¿Cómo nació la red de todos?
La Red Compartida es una red que ofrece servicios mayoristas de telecomunicaciones móviles (voz y datos) a través de la banda de los 700 MHz, particularmente valiosa por sus características de propagación y capacidad. Fue formalmente creada por el artículo 16º Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones (2013), licitada en 2016 e inició operaciones en 2018.
El consorcio ganador, Altán —conformado por Morgan Stanley Infrastructure, el Banco Mundial, China Mexico Fund, Hansam, Isla Guadalupe Investments, Axtel y Megacable— se comprometió a invertir $7,500 MDD para dotar al país de una red 5G que cubriera 92.2% de la población nacional para 2024. Al momento de firmarse el contrato entre Altan y SCT, México sólo tenía una red de cobertura nacional, la de Telcel, disponible exclusivamente para los clientes de dicha empresa.
Hace unos días, después de que Altán inició un proceso de concurso mercantil, el presidente López Obrador anunció el rescate de la empresa con una inversión del Estado mexicano de 150 MDD. Hoy, la Red Compartida cuenta con 114 clientes directos (destacan Izzi, Coppel, Walmart, Megamóvil y Newww) que ofrecen servicios para más de 6 millones de usuarios finales (11 millones menos de lo planeado). Su cobertura alcanza 71% de la población. La promesa de llevar conectividad a quienes más lo necesitan sigue pendiente.
El fracaso de Altán como administrador del contrato y de la Red merece un espacio aparte, mucho más extenso. Por el momento y para imaginar el potencial que tiene el futuro, creo que resulta útil recordar cómo nació la Red de Todos.
Como cualquier proyecto complejo, es difícil establecer con exactitud cuándo nace la idea de promover una red de uso compartido, abierta para todos. Casi trece años después, creo que varios elementos estaban contenidos en una propuesta que un regulado presentó a la SCT con la finalidad de preservar una banda cuya concesión ostentaba; otros elementos se escuchaban de voz de un exejecutivo de Teléfonos de México que circulaba por los pasillos de la Secretaría, obsesionado con promover competencia en el sector. El resto apareció en COFETEL y diría que surge de la frustración de un grupo de reguladores que, durante un par de años, impulsaron distintas medidas regulatorias que resultaron infructuosas para revertir el dominio que Telcel y Telmex ejercían sobre el mercado de telecomunicaciones.
Si la fecha es difícil de establecer, la autoría es aún más difusa. Desde el mexicano repatriado de Francia que tenía la virtud de imaginar lo que pocos veíamos, los hermanos del Periférico, el secretario que dejaba al regulador actuar con libertad y autonomía (aunque pocos lo creyeran), el otro secretario que apoyó financieramente los estudios, los regulados que buscaban alternativas y acceso a una red nacional y el exejecutivo de Telmex que, de los pasillos de SCT, pasó a los de COFETEL; de todos lados surgieron ideas y aportaciones que a la postre consolidaron un proyecto cuyo éxito debiera preocupar a todos.
Frustrados con los pocos avances de las distintas resoluciones asimétricas en contra de los operadores dominantes, sabíamos que en el espectro COFETEL tenía el elemento más poderoso —quizá el único— para romper la principal barrera de entrada al sector: el acceso a la infraestructura. Sabíamos también que, en un país como el nuestro, pensar en la posibilidad de desplegar más de una red de cobertura nacional era socialmente ineficiente 1 y teníamos claro que los operadores existentes en ese momento no lo podrían hacer. Sabíamos que podíamos transitar a la Televisión Digital Terrestre, 2 rescatar la banda de 700 MHz, segmentarla como se evaluara más adecuado y que no debíamos licitarla como se había hecho hasta ese momento porque terminaría acaparada por quien ya dominaba el sector, con lo cual perpetuaríamos –quizá de manera irreversible– su dominio.
COFETEL no tenía las facultades que hoy la Constitución y la Ley otorgan al IFT. No existía la figura de preponderancia, compartía varias facultades con COFECO y SCT, todas sus resoluciones podían ser suspendidas y AT&T no había llegado al país.3 Es sano y necesario que toda política pública se someta a un riguroso escrutinio y sus promotores llamados a rendir cuentas, pero ello debe ocurrir considerando el contexto en el cual se diseñó e impulsó cada política. El contexto de las telecomunicaciones en el cual la COFETEL impulsó la Red Compartida (2011-2012) no se parece en nada, afortunadamente, al contexto actual. De hecho, ni siquiera se parece al contexto en el cual —cuatro años después— se llevó a cabo el proceso licitatorio del cual resultó ganador Altán.
