Defender la Constitución mediante su indefensión
Estamos inmersos en una crisis constitucional como nunca antes en nuestra historia reciente. La reforma constitucional en materia judicial aprobada en el Congreso de la Unión por la coalición liderada por Morena y respaldada por legislaturas estatales, también morenistas, generó que se presentaran ante la Suprema Corte diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional para combatirla.
Se trata de un auténtico laberinto para la legitimidad del poder político, para el futuro de dicha reforma judicial y la impartición de justicia, para la división de poderes, y para el futuro del país por muchas razones.
A ningún observador medianamente informado escapa el hecho de que la idea de una reforma constitucional que permitiera cambiar a todos los juzgadores federales (desde ministros de la Corte, pasando por los magistrados del tribunal electoral, hasta jueces de distrito) y poner en su lugar a leales al obradorismo surgió ante diversos fallos de la Corte que resultaron adversos al oficialismo, tanto en materia legislativa, administrativa como en materia de procuración de justicia. En su origen político, la reforma judicial tiene el objetivo expreso de remover cualquier contrapeso legal o institucional a los dictados de la hegemonía morenista.
Para que dicha reforma constitucional fuera posible, se necesitaba de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ésta se logró dándole a la coalición que lidera Morena una sobrerrepresentación de poco más del 20 %, es decir: habiendo obtenido el 54.7 % de los votos, el INE y el TEPJF les otorgaron el 74 % de las curules. En su origen soberano, la reforma judicial proviene de una captura de la soberanía popular mediante el artilugio de la sobrerrepresentación. Tenemos una soberanía legislativa que no representa lo que ocurrió en las urnas.
Esa soberanía legislativa capturada aprobó, además, la reforma judicial violando el procedimiento legislativo. En diversas ocasiones, la Corte ha reconocido que el apego al procedimiento es necesario para dotar de validez formal las normas que el Congreso aprueba, incluso si reforman la Constitución. Toda autoridad, no sólo el legislativo, debe ceñir su actuación a los procedimientos que marcan las leyes para garantizar el principio de legalidad de sus actos y dar a la ciudadanía certeza juríca.
Presentadas las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional ante la Corte, la reforma judicial se tornó una auténtica manzana envenenada para nuestra democracia: si la Corte declina su competencia para revisar la constitucionalidad de la forma y del fondo de una reforma constitucional, se consumarían de facto alteraciones profundas a la división de poderes, a la independencia del poder judicial y a la forma en que desde la Constitución se distribuye el poder público. Cabe decir aquí que nuestra Constitución dice en su artículo 41 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, de ahí que cuando dos poderes, controlados por una misma fuerza política, deciden reconfigurar al tercero por significarles un contrapeso indeseado, no solamente se altera el arreglo democrático fundamental sobre el poder, sino que se lastima la soberanía misma.
Ahora bien, si la Corte admite su competencia para realizar un control de forma y fondo de la constitucionalidad de la reforma judicial y defender así un pacto social originario (desde 1917) de pesos y contrapesos, entonces sería cuestionada por extralimitarse en su competencia, sobre todo después de la reforma llamada ‘supremacía constitucional’. Los líderes parlamentarios de Morena, ante la intención de la Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, han realizado una reforma constitucional en tiempo récord (la dichosa ‘supremacía constitucional’), de nuevo de la mano de legislaturas estatales afines, para que sea imposible que actores políticos puedan impugnar modificaciones a su texto y que la Corte pueda conocer y pronunciarse sobre dichas controversias.
El sinuoso proceso que ha seguido la reforma judicial avalada por Morena y sus aliados ha sumido a México en una crisis constitucional en la que dos poderes se enfrentan a un tercero con el ánimo de avasallarlo.
El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá -que se discutirá este martes-, respecto de las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional presentadas en contra de la reforma judicial, opta por una salida política que es el único camino para mantener no sólo la cordura institucional sino el mantenimiento de un pacto de civilidad política que el país necesita.
La presidenta Sheinbaum y los líderes de Morena en el Congreso de la Unión han manifestado expresamente que harán efectiva la reforma judicial en todos sus términos. El resultado previsible es nefando: el nuevo poder judicial de la federación nacerá como un can amedrentado y ovillado a la puerta de Palacio. El objetivo discursivo de la reforma judicial (acabar con la corrupción y nepotismo en el poder judicial y mejorar la impartición de justicia) no se cumplirá porque no habrá ningún juez que ose asomar la nariz con un fallo contrario a los intereses del oficialismo. Todos los juzgadores del nuevo poder judicial sabrán que, llegado el caso, los otros dos poderes de la Unión no tendrán remilgos en echarlos a la calle y someter a los risibles designios de la tómbola la elección de sucesores, cada vez más serviles al oficialismo y más lejanos a la justicia.
Es el reino de la sinrazón y del poder desnudo, ya que defender la Constitución en una democracia no puede implicar la anulación del derecho a discrepar y a disponer de vías legales y procedimentales para ello. Defender la Constitución mediante la supresión de toda vía para impugnar cambios que sean contrarios a su espíritu o al arreglo esencial de la configuración orgánica del Estado, la distribución del poder o la garantía de derechos humanos me parece no una forma de defenderla sino una vía franca hacia su indefensión. La democracia implica el reconocimiento del derecho a la diferencia y a la posibilidad de ejercicio de este derecho por vías procesales e institucionales, por lo que la Constitución no puede ser solamente de una mayoría que encuentra la forma de expropiársela a los demás.
Envenenada, nuestra república democrática se muerde la cola y se extingue. Y sólo sonríen quienes prepararon el veneno.
* Sergio López Menéndez (@serlomen) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.
El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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