Elecciones judiciales excluyentes
La construcción del sistema comicial se ha caracterizado por implementar y perfeccionar, elección tras elección, una serie de mecanismos y herramientas destinados para reducir y/o eliminar las barreras que limitan y/o que condicionan la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los procesos de formación de la voluntad colectiva y de transmisión pacífica del poder político.
Algunos mecanismos fueron de carácter legal, como la paridad de género en la postulación de candidaturas, [1] las casillas extraordinarias [2] y el voto de los mexicanos residentes en el extranjero [3] [4]. Otros instrumentos dimanaron de las resoluciones judiciales como las acciones afirmativas para migrantes y residentes en el extranjero, [5] así como, la votación de las personas en prisión preventiva. [6]
Mientras que algunas herramientas fueron de índole reglamentaria, como las acciones afirmativas a favor personas de indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual; [7] la votación anticipada; [8] la utilización de plantillas braille; [9] el protocolo para garantizar el voto de las personas trans, [10] y el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios de casilla. [11]
Sin embargo, en torno a las elecciones judiciales, todo ha cambiado para mal, ya que debido a la falta de presupuesto, a las complejidades técnicas y a la premura temporal, se dejaron de implementar algunas de las herramientas y los mecanismos que posibilitaron la integración y la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los comicios. Decisiones que constituyeron un retroceso democrático y que favorecieron a la exclusión de las comunidades históricamente marginadas.
Paradójicamente, en una elección que debería ser de gran trascendencia para la ciudadanía, los grupos parlamentarios, el gobierno federal y las autoridades electorales tomaron decisiones que perjudicarían la participación de las comunidades marginadas, lo que configura un inequívoco retroceso de los derechos políticos de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En las siguientes líneas se abordan los motivos y las consecuencias de las decisiones de las autoridades electorales y las personas legislativas para configurar unas elecciones judiciales excluyentes y discriminatorias. Veamos.
Acciones afirmativas
Durante la aprobación de la reforma judicial, los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM reservaron algunas candidaturas para la postulación de mujeres, lo que mantuvo la vigencia de la reforma de paridad transversal. Empero, omitieron apartar otras candidaturas para la postulación de personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes, afromexicanos y con discapacidad.
Diversas personas integrantes de la población LGBTTTIQA+ solicitaron a la autoridad jurisdiccional el dictado de medidas afirmativas para la postulación de candidaturas. Sin embargo, el TEPJF resolvió [12] que la reforma constitucional no vinculó a los órganos legislativos ni a las autoridades electorales a que establecieran acciones afirmativas para la postulación de candidaturas.
Además, la autoridad jurisdiccional estableció que la ausencia de las acciones afirmativas no implica un retroceso en los derechos, sino un reconocimiento de las limitaciones de las elecciones extraordinarias, pero, la omisión de las medidas afirmativas si es un retroceso, ya que interrumpe la secuencia histórica de generar los mecanismos de inclusión en favor de las comunidades marginadas.
Reducción del número de casillas
Como resultado del recorte presupuestal de 8.8 mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados, el INE decidió instalar 84 mil casillas para llevar a cabo las elecciones judiciales. [13] Esta cifra representa el 50 % de las casillas que se instalaron en las elecciones federales de 2024. [14] Esta decisión no fue impugnada.
Ahora bien, instalar un número menor de casillas implica que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores tengan que desplazarse a lugares más lejanos a su domicilio para acudir a votar. Esto conlleva que los miembros de estos grupos en situación de vulnerabilidad tengan más complejidades para sufragar, lo que podría condicionar su participación en las elecciones judiciales.
La reducción del número de casillas es un retroceso para la salvaguarda de los derechos políticos de las comunidades marginadas, puesto que se impone a las personas cargas mayúsculas, lo que podría generar obstáculos para el ejercicio del derecho a votar y producir un incentivo para no participar en las elecciones, es decir, se produce su exclusión en los comicios judiciales.
Casillas extraordinarias
Una vez más, el recorte presupuestal ocasionó que el INE decidiera no instalar ninguna casilla extraordinaria. [15] Este tipo de centros de votación son utilizados para atender a las personas que por cuestiones de las vías de comunicación (accidentes geográficos y medios de transporte) y/o por los contextos socioculturales (religiosos, étnicos, políticos) no pueden asistir a su casilla para votar.
Por ejemplo, derivado de las condiciones geográficas algunas personas tendrán que cruzar ríos y lagunas, subir y/o bajar montañas, trasladarse en caballo y/o carreta a otro municipio. Mientras que derivado de los contextos socioculturales otras personas tendrán que arriesgar su integridad física para votar en una comunidad que la discrimina por su origen étnico, preferencia religiosa y afinidad política.
