
Cada 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, se renueva una conversación que en México resulta tan necesaria como incómoda: ¿qué tan real es hoy el derecho a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes? Más allá de discursos y conmemoraciones, la respuesta exige mirar de frente un sistema educativo que ha mostrado avances importantes, pero que sigue dejando fuera a millones de niñas, niños y adolescentes, particularmente a quienes nacen en contextos de pobreza, marginación, movilidad o discriminación estructural.
En los últimos años, México ha registrado progresos relevantes en términos de cobertura. Para el ciclo escolar 2024–2025, la tasa de escolarización en educación básica (3 a 14 años) alcanzó el 88.6%, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2025). Asimismo, tras el impacto de la pandemia, se observa una recuperación parcial en educación media superior: la tasa de abandono escolar se redujo de 14.2% en el ciclo 2018–2019 a 11.3% en 2023–2024 (SEP, 2025).
Estos datos reflejan esfuerzos institucionales importantes y una capacidad de resiliencia del sistema educativo. Sin embargo, las cifras agregadas no cuentan la historia completa. La pregunta central no es solo cuántas niñas y niños están inscritos, sino quiénes logran permanecer, aprender y completar sus trayectorias educativas en condiciones dignas.
En 2024, 24.2 millones de personas en México se encontraban en situación de rezago educativo (INEGI, 2025). Aunque esta cifra representa una disminución respecto a mediciones previas, sigue siendo alarmante por su magnitud y por su impacto intergeneracional. A este panorama se suma la persistencia de la exclusión escolar y el riesgo de abandono entre miles de niñas, niños y adolescentes, una realidad que evidencia las dificultades del sistema educativo para garantizar trayectorias educativas continuas y equitativas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.
Estas cifras evidencian que el sistema educativo continúa enfrentando barreras estructurales que contrarrestan los avances en cobertura. No se trata de fallas individuales, sino de desigualdades persistentes que limitan el ejercicio del derecho a la educación desde la primera infancia y a lo largo de toda la trayectoria educativa.
La desigualdad sigue siendo el eje que atraviesa el acceso a una educación de calidad. Las niñas, niños y adolescentes indígenas —particularmente quienes hablan una lengua originaria— enfrentan barreras persistentes para acceder a servicios educativos pertinentes y de calidad. Esta exclusión refleja una deuda histórica del sistema educativo con los pueblos originarios y con la diversidad cultural y lingüística del país, así como la insuficiencia de modelos educativos que reconozcan y valoren plenamente sus contextos, saberes y lenguas.
Las condiciones materiales de las escuelas profundizan esta desigualdad. De acuerdo con el CONEVAL (2024), el 4.1% de las escuelas de educación básica no cuenta con electricidad y el 17.4% carece de acceso a agua potable. En el caso de las escuelas comunitarias, más de la mitad enfrenta esta carencia. Estas condiciones no solo afectan el aprendizaje, sino que vulneran la salud, el bienestar y la dignidad de quienes estudian y trabajan en estos espacios.
Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48% de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género.
A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un Protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real.
No atender de manera urgente estos desafíos tiene consecuencias profundas. El rezago educativo perpetúa la pobreza intergeneracional y limita la movilidad social. De acuerdo con el INEGI (2025), el rezago educativo incluso aumentó ligeramente entre 2016 y 2024, pese a las políticas implementadas.
Las desigualdades regionales también se amplían. Mientras entidades como Chiapas concentran niveles de pobreza multidimensional superiores al 60%, otras como Baja California se mantienen por debajo del 10% (INEGI, 2025). Cada estudiante que abandona la escuela representa un capital humano perdido y una oportunidad menos para el desarrollo del país, con impactos directos en la competitividad, la cohesión social y la seguridad.
Desde la experiencia que tenemos en Save the Children, con más de 50 años de trabajo en favor de la niñez y la adolescencia en México, una lección es clara: garantizar el derecho a la educación implica mucho más que asegurar un lugar en el aula. Significa crear condiciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender en entornos seguros, con acompañamiento emocional, alimentación adecuada, docentes fortalecidos y comunidades involucradas.
En comunidades rurales, indígenas, zonas urbanas marginadas y contextos de movilidad, la experiencia ha demostrado que la educación se fortalece cuando se articula con la protección, la salud y el bienestar. Trabajar con docentes en metodologías inclusivas, impulsar el aprendizaje a través del juego, promover la educación bilingüe e intercultural o acompañar procesos de reincorporación escolar son ejemplos de cómo la educación puede adaptarse a las realidades de la niñez, en lugar de excluirlas.
El mensaje que la sociedad mexicana debe comprender hoy es contundente: la educación no es un servicio ni un privilegio, es un derecho habilitador. Cada niña o niño fuera de la escuela pierde mucho más que aprendizajes académicos: pierde un espacio de protección, la posibilidad de desarrollar su máximo potencial y la oportunidad de ejercer una ciudadanía plena.
Las desigualdades educativas no son naturales ni inevitables. Son el resultado de decisiones políticas, prioridades presupuestales y omisiones acumuladas. Cuando se normaliza que una niña de una comunidad rural tenga muchas menos probabilidades de acceder a educación de calidad que un niño en una zona urbana, se está eligiendo la exclusión.
Invertir en educación —especialmente en la primera infancia— no es un gasto, es una inversión que se multiplica en desarrollo económico, cohesión social, salud pública y democracia.
En este Día Internacional de la Educación, el llamado es claro: no podemos seguir postergando el derecho a aprender. El futuro de México se construye todos los días en cada aula, en cada escuela y en cada decisión que se toma sobre la educación.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.

Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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