Cultura cívica al volante
Conducir en la Ciudad de México es una experiencia cotidiana atravesada por tensiones: tráfico, tiempos ajustados y presión por llegar convierten el automóvil en un espacio donde afloran emociones rara vez vistas en otros ámbitos. No se trata de una anomalía urbana, sino de un desafío cívico.
La cultura vial no fracasa por desconocimiento de las reglas. Semáforos, límites de velocidad y señales son parte del aprendizaje básico de cualquier conductor. El problema está en la forma como esas normas se relativizan en la práctica diaria. Al tomar el volante, el otro suele dejar de ser visto como persona y pasa a ser percibido como obstáculo.
Esa pérdida de empatía explica por qué conductas como el insulto, el cerrón o la imprudencia se han vuelto habituales, aun cuando sus consecuencias son previsibles.
Los datos ayudan a dimensionar el fenómeno sin exagerarlo. Registros del C5 de la Ciudad de México indican que cada día, en promedio, se atienden 234 reportes por choques sin lesionados. Son incidentes menores, pero frecuentes, que reflejan una normalización del riesgo en la vida urbana y una relación instrumental con la vía pública.
Casos como el de Roberto Hernández, un motociclista de 52 años arrastrado durante varios kilómetros por una automovilista que no se detuvo, muestran hasta dónde puede escalar esa lógica cuando se rompen los mínimos de responsabilidad. No se trata de hechos aislados, sino de síntomas de una cultura vial que requiere revisión y corrección.
Hablar de civilidad al volante implica asumir la seguridad vial como responsabilidad compartida entre conductores, peatones y ciclistas. Respetar señales, límites de velocidad y las indicaciones de la autoridad constituye la base del orden urbano. Conducir con atención, anticipar movimientos y evitar distracciones son prácticas preventivas que reducen conflictos y riesgos.
Ceder el paso, mantener la calma y evitar la confrontación no son gestos extraordinarios, sino decisiones que hacen posible la convivencia. Sin ese componente, cualquier política pública pierde efectividad.
Desde el gobierno capitalino se han reforzado programas como Conduce Sin Alcohol, así como iniciativas de regulación y prevención de riesgos en el transporte. Estas medidas son relevantes, pero su impacto depende en buena medida de la conducta cotidiana de quienes usan la calle.
En caso de un atropellamiento o un incidente grave, detenerse y llamar al 9-1-1 es una acción legal y cívica. Permanecer, solicitar auxilio y denunciar, incluso de forma anónima al 089, define el estándar mínimo de responsabilidad pública.
La calle es un espacio compartido que revela la calidad de nuestra convivencia.
* Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (@C5_CDMX).
Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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