Aquí nos enfermamos dos veces, Lola
Tras un desmayo, a Lola la llevaron a una consulta médica y le dijeron que era diabética, aunque nadie se lo explicó del todo. El médico habló rápido, mirando la pantalla más que a su cara, y escribió una receta que ella guardó con cuidado abrazando su bolsa, como si fuera un documento frágil.
“Tiene que regresar en un mes”, le dijo.
No le explicó por qué, ni qué pasaba si no regresaba. Lola asintió, porque aprendió hace tiempo que en los consultorios ella asiente aunque no entienda.
Durante demasiado tiempo, el sistema de salud ha funcionado bajo un orden de diferencias que se naturalizó hasta volverse invisible. No se trataba de una diversidad creativa ni de una adaptación virtuosa a los territorios, sino de una variabilidad clínica injustificada: cada estado, cada consultorio, atendía a su población según criterios propios, como si la salud fuera un asunto local o un milagro y no un derecho compartido.
De esa disparidad surgió un sistema incapaz de garantizar salud a todas las personas en todos los lugares. Las diferencias en diagnóstico, tratamiento, referencia y seguimiento no fueron accidentes: fueron consecuencias previsibles de un modelo que toleró —y en muchos casos administró— la desigualdad. Factores institucionales, administrativos, económicos, organizativos y geográficos se convirtieron en filtros que decidían quién accedía a una atención oportuna y digna, y quién quedaba atrapado en la espera, la demora o el abandono. Incluso bajo la promesa de cobertura universal, la calidad de la atención siguió estando distribuida de manera profundamente desigual. Y cuando la salud depende del lugar donde se nace, del ingreso que se tiene o del territorio que se habita, deja de ser un derecho y se vuelve una palabra vacía.
Transformar el sistema de salud no es ajustar lo existente; es abandonar un modelo que normalizó la desigualdad. Avanzar hacia un sistema público integrado, comunitario y centrado en las personas no es una consigna: es la condición mínima para que el derecho a la salud deje de ser una promesa incumplida.
Es una verdad incómoda: el sistema no solo reprodujo las desigualdades sociales existentes: las amplificó, las institucionalizó y las volvió rutina.
La vida de Lola se organizó alrededor de las clínicas. Se levantaba de madrugada para alcanzar ficha, desayunaba poco por miedo a que el azúcar se le subiera antes del estudio, y llevaba siempre un cuaderno donde anotaba lo que creía importante: fechas, nombres de medicinas, indicaciones incompletas. Cada consulta era distinta, aunque la enfermedad fuera la misma. Un médico le cambiaba el tratamiento, otro se lo regresaba. Uno le pedía estudios que no estaban disponibles ahí; otro le decía que los resultados “no habían llegado”. Nadie parecía ver el proceso completo, solo el fragmento que tocaba ese día.
Mientras se la repartían, Lola reaprendía a medir el tiempo por frascos de insulina. Antes, los años pasaban por calendarios, los bautizos de sus nietos, los partidos de futbol, pero desde que la diabetes llegó a su vida, el tiempo se volvió un trámite: filas, recetas médicas, medicamentos que vencían, médicos que cambiaban como cambian los gobiernos, viajes interminables a clínicas que parecían existir solo para recordarle que su cuerpo pertenecía a una jurisdicción equivocada.
La glucosa de Lola no obedecía a la burocracia de un sistema fragmentado: cada consulta un episodio aislado, sin memoria y sin continuidad. Lola lo vivía en el cuerpo cuando tenía que repetir su historia clínica una y otra vez, como si su enfermedad empezara de nuevo en cada escritorio.
“¿Desde cuándo es diabética?”, le preguntaban siempre. Ella respondía con la fecha aproximada, aunque sabía que la verdadera pregunta era otra: ¿a quién le corresponde hacerse cargo de usted?
Cuando necesitó insulina, le explicaron que debía ir a otra unidad. Tomó dos camiones y cuando llegó a la farmacia le dijeron que ese mes no había medicamento. “Regrese la próxima semana”. La próxima semana tampoco hubo. Nadie se hacía responsable del vacío entre la indicación médica y la realidad de Lola. El sistema había cumplido su parte —diagnóstico, receta, medicina—, pero había abandonado el cuidado de la persona.
