Tal parece que hemos olvidado que la práctica de la tortura en México es generalizada, como lo dijo el entonces Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, tras su visita a México en el 2014. Casi una década después, a pesar de que existen avances en la materia, estamos lejos de eliminar esta práctica y garantizar justicia a quienes la han sobrevivido. De esta lucha se aparta ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que todavía podría asumir la posición que le corresponde. Por lo pronto, la falta de resultados indica que la política actual es la de sumarse a las filas de los agentes de impunidad que permiten que en México la gente sea torturada, sin consecuencias de ningún tipo.
En junio de 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT) dentro de la Dirección General del IFDP, como un esfuerzo institucional para contribuir a saldar la deuda que tienen las instituciones mexicanas con las personas sobrevivientes de tortura. La primera tarea fue identificar la magnitud del problema para establecer una estrategia de acciones estructurales. Se solicitó a las personas defensoras públicas informasen sobre los casos que contaron con representación pública que pudiesen involucrar actos de tortura o malos tratos desde el 2011. La respuesta fue abrumadora: tan solo en los primeros meses desde su creación, la STCT identificó más de 7 mil posibles casos de tortura, de los cuales solo se tenía registro de 44 denuncias presentadas por dicha institución.
En consecuencia, entre septiembre de 2019 y mayo de 2022 se presentaron más de 5 mil denuncias por la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en contra de agentes federales y estatales. Estas denuncias fueron el inicio de una estrategia de litigio que hoy en día sigue rindiendo frutos, a pesar de la falta de continuidad y la ausencia de nuevas acciones por parte de la dirección actual.
A la par que se denunciaban actos de tortura cometidos, se presentaron cientos de demandas de amparo reclamando la inactividad de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales en las investigaciones de este delito. Derivado de estas demandas se han iniciado juicios penales, por ejemplo, en contra de agentes de la SEMAR, por violaciones cometidas hace más de una década.
Gracias a esta estrategia de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la STCT tiene interés legítimo para acudir al amparo e impulsar las investigaciones por el delito de tortura, en beneficio de las personas que cuentan con defensa pública federal. Este reconocimiento fue resultado de dos años y medio de litigio estratégico, con más de una centena de juicios tramitados en circuitos judiciales de todo el país. Es una herramienta que abre la puerta a las instituciones públicas encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a través de acciones legales, evitándoles obstáculos materiales y legales característicos en este tipo de casos. Lamentablemente, desde enero de 2023, la STCT únicamente ha presentado tres demandas de amparo para impulsar investigaciones, desperdiciando esta valiosa herramienta legal que, en consecuencia, deja a cientos de sobrevivientes de tortura en absoluta indefensión como víctimas del delito.
Dentro de esta estrategia legal se sometió a juicio también el incumplimiento de la FGR de implementar correctamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fruto de la lucha de las personas sobrevivientes de tortura, sus familias y organizaciones que les acompañanan. En particular, derivado de los juicios interpuestos por la STCT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la falta de operatividad y creación del Registro Nacional del Delito de Tortura constituye también una omisión en el deber de investigar diligentemente el delito de tortura. Un mes después, la FGR publicaría por fin los Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura. La operatividad y correcto funcionamiento de este registro está en duda; su creación -aunque tardía-, fue resultado de la estrategia iniciada por la STCT en el 2019.
Ahora, la autoridad responsable de investigar la tortura y los malos tratos a nivel federal es la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos a cargo de Sara Irene Herrerías Guerra.
Según los informes anuales de la FGR, entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 se consignaron o “judicializaron” 53 investigaciones (6 en 2020, 15 en 2021 y 32 en 2022). Es un número ínfimo en comparación con la cantidad de investigaciones en las que la fiscalía ha determinado no ejercer acción penal, archivar, abstenerse de investigar, declararse incompetente, o acumular más de una investigación (2,243 entre el 2020 y 2022). La diferencia entre el número de asuntos consignados en 2022 respecto del 2020, aunque insuficiente, es proporcional al incremento en las acciones legales que realizó la STCT entre el 2019 y 2022.
