La COP30 Ignoró el 50 % del calentamiento global
El sistema alimentario mundial genera cerca de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Datos de 2022 estiman que anualmente son emitidas 16 mil millones de toneladas en la cadena de producción de alimentos. Lo admite Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin embargo, lo que aún parece difícil de asumir es que buena parte de esa huella proviene de un solo sector: la ganadería industrial.
Reconocerlo no es culpar a nadie, sino aceptar una verdad incómoda, una que un nuevo estudio publicado por la editorial científica MDPI vuelve a confirmar. “El objetivo perdido: por qué la ganadería industrial debe ser el centro de la agenda climática” reúne la evidencia más reciente sobre este tema.
Según sus conclusiones, la ganadería contribuye entre 12 y 20 % de las emisiones globales, utiliza más del 80 % de las tierras agrícolas, y, aún así, aporta sólo 37 % de las proteínas y 18 % de las calorías que consumimos a nivel mundial. Además, genera la mitad de la eutrofización, que causa la contaminación del agua por exceso de nutrientes provocando el crecimiento desmesurado del sargazo y otras algas marinas, y más de un tercio de la acidificación del suelo. El estudio también responsabiliza a la ganadería industrial del 52 % del calentamiento de la atmósfera.
Son datos que no dejan margen para la indiferencia. Si el sector ganadero fuera un país, estaría entre los mayores emisores del planeta. Y sin embargo, sigue ausente de la mayoría de las negociaciones climáticas internacionales, incluso de la cumbre global más importante.
La ganadería como oportunidad perdida
La COP30, celebrada este año en Belém, Brasil, representó una oportunidad histórica para poner en el centro de la agenda el impacto de la ganadería industrial sobre el cambio climático. Sin embargo, esta chance fue desaprovechada. Las discusiones se centraron principalmente en los impactos del sistema energético, dejando un año más al sistema alimentario fuera del debate crucial.
Brasil no solo es uno de los países con más ganado bovino del mundo, sino también el principal exportador global de carne de res. Y es justamente allí donde los efectos de la ganadería intensiva son más visibles: el Amazonas, el bosque tropical más extenso del mundo y un regulador clave del clima global, enfrenta una degradación sin precedentes: 18 % de su superficie ha sido deforestada y otro 17 % presenta deterioro avanzado, producto principalmente del avance de la ganadería y del cultivo de soya para alimento animal.
Otros impactos son la liberación de sumideros de carbono y pérdida de biodiversidad por la deforestación asociada a la cría de animales para consumo humano. Si no paramos la pérdida de bosques, para 2050 más de 1700 especies perderán entre el 25 y 90 % de sus hábitats, de acuerdo con Naciones Unidas.
Los científicos de este nuevo estudio advierten que incluso si mañana elimináramos por completo el uso de combustibles fósiles, no lograríamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París mientras el sistema alimentario, y en especial la ganadería industrial, continúen sin transformarse. Reducir la producción y el consumo de alimentos de origen animal es tan crucial como la transición energética a fuentes no fósiles.
Belém, la ciudad donde se llevó a cabo la COP, es una de las localidades más afectadas por el cambio climático en Brasil. En el último año su población ha sufrido inundaciones y olas de calor, fenómenos impulsados principalmente por la deforestación de la región.
De la crítica a la acción: una transición alimentaria justa
Pero no todo son malas noticias. Precisamente porque el sistema alimentario es parte del problema, puede ser también parte de la solución. El estudio propone metas claras: reducir la producción y el consumo de productos de origen animal, promover patrones alimentarios basados en plantas y modelos de producción menos intensivos.
No se trata de imponer prohibiciones, sino de repensar la manera en que comemos y producimos, reconociendo los beneficios ambientales, de salud y económicos de un cambio de rumbo. Uno hacia la sostenibilidad alimentaria.
La transición alimentaria justa significa no dejar a nadie atrás. Implica apoyar a las comunidades rurales, proteger los medios de vida de quienes producen nuestros alimentos y garantizar que los consumidores tengan acceso a opciones nutritivas, asequibles y sostenibles. La mejor manera de lograrlo es reduciendo el consumo de alimentos de origen animal y aumentar los de origen vegetal como legumbres, granos, semillas y hortalizas, que tienen grandes aportes nutricionales.
Este modelo alimentario está respaldado por organizaciones internacionales como la FAO, la asociación de científicos EAT-Lancet y recientemente es reconocida por las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-2030, publicada por la Secretaría de Salud de México.
El mensaje que no podemos ignorar
La lucha contra el cambio climático no se ganará solo con energías limpias o autos eléctricos. También se libra en los campos, en las mesas y en los platos. Mientras la ganadería industrial siga creciendo al ritmo actual, estaremos alimentando la crisis que decimos combatir. Nuestra salud y la del planeta dependen de ello.
Las COP son una ocasión crucial para que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil reconozcan esta verdad y actúen en consecuencia. Transformar la manera en que producimos y consumimos alimentos no es una opción: es una condición esencial para garantizar el futuro del planeta.
Porque lo que hoy decidamos comer, y cómo decidamos producirlo, puede seguir calentando la Tierra o empezar a enfriarla. La elección, como siempre, está en nuestras manos.
* Sofía Ruiz Oldenbourg es ingeniera ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima y tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (@AlianzaAliment) organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. En 2024 fue pieza clave para el diseño de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. También trabajamos con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.
La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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