El desmantelamiento del derecho a la información: un peligro para la democracia y los derechos humanos
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han sido testigos de un preocupante retroceso en la consolidación de sus democracias, particularmente en lo que respecta a las garantías fundamentales de los derechos humanos. Entre estas, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la protección de datos personales han sido puntos de quiebre en numerosos países de la región. Con la tendencia creciente hacia gobiernos autoritarios o de corte populista, muchas de estas democracias están viendo cómo se desmantelan instituciones clave que han garantizado estos derechos fundamentales. Un ejemplo claro de esta regresión es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México, que refleja un patrón más amplio en América Latina.
México: la desaparición del INAI y su impacto
México fue uno de los primeros países de la región en crear una institución autónoma encargada del acceso a la información. El artículo 1º constitucional establece la distinción entre los derechos humanos y las garantías que les darán eficacia, tal como se determinó en la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011.
La garantía institucional del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es el INAI, resultado de un proceso democrático que partió de cero en 1977 y culminó en 2014 con un diseño institucional sustentado en la autonomía constitucional. Dicha autonomía es la base primordial de la función garantista del INAI, misma que descansa en una serie de principios: autonomía constitucional, división de poderes, especialización, progresividad y principio democrático.
Sin embargo, con la llegada de Morena al Gobierno Federal, Congresos Federales y Locales y Gobiernos estatales, lejos de fortalecer mecanismos democráticos, sus decisiones y acciones gubernamentales se han enfocado en la captura política y centralización del poder. La desaparición de facto del INAI es un golpe directo al derecho de la población a acceder a la información pública, pilar fundamental para la democracia en México.
El caso de Morena y la desaparición de órganos autónomos como el INAI refleja una tendencia más amplia en la región: la creciente vinculación entre el autoritarismo y los gobiernos populistas, que, a pesar de hablar de “transformación” y “justicia social”, a menudo terminan socavando instituciones clave para la transparencia y la rendición de cuentas.
La militarización y el acceso a la información
Otro elemento que atraviesa la problemática del desmantelamiento de las instituciones encargadas de la transparencia en América Latina es la creciente militarización de los gobiernos. En muchos casos, los gobiernos autoritarios han justificado la falta de transparencia y el control sobre la información bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, inteligencia, y en áreas de investigación, plantea un grave riesgo para el acceso a la información.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la militarización en la región destaca que el despliegue de fuerzas militares en funciones de seguridad pública puede obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente cuando las fuerzas armadas se niegan a divulgar información sobre sus operaciones. Esto también tiene implicaciones directas en la protección de datos personales, ya que el control de la información por parte del aparato militar puede violar la privacidad de las personas y socavar los principios de protección de datos.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado en varias resoluciones que los gobiernos deben garantizar la autonomía de las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y la libertad de expresión, y, sobre todo, que deben asegurarse de que no se violen los derechos de las mujeres, las poblaciones indígenas y otros grupos históricamente discriminados, quienes son las más vulnerables ante el control y la falta de acceso a información pública.
Enfoque de género: las mujeres y diversidades sexogenéricas como las más afectadas
El desmantelamiento de las instituciones de acceso a la información y la libertad de expresión en América Latina tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres y diversidades sexo genéricas, en particular aquelles que luchan por sus derechos, por la justicia social y por la igualdad. En países como México, donde la violencia de género es una realidad palpable, las mujeres y diversidades sexogenéricas se enfrentan a un doble reto: por un lado, la opacidad del gobierno en la gestión de información sobre feminicidios, transfeminicidios, violencia doméstica o el acceso a la justicia; por otro, la constante amenaza de represalias por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La falta de acceso a la información sobre presupuestos públicos destinados a la atención de las mujeres y diversidades sexogenéricas, las políticas de prevención de la violencia de género o las estadísticas oficiales sobre feminicidio y transfeminicidios hace casi imposible exigir rendición de cuentas en un contexto de opacidad. Según informes de Naciones Unidas, el acceso a la información es fundamental para empoderar a las mujeres y permitirles defender sus derechos de manera efectiva. La desaparición o debilitamiento de los organismos encargados de garantizar la transparencia y la protección de datos personales deja a las mujeres y diversidades sexo genéricas en una posición aún más vulnerable, exponiéndoles a una mayor violencia institucional y a la invisibilización de sus luchas.
Un llamado a la acción internacional
Las preocupaciones sobre el acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales en la región han sido documentadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han expresado su alarma sobre el uso de la militarización para restringir estos derechos fundamentales. Naciones Unidas ha hecho hincapié en que las reformas que debilitan la autonomía de instituciones como el INAI no solo afectan a la democracia, sino que también incrementan las violaciones a los derechos humanos, especialmente en un contexto donde el control de la información y la manipulación de los datos personales puede convertirse en una herramienta de represión.
Es urgente que las democracias latinoamericanas den un paso atrás en este proceso de desmantelamiento de las instituciones y restituyan los mecanismos de acceso a la información pública, pues sólo de esta manera podrán garantizarse los derechos de todas las personas, en particular los de las mujeres y poblaciones históricamente marginalizadas. La opacidad no solo favorece a los poderosos, sino que crea un espacio de impunidad que atenta contra los principios fundamentales de justicia y equidad. América Latina no puede permitirse ceder ante el autoritarismo ni permitir que el acceso a la información se convierta en un privilegio en lugar de un derecho.
* Mexiro A. C (@yoMexiro) es una organización feminista mexicana.
A partir de 2025, todas las personas que deseen viajar a este país para una estadía corta necesitarán solicitar previamente un permiso ETA.