El 2023 inició para la FEIDT con 3,742 investigaciones pendientes de determinar. Es decir, desde el 2020, que inició con 4,982 investigaciones pendientes, hasta finales del 2022, la fiscalía se ha “deshecho” de casi la mitad de ellas sin haber llevado ante la justicia a las personas que pudiesen ser responsables. Las razones que llevaron a la fiscalía a “deshacerse” de estas investigaciones las debe dar dicha institución.
Las estrategias de la STCT también implicaron el aumento del acceso a los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las personas sobrevivientes de tortura. Según la información rendida por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2019 tuvo conocimiento de 673 casos, mientras que en el 2022 fueron 1,723, casi el triple.
Desgraciadamente, desde la llegada de Taissia Cruz Parcero como Directora General del IFDP, designada por la Ministra Norma Piña, se adoptó una política institucional de complicidad en la impunidad que rodea los casos de tortura. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 330030423001999, durante su primera semana a cargo de la institución, se reunió con la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
Desde entonces, la política institucional ha sido, por un lado, la de no denunciar todos los casos en los que se presume se pudiesen haber cometido actos de tortura o malos tratos, como lo ordenan el Derecho Internacional y la normativa mexicana, y por otro, la de no ejecutar algún tipo de estrategia legal para impulsar las investigaciones penales. La omisión de las personas funcionarias de denunciar los posibles actos de tortura de los que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones es un delito en México. A esta preocupación se suma la falta absoluta de estrategias de litigio e incidencia, en general, para el combate a la tortura desde el IFDP.
Según información disponible en el Portal Nacional de Transparencia entre el 1º de abril y 4 de agosto de 2023 la STCT presentó 7 denuncias y las personas defensoras públicas presentaron 87. Durante años, la práctica de la defensa pública federal fue la de conformarse con “dar vista” al Ministerio Público de las posibles violaciones a los derechos humanos. Por lo general, esto se cumple como mera formalidad de las personas defensoras y las personas juzgadoras, olvidándose del asunto y dejando al arbitrio de la buena voluntad del Ministerio Público el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de tortura. La STCT debe cerciorarse de que las denuncias de la defensa se presenten ante la autoridad competente, es decir, la FEIDT en el caso de agentes federales y las fiscalías especiales locales en el caso de agentes estatales. No hacerlo así propicia la reclasificación de los hechos a delitos con penas menos severas y un trato legal distinto, y con ello la impunidad.
La correcta identificación, documentación y atención de casos de tortura desde la defensa penal requiere de herramientas institucionales que faciliten la labor de las personas defensoras. Desde la llegada de la Directora designada por la ministra Norma Piña, según información recogida de la titular de la STCT, no ha realizado acciones de mejora, manuales o protocolos para la atención de asuntos que involucren tortura o malos tratos. La ausencia de estas acciones impacta negativamente en el número de casos identificados y denunciados por el personal del IFDP.
Por otro lado, el papel de la STCT y las personas defensoras en el monitoreo de las condiciones carcelarias en las que viven las personas representadas y la defensa legal de sus derechos frente a la represión del sistema penitenciario, es crucial. Hasta agosto del 2023, la titular de la STCT habría realizado únicamente dos visitas a las cárceles mexicanas. La propia respuesta dada por el IFDP indica que la STCT ya no realiza acciones de monitoreo ni documentación de la tortura y malos tratos a nivel nacional. Si no existen acciones legales a favor de las personas privadas de libertad tras las visitas realizadas por funcionarias públicas a los penales mexicanos, se convierten en una mera promesa y falsa esperanza para aquellas personas que viven aisladas y abandonadas por la sociedad.
Relacionado con la ausencia de las instituciones en los penales, y particularmente en el femenil, el 9 de noviembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó mediante Nota Informativa que 8 mujeres murieron en el CEFERESO 16 “presuntamente” por suicidio. Este centro penitenciario, el único federal para mujeres privadas de libertad, es una bomba de tiempo que cada cierto tiempo cobra las vidas de las internas. Desde febrero de 2023 Taissia Cruz tiene conocimiento de las deporables condiciones de internamiento y las afectaciones a la salud en las que viven las mujeres en el CEFERESO 16 y que fueron documentadas en más de mil entrevistas sistematizadas por la STCT. Parece que la atención a las mujeres privadas de libertad no son una prioridad en esta administración, donde tanto la Presidenta de la SCJN como la Directora del IFDP fueron reconocidas como las primeras mujeres en llegar al cargo.