Desde 1991 hasta 2024, 15 millones de personas emitieron su voto en las casillas extraordinarias. En promedio se han emitido 1.2 millones de sufragios por elección en este tipo de centro de votación. Sin embargo, en los comicios judiciales más de un millón de personas tendrán complicaciones para emitir su sufragio, ya que deberán superar múltiples obstáculos para participar en las votaciones.
En este tenor, las dificultades de desplazamiento y los riesgos de violencia se incrementan para las personas adultas mayores y con discapacidad, porque tendrán que superar múltiples obstáculos, que serán de mayor complejidad debido a sus condiciones físicas, para acudir emitir su sufragio en la casilla. Esta circunstancia, es un retroceso democrático que condiciona el voto de las personas en situación de vulnerabilidad, ya que directamente genera su exclusión en las elecciones judiciales.
Votación de mexicanos residentes en el extranjero
El modelo de votación permite que las personas que residen en el extranjero tengan la posibilidad de sufragar por la presidencia, las gubernaturas y las senadurías mediante la vía postal, electrónica y personal. De 2012 a 2024, 323 mil personas han emitido su voto en los procesos comiciales. En promedio 108 mil electores han sufragado desde el extranjero en cada elección.
Los grupos parlamentarios del MORENA, PT y PVEM omitieron reformar la LGIPE para establecer que en los comicios judiciales las personas residentes en el extranjero podrían votar. Esta omisión provocó que una senadora [16] y diversas asociaciones civiles [17] solicitaran al INE la implementación del voto de mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones judiciales.
La autoridad electoral rechazó instrumentar la modalidad de votación [18] al argumentar que I) no era posible ampliar el derecho a votar mediante una interpretación administrativa, II) no tenía recursos económicos para contratar personal, infraestructura y comunicaciones y, III) no tenía el tiempo para actualizar el sistema informático y poner en marcha el operativo de campo.
La determinación del INE fue impugnada. El TEPJF resolvió [19] que la falta de regulación legal no era un impedimento para el ejercicio del sufragio, ya que el mismo tiene un reconocimiento constitucional y convencional, así como, que no existe una restricción normativa. Pero, consideró que no existen las condiciones financieras, económicas, técnicas y operativas para implementar la modalidad de votación.
De esta manera se excluyeron, por lo menos, a 108 mil personas de las elecciones judiciales, ya que no podrán votar. Esta exclusión es un retroceso en el ejercicio de voto, dado que, por primera vez en 20 años, las personas residentes en el extranjero no podrán participar en unas elecciones. La restricción de un derecho político se basó en cuestiones que pudieron ser subsanables por el INE y por el gobierno federal, pero no existió voluntad política para involucrar a los individuos residentes en el extranjero.
Votación de personas en prisión preventiva
Nuevamente, ante la omisión de los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT, más de 150 personas en prisión preventiva solicitaron al INE la expedición de sus credenciales de elector para participar en los comicios judiciales. Pero, la autoridad electoral les informó que se encontraba material y jurídicamente imposibilitado para expedir el documento electoral. Esta decisión fue impugnada.
El TEPJF determinó [20] hacer extensivo el derecho a votar de las personas en prisión preventiva en las elecciones judiciales, para ello, instruyó al INE a decidir sobre la viabilidad de llevar a cabo la modalidad de votación en los comicios jurisdiccionales con base en sus capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras. En pocas palabras, la autoridad jurisdiccional le dio la salida fácil al INE.
El INE decidió que no existían las condiciones financieras, temporales y técnicas para implementar el voto de las personas en prisión preventiva. [21] No obstante, la autoridad electoral tuvo la oportunidad de retomar tramos de control de las elecciones de 2024, para ello, pudo validar la lista nominal y abrir un breve plazo de actualización de esta, volver a designar a la ciudadanía que se desempeñó como funcionarios de casilla y limitar la votación a ministros de la SCJN y magistrados del TDJ y del TEPJF. Opciones había, pero no existió la voluntad política. Empero esta decisión no se impugnó.
La negativa de implementar la modalidad de votación genera la exclusión de las elecciones judiciales de, por lo menos, 26 mil personas en prisión preventiva, [22] individuos que históricamente han sido marginados y rechazados. Es inaudito, que, a miles de sujetos, que dependen de una sentencia para continuar en reclusión o para salir en libertad, se les restrinja su derecho a votar por las personas que decidirán su situación jurídica. A todas luces, esta circunstancia evidencia un retroceso democrático en el ejercicio del derecho a votar de este grupo en situación de vulnerabilidad.
