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Blindaje e integridad electoral
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Blindaje e integridad electoral
Proteger el dinero público del uso electoral con vedas de 40 días o incluso dos o tres meses de anticipación a la fecha de la elección resulta más una aspirina que una efectiva coraza, pues el uso ilegal de éstos recursos sólo podrá detenerse cuidando todos y cada uno de los eslabones de la cadena de gasto.
12 de marzo, 2015
Por: Nicolás Loza

La semana antepasada, autoridades del gobierno federal suscribieron con el Instituto Nacional Electoral (INE) un acuerdo para evitar el uso electoral de los programas sociales. El Programa de blindaje electoral (PBE) “está diseñado para proteger los recursos públicos de los programas sociales del Gobierno de la República y evitar que sean utilizados con fines políticos o electorales” (SEDESOL, 2015). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a propósito de la regulación que aplicará a su programa de empleo temporal, describe al blindaje como “el conjunto de acciones y determinaciones realizadas desde la esfera gubernamental para prevenir que los recursos públicos y los programas sociales se usen con fines políticos y electorales, garantizando que éstos se ejerzan y destinen de manera transparente y con responsabilidad” (SCT, 2015).

El programa se dirige a tres grupos de población: los funcionarios públicos, por un lado, que deben capacitarse sobre los delitos electorales en que pueden incurrir al realizar su trabajo; en segundo lugar los beneficiarios de programas sociales a los que debe informársele de sus derechos así como de las prácticas de gobierno que podrían configurar un delito electoral y, finalmente, a la población en general que debe sensibilizarse para que reconozca las prácticas del gobierno que podrían ser delitos electorales.

Las acciones anunciadas son la reprogramación de entregas en dinero, especie u obras de los beneficios de programas sociales, de tal forma que la última entrega será 40 días antes de la fecha de la elección para después suspenderse temporalmente; por su parte, la propaganda oficial también se suspenderá a partir del inicio de campañas o cuando aplique, incluso desde las pre o inter campañas; finalmente, deberá retirarse de circulación todo el parque vehicular oficial el día de la elección y desde 48 horas antes.

[contextly_sidebar id=”949J8NLW9nqq2UqKIZJS6QjVt9B6kBmS”]La metáfora del blindaje es tan atractiva que se ha empleado en distintos procesos electorales y para diferentes aspectos de su organización. Apenas en noviembre pasado, los partidos políticos negociaban un acuerdo para blindar a las elecciones de la acción del crimen organizado, mismo que introduciría “métodos de control de confianza a los 24,000 candidatos (…) mecanismos de consulta ciudadana (vía web) que aporten información sobre posibles nexos de candidatos con la delincuencia organizada (…) [y] un grupo de expertos” (Reyes 2013). En las elecciones de 2012 y 2009, los blindajes del INE refirieron tanto a la capacitación de funcionarios de casilla y a la instalación de éstas últimas para evitar que la inseguridad vulnerara el proceso, como al hackeo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Valdés, 2015).

Esta multiplicidad de iniciativas para proteger las elecciones nos plantea esclarecer qué tipo de prácticas son las que más dañan la integridad de nuestras elecciones. De acuerdo a la evaluación que en FLACSO hicimos con expertos en 32 estados de la República para el ciclo de elecciones de gobernador que fue de 2001 a 2012 (Loza y Méndez, 2014), las prácticas negativas que más se presentaron durante éstas contiendas fueron, en un primer nivel de frecuencia, la injerencia electoral de los gobernadores aprovechándose de la ausencia de controles y contrapesos efectivos (ver imagen 1), por un lado, y el uso de recursos públicos para beneficiar al candidato oficial por el otro. En un segundo nivel de incidencia figuraron el sesgo de la cobertura noticiosa por televisión, las tradicionales prácticas de defraudación electoral de partidos y candidatos, así como la parcialidad de las autoridades electorales administrativas en los estados. En un tercer nivel de frecuencia aparecía la intervención del crimen organizado, pero en este caso con una distribución muy desigual en el país, es decir, con estados en que esta presencia es el principal peligro para las elecciones, y en otros donde prácticamente está ausente.

A la luz de esta ordenación de factores, integrar los consejos generales de los órganos de administración electorales locales desde el INE limita la influencia de los gobernadores en tanto que el blindaje electoral de programas sociales parece una acción necesaria en la esfera local y federal. Sin embargo, proteger el dinero público del uso electoral con vedas de 40 días o incluso dos o tres meses de anticipación a la fecha de la elección resulta más una aspirina que una efectiva coraza, pues el uso ilegal de éstos recursos sólo podrá detenerse cuidando todos y cada uno de los eslabones de la cadena de gasto, es decir, desde la elaboración del presupuesto, pasando por su distribución (montos y fechas), su eventual re etiquetación (por recortes, ingresos adicionales, contingencias), su ejercicio (otra vez, montos y tiempos, pero sobre todo información y transparencia), su fiscalización y auditoria final, hasta las consecuencias (políticas y legales) de su indebido uso.

México 2001-2012, elecciones de gobernador: prácticas contra la integridad del proceso (evaluación de expertos en las 32 entidades del país)

Elaboración propia con datos de la Eepemex 2014
Elaboración propia con datos de la Eepemex 2014

A un grupo de expertos en política local de cada estado (académicos en instituciones de educación superior e investigación, en el SNI de preferencia) se les pidió evaluar qué tan extendidas estuvieron algunas prácticas de defraudación electoral: el valor más alto pudo ser tres (muy extendidas) y el más bajo, cero (ausentes). En el caso del órgano de administración electoral (el OAE) la métrica fue la inversa: si fue muy imparcial, el valor fue cero, si no fue imparcial, el valor fue tres.

 

Nicolás Loza (@NiLoOt) es Profesor e investigador de la FLACSO México. E-mail: [email protected]

 

 

Referencias

Nicolás Loza e Irma Méndez (2014). Encuesta a expertos en política estatal. FLACSO / PNUD (consultada el 3 de marzo de 2015).

Juan José Reyes (2013) “Blindaje electoral, ahora más complejo”. El economista (consultado 3 de marzo de 2015)

Sedesol (2015) Programa de blindaje electoral de los programas sociales (consultado el 3 de marzo de 2015)

SCT (2015) Programa de empleo temporal. Blindaje electoral (consultado el 3 de marzo de 2015)

Leonardo Valdés (2015) “Blindaje electoral”. Comunicación oral en el Primer congreso de derecho electoral, Puebla, Puebla, 3 de marzo.

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