Clima, desigualdad y derechos: ¿qué significa hablar de justicia climática?
Durante años usamos el concepto de calentamiento global para describir el aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta. Más adelante comenzamos a utilizar el término cambio climático, que permitió comprender que el problema no se limita al incremento de la temperatura, sino que implica transformaciones profundas del sistema climático: alteraciones en los patrones de lluvia, fenómenos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes. Estas alteraciones provienen de un modelo energético y productivo basado en la quema de combustibles fósiles, que ha incrementado de manera sostenida la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Sus efectos impactan de manera desigual a personas y ecosistemas, alterando ciclos naturales y poniendo en riesgo a múltiples especies. Por eso, hablar únicamente de cambio climático ya no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Hoy el concepto de crisis climática nos permite comprender que estos fenómenos rebasan lo ambiental. No estamos ante un episodio aislado, sino ante las consecuencias acumuladas de decisiones económicas y políticas que siguen sosteniendo un modelo de desarrollo que concentra beneficios y distribuye riesgos de manera desigual. No se trata únicamente de reducir toneladas de carbono, sino de preguntarnos quién se benefició del modelo de desarrollo y quién está pagando sus consecuencias. Pero entender la crisis climática sin la variable de justicia también resulta incompleto.
La justicia climática reconoce que, dentro de esta crisis, no todas las personas han contribuido de la misma manera a la acumulación histórica de emisiones ni cuentan con la misma capacidad para enfrentar sus impactos. Quienes menos han emitido suelen ser quienes más sufren: pierden su vivienda ante un huracán, su cosecha ante la sequía o su salud ante el calor extremo.
Además, reconoce que la crisis deteriora bienes comunes: bosques que regulan el agua, manglares que protegen las costas, suelos fértiles que sostienen la producción de alimentos y mares cuya biodiversidad garantiza equilibrio ecológico y sustento para comunidades enteras. Cuando la biodiversidad se erosiona, no solo desaparecen especies, se debilitan las redes que sostienen la vida y las economías locales.
Hablamos de justicia climática cuando comprendemos que lo que está en juego no es sólo la temperatura promedio del planeta, sino la posibilidad real de ejercer derechos fundamentales para sostener la vida. El derecho a la vivienda se debilita cuando los eventos extremos se intensifican; el derecho al agua se tensiona cuando las sequías se prolongan; el derecho a la salud se compromete ante olas de calor cada vez más frecuentes. El derecho a un medio ambiente sano se pone en riesgo cuando los ecosistemas pierden su capacidad de regenerarse. La vulneración de estos derechos no depende solo de la intensidad de los fenómenos, sino de las condiciones sociales y económicas de cada persona. Esto marca la diferencia entre recuperarse en meses o quedar en precariedad durante años.
La dimensión de género no puede ignorarse. En contextos de escasez o desastre, son con frecuencia las mujeres quienes asumen mayores cargas de cuidado y sostienen la reconstrucción comunitaria. Sin embargo, su trabajo sigue sin reconocerse y sus voces permanecen subrepresentadas en los espacios de decisión. Desde una perspectiva interseccional, también es necesario reconocer que pueblos originarios y comunidades afromexicanas han sido sistemáticamente desplazados de estas decisiones, mientras sus saberes se invisibilizan y sus territorios se convierten en escenario de proyectos que no siempre les benefician ni respetan su autonomía.
Precisamente porque la crisis se vive de forma desigual y se entrecruza con múltiples vulnerabilidades, la respuesta debe ser integral y de largo plazo. Se requieren políticas que reduzcan emisiones de manera planificada, sin trasladar los costos de la transición a quienes ya enfrentan mayores desventajas, y que garanticen la participación vinculante de las comunidades más impactadas en las decisiones sobre su territorio. Democratizar la política climática es condición para que las soluciones sean legítimas y efectivas, y para fortalecer la organización colectiva y la voz de quienes históricamente han sido excluidos.
Ante este panorama, debemos repensar el modelo de desarrollo. No es sostenible medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico, cuando ese crecimiento depende de actividades que profundizan la crisis climática, amplían las brechas sociales y deterioran los sistemas naturales que hacen posible la vida. Las decisiones para el desarrollo deben alinearse con la protección de la vida, la equidad y el bienestar colectivo.
Y aunque el reto es enorme, también lo es la capacidad de respuesta social. La esperanza no está en promesas vacías, sino en lo que ya ocurre en muchos territorios: organización colectiva que permite la defensa del agua, el cuidado de los ecosistemas y respuestas solidarias ante los riesgos. Si esa fuerza se acompaña de decisión institucional y de una inversión clara en alternativas sostenibles, podemos reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y construir un futuro más digno para todas y todos.
* Lisbeth Camacho, Florencia García y Miriam Silva son especialistas en transición energética justa y justicia climática en Iniciativa Climática de México (@iniciativaclima), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país.
Aunque muchos narcotraficantes viniesen de otras regiones, la ciudad de Guadalajara ha sido la base práctica y simbólica del auge del narco en México. Nadie lo demostró tanto como el El Mencho.
Mario, vecino del municipio de Tlaquepaque, en Guadalajara, hace fila en una tortillería el lunes en la tarde. “Son compras de pánico”, dice, ante una cola kilométrica.
El domingo, las autoridades mataron a “El Mencho”, el narco más buscado del país, y en represalia su gente sitió la ciudad con bloqueos, quemas y enfrentamientos.
Después de tres horas, con sus tortillas bajo el brazo, Mario explica: “Ayer la violencia estuvo muy cerca y hoy ya menos, pero el temor sigue y la gente se prepara para cualquier evento que pueda regresar”.
Él hizo la fila para las tortillas, una de sus hijas para el pollo, su esposa para las verduras.
