La declaración de los cárteles como terroristas puede reducir el flujo de armas a México
Uno de los factores que incide en mayor medida en la violencia en México es la cantidad de armas de fuego que se encuentran ilegalmente en el país que, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se ubica entre los 15 y los 24 millones de armas.
La mayoría de estas armas se produjeron en los Estados Unidos, se compraron de forma legal en dicho país y se trafican a México por nuestra frontera norte. De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), cada año entran de forma ilegal a México 200 mil armas de fuego.
De hecho, de las más de 24 mil solicitudes de rastreo de armas que el Gobierno de México le hizo a la ATF, el 65 % corresponden a armas que con certeza fueron fabricadas en los Estados Unidos o importadas legalmente a dicho país y, de la mismas, en el 50 % de los casos se pudo localizar las tiendas en donde fueron adquiridas legalmente: en su inmensa mayoría se encuentran en California, Texas, Arizona y Nuevo México.
Debido a lo anterior y bajo la lógica de la corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas, el Gobierno de México ha solicitado al de los Estados Unidos que tome acciones efectivas en contra del tráfico de armas de dicho país al nuestro, e incluso ha presentado acciones legales en contra de las principales compañías de fabricación de armas de aquel país.
Cabe resaltar que si bien las autoridades de los Estados Unidos no han desconocido el problema, lo cierto es que hasta el momento tampoco han tomado acciones contundentes para frenar el tráfico de armas. Ya que la mayoría de las armerías que vendieron las armas que fueron utilizadas en México para cometer asesinatos, continúan abiertas y sin sanciones.
Sin embargo, el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos -a través de una orden ejecutiva- haya declarado a 6 grupos criminales de México como organizaciones terroristas podría tener un efecto favorable no planeado: reducir el flujo de armas a nuestro país.
Para entenderlo de una mejor manera, imaginemos la ruta que siguen las armas a nuestro país. Por ejemplo, un operador del Cártel de Sinaloa desea enviar armas a México, digamos que elige concentrar sus esfuerzos en Tucson, Arizona, primero porque está cerca de la frontera y segundo porque Arizona es uno de los estados con la legislación más laxa en la venta de armas, ya que no se exige que los vendedores lleven un registro de las personas que las compran y basta con que las mismas tengan 21 años y no cuenten con antecedentes penales para poder adquirirlas.
De tal manera que el emisario solo tiene que convencer a ciudadanos de dicho estado que vayan a una armería, compren un arma, se la vendan a un precio mayor y él las entregue a otro ciudadano norteamericano para que las conduzca a Nogales, Sonora, que está a menos de hora y media, y se las dé a otro operador del Cártel de Sinaloa para que las ingrese a México.
Si utiliza un auto estadounidense, conducido por un ciudadano de dicho país, es poco probable que su vehículo sea revisado en la frontera con México y tampoco tenemos escáneres en los pasos fronterizos para detectar armas, por lo que casi siempre el tráfico de armas tiene éxito.
Bajo este modus operandi parece que la lucha en contra del tráfico de armas está perdida. Porque por un lado el Gobierno de los Estados Unidos muestra poco interés por regular y controlar la venta de armas, así como su internamiento a México, y por otro las autoridades de nuestro país no tienen la capacidad ni la tecnología para evitar su ingreso por nuestras fronteras.
Pero precisamente la declaratoria como organizaciones terroristas de los cárteles de la droga le acaba de dar a México el argumento perfecto para presionar a los Estados Unidos para atender el problema, y lo mejor del caso es que lo puede hacer usando la propia legislación norteamericana.
De acuerdo con la Ley Patriota expedida en 2001 en los Estados Unidos, cualquier empresa, persona u organización que colabore, ayude o provea insumos a organizaciones terroristas, puede ser considerada como parte de la misma red y ser sujeta a investigaciones y a sanciones fuertes.
De tal forma que si el Gobierno de México descubre que las armas que utilizó el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación o cualquiera de los otros 4 señalados como terroristas fueron compradas en un conjunto de armerías en Arizona, podría exigir al Gobierno de los Estados Unidos que aplique la Ley Patriota en contra de dichas armerías por proveer armas a organizaciones terroristas.
