¿Derecho, libertad o responsabilidad? Las paradojas de la expresión
Hay personas de la vida pública cuyo único reclamo de relevancia es el ridículo. A veces, esas personas se encuentran y deciden buscar el ridículo en equipo, con la burda esperanza de que alguien les tome en serio. Con esto dejo claro que me interesa hablar de la reciente polémica que enfrenta el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado mexicano por decidir no transmitir una entrevista, realizada por una “figura pública” a un conocido personaje que aspira a ser la cara y el liderazgo de la derecha reaccionaria en nuestro país, en la que repetiría su discurso antiderechos. El problema real no es su patético espectáculo (por lo que no los mencionaré de nuevo), sino la discusión de fondo sobre la decisión tomada por las defensorías de audiencias del SPR y el Canal Once.
Mi postura es clara: la decisión tomada fue correcta y un raro acto político de responsabilidad. Los discursos de odio, antiderechos, que incitan a la violencia contra cualquier persona (homofobia, transfobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia, por mencionar los más comunes) no tienen ni deben tener lugar en la vida pública. Tampoco deben normalizarse mediante la discusión, el debate o la polémica. Si algo hemos aprendido en la última década es que su principal estrategia de acción es ésa: estirar y poner a prueba los límites de lo aceptado socialmente. Ampliar la “tolerancia” para justificar la violencia y la exclusión.
También hemos aprendido que estos discursos y estrategias cuentan con los espacios, las figuras y los recursos para difundirse de manera virulenta y acelerada. El sesgo denunciado de plataformas como X o Facebook, su presencia en radio y televisión nacional e internacional dentro de programas de entretenimiento o barras de opinión de noticieros, en periódicos y medios digitales, nos demuestran que no les faltan espacios, voces ni representación. ¿Por qué deberían ampliarlos más los medios de comunicación del Estado mexicano? A diferencia de los medios privados (que en nuestro país explotan un bien público como el espectro radioeléctrico), los medios públicos deben reflejar el proyecto de nación y hacer valer los principios constitucionales, así como las reglas y leyes que los materializan.
También sostengo que no es censura ni tutela del Estado sobre la ciudadanía no transmitir esa entrevista. Reitero que ya existen otros espacios y plataformas donde pueden consultarse esos discursos para quien quiera hacerlo, como la entrevistadora hizo al difundir por su cuenta la entrevista. Tanto la censura como la tutela son salidas tramposas para no discutir la relación que existe entre derechos, libertades y responsabilidades políticas. La principal responsabilidad del Estado, en materia de libertad de expresión, es garantizar que no se difundan ideas contrarias a los valores democráticos y republicanos que enarbola la Constitución como pacto fundacional de nuestro país. La libertad de expresión es un derecho que debemos ejercer, sí, y que deben garantizar que lo hagamos sin sanción o proceso judicial por hacerlo, o sin que se ponga en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física, cosas que no ocurren por no transmitir una entrevista.
Manuel Buendía defendía que una de las principales responsabilidades del Estado era la comunicación social como parte del ejercicio del poder, una acción concreta que definía cómo traduce un gobierno su programa y lo presenta ante el pueblo, y se conforma de cuatro elementos: información, publicidad, propaganda y relaciones publicas. La aspiración que tuvo el maestro y columnista era que el Estado promoviera una comunicación social democrática, una política que, en sus palabras: “fructifica en un sistema nacional, en un estilo nacional de vida, que convierte al pueblo en protagonista de su propio gobierno.” Lejos estamos de ello, incluso este gobierno que se asume popular lo está, pero esta decisión al menos refleja una política de comunicación social con límites claros.
Los medios públicos son un espacio de ejercicio de derechos administrado por el Estado, y el derecho a la libre expresión no incluye promover o dar lugar a discursos violentos, contrarios a los valores democráticos y republicanos que enarbolamos como una sociedad y un país que se asume como tal. Por ello, este respaldo a la decisión de las defensorías de las audiencias debe acompañarse por la rendición de cuentas: quiénes fueron responsables de que esa entrevista ocurriera en primer lugar, y que sólo esa decisión previno su transmisión. Como un instrumento de la comunicación social del Estado mexicano, dichos medios deben ser plataformas populares, donde el pueblo al que presumen dirigirse no sólo sea espectador, sino también un creador y comunicador de sus problemas, de sus realidades.