La calma ha ido volviendo a la capital de Jalisco, el estado que da nombre al cartel que lideraba El Mencho: Cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero, según Mario, que como conductor de taxi conoce las calles y la gente de primera mano, “el temor persiste”.
“Este tipo de medidas (matar a un capo del narco) tal vez son necesarias, urgentes, pero los más golpeados somos la ciudadanía, los que trabajamos en la calle. Ya son 15 años de esto”.
15 años, tal vez más, en los que Guadalajara se convirtió en la capital del narco: allí donde lavan la mayor parte de sus ganancias, desaparecen más personas que en cualquier parte y controlan regiones enteras en las que montan centros de reclutamiento y entrenamiento militar.
“En casi todas las colonias de la zona metropolitana se han encontrado fosas de cuerpos, y se ha ejecutado y torturado gente”, asegura Mario. “Es muy triste lo que se ha vivido en nuestro estado”.
Capital del narco ascendente
A Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del Mundial de fútbol 2026, se le conoce como “la segunda ciudad de México” por muchas más razones que su población, cuyo número, entre 5 y 6 millones de habitantes, es el mismo que Monterrey.
Es la segunda ciudad, también, por historia, porque durante la Colonia y el siglo XIX se fundó allí un polo de poder, económico y cultural, tan fuerte como Ciudad de México.
En algún sentido es incluso la primera ciudad, porque de ahí sale la cultura mariachi, ranchera y tequilera que le dio fama al país.
Y en lo que al narco se refiere también: al ser el eje geográfico y económico de una vasta región cercana a Estados Unidos que incluye relevantes estados como Sinaloa, Guanajuato y Michoacán, los narcos hicieron de la capital jalisciense su base durante el auge de la industria en los años 80 y 90.
“Desde que tengo recuerdo esta ciudad está atravesada por el narco”, dice Verónica López García, una experimentada periodista cultural de la ciudad. “Primero fue su casa elegida, lo que nos dio una falsa seguridad, y luego nos convirtieron en un campo de guerra, en un territorio en disputa”.
Lo que ocurrió el domingo por la caída de El Mencho no fue la primera vez que la ciudad vive una ola de violencia, aunque sí una de las más graves.
Entre los ejemplos en la memoria de los tapatíos están el Rancho Aguirre, un centro de entrenamiento paramilitar encontrado a 30 kilómetros el año pasado; o la cifra de desaparecidos, que en Jalisco registra cerca de 16.000; o las veces que aparecieron cuerpos colgados de un puente; o la muerte del arzobispo en un tiroteo entre bandas del narco en 1993.
En 1985 ocurrió un caso clave: el narco mató a Enrique “Kike” Camarena, un agente mexicano-estadounidense de la DEA (Administración de Control de Drogas) que estaba investigándolo.
Un golpe de poder con el que el narco, en ese entonces en manos del Cartel de Guadalajara, quiso mostrar su poderío en una ciudad donde hasta entonces había mantenido el bajo perfil.
La llegada agria a la modernidad
En estas tres décadas Guadalajara vivió un boom inmobiliario y reemplazó su vocación industrial por una economía de los servicios y la tecnología, y en ambos procesos el narco tuvo cierta participación.
El Mencho no solo traficó metanfetamina y fentanilo, sino que construyó un imperio criminal con sofisticadas operaciones de lavado de activos y extorsión.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. estima que ocho de cada 10 negocios utilizados para lavar dinero en México ocurren en Jalisco y que 106 de 136 empresas ligadas al lavado de dinero están allí.
También calcula que el 80% de las empresas dedicadas al lavado en México están relacionadas con el CJNG.
Es difícil que esto ocurriera sin la complicidad de élites gobernantes.
En el caso Camarena se comprobó que oficiales estatales omitieron importantes detalles y encubrieron a algunos de los acusados. Con frecuencia surgen casos de policías destituidos por colusión con el narco. Al alcalde del emblemático municipio de Tequila lo arrestaron por lo mismo.
Jalisco es uno de los estados con mayor impunidad del país: la tasa de casos no resueltos por el poder judicial es, según un estudio de la Universidad de Guadalajara, del 99%.
El narco convertido en cultura
De muchas maneras, Guadalajara no fue tomada por el narco: fue cedida. Los narcos se volvieron parte de la sociedad. Sus hijos entraron a los colegios.
Surgieron lujosos barrios y centros comerciales que hasta el más ingenuo de los tapatíos ve como parte del fenómeno narco.
Surgió una cultura con manifestaciones musicales, estéticas, incluso aspiracionales que para muchos en Jalisco era la única vida posible: la “cultura buchona”, esa estética y estilo de vida ostentosos que traspasaron las fronteras del narco.
“Cuando estaba en la preparatoria, a finales de los 80, vi los primeros indicios de esto, de gente con autos de lujo, que iban a Puerto Vallarta de vacaciones”, dice López García.
“Eventualmente decidí no ser parte, no ir a tal fiesta, así quisiera, porque sabía que algún vínculo con el narco tenía”.
Pero no todos tienen la posibilidad de tomar esa decisión, advierte Verónica: “O porque es la única solución económica, o porque es lo que te exige la cultura, hay mucha gente, muchos chavos, que lo asumieron como parte del paisaje”.
En una región desigual donde el trabajo informal es la norma, tranzar con el narco fue la única opción para muchos campesinos, pequeños emprendedores o jóvenes deseosos de surgir.
“Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, dice un corrido dedicado a El Mencho.
Las cuatro letras son las del CJNG y la canción es una oda al líder: “Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense”.
El líder cuya muerte revivió el trauma histórico de Guadalajara, la ciudad que el narco convirtió en su casa.
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