El no actuar en contra de las armerías podría leerse como una falta de compromiso del Gobierno de los Estados Unidos para combatir el terrorismo, por lo que la iniciativa de Trump terminaría paradójicamente siendo benéfica para México.
También en el mediano plazo esto propiciaría un proceso de auto regulación en las armerías, es decir, con tal de evitarse problemas y poder responder ante investigaciones por terrorismo, las mismas comenzarían a llevar registros, incluso a guardar imágenes de sus clientes, para aportar información de los mismos y no asumir la responsabilidad directa de los actos, lo que permitiría a las autoridades de los Estados Unidos desarticular las redes de contrabando de armas hacia México.
Por ello, lo que México debe hacer ahora es construir un entramado de argumentación lo suficientemente robusto, con base en la legislación de Estados Unidos y de los instrumentos internacionales en materia de terrorismo, para empujar las acciones legales en contra de cualquier establecimiento o persona que haya vendido o comprado un arma que termine ilegalmente en México.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Contacto: [email protected].
Fue uno de los rostros más visibles de las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza.
Fue uno de los rostros más destacados de las acampadas de estudiantes en Estados Unidos que protestaron el año pasado por la guerra de Gaza, y ahora se enfrenta a una posible deportación.
Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, en Nueva York, se ha convertido en la primera víctima de la nueva política del presidente Donald Trump, que prometió acabar con las protestas estudiantiles y amenazó con deportar a los estudiantes extranjeros que fueran “simpatizantes de los terroristas”.
“Es la primera detención de muchas que vendrán”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, y acusó a Khalil de ser un “estudiante radical pro-Hamás”.
Khalil, refugiado palestino criado en Siria, fue detenido este fin de semana por Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según informó su abogada, Amy Greer.
Los agentes se presentaron en su casa, una vivienda propiedad de la universidad, cuando Khalil y su esposa acababan de regresar de una cena de Ramadán, y allí le comunicaron que su visado de estudiante había sido revocado y se lo llevaron arrestado.
El intento de deportación ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal, que estudiará el caso en una audiencia de emergencia este miércoles, en la que está previsto que comparezca Khalil.
El universitario, estudiante de posgrado en la escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, está casado con una mujer estadounidense, que además está embarazada de 8 meses, y cuenta con un permiso de residencia (green card) que, según dijeron los funcionarios de inmigración a su abogada, también había sido revocado.
“Un preso político en Estados Unidos”
Columbia fue el año pasado el epicentro de las protestas estudiantiles propalestinas que tuvieron lugar en todo el país contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel, y Khalil fue el principal negociador de la acampada en el campus universitario de Manhattan.
Su arresto ha desatado la indignación entre grupos de derechos humanos en EE.UU. y entre la comunidad universitaria.
La presidenta de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, calificó la deportación de Khalil de “represalia selectiva y ataque extremo a la Primera Enmienda”.
También se ha mostrado “extremadamente preocupada” la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está siguiendo el caso.
Cerca de un millar de manifestantes con banderas palestinas se congregaron este lunes en Manhattan para pedir la liberación de Khalil y condenar las acciones de la nueva administración de Trump. Al menos una persona fue detenida.
“Ahora nos enfrentamos a la horrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en preso político aquí en Estados Unidos”, declaró Michael Thaddeus, profesor de esta universidad neoyorquina.
“Es un momento funesto para la historia de Estados Unidos”, afirmó Thaddeus en una rueda de prensa con otros 50 docentes. “No debemos avanzar ni un paso más por este camino autoritario”.
El caso de Mahmoud Khalil “parece una clara persecución de activistas, y sienta un precedente muy, muy peligroso”, dijo a AFP Tobi, un manifestante de 42 años que no quiso dar su apellido por miedo a represalias, y que calificó el caso como “un secuestro”.
Sin cargos
“Revocaremos los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados”, publicó este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.
