Las 10 crisis de desplazamiento forzado en México
La migración ha sido un proceso regular en la historia de la humanidad, ha estado presente desde los primeros tiempos y permite que las personas busquen nuevas oportunidades en otras latitudes. El problema es que no toda migración es voluntaria y en ocasiones ni siquiera se hace para buscar mejores condiciones, sino que se realiza de manera forzada para salvar la vida.
En otros países como Colombia, el fenómeno del desplazamiento forzado, provocado por la violencia y el crimen organizado, ha sido estudiado en extenso, ya que se estima que 4 millones de personas han tenido que dejar su hogar por miedo a ser víctimas de ataques. En México el problema no llega a dichas dimensiones, pero la cantidad de desplazados va en aumento y ya se puede considerar una crisis humanitaria, poco estudiada y sobre la que no se han implementado políticas públicas efectivas para su atención.
El programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana estima que, en 2024, un aproximado de 26 mil personas tuvieron que dejar de manera involuntaria su hogar para trasladarse a otro municipio, siendo la principal razón de ello la incursión de grupos de delincuencia organizada, que provocó la huida de personas en decenas de localidades de todo el país.
Para complementar estos datos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha estimado que desde 2012 se tiene conocimiento de casi 380 mil personas desplazadas en México, lo cual ya constituye un problema urgente que debe ser atendido. Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Pachuca se hubiera mudado en un lapso de 13 años.
En políticas públicas uno de los primeros pasos para diseñar acciones para hacer frente a un problema es delimitarlo, saber con certeza dónde se focaliza y a quienes afecta, es por ello que el presente texto girará en torno a las mayores crisis de desplazamiento forzado que hemos experimentado en México en los últimos años.
1. En Guerrero encontramos los dos primeros nodos de desplazamiento forzado, el primero de ellos se ubica en la zona de Tierra Caliente y la Sierra Sur, con especial énfasis en los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso. Suman un aproximado de 5 mil desplazados derivado de los constantes enfrentamientos de las organizaciones que se pelean la zona, que es la principal productora de amapola del país. En dicho conflicto participan la Familia Michoacana, los Tequileros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, los Tlacos y el Cártel de la Sierra Sur.
2. El segundo nodo se ubica en los municipios de Chilapa y Zitlala, con cerca de 2 mil personas desplazadas, producto de la disputa entre los Ardillos y los Tlacos, las dos células delictivas más fuertes en esa región, que han incrementado las hostilidades en los últimos años.
3. En el norte de Sinaloa encontramos el tercer nodo, con un desplazamiento forzado estimado de 9 mil personas en los municipios de Choix, El Fuerte, Badiraguato y Sinaloa, que se generan por pugnas internas del Cártel de Sinaloa y los enfrentamientos que este tiene con otros grupos como la Organización de los Beltrán Leyva.
4. Un cuarto nodo se ubica al sur de Zacatecas en los municipios de Jerez, Tepetongo, Nochistlán, Fresnillo y Valparaíso, en donde más de 10 mil personas ha dejado su hogar huyendo de la violencia de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
5. El quinto nodo lo tenemos en el sur de Michoacán, en donde las hostilidades constantes entre Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec ha provocado la huida de cerca de 3 mil personas de la región, de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Tepalcatepec, Coalcomán y Aquila.
6. En Chihuahua está el sexto nodo de desplazamiento forzado, en el sur de la entidad, colindante con Durango y Sinaloa, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Morelos y Batopilas, en donde se enfrentan células de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y además se suman elementos de la Línea del Cártel de Juárez y han generado cerca de 1 mil 500 desplazados.
7. Mientras que en Chiapas hay dos nodos claramente identificados, el que corresponde al séptimo caso es la región de los Altos, en los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal y Aldama, donde 14 mil personas han huido de sus hogares por conflictos de tierra, persecución gubernamental y la entrada de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
8. Y también esas dos organizaciones se están peleando los municipios que se encuentran en la frontera de Chiapas con Guatemala, que es el octavo nodo, lo que ha propiciado la huida de cerca de 10 mil personas, generando una situación inédita de desplazados mexicanos pidiendo asilo en Guatemala.
9. El noveno nodo lo encontramos en Teocaltiche, Jalisco, en donde cerca de 900 personas se han tenido que desplazar por un enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
10. Por último, el décimo nodo se ubica en la zona de frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos, en donde cerca de 10 mil personas han tenido que migrar de municipios como Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Miguel Alemán, derivado de la lucha entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.
Derivado de lo anterior, urgen al menos 5 acciones para poder enfrentar de mejor manera la crisis generada por el desplazamiento forzado en México:
- Contar con un censo nacional fiable de personas desplazadas por la violencia, que nos permita identificar con claridad las zonas de expulsión en donde se presenta dicho problema.
- Desarrollar un programa nacional de atención a las familias desplazadas, que permita su incorporación a nuevas comunidades, así como el acceso a oportunidades laborales, educativas, de salud, vivienda y alimentarias.
- Generar dentro de ese programa un esquema de acceso gratuito a la vivienda o a muy bajo costo, que les ayude a estas familias a comenzar de nuevo sin tantas dificultades.
- Estas familias deben recibir atención psicológica, ya que los traumas generados por la violencia, que les hicieron dejar su hogar, pueden haber causado daños en su bienestar emocional.
- Se debe atacar las causas de generación de violencia, para evitar que en el futuro crezca la cantidad de personas desplazadas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