Para Lola, eso significaba decidir entre comprar el medicamento o pagar el gas. Para el sistema, era solo un problema administrativo. Lola hacía pambazos, gorditas y quesadillas en una esquina transitada los fines de semana. Ella no sabía de desigualdad estructural, ni de asimetrías de gobernanza, ni de voluntades políticas. Pero con el tiempo, empezó a notar que otras personas vivían algo parecido. En las filas mañaneras, en las salas de espera, en ventanillas de farmacias, se compartían historias: a quién le tocaba médico nuevo cada tres meses, a quién le habían pedido estudios imposibles, a quién le habían detectado complicaciones que se pudieron evitar. Así aprendió que la desigualdad no era individual, sino estructural. Que no se trataba de errores aislados, sino de un orden que aceptaba que la calidad de la atención dependiera del lugar, del turno, del presupuesto disponible. Esa desigualdad no fue un accidente técnico: fue una decisión política que se volvió rutina.
Cuando le apareció una herida en el pie, la enviaron al hospital. Ahí la atendieron especialistas que sabían mucho del órgano, pero poco de su vida. Nadie preguntó si podía regresar sola a las curaciones, si entendía cómo cuidar la herida en casa, si tenía con qué alimentarse como le indicaban. El hospital resolvía la urgencia, pero la vida quedaba fuera del expediente.
Ese es uno de los silencios del progreso médico: más tecnología, más especialización, pero menos mirada integral. Lola era tratada por partes —la glucosa, el pie, la presión—, pero nadie parecía responsable de su salud como totalidad. El sistema sabía mucho de enfermedades, pero poco de personas; veía a la enfermedad, pero nunca a Lola: su camino, su vida, sus manos con gajos de masa seca, su trabajo informal, su esposo alcohólico, su trabajo doméstico, su hijo asesinado, sus cuidados, su olvido. Para Lola, más ciencia no significó más justicia ni más progreso, más derechos. Para el sistema, el progreso significo más formas de dividirse a Lola.
La paradoja es brutal: más conocimiento, más tecnología, pero una distribución cada vez más injusta de sus beneficios. Los avances se concentraron donde ya había poder, mientras amplios sectores quedaron expuestos a enfermedades evitables que el propio “progreso” dejó de considerar prioritarias. El problema nunca fue la falta de ciencia, sino la falta de proyecto colectivo. Por eso la crisis del sistema de salud no es solo operativa ni financiera. Es una crisis ética y política porque no puede garantizar los derechos a Lola ni cuidar de comunidades.
Lola lo resumió en una frase cuando me dijo: “Estoy enferma dos veces: del cuerpo y del trámite”.
Un sistema de salud centrado en la comunidad no es una consigna abstracta: significa que la clínica conozca a la población que atiende, que sepa cuántas abuelas diabéticas hay, dónde viven, qué barreras enfrentan. Significa que el equipo de salud no espere a que la complicación llegue al hospital, sino que acompañe antes, prevenga, dé continuidad. Que el tratamiento no termine en la receta, sino en el acceso real al medicamento y en el seguimiento sostenido.
Trabajar hacia un sistema donde las clínicas y los hospitales sean lugares públicos vivos que se anticipen a los daños, acompañen la sanación, y cuenten con personal dedicado que conozca a la gente por su nombre, no es romanticismo político: es el Estado apareciendo donde antes no lo hacia.
Lola pensaría también en que no la traten distinto cada vez; que su día no dependa del humor del profesionista que le toque; que su atención no cambie por cruzar una calle o un límite estatal. Protocolos claros y obligatorios no son rigidez, son equidad. Son la forma en que el sistema dice, en la práctica, que todas las vidas valen lo mismo: que el sistema tenga memoria, responsabilidad y rostro; que pueda responder por la gente, no solo por metas cumplidas.
Lola murió sin jamás hablar de justicia sanitaria, pero la reclamó cada vez que esperó horas sin explicación, cada vez que regresó a casa sin medicamento, cada vez que nadie la llamó para saber cómo seguía. La transformación del sistema de salud es escuchar esas experiencias y convertirlas en política pública. Es dejar de administrar pedazos y empezar a cuidar vidas completas. Los derechos humanos, y más el derecho a la salud, no deben ser sugerencias educadas; deben ser herramientas de justicia capaces de ordenar el sistema desde la prosperidad compartida.
Porque al final, un sistema de salud se mide menos por sus documentos y números que por lo que le pasa a una abuela diabética un martes cualquiera. Y mientras eso no cambie, la desigualdad seguirá siendo rutina. Transformarlo es decidir, solidariamente, que la salud no sea un privilegio. Lola dejó una certeza que no cabe en ningún expediente: todos morimos, sí, pero enfermamos doblemente cuando la desigualdad es destino.
El sistema de salud no es únicamente un dispositivo técnico de asistencia. Es, ante todo, una declaración política y ética. Afirma que la salud de una nación no puede quedar subordinada a intereses ajenos ni fragmentada por la inercia del pasado. Es la capacidad de un pueblo para hacerse cargo de su bienestar, para decidir sobre sus cuerpos y sus comunidades, y para liberarse, colectivamente, de las cadenas de la desigualdad. Militar en estos tiempos no es gritar hacía la izquierda o hacía la derecha, es más bien asumir que la justicia no llegará sin “nosotras”, aquellas que se niegan a aceptar la desigualdad como destino de todas las Lolas.
