Después de Venezuela, ¿sigue México?
Finalmente pasó lo que tanto se había estado anunciando: la intervención directa en Venezuela y la detención ilegal (¿secuestro?) del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Se añade una raya más al historial de golpes de Estado e intervenciones extranjeras realizadas por ese país, cuya tradición imperialista sigue más viva que nunca.
Este ominoso suceso prende las alarmas en México, y con justa razón, ya que ha quedado demostrado con hechos que las pulsiones intervencionistas de Donald Trump en América Latina no son únicamente amenazas retóricas. Incluso, durante su mensaje sobre el operativo en Venezuela, Trump se refirió a México. Afirmó que estaba “dirigido por los cárteles” y señaló que “tendrían que hacer algo al respecto”. En este contexto, cabe preguntarse: ¿puede México esperar una invasión de esta escala? ¿Realmente se encuentra en una situación comparable?
Existen elementos que permiten sostener que no enfrentaremos un escenario similar en los próximos años. No existen los mismos incentivos para que Estados Unidos haga en México lo mismo que acaba de suceder en Venezuela. A pesar de que Trump es un personaje impulsivo, sus decisiones siguen estando motivadas por incentivos específicos que pueden identificarse y que, en el caso venezolano, se alineaban para concretar la intervención.
En primer lugar, Venezuela era una nación no alineada con Estados Unidos, por decirlo suavemente. Hugo Chávez fue siempre una figura abiertamente antagónica a la presencia estadounidense en América Latina y un crítico férreo del historial intervencionista del país norteamericano. Estas tensiones se incrementaron aún más con la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019, derivada del reconocimiento por parte de Washington de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, con lo cual la nación sudamericana se convirtió en un antagonista directo del gobierno estadounidense. A ello se suma la cercanía de Venezuela con China y Rusia, otras potencias rivales de Estados Unidos, que desde la óptica de Washington representan amenazas concretas a la seguridad hemisférica, lo que contribuyó a elevar la tensión bilateral.
Por otra parte, está el incentivo de los recursos energéticos, ya que Venezuela sigue siendo un productor importante de petróleo. En este punto, Trump ha sido bastante transparente: desde diciembre de 2025, el gobierno estadounidense comenzó un bloqueo total al comercio del petróleo venezolano, y tanto el propio Trump como miembros de su gabinete declararon que la expropiación petrolera había representado un robo a la propiedad estadounidense y que la industria petrolera venezolana existía gracias a la fuerza laboral norteamericana. De este modo, el foco de la intervención dejó de ser el supuesto combate al narcotráfico y pasó a ser la apropiación del petróleo venezolano que, no olvidemos, constituye nada más y nada menos que las mayores reservas de petróleo del planeta.
Estados Unidos, un imperio en decadencia como señalan algunos analistas, entre ellos Guadalupe Correa-Cabrera, se encuentra en la búsqueda de cualquier asidero que le permita reposicionarse en el escenario internacional y recuperar la fortaleza geopolítica de la que gozó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Trump encontró en Venezuela la oportunidad perfecta para avanzar en su proyecto y “hacer a América grande de nuevo”.
Los incentivos mencionados son muy específicos y están lejos de repetirse en el caso mexicano. Por ello, me atrevo a pensar que aún estamos lejos de una invasión estadounidense o de un operativo similar al observado en Venezuela. Además, no parece que Estados Unidos lo requiera. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido particularmente eficaz al momento de apaciguar las presiones ejercidas por Trump, cediendo prácticamente en todas las demandas planteadas por el vecino del norte. Y difícilmente puede culparse a la presidenta: las correlaciones de fuerza son tales que México cuenta con un margen de maniobra claramente limitado.
Ahora bien, que Estados Unidos no vaya a enviar aviones o helicópteros a bombardear Palacio Nacional o instalaciones militares estratégicas no significa que dejará de realizar acciones en territorio nacional ni de ejercer su presión característica. Incluso es posible que dichas presiones se intensifiquen, ahora que Washington cuenta con el precedente venezolano para respaldar amenazas y discursos. Sin embargo, precisamente ahí radica uno de los incentivos para no invadir a México: no necesitan desplegar fuerzas de élite para lograr que el gobierno mexicano ceda en sus exigencias.
Algunos analistas, como Víctor Hernández, han sostenido desde hace meses que una intervención es inminente y argumentan que las condiciones institucionales en Estados Unidos están dadas para ello. No obstante, aunque institucionalmente el gobierno estadounidense esté articulado para intervenir militarmente en prácticamente cualquier país, ya sea México u otro, se requieren incentivos mucho más fuertes —como los ya mencionados— para llevar a cabo una operación de esa magnitud. Es un hecho que Estados Unidos siempre estará en condiciones de intervenir militarmente en México, independientemente del partido que gobierne en uno u otro país, y ello forma parte de su lógica de poder. No obstante, conviene distinguir entre un ataque dirigido contra un supuesto capo del narcotráfico y una operación orientada a remover al gobernante de un país; es en este segundo escenario donde considero que aún estamos lejos.
Finalmente, todo lo anterior no implica que México deba estar tranquilo, sino más bien en o una vigilia nerviosa. Washington ha demostrado una vez más que es capaz de encontrar pretextos para justificar cualquier intervención contra cualquier país, en el momento que lo considere conveniente y eso, sin duda, sí debe preocuparnos.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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