Tambores de guerra
El proyecto que ha hecho público el ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial es una alternativa sensata para darle solución a una crisis constitucional que cada día se profundiza más. El ministro admite que puede haber otras fórmulas para integrar la Suprema Corte; al final del día se trata de nombramientos políticos que hasta ahora los hacía el Senado. Pero protege la carrera judicial y declara que las elección de jueces y magistrados sería inconstitucional. La meritocracia, el ascender por conocimientos y experiencia probadas, es que lo que se pretende preservar en el proyecto.
Sin duda se trata de una fórmula que podría ayudar a resolver la crisis en la que nos encontramos. Aún no sabemos si cuenta con los ocho votos necesarios, pero desgraciadamente las reacciones que ha provocado en el oficialismo hacer prever la cerrazón.
Si prospera la reforma en sus términos, lo que tendremos es una impartición de justicia muy lejana a lo que conocemos. Será más alejada del Derecho y más próxima a las causas justas. La lealtad de los juzgadores será con sus electores, no con la doctrina. Se renuncia a la profesionalización para abrirle paso a la militancia.
Si examinamos los perfiles de quienes integrarán los comités evaluadores, podemos tener un anticipo de lo que se viene. En el caso de las propuestas del Poder Ejecutivo y Legislativo, se trata de personajes con una cercanía manifiesta con el oficialismo; es de esperar que los candidatos que vayan perfilando tengan esa misma línea. Se aplasta la pluralidad. Insisto, más que una reforma al Poder Judicial, que sin duda hace falta, se trata de una captura, que me temo vamos a lamentar por mucho tiempo.
El signo de esta nueva administración ha sido la negación del diálogo. Ojalá me equivoque. Pero ciertamente estamos en un crisis constitucional cuyo desenlace aún no conocemos. Las resoluciones de los jueces, en un mundo normal, se acatan; el Poder Judicial carece de medidas de apremio.
Lo que hemos vivido estas semanas es demasiado grave. Me resulta muy difícil de entender quién se puede beneficiar de esta crisis, por qué iniciar el sexenio con tambores de guerra, a quién conviene.
* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.
El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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