Esta postura es sumamente conveniente para la Fiscal Sara Irene Herrerías, a quien por precedente judicial se le debe investigar (administrativamente) en todos los casos en los que se demostró que fue omisa en supervisar que el fiscal a cargo de las investigaciones por tortura realice correctamente su trabajo. En principio, estas investigaciones se deberían realizar en las docenas de juicios que ganó la STCT en contra de las autoridades investigadoras adscritas a la FGR.
La Directora del IFDP recibe un sueldo neto de $ 153,482 más prestaciones, más de $ 30,000 mil pesos mensuales de lo que recibía el Director anterior, que es el presupuesto designado para dicho puesto. La persona titular de la STCT recibe $97,617, más prestaciones. En el peligroso y nada productivo embate entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde los altos sueldos se utilizan como pretexto para atentar contra la independencia judicial, bien les vendría a las funcionarias “desquitar el sueldo” y entregar resultados. Particularmente cuando la ministra Norma Piña justifica el aumento del presupuesto en la necesidad de fortalecer la defensa pública (institución que, por cierto, no figuró en su Plan de Trabajo como Presidenta de la SCJN).
El próximo 15 de noviembre la SCJN resolverá el Amparo en Revisión 539/2023, relacionado con la obligación de los estados de crear fiscalías especializadas para la investigación del delito de tortura. También en los próximos meses resolverá un caso relacionado con la obligatoriedad de las medidas provisionales dictadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y el Amparo Directo presentado por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el fabricado “Caso Wallace”. La llegada de estos casos a la SCJN fue resultado de estrategias de litigio iniciadas hace tres o cuatro años, y que recién están rindiendo resultados.
Hoy no existe una política institucional ni estrategia desde la defensa pública federal para contribuir al combate a la tortura y los malos tratos en México. Los precedentes judiciales se buscan a través de estrategias legales planificadas con anticipación, con base en el análisis de la realidad en la que vivimos. No existe en México ninguna institución u organización que esté en mejor posición que el Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente, por los medios legales, a esta práctica inhumana que, junto con la desaparición de personas, ha marcado la reputación del estado mexicano a nivel internacional.
* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (@eseleyva1) es abogado defensor de derechos humanos.
No son nómadas digitales ni llegaron a Argentina atraídos por el tipo de cambio. Por el contrario, padecen al igual que los argentinos la crisis económica que vive el país.
Muchos extranjeros eligen quedarse en Argentina a pesar de los problemas que desde hace varios años atraviesa un país con más de 140% de inflación.
“Argentina está riquísimo en muchos sentidos”, dice Paige Nichols, de 36 años y que llegó a Buenos Aires desde Washington hace 15 años. Para esta asesora en contenidos digitales, Argentina es un país que puede “volverte loco”, pero eso no quita lo bueno de vivir en una sociedad “dinámica y creativa”.
De las más de 46 millones de personas que viven en Argentina más de tres millones son extranjeros con residencia argentina, según los últimos datos del Registro Nacional de las Personas.
Esa cifra, que representa un 6,5% de la población del país, no incluye a los inmigrantes que no están registrados, por lo que se estima que el número puede llegar a ser mucho más alto.
“Argentina es reconocida por tener la mejor educación de América Latina“, dice Isla Montalier, de 29 años, que en 2012 viajó desde Sergipe, en el noreste de Brasil, hasta Buenos Aires para estudiar Medicina en una universidad privada.
Isla es parte del 87% de los migrantes que llegan a Argentina desde otros países de Sudamérica.
“Todos sabemos la situación que vive el país. Me duele lo que pasa. Pero desde que llegué nunca pensé en irme a otro lugar“, dice Larry Montes, un arquitecto de 33 años que antes de dejar Venezuela en 2017 había evaluado la posibilidad de instalarse en Santiago de Chile.