En este momento vale la pena un paréntesis. Para ser licitada y adjudicada, la Red Compartida pasó por el que debe ser uno de los procesos de revisión más exhaustivos por el que ha pasado un proyecto de política pública en este país. La idea surgió de la manera en la que he narrado, pero una vez concretada, COFETEL contrató los servicios de la consultora McKinsey & Company con la finalidad de validar los supuestos con los cuales había trabajado y confirmar que la alternativa de la Red era la mejor para el país. Después de ello, solicitamos a CIDE Telecom hacer una prueba de control (Sanity Check) sobre las conclusiones de McKinsey. Todos los elementos fueron puestos a disposición de los miembros del Pacto por México y los legisladores (federales y locales) que votaron la Reforma Constitucional. Posteriormente la SCT contrató al Bank of America, que acompañó el proceso licitatorio. Dos consorcios internacionales debieron analizar el proyecto antes de mostrar interés por el contrato. Distintos bancos y fondos de inversión escrutaron los supuestos y comprometieron recursos al mismo. Altán, el consorcio ganador, incluía a dos operadores mexicanos que conocían perfectamente el mercado nacional y ellos también apostaron por la Red. Nokia y Huawei, principales proveedores de tecnología con la que opera la Red, extendieron créditos al consorcio ganador para el despliegue de la misma.
La Red no es una ocurrencia ni un capricho. Fue una idea que surgió de distintas fuentes, todas en respuesta a las carencias del ecosistema mexicano, al rezago de inversiones públicas y privadas, al enorme dominio que ejercía un grupo económico y a la vergonzosa cobertura de servicios para una economía del tamaño de la nuestra. La Red siempre tuvo en mente a los operadores más débiles, a los que quisieran aventurarse en el mercado mexicano que encontraban barreras de entrada infranqueables 4 y, por supuesto, a quienes no tenían acceso a servicios de banda ancha.
La Red no fue resultado de chantajes ni condicionamientos. Pasó por demasiados filtros para siquiera imaginar algo así fuera posible. Si fue la ocurrencia de alguien en COFETEL, la SCT no hubiera financiado los estudios que le dieron sustento. Las empresas consultoras pudieron concluir que era un proyecto inviable. Los partidos políticos pudieron no incluirla en el Pacto por México o los legisladores pudieron votarla en contra. 5 La licitación pudo declararse desierta al no levantar interés de nadie, los bancos de inversión pudieron negar las inversiones necesarias y los proveedores de tecnología pudieron negar los créditos para su despliegue.
Es importante tener claro que el fracaso de Altán no es de la Red Compartida. México sigue necesitando más infraestructura, mayor cobertura y una red nacional abierta a distintos operadores con distintos modelos de negocio.
El presidente López Obrador no tiene un solo logro en materia de telecomunicaciones. Se ha topado en el camino con una quiebra que podría resultar un golpe de suerte para cumplir su promesa de llevar internet para todos. La infraestructura de la Red no es de Altán, es de la Nación. Es la Red de Todos y el pilar a partir del cual —con un plan que conjugue crecimiento de la red, expansión de la fibra de la CFE y la capacidad satelital existente— el sexenio puede, sin necesariamente haberlo merecido, ser el sexenio de la conectividad.
* Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) es socio fundador de CEIAP SC y excomisionado presidente de COFETEL.
1 COFETEL publicó un estudio sobre la infraestructura existente en el país. La conclusión fue que México presentaba un rezago por demás preocupante tanto en infraestructura móvil como fija.
2 Por esas fechas se realizó el primer “apagón analógico” de la primera ciudad en América Latina: Tijuana.
3 Telefónica, el segundo operador más importante del país, no llegaba a 20% de participación de mercado y una proporción importante de sus usuarios eran de pospago. Iusacell tenía 6% del mercado (3% de ingresos) y Nextel no llegaba ni a eso.
4 Esa es la respuesta que recibimos de nuevos operadores al licitar el espectro en la licitación 20-21, que también fue ampliamente criticada por adjudicarse a los mismos operadores.
5 Curiosamente todos los integrantes de aquella legislatura que hoy forman parte de MORENA votaron en contra. Varios de ellos, Manuel Bartlett, por ejemplo, serán clave en el éxito futuro de una red que no quisieron que fuera creada.
