Depredación de los recursos naturales por el crimen organizado
México enfrenta crisis medio ambientales en diferentes partes del país, algunas de las cuales se agravan por la presencia del crimen organizado, que ha encontrado en la explotación de recursos naturales con alta demanda, fuentes alternas de ingresos que, si bien son menores a las que les genera el tráfico de drogas o el huachicol, es un caudal de gran tamaño que refuerza sus finanzas, genera daño a los ecosistemas e implica pérdidas millonarias a las comunidades rurales.
No se trata de procesos aislados que se limiten a un recurso natural en alguna zona del país, llevado a cabo por una organización, sino decenas de recursos valiosos en todo México en el que participan muchas organizaciones criminales. Es pues producto de la natural propensión de las organizaciones criminales para diversificarse, en donde cualquier oportunidad de negocio que deje ganancias es aprovechada.
El abanico de recursos naturales es muy amplio, e incluye metales como el oro, la plata, el mercurio, el litio, el cobre o el hierro, minerales como la barita o la fluorita; maderas finas como caoba, ébano, granadillo, ciricote o cedro rojo; animales exóticos como aves, felinos, simios, vaquita marina, pepino de mar o totoaba; cultivos de alta rentabilidad como aguacate, tomate, limón, naranja o frutos rojos, ganado vacuno de engorda, y hasta bienes tan esenciales como el agua en las zonas en donde hay escasez.
Al respecto, las organizaciones criminales recurren a dos estrategias de monetización, la primera es cobrar derecho de piso a los productores agrícolas, ganaderos o mineros, de forma que se les deja operar a cambio de un porcentaje de las ventas y si no cumplen son atacados con violencia, y la segunda es sacar ilegalmente del país los productos altamente demandados para ser traficados a Asia, principalmente a China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, o bien a los Estados Unidos y Europa, en donde los mismos son altamente apreciados en el mercado negro.
A continuación, se puede observar un mapa que resume los principales recursos naturales que son explotados por el crimen organizado en cada zona del país, así como las organizaciones criminales que se enfocan en cada tipo de producto:
Diferentes medios de comunicación han documentado estos procesos de depredación de los recursos naturales o extorsión a los productores agrícolas. Por ejemplo, han dado cuenta de la devastación de especies marinas del Golfo de California, como la vaquita marina, que se encuentra en peligro de extinción, o la totoaba, las cuales tienen una gran demanda en China y Hong Kong que ha provocado un descenso importante en el número de especímenes en el Mar de Cortés, en el que participan las dos facciones del Cártel de Sinaloa: la Mayiza y los Chapitos.
Algo similar pasa en la Selva Lacandona, en donde el Cártel de Sinaloa en su vertiente de la Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) participan en el tráfico ilegal de especie protegidas, que incluye diferentes tipos de monos y primates como mono araña o mono aullador, aves como loros, guacamayas, tucanes y quetzales, jaguares, ocelotes, serpientes, lagartos y reptiles, los cuales se venden a altos precios en mercados internacionales.
No muy lejos, en la zona protegida de Calakmul en Campeche, una red de personas de origen chino se alió a grupos locales de talamontes, para cortar miles de árboles, en especial de granadillo y ciricote, que después son enviados de contrabando a Asia. Esta situación se hace presente en otras regiones del país como Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Veracruz, con la participación de grupos locales.
La minería también se ha convertido en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales, ya sea mediante la extorsión de los grandes conglomerados nacionales e internacionales, como la explotación directa de minas ilegales. En dicho contexto, destacan las extorsiones a las minas de plata en Guerrero, en la que participan organizaciones como la Familia Michoacana y los Tlacos; o bien, las de oro que se encuentran en Zacatecas, que son amenazadas por células del CJNG y el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, o las minas de Hierro de Michoacán, asediadas por lo que queda de los Caballeros Templarios.
De igual forma, las organizaciones criminales han puesto sus ojos en productos minerales menos convencionales como la barita, que se utiliza en muchos procesos químicos, en especial como insumo en las perforaciones de petróleo. Su epicentro de explotación está en Chiapas, que se pelean el CJNG y el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza. Más importante aún es el litio, fundamental para la fabricación de baterías para computadoras, autos y paneles solares, cuyos yacimientos más relevantes se encuentran en Sonora, en el territorio que se pelean el Cártel de Sinaloa a través de su célula de los Salazar y el Cártel de Caborca, así como los yacimientos de mercurio de la Sierra Gorda de Querétaro, que domina el CJNG, ya que el mercurio es altamente demandado por las mineras de oro ilegal de países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador, porque sirve de base para los procesos químicos para separar el metal áureo.
También los productores agrícolas son presas de extorsiones. En Colima y Michoacán los limoneros son extorsionados por el CJNG y Cárteles Unidos; también en Michoacán, los aguacateros tienen que pagar derecho de piso al CJNG, a los Caballeros Templarios y a las organizaciones que conforman Cárteles Unidos, como los Viagras, Blancos de Troya o el Cártel de Tepalcatepec.
En Sinaloa los productores de tomate son extorsionados por alguna de las dos facciones del Cártel de Sinaloa o por la Organización de los Beltrán Leyva; en el norte de Veracruz, quienes cultivan naranjas le pagan a el CJNG o al Cártel del Golfo a través del Grupo Sombra, también llamado Mafia Veracruzana, y los productores de carne de engorda en muchas entidades, en especial en Durango y Chihuahua, son extorsionados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez a través de la Línea.
Mención aparte requiere el producto natural más esencial para la vida humana que es el agua, que escasea en muchas zonas desérticas del país y en zonas densamente pobladas como es el Estado de México, en donde incluso ya se acuñó el término, huachicol del agua, que implica el robo del líquido a través de pipas o perforaciones en las tuberías, para luego ser vendido en un mercado negro, en el que participan sindicatos criminales como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), así como bandas criminales como los 300 y la Chokiza.
La participación de las organizaciones criminales en la explotación de recursos naturales tiene muchos impactos negativos. El primero de ellos es la depredación del medio ambiente, porque a ellos les interesan las ganancias sin importarles si los bosques se talan, las especies corren peligro de extinción y las tierras y fuentes de agua se contaminan por la minería.
El segundo es que, al extorsionar a los productores, imponen un impuesto adicional a la producción, que se termina trasladando a los consumidores que al final pagamos más por insumos, como la carne, el limón o el aguacate.
Y tercero afecta la vida de comunidades y productores de bajos ingresos, que apenas completan con lo que ganan y ahora también deben pagar derecho de piso, lo cual merma sus ingresos y en muchos casos los obliga por miedo o ventas insuficientes a dejar dicha actividad productiva.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].
La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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