El sentimiento de comunidad, el buen trato de los argentinos a los migrantes, la energía vibrante, sus universidades, el modo de relacionarse, la mirada disruptiva y la vida nocturna son algunos de los motivos que explican por qué muchos extranjeros se quedan a pesar de las dificultades.
En BBC Mundo hablamos con algunos de ellos sobre los motivos que los llevaron a elegir Argentina.
La recepción al migrante: Larry Montes (Venezuela)
El día que llegué a Buenos Aires sentí que era mi lugar en el mundo.
Todos sabemos la situación económica que vive Argentina. Me duele lo que pasa. Pero desde que llegué en 2017 nunca pensé en irme, si bien antes de salir de Caracas había pensado en instalarme en Santiago de Chile.
Argentina es un país muy cálido con los migrantes venezolanos.
En muchos otros países de América Latina los venezolanos somos víctimas de xenofobia. Por el contrario, en Argentina somos una comunidad respetada. Los venezolanos nos sentimos agradecidos con este bello país.
Mira, por poner un ejemplo, en mi primer empleo me encontré con una persona de manera extraña, en la casa de unos conocidos, y a la semana siguiente ya estábamos comiendo un asado en su casa. ¡Es hermoso!
También lo noto en el ámbito profesional. Soy arquitecto y desde un primer momento conseguí trabajo en el sector de la construcción. Los profesionales argentinos siempre me han tratado con respeto en mis lugares de trabajo, me han hecho sentir integrado.
Pienso que eso tiene que ver con el pasado migratorio de muchas familias argentinas, que hacen de Argentina un lugar cálido para el extranjero. La mayor parte de la gente te abre las puertas de su casa, te recibe bien, te invita a comer.
Claro que me gustaría que la realidad económica no estuviera tan agitada. Ese es un sentimiento que tenemos todos en este momento.
Pero del resto… A mí me encanta vivir aquí. No puedo sentir más que agradecimiento por esta bella patria que me recibió con muchísimo amor.
La creatividad y los contrastes: Paige Nichols (EE.UU.)
A veces digo, en broma, que me quedo en Argentina porque me gusta sufrir.
Argentina tiene un caos seductor. Me refiero a que aquí hay espacio para el cambio, la transformación, la creatividad.
De todos modos, no romantizo el caos. Por momentos, me vuelve loca este país.
Por ejemplo, si un día tengo que ir al banco, al supermercado y al correo, eso me puede llevar hasta tres días: vas al banco y no hay sistema; vas a al super y no encontrás la mitad de los productos que querés llevar; llegás al correo y están de huelga.
Entonces, ahí aparece la pregunta que me hacen muchos: ¿Por qué dejaste Estados Unidos, un país de primer mundo, para vivir acá? Eso es lo que mucha gente no puede entender.
Bueno, Argentina está riquísimo en un montón de sentidos. Este país me ha dado todo en estos 15 años que llevo: me dio trabajo, una comunidad de amigos, una familia elegida, me abrió las puertas y los ojos.
Además, me gustan los contrastes de los argentinos: la histeria con sinceridad, las ganas de romper las reglas con el respeto a ciertas convenciones sociales. Es un país que te obliga a estar siempre despierta.
Por supuesto, eso tiene un costado negativo, es un país que te exige demasiado, no podés descansar porque no sabés con qué te vas a encontrar.
En Argentina hacemos más con mucho menos y eso nos obliga a ser creativos y dinámicos, algo que al final del día es una fortaleza.
El modo de relacionarse: Oriane Flechaire (Francia)
Nací en Pernes-les-Fontaines, en el sur de Francia.
Después de estudiar administración de empresas y comunicación en Francia, decidí que quería vivir en el exterior, aunque no empecé por Argentina sino por California, en Estados Unidos.
En Los Ángeles noté que cada uno se enfoca en su vida sin mirar demasiado al otro y, para mí, el modo de relacionarse es importante.
Por ejemplo, no existe la costumbre de sentarse a conversar en un café. Creo que la ausencia de este tipo de costumbres condiciona mucho la forma en la que la gente se vincula.
