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Diciembre de hambre en la Montaña de Guerrero
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Diciembre de hambre en la Montaña de Guerrero
23 de diciembre, 2016
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Por: Atziri Ávila (@AtzirieAvila)

En un instante el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron comunidades de la Montaña de Guerrero. Dieciséis mil familias pertenecientes a 200 pueblos y a 15 municipios fueron afectadas. Treinta y cinco comunidades forzaron su desplazamiento; 4,350 viviendas quedaron destruidas; las escuelas y clínicas desaparecieron arrasadas por los ríos. Al menos 40 personas murieron.

Corría el mes de septiembre de 2013, las parcelas fueron demolidas, lo que impidió la siembra de maíz y de café.

A través de la organización comunitaria, los pueblos me’phaa, na savi y nauas de la Montaña viven desde ese otoño reconstruyendo su vida.

El 22 de septiembre de 2013 -días después de la devastación- las comunidades afectadas conformaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, a través del cual se organizan, buscan interlocución con las autoridades y combaten, además de los impactos del desastre natural, los abusos de empresarios y la omisión de las propias autoridades para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a una vivienda adecuada de comunidades de uno de los estados más pobres de México, entre ellas El tejocote, el Tepeyac, La lucerna, Acatepec, Tlacoyos, Unión de las peras, entre muchas otras.

Por si fuera poco, la construcción y reconstrucción de las casas ha sido con material de poca calidad, no acorde a la cultura ni al contexto de las comunidades indígenas, y tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de Guerrero incumplen uno de los acuerdos que fue el abastecimiento de granos básicos para las 16 mil familias, pues aunque las comunidades siembran, el maíz es insuficiente.

El acuerdo se realizó en la Secretaria de Gobernación con el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Miranda (hoy secretario de Desarrollo Social), el gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 7 y 8 de junio de este año y consistía en otorgar a cada familia 100 kg. de maíz, 20 kg. de arroz, 20 kg. de frijol y 1 kg de sal, para lo que se destinarían 122 millones de pesos que se proporcionarían de manera tripartita desde dichas instituciones: inicialmente 31 millones de pesos serían subsidiados por el gobierno del Estado de Guerrero, 30 millones de pesos por la secretaría de Gobernación y 32 millones de pesos por la CDI.

La entrega de los granos básicos, a través de la campaña “Que llueva maíz en la Montaña”, impulsada por el propio Consejo de Comunidades Damnificadas, se realizaría en seis ocasiones, pero a la fecha sólo los han recibido los granos tres veces.

Hoy, a unos días de las fiestas decembrinas, las familias de la Montaña se encuentran al borde de la hambruna. Además de las inclemencias del tiempo y la carencia de alimentos, las comunidades enfrentan la pobreza ancestral que viven los pueblos indígenas y ante la cual las autoridades permanecen omisas y evidencian su racismo y discriminación (contrario a la respuesta que las mismas autoridades tuvieron para los habitantes del Acapulco Diamante en esas mismas fechas y por los mismos desastres naturales).

“Ya estamos hartos”, afirma vía telefónica Abel Bruno Arriaga, indígena me’phaa originario de la comunidad de Unión de las Peras, ubicado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero. “Ya pasaron tres años y seguimos en las mismas, por eso estamos pensando en nuevas formas de protesta que obliguen realmente a las autoridades a voltear a nuestros pueblos, pero no sólo a mirar sino a resolver esta problemática. Muchos han tenido que emigrar como jornaleros agrícolas y la pobreza se agudiza, nosotros no pedimos dádivas sino la garantía de nuestros derechos, exigimos un trato como sujetos y no como súbditos”, dijo quien es también miembro de la coordinación del Consejo de Comunidades Damnificadas.

Recientemente el Consejo obtuvo como respuesta que no existen los recursos para el subsidio, a pesar de que ya había sido designado. Otro de los obstáculos que han enfrentado es el constante cambio de personal en el gabinete de Enrique Peña Nieto, lo que ha provocado la falta de seguimiento y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades.

Primero el cambio de Rosario Robles de la SEDESOL a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), luego el de Luis Miranda Nava de la subsecretaría de Gobernación a la Secretaría de Desarrollo Social.

Si bien actualmente el guerrerense Rene Juárez ocupa el cargo de subsecretario de Gobernación, eso no ha significado una respuesta pronta y efectiva para los pueblos de la Montaña.

Sin duda, las autoridades federales y estatales tienen que tomar de manera urgente las acciones necesarias para atender a las familias damnificadas; y aclarar el destino de los recursos asignados para los granos básicos, como una de las acciones de un plan integral que el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que realizar para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la vida de las comunidades indígenas en La Montaña de Guerrero.

 

* Atziri Ávila, comunicóloga social, activista, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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