“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.
Edmond Thiaudière, escritor y filósofo francés
Se inicia la fase final del proceso electoral federal y en el discurso gubernamental predomina la polarización excluyente, que conlleva a la cancelación del espacio político para el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés nacional, que por naturaleza necesita consenso en la diversidad.
Con esa orientación, la arquitectura política del gobierno se ha enfocado en descalificar o anular la acción de las organizaciones comunitarias y civiles que apoyan a los grupos sociales, impidiendo que se conviertan en actores de su propio desarrollo inclusivo.
Este enfoque no es nuevo: en el presupuesto 2019 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en diciembre de 2018 al Congreso se suprimía el 100 % de los recursos destinados al Programa de Coinversión Social (PCS), que en ese año obtuvo 187 millones de pesos para el apoyo al trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas ellas sin fines de lucro.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, con el argumento de que las poco más de 40 mil OSC eran opacas y corruptas, el Mandatario giró una circular a todas las dependencias federales ordenando “no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”.
A la distancia, lo anterior ha resultado en la pérdida de valiosas experiencias ciudadanas en la formulación de políticas públicas. En su lugar, se han fortalecido políticas clientelares que buscan crear ciudadanos dependientes de las autoridades, socavando la autonomía y el tejido social participativo y autogestionario. Se ha establecido una relación clientelar con las personas más vulnerables, reduciendo su esfera de derechos fundamentales a la simple transferencia económica periódica directa.
Esto sugiere un regreso a una época en la que la relación entre el gobierno y las comunidades se limitaba a la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y la oferta de soluciones por parte del gobierno.
El actual es un momento crucial para que los candidatos a cargos de elección popular expliquen sus propuestas y planes para el futuro del país, y que, con la participación ciudadana, la clase política esté dispuesta y con altura de miras para transformar las formas de operar del gobierno y a legitimar los actos gubernamentales permitiendo una mayor influencia de todos los sectores sociales en el espacio público -entendido como aquello que es común, general y de interés para todos-, para la toma de decisiones colectivas con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas en beneficio del bien común.
Ante este panorama, la única alternativa viable es adoptar una actitud de resistencia, fortaleciendo a las comunidades para que puedan seguir articulando sus demandas desde lo local y construir experiencias multiplicadoras que desafíen las reglas del clientelismo y promuevan la autonomía. Este nuevo acuerdo en la relación gobierno-ciudadanía requiere un pacto renovado de toda la sociedad.
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).
Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito. Los votantes rechazaron las medidas económicas y dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con la seguridad.
Las nuevas medidas de seguridad en Ecuador propuestas por el presidente Daniel Noboa recibieron el respaldo de los ciudadanos en el referendo y la consulta popular celebrados este domingo.
Con más del 60% de los votos escrutados, las preguntas relacionadas con la seguridad recibieron un mayoritario “sí”.
“Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”, publicó el presidente Noboa en su cuenta de Facebook tras conocerse los primeros resultados de la consulta y referendo.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo en entrevista con un canal de televisión local que en las próximas horas se confirmará si los resultados son irreversibles, aunque la diferencia a favor del “sí” es tan amplia que parece irremontable.
La votación convocada por Noboa sobre reformas en seguridad, justicia, inversiones y empleo concluyó con una participación del 72% de los 13,6 millones de ecuatorianos que estaban convocados a las urnas.
El nivel de ausentismo fue calificado como “muy alto” por Atamaint al compararlo con otros procesos electorales.
De acuerdo a los resultados parciales, Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito.
Los votantes dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países.
Sin embargo, rechazaron medidas económicas que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
El proceso ha sido visto por analistas como una “prueba de fuego” a la gestión del presidente Noboa, a mitad de su corto mandato y a menos de un año de unos nuevos comicios, en los que se espera que compita por la reelección.
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para febrero de 2025.
Las 9 preguntas en las que gana el sí
Resumen de las preguntas incluidas en la consulta popular y referendo que recibieron el respaldo de los votantes.
- Aprobar que las Fuerzas Armadas le den un apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.
- Permitir la extradición de ecuatorianos.
- Establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
- Que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente en las calles.
- Incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
- Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
- Que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Las 2 preguntas en las que gana el no
Resumen de las propuestas rechazadas por los votantes, según los primeros resultados:
- Rechazo a que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
- Rechazo a cambiar las leyes para establecer un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez.
Una de las mayores tasas de homicidios
La jornada de votación transcurrió con normalidad hasta que fue asesinado el director de una cárcel, la tercera autoridad que es víctima de un atentado mortal a manos de presuntos sicarios después de que esta semana también murieran a tiros dos alcaldes de localidades donde existe presencia de minería ilegal.
Ecuador lleva tres años sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de homicidios que elevaron la tasa de muertes violentas a 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente, en 2023.
Secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos también han registrado un aumento en un país duramente golpeado por la acción del crimen organizado.
Como parte de la estrategia para combatir la violencia, el gobierno de Noboa declaró que el país está en un conflicto armado interno, ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles y las cárceles del país e identificó a como “terroristas” a bandas dedicadas al narcotráfico.
La consulta popular se llevó a cabo además en medio de una crisis energética que en los últimos días provocó racionamientos eléctricos de al menos seis horas diarias. Tan crítica llegó a estar la situación que el gobierno suspendió la jornada laboral por dos días.
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