En cambio, en 2011, cuando llegué a Argentina, noté que los franceses y los argentinos tenemos mucho en común.
Por ejemplo, compartimos el buen comer. Parece algo menor pero cuando digo esto me refiero a que nos relacionamos sentados alrededor de una mesa: una buena comida con buenas conversaciones.
Tanto los franceses como los argentinos valoramos más la idea de comunidad que la idea del éxito y el fracaso individual. Lo ves en la educación y en la salud pública, en la forma en que la gente sale a la calle, camina a la noche, se encuentra. Todo eso habla mucho de una sociedad.
Por supuesto, siento preocupación por lo que pasa en Argentina, sobre todo desde que soy madre. Yo quiero que mi hijo crezca en una sociedad democrática y quiero que tenga algún tipo de futuro que no sea desastroso.
En ese sentido, pensamos en nuestra permanencia en el país, pero no tengo lista la valija en un rincón de mi casa.
El acceso a la educación: Isla Montalier (Brasil)
Siempre quise ser médica. Pero estudiar Medicina en Brasil es muy caro.
La educación en Brasil es elitista. Es muy raro ver a alguien que no sea blanco de clase media o media-alta entre los médicos que se reciben en mi país.
En las universidades públicas, si no fuiste a colegios privados, es muy difícil que puedas aprobar el “vestibular” [examen de ingreso a la universidad]. En las privadas, la cuota llega a ser cinco veces más alta que en las universidades pagas de Argentina.
Por eso, muchos brasileños venimos a estudiar acá. En mi caso, me recibí en una universidad privada que no podría haber pagado en Brasil.
En ese sentido, vemos con cierta preocupación -y creo que puedo hablar por gran parte de la comunidad de brasileños en el país- el debate sobre el futuro de la educación pública en Argentina, sobre todo los que están estudiando en este momento.
Argentina es reconocida por tener la mejor educación de América Latina. Me pregunto qué pasaría en este es un país, que tiene un 50% de pobres, si no tuvieran acceso a la educación. Pienso que estarían en una posición mucho más complicada.
En mi caso, no pienso en irme del país. De eso me di cuenta un día de 2014, caminando con mi mamá por la calle Florida de Buenos Aires, cuando me dijo que tenía que pensar qué iba a hacer cuando volviera a Brasil.
En ese momento le respondí: “No quiero volver a Brasil. Me encanta la vida que tengo en Argentina“.
El crecimiento: Mauricio Flórez (Colombia)
En Argentina descubrí un país donde pasa de todo en todo momento.
Me fui de Medellín, lugar donde nací, para Quito, Ecuador, a los 19 años. Estuve un tiempo ahí, pero la ciudad me parecía demasiado chica, muy conservadora.
Por el contrario, Buenos Aires es un lugar muy creativo.
Ya en Argentina, empecé poco a poco a dedicarme a la gastronomía. Primero, desde el mundo de los vinos, gracias a una sociedad con la que abrimos un bar de vinos.
Soy consciente de los problemas que vive Argentina. Para los que trabajamos en el ámbito de la gastronomía el día a día se hace muy difícil. Tenés que estar pensando siempre en los precios cuando podrías invertir ese tiempo en otras cosas.
Pero me quedo porque siento una evolución. A pesar de la crisis económica, en Argentina noto un crecimiento constante.
Además, no creo que haya tantas ciudades como Buenos Aires en Latinoamérica. Este es un lugar con gente de todas partes del mundo, divertida, con una vida nocturna intensa, que muchas de las otras ciudades de América Latina no tiene.
Me parece que eso tiene que ver con que es más segura. Si bien la seguridad ha mejorado en Medellín y ha empeorado en Buenos Aires, todavía estamos lejos de llegar a los niveles de violencia con los que se viven en algunas regiones de Colombia.
Si le tuviera que dar un consejo a alguien que está con ganas de venir a Argentina, le diría que pruebe en otras ciudades: Córdoba, Mendoza, Bariloche, que no piense solo en Buenos Aires. Hay muchas oportunidades en otras provincias.
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