Plantillas Braille
Ante la negativa del INE de utilizar las plantillas braille para ayudar a las personas con discapacidad visual para emitir su voto en las elecciones judiciales, [23] algunas asociaciones civiles [24] presentaron al INE un prototipo de boletas en braille. No obstante, la autoridad electoral determinó la inviabilidad técnica, temporal y presupuestal de producir y distribuir los instrumentos electorales en braille en las elecciones judiciales. [25] Esta decisión no fue impugnada.
Nuevamente, la decisión de la autoridad electoral excluye la participación de, al menos, 2 mil personas con discapacidad visual [26] en las elecciones judiciales. La eliminación de la plantilla en braille es un retroceso democrático en el ejercicio del derecho a votar de los integrantes del grupo en situación de vulnerabilidad, ya que obstaculiza y complejiza el proceso de votación.
A manera de conclusión
Cada una de las decisiones de los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM, y de las determinaciones de las autoridades electorales constituyen una violación a la prohibición de regresividad, ya que los avances en el desarrollo de los derechos de votar y ser votado de los grupos en situación de vulnerabilidad han sido anulados en las elecciones judiciales.
*César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en derechos humanos, democracia y elecciones.
[1] Reforma en materia de paridad transversal de 2019.
[2] Reforma electoral 1989-1990.
[3] Reforma electoral de 2005.
[4] Reforma electoral 1989-1990.
[5] Elecciones de 2021.
[6] Elecciones de 2024.
[7] Elecciones de 2021 y 2024
[8] Elecciones de 2024.
[9] Elecciones de 2003.
[10] Elecciones de 2018.
[11] Elecciones de 2018.
[12] SUP-JDC-1323/2024 y acumulados.
[13] INE/CG57/2025.
[14] Se instalaron 170,181 casillas.
[15] INE/CG57/2025.
[16] Karina Isabel Ruíz, senadora migrante.
[17] COLEFOM, Fuerza Migrante
[18] INE/CG2470/2024
[19] SUP-JDC-1455/2024 Y ACUMULADOS
[20] SX-JDC-6/2025 Y ACUMULADOS
[21] INE/CG64/2025
[22]26,567 personas en prisión preventiva emitieron su sufragio en las elecciones de 2024.
[23] INE/CG57/2025.
[24] Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual, Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual.
[25] INE/CG351/2025.
[26] 2,386 personas con discapacidad visual emitieron su sufragio en las elecciones de 2024.
Varios hospitales han sido golpeados por los ataques de Israel en una nueva escalada del conflicto en Gaza. Al menos 67 personas han muerto y 361 han resultado heridas en Gaza en las últimas 24 horas.
El ejército de Israel lanzó “extensas operaciones terrestres” en toda Gaza y emitió este domingo una orden de evacuación por la noche en varias áreas que advirtió que enfrentarían ataques inminentes.
Las Fuerzas israelíes lanzaron ataques contra objetivos que incluyen un hospital en el norte de Gaza el domingo como parte de una nueva ofensiva bautizada como Operación Carro de Gedeón.
Israel dijo que su objetivo es liberar a los rehenes retenidos en Gaza por la milicia palestina Hamás y derrotarla.
Los ataques han alcanzado la ciudad sureña de Jan Yunis, así como pueblos en el norte de Gaza, incluidos Beit Lahia y el campo de refugiados de Yabalia.
Al menos 67 personas han muerto y 361 han resultado heridas en Gaza en las últimas 24 horas, según el ministerio de Salud, dirigido por Hamás.
La Defensa Civil, el principal servicio de emergencia de Gaza, dijo que el campamento de al-Mawasi en el sur, donde se habían refugiado personas desplazadas, también fue atacado durante la noche, lo que causó 22 muertes y 100 heridos. El campamento había sido previamente designado como una “zona segura”.
Una mujer en Jan Yunis le dijo a la BBC que la situación allí era “muy difícil” y que el sonido de los bombardeos la había mantenido despierta, mientras soportaba “una grave escasez de harina, gas y alimentos”.
En la amplia orden de evacuación del domingo, que describió como una “advertencia final”, el ejército israelí dijo que “lanzaría un poderoso ataque contra cualquier área utilizada para lanzar cohetes” e instó a la gente a “moverse inmediatamente hacia el oeste a los refugios conocidos en al-Mawasi”.
Tres hospitales públicos están ahora “fuera de servicio” en la Gobernación del norte de Gaza, dijo el ministerio, en medio de la escalada de ataques aéreos israelíes.
