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El descontento social y el grito ciudadano por la justicia
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El descontento social y el grito ciudadano por la justicia
En estos momentos estamos viviendo en nuestro país una etapa de descontento social, donde el conflicto ya no es entre "conservadores” e “izquierdistas", sino entre los gobernantes y los grupos que reclaman la satisfacción de sus necesidades básicas y poner fin a un sistema de opresión machista.
20 de marzo, 2020
Por: Elio Villaseñor Gómez

Al igual que buena parte de la ciudadanía de a pie, vemos nuestra realidad con mucha furia e impotencia ante los problemas cotidianos que afrontamos, especialmente por la inseguridad, que es incontenible y, al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 20 de febrero pasado ha revelado que el total de presuntos delitos registrados en enero 2020 ascendió a 165 mil 749. Pero también preocupa la falta de medicamentos, un problema que detonó desde septiembre de 2019, con el caso de la falta del fármaco metotrexato para los niños con cáncer, atribuida a la presunta colusión entre funcionarios e industrias farmacéuticas. Destaca también la problemática por los servicios médicos, la cobertura insuficiente, todo ello agravado con la desaparición del Seguro Popular. Persiste, además, una serie de reclamos (sin respuesta) de las víctimas de la violencia.

En este ambiente, vemos cómo quienes gobiernan tienen muy poca sensibilidad para escuchar y rectificar las que han sido sus prioridades, a fin de responder a los verdaderos reclamos sociales. Lo que sí puede constatarse a diario es que los programas gubernamentales siguen su marcha, a pesar de que la dura realidad reclama que se atiendan otras urgencias y que se cambien las reglas para favorecer a la ciudadanía. Muchos de estos temas se analizan en nuestra revista Brújula Ciudadana.

El mensaje que estamos recibiendo de las autoridades es: “si la realidad no se acomoda a mis proyectos, me da igual y sigo adelante a pesar de los reclamos”.

En estos momentos estamos viviendo en nuestro país una etapa de descontento social donde el conflicto ya no es entre “conservadores” e “izquierdistas”, sino entre los gobernantes y los grupos que reclaman la satisfacción de sus necesidades básicas y poner fin a un sistema de opresión machista.

Esta actitud de rebeldía de la ciudadanía quiere poner un freno a la violencia y a los feminicidios. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, a nivel nacional, en 2019 se registraron un total de 1,010 feminicidios; en enero de 2020, se registraron 73 feminicidios. También es un problema gravísimo la impunidad que impera en diversos ámbitos de la vida nacional. En la actual Administración están en proceso investigaciones en contra de exfuncionarios como la que se le sigue la extitular de la Sedesol, Rosario Ibarra, al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con proceso de extradición, entre los más emblemáticos; sin embargo se ha avanzado muy poco en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las demandas sociales ya no solo son un grito, sino una fuerza que cada día va tejiéndose en todos los rincones del país desde la familia, la escuela, el trabajo y la calle.

Esta nueva ola del país coloca a la ciudadanía de a pie en el centro y son todos sus miembros quienes exigen a los gobernantes estar a la altura, adaptando sus programas para dar respuestas concretas, eficaces y transparentes en temas muy sensibles para la población. Una encuesta de De Las Heras Demotecnia -2 de marzo de 2020- reveló que lo mejor que ha hecho este gobierno es apoyar con pensión a las personas de la tercera edad (18%) y atacar la corrupción (12%), mientras lo peor ha sido el combate a la inseguridad).

Las voces actuales de descontento ponen al descubierto la otra cara de las elecciones de julio 2018 en las que muchas personas que participamos lo hicimos por un cambio para terminar con la corrupción y la impunidad; ahora queremos que se termine el uso discrecional de los recursos y que se cambien las reglas de gobernar que no estén beneficiando a las mayorías.

Nadie en la ciudadanía ha entregado un cheque en blanco a los gobernantes para que se coloquen por encima de la ley; al contrario, han sido elegidos para servir a la sociedad.

Este coraje ciudadano no avizora la satisfacción de sus demandas, dado que algunas de ellas dependen de los deseos o los caprichos de quienes nos gobiernan, que además no necesariamente se interesan por nuestras carencias más ingentes.

Este momento del país es una oportunidad para abrir mesas de diálogo y construir la nueva agenda nacional, una que ponga en el centro las principales necesidades de la población, incluyendo un cambio importante en la justicia y en cómo hacerla más accesible. Un atisbo de ello es la propuesta de reforma al Poder Judicial, presentada por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien la presentó ante la Cámara de Diputados en febrero pasado, y cuyo objetivo es lograr que la Corte logre tener mayor credibilidad y cercanía con la ciudadanía.

El gran desafío es tener una actitud de humildad para escuchar y construir juntos las nuevas avenidas del país con una mirada ciudadana.

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