Los errores políticos en la designación de la nueva procuradora de Derechos Humanos de Guanajuato

El 27 de febrero pasado, el Congreso de Guanajuato eligió a Karla Alcaraz como nueva procuradora de Derechos Humanos del estado (PRODHEG), en un proceso que duró varios meses y, aunque aparentemente fue legítimo y generó consensos, estuvo plagado de vicios políticos y partidistas que minan la legitimidad de la persona recién designada. A continuación, enlisto algunos hechos que encuadran en estos vicios:

1. Una convocatoria carente de estándares nacionales sobre el proceso de designación. El proceso local inició apenas una semana después de que a nivel nacional se ratificara a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pese a ser la candidata peor evaluada en el proceso. Aún con este mal resultado, en la Convocatoria para la CNDH sí se establecieron indicadores claramente definidos, no así en el proceso local. Y a pesar de que se propuso desde el inicio, el Congreso local ignoró la petición, lo que es responsabilidad de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Junta). No se garantizó, tampoco, la participación ciudadana más allá de la postulación: no hubo parlamento abierto ni otras formas sustantivas de participación social.

3. Una Comisión carente de propuesta técnica y política. En esta Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables cuenta entre sus integrantes a dos personas que llegan al Congreso a través de acciones afirmativas, tanto en su condición de personas con discapacidad como por su pertenencia a grupos indígenas. Esta representación quedó como algo simbólico, toda vez que quien impuso la metodología y aspectos no considerados en las entrevistas fue el Coordinador de Morena que, hay que decirlo, cree saber sobre instituciones de derechos humanos.

4. Una votación amañada. No hubo indicadores en la convocatoria, por lo que la Comisión (con el Coordinador de Morena detrás) definió cinco “criterios” de evaluación: idoneidad académica y profesional al cargo; planteamiento y exposición de plan de trabajo; trayectoria en la defensa de los derechos humanos; respuesta a preguntas o casos prácticos de la sociedad civil, así como evaluación de consistencia, dominio integral y actualizado de los derechos humanos. Estos indicadores fueron evaluados de forma inconsistente y carecían de parámetros concretos; por ejemplo, “un plan de trabajo” y “su planteamiento y evaluación”. ¿Cómo evaluaron a quienes NO presentaron un plan que NO se solicitó? Al decir que el proceso fue “pulcro”, el Congreso está cayendo en una falacia.

Después de este apretado repaso se puede afirmar que la designación de la nueva persona titular de la PRODHEG no está basada en sus méritos o en su género, sino en su afinidad política con los dos partidos dominantes en el Congreso. El continuismo que garantiza en la Procuraduría no amenaza el status quo panista, la plana azul queda intacta al interior, lo mismo que el pacto de impunidad en materia de derechos humanos con las instituciones públicas. Se espera más de lo mismo: recomendaciones deslactosadas como la que Karla Alcaraz elaboró en el caso de Jair Martínez, donde la disculpa se hizo en “privado” y “por escrito” en una oficina del municipio de Irapuato, mostrando que había sido negociada antes incluso de ser publicada, contradiciendo los estándares internacionales que seguramente Karla desconoce, tal como lo mostró en la entrevista.

Ni cómo festejar que es “tiempo de las mujeres” o que “llegamos todas” o que se “logró una candidatura de consenso”. Penoso proceso carente de criterios técnicos. Y no es que seamos ingenuos y pensemos que la designación no es un proceso político. Así Morena impuso por la fuerza a Rosario Piedra en CNDH y, ahora, tiñe de guinda a Karla Alcaraz.