Cuando una niña se convierte en madre, el Estado ya falló
El 5 de enero de 2026, una niña de 10 años ingresó de urgencia a un hospital en Chiapas para la atención de un parto. Su cuerpo aún infantil no resistió las demandas físicas, fisiológicas y psicológicas del embarazo, lo que derivó en complicaciones obstétricas severas. El adulto que la acompañaba se identificó como su “esposo” y abandonó el hospital, en un contexto que posteriormente fue señalado por organizaciones defensoras como un caso de violencia sexual infantil. ¹
Nada en este caso puede entenderse como un evento aislado ni como una “tragedia individual”. Se trata de una expresión extrema, pero no excepcional, de un fenómeno estructural que en México seguimos nombrando embarazo adolescente para evitar reconocer su raíz más profunda: la violencia de género sostenida por desigualdad social, cultural e institucional.
Una niña embarazada no es una estadística: es una alerta social
El embarazo adolescente es uno de los problemas más persistentes de la salud pública mexicana, no solo por sus riesgos clínicos, sino por lo que revela sobre las condiciones sociales en las que viven niñas y adolescentes. A pesar de múltiples estrategias nacionales de prevención, la maternidad temprana continúa concentrándose en poblaciones en situación de vulnerabilidad, reproduciendo ciclos de pobreza, abandono escolar y exclusión social. ²–⁴
La evidencia es consistente: el embarazo en edades tempranas se asocia con pobreza estructural, baja escolaridad, dependencia económica y residencia en territorios periféricos, donde el acceso a educación sexual integral, servicios de salud y mecanismos de protección es limitado. ³–⁷ Estas condiciones no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan entre sí, configurando trayectorias de vida con oportunidades restringidas y autonomía limitada.
Hablar de “decisiones individuales” en estos contextos resulta engañoso. La autonomía reproductiva requiere condiciones materiales y simbólicas que muchas adolescentes simplemente no tienen. ⁸,⁹
Embarazo adolescente: el rostro oculto de la violencia de género
Desde una perspectiva de género, el embarazo adolescente puede entenderse como una manifestación indirecta —y en algunos casos directa— de violencia de género. La coerción sexual, las relaciones de pareja profundamente asimétricas, el control reproductivo, las uniones tempranas y la normalización cultural del dominio masculino limitan la capacidad de las adolescentes para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. ¹⁰–¹³
Que una autoridad invoque el “consentimiento familiar” para explicar la cohabitación de una niña o adolescente no es un error de comunicación: es una forma de violencia institucional. La legislación mexicana prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas sin excepciones culturales. Sin embargo, en la práctica, estas excepciones persisten cuando las víctimas son niñas indígenas, pobres o socialmente invisibles. ¹²⁻¹⁴
Bajo el enfoque del triángulo de la violencia —directa, estructural y cultural—, el embarazo adolescente funciona como un evento centinela: un resultado visible de violencias invisibles que operan de manera cotidiana. ¹⁴,¹⁵
El sureste mexicano: vulnerabilidad acumulada
En el sureste de México, estas dinámicas se intensifican. Diversos estudios han documentado una alta prevalencia de violencia emocional, económica, física y sexual contra las mujeres, particularmente en contextos de pobreza, marginación y población indígena. ¹⁶–¹⁹ En estas regiones, la violencia suele estar normalizada y subregistrada, lo que dificulta su detección y atención oportuna, ²⁰,²¹ persistiendo la invisibilidad social.
La combinación de alta movilidad migratoria, crecimiento urbano acelerado y desigualdad territorial genera escenarios de vulnerabilidad específicos para niñas y adolescentes. La evidencia regional muestra que el embarazo adolescente mantiene una presencia sostenida en el tiempo, con concentración en edades de 15 y 16 años, pero con la persistencia preocupante de embarazos en menores de 14 años, ²⁵ con una alta probabilidad de abuso o coerción sexual. ¹²,²⁰
El sistema de salud: testigo tardío, actor imprescindible
El sistema de salud forma parte de los determinantes sociales que influyen en el embarazo adolescente. En muchos casos, su intervención es tardía y reactiva: los hospitales reciben a las adolescentes cuando el embarazo ya está avanzado, reflejando fallas acumuladas en los niveles preventivos, educativos y comunitarios. ²,⁷
Sin embargo, estos espacios también representan una oportunidad estratégica. La detección sistemática de violencia de género, la consejería integral y la articulación con redes intersectoriales pueden transformar el contacto hospitalario en un punto clave para romper ciclos de violencia y maternidad temprana. ¹⁶,²³
Nombrar el problema cambia la respuesta
Reducir el embarazo adolescente no es solo una meta epidemiológica, es una obligación y una deuda con la niñez y la juventud del mundo. Es un indicador de equidad social, igualdad de género y vigencia de derechos humanos. Mientras sigamos tratándolo como un problema individual, moral o regional, seguiremos reaccionando cuando el daño ya está hecho.
El caso de Deysi en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, nos obliga a una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿cuántos embarazos infantiles más necesitamos para dejar de llamarlos excepciones y empezar a reconocerlos como lo que realmente son: la punta del iceberg de una violencia estructural persistente? Nombrar correctamente el problema no lo resuelve todo, pero es el primer paso para dejar de encubrirlo.
