuando el juez McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo podría enfrentar un juicio su cliente, este le respondió: “La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de la supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, el juicio no podría tener lugar hasta después del fin de su mandato”.
“Lo más probable es que ambos casos penales estatales (el de Georgia y el de Stormy) se suspendan y se reanuden cuando expire su mandato”, le dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal, al medio NBC News.
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