Personal médico de uno de ellos, el Hospital Indonesio en Beit Lahia, dijo a la BBC alrededor de las 21:40 hora local (20:40 GMT) que tanques israelíes se habían detenido afuera y estaban disparando contra el hospital. Dijeron que había 55 personas dentro, incluidos cuatro médicos y ocho enfermeras. El resto son pacientes inmovilizados que no pudieron huir del hospital después del ataque de la mañana, añadieron.
El ministerio de Salud dijo unas horas antes que el personal y los pacientes del Hospital Indonesio habían sido objeto de “fuego intenso”. Acusó a Israel de sitiar el hospital, cortar el acceso y “obligar efectivamente al centro hospitalario a dejar de funcionar”.
Médicos dijeron a la BBC que no se emitió ninguna orden de evacuación o advertencia antes de los ataques, y en ningún momento hubo objetivos militares en el hospital.
El mando militar israelí ha dicho que sus tropas están luchando contra “lugares de infraestructura terrorista” en el norte de Gaza, incluida el área adyacente al Hospital Indonesio.
La ofensiva se produce mientras los negociadores de Israel y Hamás continúan tratando de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Qatar.
El equipo negociador de Israel está agotando “todas las posibilidades” para un acuerdo el domingo, según dijeron desde la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu citadas en los medios israelíes.
La declaración de Netanyahu dijo que “incluiría la liberación de todos los rehenes, el exilio de los terroristas de Hamás y el desarme de la Franja de Gaza”.
Una fuente de alto rango de Hamás dijo a la BBC que “hasta ahora no se ha logrado ningún avance o progreso en las negociaciones en curso en Doha debido a la continua intransigencia israelí”.
La fuente dijo que Hamás había expresado su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes en una sola fase, “con la condición de alcanzar un acuerdo de alto el fuego integral y permanente, algo que la parte israelí sigue rechazando, ya que su equipo negociador carece del mandato para decidir sobre cuestiones clave”.
La fuente enfatizó que Hamás “rechaza cualquier acuerdo parcial o temporal”. El grupo ha propuesto liberar a todos los rehenes a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos, una retirada total israelí de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria, que Israel ha estado bloqueando durante 10 semanas.
“Israel quiere recuperar a sus rehenes en uno o dos grupos a cambio de una tregua temporal”, dijo la fuente de Hamás a la BBC.
En declaraciones a la BBC el domingo, Mohammed Salha, director del hospital privado al-Awda, en el norte de Gaza, dijo que el cierre del Hospital Indonesio afectaría la atención que podía brindar.
Dijo que al-Awda dependía del Hospital Indonesio para las reservas de oxígeno y para su unidad de cuidados intensivos.
El Sr. Salha añadió que hubo un bombardeo cerca de su hospital durante la noche que causó “muchos daños” a las instalaciones que el personal se esforzaba en reparar rápidamente.
Ataques a hospitales
Los últimos daños a hospitales se producen después de que ataques israelíes alcanzaran dos de los centros médicos más grandes de Jan Yunis, el Complejo Médico Nasser y el Hospital Europeo.
Israel acusó a Hamás de ocultar un centro de mando y control debajo del Hospital Europeo y dijo que llevó a cabo un “ataque preciso” contra “terroristas de Hamás”.
Medios israelíes informaron que el objetivo del ataque era una figura de alto rango de Hamás, Mohammed Sinwar, el hermano menor del ex líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar.
Miles de personas han muerto desde que Israel reanudó sus ataques el 18 de marzo, tras el fracaso de un frágil alto el fuego que duró dos meses.
Las agencias de ayuda internacional han advertido sobre el riesgo de hambruna entre los 2.1 millones de habitantes de Gaza, a medida que surgen imágenes y relatos de niños demacrados que sufren desnutrición.
El ejército israelí ha dicho que la expansión de su campaña tiene como objetivo “lograr todos los objetivos de la guerra”, incluyendo la liberación de los rehenes y “la derrota de Hamás”.
Pero familiares de los rehenes dijeron que la operación planteaba “peligros graves y crecientes” para los que aún se encuentran en Gaza.
“Los testimonios de rehenes liberados describen un trato significativamente peor tras los ataques militares, incluidos abusos físicos, restricciones y reducción de alimentos”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.
La guerra estalló tras los ataques liderados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.
Unos 58 rehenes permanecen en Gaza, y se cree que hasta 23 de ellos están vivos.
Más de 53.000 palestinos han muerto durante la campaña militar de Israel en Gaza.
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