* Alejandro Lenin Villalobos Rodríguez es médico especialista en ginecología y obstetricia, maestro en Educación y licenciado en Ciencias Políticas. Analista de temas de salud pública, con experiencia clínica y de docencia.
1 Piña, P. (2026, 8 de enero). Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras. Cimac Noticias.
2 Hubert, C., De la Vara-Salazar, E., Villalobos, A., Suárez-López, L., De la Cruz Muradás-Troitiño, M., Mejía-Paillés, G., et al. (2024). Prevención del embarazo en adolescentes. Salud Pública de México, 66(4), 486–497.
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (Comunicado de prensa No. 128/25). INEGI.
4 Paredes, A. P. E., Guerrero, L. J. P., & López, R. I. Q. (2019). El embarazo adolescente en Quintana Roo: Debates y aportes de investigación para políticas públicas de prevención y atención. Estudios Sociales y Humanísticos, 17(1), 187–200.
5 Ribas, C. R. (2021). Adolescent pregnancy, public policies, and targeted programs in Latin America and the Caribbean: A systematic review. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, e144.
6 Álvarez, C. T. M., Soto, N. E. S., Aguirre, Á. A., & De León, J. C. B. (2024). Representación social de la consejería anticonceptiva prenatal para la prevención del embarazo subsecuente en adolescentes. SANUS, 9, e448.
7 Bonfil Sánchez, P., Delgadillo Morales, M., & Martínez Medrano, R. (2017). Violencia de género contra mujeres en zonas indígenas de México. Secretaría de Gobernación, CONAVIM, CIESAS, CONACYT.
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Panorama de violencia contra las mujeres en Quintana Roo. INEGI.
9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2022). Informe de pobreza y evaluación. Quintana Roo. CONEVAL.
10 Juárez, M. M., Raesfeld, L. J., & Durán, G. R. (2021). Diagnóstico interseccional de la violencia hacia mujeres indígenas en México. Revista Estudos Feministas, 29(1), e67561.
11 Añón Roig, M. J. (2016). Violencia con género. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, (33), 1–26.
12 Bosch, E., & Ferrer, V. (2019). El modelo piramidal: Una propuesta feminista para el análisis de la violencia contra las mujeres. Revista de Estudios Feministas, 27(2), e56780.
13 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (2016). ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo y género?
14 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). ¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
15 Domínguez, F. J., García, L. P., & Cuberos, C. I. (2008). Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: Consecuencias sobre la salud psicosocial. Anales de Psicología, 24(1), 115–120.
16 Álvarez, D. A. (2010). Violencia doméstica y negociación de conflictos conyugales en comunidades maya-mam de Guatemala. Anuario del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, (57), 65–85.
17 Habib, H. H., Mwaisaka, J., Torpey, K., Maya, E. T., & Ankomah, A. (2023). Are respectful maternity care (RMC) interventions effective in reducing intrapartum mistreatment against adolescents? A systematic review. Frontiers in Global Women’s Health, 4, 1048441.
18 Pérez-Baleón, F. (2024). Análisis de expedientes socio-médicos de mujeres con embarazos antes de los 15 años en tres hospitales de México. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, e21013616.
19 Sámano, R., Martínez-Rojano, H., Robichaux, D., Rodríguez-Ventura, A. L., Sánchez-Jiménez, B., De la Luz Hoyuela, M., et al. (2017). Family context and individual situation of teens before, during and after pregnancy in Mexico City. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), 382.
20 Vargas Escamilla, B. F., Muñoz García, G. B., & Campos Navarro, R. (2021). Atención del proceso reproductivo durante la adolescencia en un hospital materno-infantil de la Ciudad de México: Una aproximación desde la etnografía hospitalaria. Revista Mexicana de Ciencias Sociales, 44(2), 9–30.
21 Vera, A. M. J., Proaño, J. V. R., & Figueroa, M. E. C. (2024). Embarazo en adolescentes: consecuencias en el ámbito familiar, escolar y psicosocial. Tesla Revista Científica, 4(2), e389.
22 Zárate, M. J., Acosta, J. M. Z., & Chica, L. F. C. (2024). Orientación familiar y embarazo adolescente no deseado: Retos, desafíos y oportunidades para su prevención. Pentaciencias, 6(2), 316–329.
23 Mejía, E. T. A., De la Peña Martínez, R., Salazar, E. A. M., Morado, L. P., Ávila, S. V. P., & Aguirre, D. P. R. (2025). Percepción sobre riesgos asociados y causas de muerte en embarazos adolescentes. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 6(1).
24 Gamelia, E., Anies, A., Widjanarko, B., & Shaluhiyah, Z. (2023). Risk sexual behavior, sexually transmitted infections and adolescent pregnancy prevention interventions. Journal of Public Health in Africa, 14(12), 2672.
25 Villalobos Rodríguez, A. L., Pat Góngora, J. L., Poot Poot, A. R., & Rivera Vargas, M. (2025). Comportamiento epidemiológico y dinámica temporal del embarazo adolescente en un hospital de segundo nivel en el sureste de México [Manuscrito en revisión].
Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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