Y ahí también reside una crítica al gobierno federal. Que las defensorías hicieran su trabajo en esta ocasión no nos hace olvidar que en estos espacios permitieron la cooptación de programas y líneas editoriales por figuras afines al partido en el gobierno. Tampoco se nos olvida, a nivel local, que en un programa de la ciudad de México atacaron a Carla Escoffié por criticar la elección judicial. No es una de cal por las que van de arena, es un llamado de atención para que sea el inicio de una reformulación de su política de comunicación social. Un gobierno que vive preocupado por sus narrativas no puede considerar que sólo cooptando los medios públicos se gana la batalla. Si no abre los espacios al pueblo, y refleja mediante estos medios la diversidad de realidades que conforman nuestra vida nacional, sólo facilitará que esos discursos de odio que hoy previene de presentarse, ocupen los vacíos que genera su desatención de las voces populares que han sido negadas.
* Armando Luna Franco (@alunaf_89) es candidato a doctor en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en política nacional, pensamiento político y análisis de coyuntura.
Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico.
Todavía no había aterrizado Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura en Venezuela cuando Donald Trump advirtió que México y Colombia podrían ser lo siguientes objetivos en su cruzada contra las drogas.
De su vecino fronterizo dijo que “había que hacer algo” y de Gustavo Petro, el presidente colombiano, avisó que “mejor se cuide” tras acusarlo de fabricar cocaína y mandarla a su país.
Las advertencias no caerán en saco roto. El arresto de Maduro, al que EE.UU. acusó de narcoterrorismo y vínculos con guerrillas colombianas y cárteles mexicanos, entre otros cargos, muestra que esta administración no se queda solo en amenazas.
EE.UU. lanzó un vasto despliegue militar en el Caribe y alrededor de Venezuela desde agosto pasado para detener -según Washington- el tráfico de drogas procedente del país sudamericano, al que acusa de ser base del Cártel de los Soles, una supuesta “organización narcoterrorista” con implicación de las fuerzas armadas venezolanas y liderada por Maduro.
Militares estadounidenses llevan meses bombardeando presuntas embarcaciones narco en aguas sudamericanos con un saldo de al menos 110 muertos.
Analistas consultados por BBC Mundo refuerzan que Venezuela, sobre todo, sirve de trampolín de la cocaína que fundamentalmente se cultiva en Colombia.
Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional, señala que hay mucho laboratorio de cocaína venezolano, aunque no tanto cultivo.
“Venezuela se volvió funcional para ampliar rutas internacionales de la droga sudamericana, fortaleciendo la salida desde el Caribe colombiano al anexar el Caribe venezolano”, dice Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Pares en Colombia.
Los envíos se producen a mercados europeos, en mayor medida, y también norteamericanos.
México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y cárteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región.
Pero, ¿cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?
Las interrogantes se acumulan en un momento inédito en América Latina.
El caso colombiano
“Venezuela no es productor como tal, sino una suerte de cielos y puertos abiertos de la droga que se consolidó en los últimos 20 años”, describe Jorge Mantilla, doctor en criminología por la Universidad de Illinois en Chicago.
Mantilla apunta al entramado político, institucional y militar de Venezuela, así como la presencia de guerrillas colombianas en ese país, como habilitadores del fenómeno.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido en los 60, es el principal actor armado en vastas zonas de la frontera colombo-venezolana.
Aquí controla rutas de la droga y tanto Daza como Mantilla cuentan que también está activo en diferentes estados venezolanos, donde se alió con integrantes corruptos de las fuerzas armadas bolivarianas.
Además del ELN, disidencias de las FARC (antiguas Fuerzas Armadas de Colombia) operan en la frontera y disputan su control. En los últimos años también se ha reportado la presencia del grupo conocido como Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia.
Todos confluyen en un corredor estratégico de la droga y otros negocios como la minería ilegal hacia un país, Venezuela, que parece jugar un rol secundario comparado al de México o Colombia en el narcotráfico mundial.
Ningún país produce más cocaína que Colombia ni nunca en la historia se había producido tanta cocaína en este país.
En 2024, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la producción de cocaína se disparó un 53 % en 2023 hasta alcanzar un récord de 2 mil 600 toneladas.
Es un récord cimentado en constantes mejoras en la producción y distribución, como la aparición de hojas de coca súper productivas y narcoembarcaciones capaces de recorrer grandes distancias, incluso de forma autónoma y camuflada.
La mitad de toda la cocaína de Colombia se produce en tres enclaves que ocupan alrededor del 15 % del territorio de zonas cocaleras. Uno es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela en el noreste colombiano, y los otros quedan en el sur: en Putumayo, Cauca y Nariño.
Casi toda la cocaína que se consume no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, la producen -además de Colombia- Perú y Bolivia.
“La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo (principalmente clorhidrato de cocaína), o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena”, explica Antoine Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.
De allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta, transitando por uno o varios países.
De las naciones productoras puede cruzar primero a las limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada con algún tipo de embarcación -en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles– a la zona costera de Centroamérica o directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte.
