El desmantelamiento del derecho a la información: un peligro para la democracia y los derechos humanos
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han sido testigos de un preocupante retroceso en la consolidación de sus democracias, particularmente en lo que respecta a las garantías fundamentales de los derechos humanos. Entre estas, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la protección de datos personales han sido puntos de quiebre en numerosos países de la región. Con la tendencia creciente hacia gobiernos autoritarios o de corte populista, muchas de estas democracias están viendo cómo se desmantelan instituciones clave que han garantizado estos derechos fundamentales. Un ejemplo claro de esta regresión es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México, que refleja un patrón más amplio en América Latina.
México: la desaparición del INAI y su impacto
México fue uno de los primeros países de la región en crear una institución autónoma encargada del acceso a la información. El artículo 1º constitucional establece la distinción entre los derechos humanos y las garantías que les darán eficacia, tal como se determinó en la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011.
La garantía institucional del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es el INAI, resultado de un proceso democrático que partió de cero en 1977 y culminó en 2014 con un diseño institucional sustentado en la autonomía constitucional. Dicha autonomía es la base primordial de la función garantista del INAI, misma que descansa en una serie de principios: autonomía constitucional, división de poderes, especialización, progresividad y principio democrático.
Sin embargo, con la llegada de Morena al Gobierno Federal, Congresos Federales y Locales y Gobiernos estatales, lejos de fortalecer mecanismos democráticos, sus decisiones y acciones gubernamentales se han enfocado en la captura política y centralización del poder. La desaparición de facto del INAI es un golpe directo al derecho de la población a acceder a la información pública, pilar fundamental para la democracia en México.
El caso de Morena y la desaparición de órganos autónomos como el INAI refleja una tendencia más amplia en la región: la creciente vinculación entre el autoritarismo y los gobiernos populistas, que, a pesar de hablar de “transformación” y “justicia social”, a menudo terminan socavando instituciones clave para la transparencia y la rendición de cuentas.
La militarización y el acceso a la información
Otro elemento que atraviesa la problemática del desmantelamiento de las instituciones encargadas de la transparencia en América Latina es la creciente militarización de los gobiernos. En muchos casos, los gobiernos autoritarios han justificado la falta de transparencia y el control sobre la información bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, inteligencia, y en áreas de investigación, plantea un grave riesgo para el acceso a la información.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la militarización en la región destaca que el despliegue de fuerzas militares en funciones de seguridad pública puede obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente cuando las fuerzas armadas se niegan a divulgar información sobre sus operaciones. Esto también tiene implicaciones directas en la protección de datos personales, ya que el control de la información por parte del aparato militar puede violar la privacidad de las personas y socavar los principios de protección de datos.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado en varias resoluciones que los gobiernos deben garantizar la autonomía de las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y la libertad de expresión, y, sobre todo, que deben asegurarse de que no se violen los derechos de las mujeres, las poblaciones indígenas y otros grupos históricamente discriminados, quienes son las más vulnerables ante el control y la falta de acceso a información pública.
Enfoque de género: las mujeres y diversidades sexogenéricas como las más afectadas
El desmantelamiento de las instituciones de acceso a la información y la libertad de expresión en América Latina tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres y diversidades sexo genéricas, en particular aquelles que luchan por sus derechos, por la justicia social y por la igualdad. En países como México, donde la violencia de género es una realidad palpable, las mujeres y diversidades sexogenéricas se enfrentan a un doble reto: por un lado, la opacidad del gobierno en la gestión de información sobre feminicidios, transfeminicidios, violencia doméstica o el acceso a la justicia; por otro, la constante amenaza de represalias por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La falta de acceso a la información sobre presupuestos públicos destinados a la atención de las mujeres y diversidades sexogenéricas, las políticas de prevención de la violencia de género o las estadísticas oficiales sobre feminicidio y transfeminicidios hace casi imposible exigir rendición de cuentas en un contexto de opacidad. Según informes de Naciones Unidas, el acceso a la información es fundamental para empoderar a las mujeres y permitirles defender sus derechos de manera efectiva. La desaparición o debilitamiento de los organismos encargados de garantizar la transparencia y la protección de datos personales deja a las mujeres y diversidades sexo genéricas en una posición aún más vulnerable, exponiéndoles a una mayor violencia institucional y a la invisibilización de sus luchas.
Un llamado a la acción internacional
Las preocupaciones sobre el acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales en la región han sido documentadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han expresado su alarma sobre el uso de la militarización para restringir estos derechos fundamentales. Naciones Unidas ha hecho hincapié en que las reformas que debilitan la autonomía de instituciones como el INAI no solo afectan a la democracia, sino que también incrementan las violaciones a los derechos humanos, especialmente en un contexto donde el control de la información y la manipulación de los datos personales puede convertirse en una herramienta de represión.
Es urgente que las democracias latinoamericanas den un paso atrás en este proceso de desmantelamiento de las instituciones y restituyan los mecanismos de acceso a la información pública, pues sólo de esta manera podrán garantizarse los derechos de todas las personas, en particular los de las mujeres y poblaciones históricamente marginalizadas. La opacidad no solo favorece a los poderosos, sino que crea un espacio de impunidad que atenta contra los principios fundamentales de justicia y equidad. América Latina no puede permitirse ceder ante el autoritarismo ni permitir que el acceso a la información se convierta en un privilegio en lugar de un derecho.
* Mexiro A. C (@yoMexiro) es una organización feminista mexicana.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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