La abogada de Mahmoud Khalil, Amy Greer, afirmó que lo ocurrido a su cliente es un “terrible e inexcusable -y calculado- error”, y calificó su detención como parte de “la represión abierta del gobierno estadounidense contra el activismo estudiantil y la expresión política”.
Khalil, que no ha sido acusado de ningún delito, fue internado en un primer momento en un centro de inmigración de Nueva Jersey, antes de trasladarlo a un centro de detención de Jena, Luisiana, según los registros del ICE.
Su abogada asegura que el ICE también amenazó con detener a su esposa, una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses. Cuando intentó visitarlo en Nueva Jersey, los funcionarios le dijeron que no estaba allí.
Según la Universidad de Columbia, las fuerzas del orden pueden entrar en las instalaciones del campus con una orden judicial, pero negó que la dirección de la universidad hubiera invitado a agentes del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional puede revocar un permiso de residencia e iniciar los procedimientos de deportación contra sus titulares por una amplia gama de actividades delictivas, como el apoyo a un grupo terrorista.
Pero expertos jurídicos explicaron a la agencia de noticias AP que la detención de un residente permanente legal que no ha sido acusado de ningún delito “constituye una medida extraordinaria con un fundamento jurídico incierto”.
Según Camille Mackler, fundadora de Immigrant ARC, una coalición que ofrece servicios legales en Nueva York, “esto parece una represalia contra alguien que expresó una opinión que no le gustó a la administración Trump”, según publica AP.
Khalil tuvo un papel relevante como negociador entre la gerencia de la universidad y los estudiantes que instalaron el pasado verano un gran campamento de protesta en los jardines del campus.
Algunos estudiantes llegaron incluso a hacerse con el control de uno de los edificios de la universidad durante varias horas, antes de que la policía entrara en el campus para detenerlos. Khalil no estaba, sin embargo, en ese grupo.
Después de este incidente, Mahmoud Khalil contó a la BBC que había sido suspendido temporalmente por la universidad.
Recortes a la universidad
La detención de Khalil se produce después de que el presidente estadounidense emitiera en enero una orden ejecutiva en la que advertía de que se deportaría a cualquier persona implicada en “protestas proyihadistas” y a “todos los simpatizantes de Hamás en campus universitarios”.
Algunos estudiantes judíos de la universidad habían denunciado que los discursos en estas protestas rayaban a veces el antisemitismo, aunque otros se unieron a las manifestaciones propalestinas.
El nuevo gobierno de Trump ha acusado a la Universidad de Columbia de no combatir el antisemitismo en el campus, y la semana pasada decidió rescindir una partida de US$400 millones en subvenciones federales a la institución universitaria.
La cancelación de estos fondos “tendrá un impacto inmediato en la investigación y otras funciones críticas de la universidad”, anunció en un correo electrónico a todo el campus el pasado viernes la presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong.
Carly, estudiante de posgrado en Columbia, judía, estadounidense y amiga de Khalil, declaró a la BBC que el detenido es “un ser muy, muy compasivo”.
“Ha sido objeto de muchos ataques en internet, y para alguien que lo conoce a nivel personal es muy doloroso ver cómo lo han tergiversado”, dijo Carly, que se negó a compartir su apellido por razones de privacidad.
En declaraciones a Fox News, el zar de las fronteras de Trump, Tom Homan, alegó que Khalil había violado las condiciones de su visado al “cerrar edificios y destruir propiedades”.
*Con reportería de Madeline Halpert, Rachel Looker, Nomia Iqbal y Nada Tawfik.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- 4 claves para entender las masivas protestas en las universidades de EE.UU. en contra de la guerra de Israel en Gaza
- “Protestan por Gaza como en su día hicieron por Vietnam”: cómo el campus de la UCLA en Los Ángeles refleja la tensión que genera en EE.UU. el conflicto entre israelíes y palestinos
- “Estamos en una era dominada por formas extremas de crueldad, que además no están ocultas y se reciben con cierto nivel de alegría”
