La presente administración, así como las anteriores, han tenido frente a sí el enorme reto de atender los problemas del agua, que asumen a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pasado 8 de septiembre se presentó el Paquete Económico 2024, el último proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, del cual se puede observar que el presupuesto proyectado para la Conagua tuvo un incremento de 207 % respecto del inicio de su administración (2019). En buena medida este incremento se explica por la programación de obras públicas de gran relevancia.
Entre las obras más importantes de esta administración destacan el “Proyecto Baluarte-Presidio”, en Sinaloa, donde se invertirán, tan sólo este año, 1 13,350 millones de pesos (mdp) para mejorar el servicio de agua potable, impulsar el desarrollo agrícola y producir energía eléctrica. En Durango se invertirán 8,600 mdp en el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, para abastecer de agua potable a los municipios de Lerdo y Gómez Palacio.
Sonora, por su parte, en 2023 recibirá una inversión de 8,292 mdp para dos obras que permitirán suministrar agua potable al Pueblo Yaqui. Así como estas, la lista de obras hidráulicas desarrolladas por la Conagua en este sexenio para garantizar el derecho humano al agua es amplia, lo cual es de celebrarse. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de obras trae aparejado una serie de complicaciones que debemos tener presentes.
Por un lado, encontramos los riesgos de corrupción en distintas etapas del desarrollo de la obra. En la planeación, por ejemplo, ante la falta de perfiles especializados dentro de la Conagua y dado los conocimientos que se requieren para elaborar los proyectos técnicos y perfiles económicos, muchas veces los servidores públicos recurren a posibles proveedores para desarrollar las bases de una licitación. El contacto entre servidores públicos y proveedores, previo a la adjudicación de la obra, incrementa los riesgos de corrupción, como el ofrecimiento de un soborno al servidor público con el que se ha tenido contacto para asegurar la asignación de la obra. Recordemos además que este tipo de obras implican una suma de recursos considerable, por lo que el incentivo a sobornar para asegurar la adjudicación crece.
En la ejecución, las obras hidráulicas enfrentan otro tipo de complicaciones que generan retrasos y sobrecostos. Desde ejidatarios o propietarios de las tierras que salen a detener la obra porque no se indemnizó correctamente, hasta el cobro del derecho de piso, acaparamiento y definición del precio del material de construcción por parte de la delincuencia organizada.
Por otro lado, en la etapa de la entrega y puesta en marcha, tras haber recibido un soborno de los proveedores, los servidores públicos firman la recepción de obras inconclusas, con funcionamiento parcial o con errores en su operación. Esto genera, en cierta medida, un sin número de elefantes blancos que solo sirvieron para la foto de apertura (más del 25 % de las plantas potabilizadoras en el país no están en operación y un porcentaje similar de plantas de tratamiento de descarga de aguas residuales no funcionan).
Todos estos riesgos alrededor de las obras hidráulicas hacen necesario el escrutinio ciudadano, particularmente para evitar actos de corrupción. No obstante, este escrutinio no es posible cuando la opacidad es una constante en la Conagua. Hoy en día, la transparencia de esta dependencia se limita a listar las principales obras y el presupuesto asignado. Esta información no es suficiente para saber si hubo conflicto de interés en la asignación de una obra, si se generaron sobrecostos, si la obra funciona adecuadamente, entre otros factores.
Además de lo anterior, cuando se habla de obras hidráulicas, el monitoreo ciudadano enfrenta un reto adicional, que es hacer accesible información sumamente técnica. Incluso, los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Federación deben estar lo suficientemente preparados para realizar una adecuada fiscalización y auditoría de este tipo de obras.
En conclusión, se requiere que el Estado implemente acciones que permitan consultar y analizar la información de asignación y ejecución del gasto con un lenguaje simple, en una versión amigable, que permitirá el monitoreo ciudadano a través de la vigilancia en la comprobación del gasto y al avance de la obra.
Si las obras hidráulicas tienen un fin tan noble como es el dotar del servicio a la población, atendiendo al derecho humano al agua, por qué no hacerlo de forma transparente, aludiendo a su objeto.
* Ana Lilia Ruiz (@RufloAna) es Investigadora en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
1 Generalmente las obras hidráulicas son multianuales.
Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Los temores que despierta esta decisión
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
“No las necesitamos”
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
“Valores tradicionales”
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
“Me están echando”
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