El gobierno británico afirma que es un paso más hacia su objetivo de digitalizar el sistema de fronteras e inmigración de Reino Unido.
Para ello, a partir de 2025, todas las personas que deseen viajar a este país para una estadía corta necesitarán solicitar previamente un permiso ETA (siglas en inglés de Autorización Electrónica de Viaje).
Hasta ahora, la mayoría de los visitantes a Reino Unido no necesitaban pasar por el complejo proceso de solicitar una visa. Sólo necesitaban su pasaporte para cruzar la frontera.
Pero en enero de 2025, esos viajeros -cuyos países formaban parte del programa libre de visa en Reino Unido- deberán solicitar una ETA, incluidos aquellos que viajen en tránsito para cambiar de aviones en ese país.
Posteriormente, en abril de 2025, el programa se extenderá a todos los ciudadanos de los países europeos.
El esquema comenzó a ser implementado en noviembre de 2023 para los nacionales de Bahréin, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Según el Ministerio del Interior británico, el programa ETA está en línea con el enfoque que muchos otros países, como Estados Unidos y Australia, han adoptado en materia de seguridad fronteriza.
Las autorizaciones electrónicas de viaje están vinculadas digitalmente al pasaporte del viajero y, según el gobierno británico, ayudarán a que se lleven a cabo controles de seguridad más estrictos antes de que las personas comiencen su viaje a Reino Unido.
La medida, dice el gobierno, ayudará también “a evitar el abuso del sistema de inmigración”.
El plan fue anunciado en marzo de 2023 por el ministro de Inmigración del entonces gobernante partido Conservador, Robert Jenrick, quien declaró que “las ETA mejorarán nuestra seguridad fronteriza al aumentar nuestro conocimiento sobre quienes buscan venir a Reino Unido y evitar la llegada de quienes representan una amenaza”.
“También mejorará los viajes para los visitantes legítimos”, agregó.
Qué son las ETA
La nueva autorización ETA es similar al ESTA (Sistema Electrónico para Autorización de Viaje) de Estados Unidos para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a ese país.
La ETA requerirá que el viajero envíe al sitio web del Ministerio del Interior sus datos biográficos, biométricos y de contacto, que incluirán fotos de su rostro, antes de viajar.
Cuando el viajero llegue al país, los agentes fronterizos comprobarán la ETA y podrán hacer preguntas complementarias antes de decidir si permite la entrada al viajero.
Lo que se intenta, dicen los funcionarios, es que con la tecnología de reconocimiento facial se puedan crear eventualmente “corredores sin contacto” en los que algunos pasajeros puedan entrar al país sin hablar con los agentes fronterizos.
Con ello, agregan, se “reducirán las filas en la frontera y se ayudará a acelerar los viajes legítimos a Reino Unido“.
La ETA tendrá un costo de £10 (unos US$13,20) y permitirá múltiples viajes a Reino Unido para estadías de hasta 6 meses a la vez durante 2 años o hasta que caduque el pasaporte del titular, lo que ocurra primero.
Por lo general, el viajero podrá esperar una decisión sobre su ETA en un plazo de tres días, y en caso de que el permiso sea rechazado, se deberá solicitar una visa.
Los viajeros de países que no tienen acuerdos de entrada sin visa con Reino Unido deberán seguir solicitando la visa correcta para entrar al país.
Asimismo, las personas que intenten viajar a Reino Unido para vivir, trabajar o estudiar deberán solicitar una visa electrónica que proporcione una prueba digital de su estado migratorio.
Los permisos ETA – que podrán ser solicitados por ciudadanos no europeos a partir del 27 de noviembre de 2024- serán requeridos para viajar al país a partir del 8 de enero de 2025.
Los ciudadanos europeos podrán comenzar a solicitar las ETA a partir del 5 de marzo de 2025 para viajar a partir del 2 de abril de ese año.
“Pérdida de viajeros”
La decisión de incluir en el nuevo programa de ETA a los pasajeros que pasan por Reino Unido en tránsito ha generado críticas de agentes de viaje y administradores de los aeropuertos británicos.
Un informe de Heathrow, el principal aeropuerto de Londres, indicó en agosto pasado que ha experimentado una reducción de 90.000 pasajeros en las rutas que comenzaron a ser incluidas en el programa ETA en noviembre pasado (en siete países de Medio Oriente).
Y describió el sistema ETA como “devastador para la competitividad de nuestro centro de operaciones”.
Como informó la revista Aviation Week, el aeropuerto londinense advirtió que el sistema de ETA hará que el país sea “menos competitivo y perjudicará el crecimiento económico” al aplicarlo a los pasajeros en tránsito.
“Queremos trabajar en colaboración con los ministros del Ministerio del Interior durante los próximos meses para abordar esta cuestión y aprender de las lecciones de los países en los que se ha puesto a prueba, donde ya hemos visto la pérdida de una cantidad significativa de pasajeros en tránsito”, dijo un portavoz del aeropuerto.
Los programas de permisos de viaje no son nuevos.
La autorización electrónica de viaje ESTA de Estados Unidos, que ahora cuesta US$21 y dura dos años, se introdujo por primera vez en 2009.
Mientras tanto, la Unión Europea anunció que tiene previsto introducir un programa similar de autorización de viaje en 2025.
El programa europeo se llamará ETIAS (Sistema de Información y Autorización de Viaje Europeo).
El ETIAS tendrá un costo de 7 euros (US$7,82) y será requerido para ciudadanos que no pertenecen a la UE, incluido Reino Unido, para viajar a 30 países de Europa.
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