Basta de usar la economía circular como disfraz
Es entendible que cada vez que se anuncia una nueva iniciativa ambiental nos emocione, porque como sociedad lo que queremos es avanzar hacia un país que respete la vida, que proteja la biodiversidad y la salud de las personas.
Sin embargo, no hay que dejarnos engañar. Muy a menudo la industria copta las narrativas y los mensajes de las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y pueblos que defienden sus territorios, y las usan para el beneficio de sus propios intereses.
Este es el caso de la Ley General de Economía Circular, que demuestra que no siempre lo que se viste de verde es realmente en beneficio ambiental y de la sociedad.
Esta ley -que está siendo impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y creada muy de la mano con la industria- más que una solución es una estrategia para mantener el modelo económico que está destruyendo nuestros ecosistemas, pero ahora con un lenguaje que tranquiliza conciencias.
Esta iniciativa de ley presentada por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, está siendo aprobada de manera discrecional y expedita, sin ser discutida y socializada con los diferentes sectores de la población y levantando profundas preocupaciones de los riesgos que conlleva una ley así.
La misma Semarnat, la institución que debería ser la principal defensora ambiental en México, elaboró la ley en diálogo estrecho con el sector privado, mientras dejó fuera a la sociedad civil y a las comunidades que enfrentan a diario los impactos de la contaminación. Este origen ya es, en sí mismo, un síntoma preocupante. Pero lo peor es el contenido, una ley que se anuncia como ambiental y que de manera contraria privilegia criterios económicos y extractivos en lugar de priorizar la prevención, la salud y la conservación.
Esta iniciativa no nació de un proceso abierto, transparente o incluyente y se nota. Uno de los puntos más críticos es que la ley se enfoca en la “termovalorización o quema de residuos”, a pesar de los daños documentados que estas prácticas causan en la salud de las comunidades cercanas.
Y, quizás lo más alarmante, en la ley no se aborda el tema de salud. En un país en donde miles de personas viven junto a tiraderos a cielo abierto, vertederos clandestinos y plantas que emiten tóxicos peligrosos, borrar la dimensión de salud es una irresponsabilidad grave.
En la ley también aparecen las auditorías ambientales voluntarias, un instrumento que podría ser valioso, pero que en este contexto se convierte en una vía fácil para el greenwashing. Permitir que las empresas se auditen ellas solas, obtengan beneficios regulatorios y además reciban reconocimiento público es repetir un error que ya hemos visto.
En la economía circular real, el objetivo principal es reducir al mínimo la producción de residuos y cambiar la forma en que producimos y consumimos. Aquí ocurre lo contrario, se normaliza la idea de que seguir generando residuos es inevitable y que basta con buscar maneras de sacarles provecho económico. Esto no solo distorsiona el concepto de economía circular, sino que además perpetúa un modelo que ha demostrado ser insostenible. A esto se suma que el diseño circular solo será obligatorio si resulta “ambiental, técnica y económicamente viable”, fórmula que en la práctica puede justificar casi cualquier excepción. Así, conceptos fundamentales como durabilidad, reutilización o reparabilidad quedan subordinados al criterio de rentabilidad.
Es difícil comprender cómo la Semarnat, cuya razón de ser es proteger los ecosistemas y la salud pública, puede impulsar una ley que, en varios aspectos, debilita lo que ya existe. La iniciativa incluso modifica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para incluir principios que favorecen la termovalorización por encima de la prevención, lo cual la empeora.
Lo que México necesita no es una economía circular de discurso, sino una transformación real del sistema actual; necesitamos políticas que reduzcan la producción de residuos, que obliguen a las empresas a diseñar productos durables y reparables, que limiten la obsolescencia programada y que incorporen la salud de las personas como un criterio esencial, no como un detalle opcional. Lamentablemente, esta ley no avanza en esa dirección. Más bien consolida el “status quo” disfrazado de innovación verde.
Hoy, más que preguntarnos qué ley vamos a tener, debemos preguntarnos de qué lado estamos. ¿Del lado de quienes buscan proteger la vida, la salud y los territorios? ¿O del lado de quienes ven en la crisis ambiental una oportunidad para seguir haciendo negocio? La economía circular no puede ser un adorno retórico. Debe ser una ruta de cambio profundo. Y mientras sigamos aprobando leyes que no se atreven a cuestionar el modelo productivo que nos trajo hasta aquí, estaremos renunciando a la posibilidad de construir un futuro verdaderamente sostenible.
* Viridiana Lázaro es Campañista de Océanos Sin Plásticos en Greenpeace México. Bióloga por la UNAM y Maestra en Cambio Climático y Sustentabilidad por la Universidad de Glasgow en Escocia. Viridiana trabajó en Circular Economy Lab en Dinamarca temas de Economía Circular y en la Organización Sustrans en Edimburgo, donde estudió temas de movilidad activa y proyecciones climáticas para aumentar la resiliencia. Durante 5 años Viridiana coordinó temas de Cambio Climático y Agricultura en Greenpeace México, trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.
La estructura construida sobre el sarcófago que cubre el reactor que explotó en 1986 resultó dañada tras un ataque que Ucrania atribuye a Rusia.
El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.
Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido “sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento”.
En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.
La OIEA afirmó que las reparaciones eran “esenciales” para “prevenir una mayor degradación” del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith le dijo a la BBC que “no es algo por lo que debamos entrar en pánico”.
El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo.
Sin embargo, añadió que “el riesgo es bajo” porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso “sarcófago” de hormigón cubierto por el escudo protector.
La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa.
En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.
El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes 100 años.
La OIEA informó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones.
El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.
Los inspectores indicaron que no se produjeron daños permanentes en las estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo de la cubierta, y que se habían realizado algunas reparaciones en el techo.
Sin embargo, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró: “Una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.
Desde principios de diciembre, el organismo de control nuclear de la ONU ha estado evaluando la infraestructura energética de Ucrania mientras el país continúa defendiéndose de Rusia.
Rusia lanzó ataques aéreos nocturnos contra la ciudad de Kremenchuk, un importante centro industrial en el centro de Ucrania.
Además de evaluar Chernóbil, la OIEA ha estado inspeccionando las subestaciones eléctricas vinculadas a la seguridad nuclear.
“Son absolutamente indispensables para suministrar la electricidad que todas las centrales nucleares necesitan para la refrigeración de los reactores y otros sistemas de seguridad”, declaró Grossi.
“También son necesarias para distribuir la electricidad que producen a los hogares y la industria”, agregó.
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