Es en el Pacífico sudamericano por donde pasa la gran mayoría de cocaína que llega a EE.UU., según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a EE.UU. en 2019, mientras el 16% lo hizo por el Caribe Occidental, recoge la Evaluación Nacional de las Amenazas de la Droga 2020.
BBC Mundo solicitó recientemente datos actualizados a la DEA, sin obtenerlos, aunque analistas consultados por este medio concuerdan en que los porcentajes seguirían vigentes.
Distintos grupos armados dominan las rutas de la cocaína en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN y distintas disidencias de las FARC.
Los dos primeros y las facciones FARC EP y Segunda Marquetalia son consideradas como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU.
México, fentanilo y acceso a EE.UU.
México y EE.UU. comparten más de 3 mil kilómetros de frontera.
Durante décadas, los cárteles mexicanos desarrollaron una sofisticada cadena de transporte y distribución de la cocaína que llega desde Sudamérica para introducirla en su mayoría en su vecino del norte.
Muchas veces ocurre por puertos oficiales de entrada.
Sin embargo, la mayor preocupación para Washington con respecto a México es la producción y distribución de sustancias sintéticas como mentanfetaminas y opioides como el fentanilo, la droga vinculada a una “epidemia de sobredosis” en EE.UU.
El fentanilo es el mayor causante de muertes por esa causa en EE.UU., aunque de 2023 a 2024 el índice cayó a su punto más bajo en cinco años.
Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México con precursores importados de países de Asia, incluida China, y tanto eso como su tráfico está controlado por carteles mexicanos.
Estos grupos, además, tienen un peso notorio en la formación y exportación de experiencia hacia otros países y mercados.
Se ha reportado presencia de “ingenieros agrónomos” mexicanos en Colombia, involucrados con la mejora de cepas de hoja de coca, así como la participación de cárteles como el de Sinaloa en redes europeas que dependen del apoyo logístico, experiencia y preparación de sus integrantes.
Es lo que se conoce como la exportación del “método mexicano”, tal y como describió recientemente a BBC Mundo Laurent Laniel, director de la oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés).
El centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime señala a las organizaciones criminales mexicanas como las más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio occidental.
Surgieron de la larga historia de contrabando y proximidad a EE.UU., la mayor economía mundial, y se convirtieron en una amenaza regional con redes que se extienden de Argentina a Canadá y Europa.
Por qué Trump priorizó Venezuela
Que Trump centrara la primera fase de su guerra contra el narcotráfico en Venezuela, jugando este país un rol menor en la producción y distribución de drogas que México o Colombia, alimenta la teoría de aquellos que defienden que el verdadero propósito del mandatario estadounidense era forzar un cambio político en Caracas.
Sus declaraciones de “controlar” el país hasta que se produzca una transición y su énfasis en que compañías participen del petróleo venezolano dan pistas de un propósito mayor que todavía no se comprende del todo.
El propio Marco Rubio, el secretario de Estado, lo decía así en una entrevista este domingo con NBC: “No se puede convertir a Venezuela en el centro de operaciones de Irán, de Rusia, de Hezbolá, de China y de agentes de inteligencia cubanos que controlan a ese país”.
“Hemos visto que adversarios nuestros de todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de cualquier otro país. No van a hacerlo en el Hemisferio Occidental”, agregó Rubio.
México y Colombia quedaron avisados como los posibles próximos objetivos de Trump.
De Petro, el estadounidense reiteró este domingo que era “un hombre enfermo” e insinuó que no le quedaba mucho tiempo en el poder al decir que no fabricaría y vendería cocaína a EE.UU. “por mucho más tiempo”.
Colombia celebrará comicios presidenciales en mayo y Petro no puede presentarse a la reeleción. No quedó claro si Trump se refería a eso o a posibles acciones contra el país.
Washington sancionó a Petro a fines de octubre por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalando que desde su llegada al poder la producción de cocaína había explotado a las cifras más altas en décadas.
BBC Mundo conoció que en sectores del seno de la política colombiana preocupa un incremento de las acciones marítimas estadounidenses próximas a Colombia y más sanciones contra el país.
Por el momento se muestran incrédulos de que algo similar a lo de Maduro pase con Petro, teniendo en cuenta la proximidad de elecciones.
Sobre México, aunque Trump se muestra más cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum que con Petro, el mandatario se ha ofrecido a atacar directamente a los cárteles.
Esto parece ser una línea roja para Sheinbaum, quien apuesta por la colaboración con Washington frente a otro tipo de intervención.
La región permanece en vilo hacia los próximos pasos de Trump.
Tras lo ocurrido en Venezuela y sus amenazas a México, Colombia e incluso Cuba, tres países en las antípodas políticas del estadounidense, crece la inquietud de que esto puede tratarse de algo mucho más grande que el narcotráfico.
Con reportería adicional de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles y Alejandro Millán, desde Londres.
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