* Nemer Naime es sociólogo.
Sobrevivió casi 13 años en el poder en uno de los momentos más delicados en la historia de Venezuela, hasta que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.
Nicolás Maduro sustituyó en 2013 como presidente de Venezuela al político latinoamericano más carismático del siglo XXI, Hugo Chávez, y sobrevivió por más de una década al frente de un países en crisis.
Resistió a la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, al éxodo de millones de venezolanos y a repetidas presiones de la oposición, organismos internacionales y otros países para ceder el poder ante denuncias de autoritarismo y erosión democrática.
No resistió, sin embargo, a una operación militar relámpago este sábado en la que fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa, Cilia Flores.
Su aprehensión y traslado a EE.UU. se produce meses después de que la administración de Donald Trump incrementara la presencia militar en el Caribe y advirtiera sobre un ataque contra el gobierno de Maduro, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, anunció en X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.
“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió.
Terminan así casi 13 años de Maduro en el poder, marcados por múltiples crisis y supervivencias constantes a momentos en que parecía estar en jaque.
Tras Hugo Chávez y el dictador Juan Vicente Gómez, quien murió en 1935, nadie, salvo Maduro, estuvo más años al frente de Venezuela.
Una historia turbulenta que arrancó el 8 de diciembre de 2012.
El elegido
Ese día, el mundo vio por última vez a Chávez, que iba y venía de La Habana a Caracas para tratarse un cáncer.
Tras meses de incertidumbre y ausencias, Chávez nombró a su sucesor en televisión.
“Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
El entonces vicepresidente Maduro, sentado a su izquierda, mostraba un gesto entre el temor y la preocupación. Chávez lo elegía. Y lo hacía porque el líder ya no sería más presidente. En marzo de 2013 fue Maduro el que anunció la muerte del comandante.
Chávez elogió a Maduro, al que conoció cuando estaba en la cárcel de Yare, donde cumplió dos años de condena tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
En sus visitas a la prisión el actual presidente también se encontró con Cilia Flores, que ejercía como una de las abogadas del comandante y que acabó convirtiéndose en su esposa y una figura silente a la que muchos atribuyeron una gran influencia en el gobierno.
De Maduro, Chávez alabó su “don de gentes” y lo llamó “un revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud”.
Entonces a sus 49 años, Maduro era un hombre de confianza que ya había sido presidente del Parlamento, canciller y vicepresidente.
A algunos sorprendió el nombramiento de Maduro como sucesor por delante del militar Diosdado Cabello, hoy ministro de Interior, y del poderoso expresidente de la estatal PDVSA Rafael Ramírez.
No fue una sorpresa para los que vieron el progresivo ascenso de Maduro y sus constantes viajes a La Habana a reunirse con el convaleciente Chávez.
Chávez vio en él al civil que debía continuar la revolución bolivariana. Un hombre pragmático, no un radical. Con capacidad de negociación y de cumplir tanto en un mitin político en la calle con ropa informal como en los despachos vestido de traje y corbata.
En 2018, cuando ganó unos comicios que revalidaron su primer mandato, un exfuncionario del gobierno le advirtió a BBC Mundo que a Maduro se le tendía a subestimar porque no estudió ni tiene un recorrido intelectual.
“Se tiende a pensar que es un bruto”, dijo esa fuente bajo condición de anonimato. Sus rivales de la oposición lo llamaban “Maburro”.
El menosprecio se convirtió en un arma a favor que el presidente utilizó prácticamente durante toda su presidencia, incluso cuando Trump le advertía una y otra vez sobre la proximidad de su fin y Maduro aparecía bailando en público y contestando al estadounidense, jocoso, que “war, no; peace, yes” (guerra, no; paz, sí”.
El presidente ante la crisis
Maduro anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013. Lideró el funeral y las jornadas de duelo. Y sin apenas tiempo, se embarcó en la campaña para la elección de abril, en la que se impuso por un estrecho margen a Henrique Capriles.
Muchos cantaron fraude, pero Maduro se instaló en Miraflores.
Su tarea era hercúlea: no sólo intentar suplir el carisma y la devoción de Chávez, sino afrontar un panorama económico muy diferente y que el propio comandante ya había atisbado.
En el gobierno de Chávez se pensaron propuestas macroeconómicas en un momento en el que los precios del petróleo iniciaban la desaceleración.
Al morir el comandante, la tarea de aplicar reformas, como la del sistema cambiario, quedó eventualmente en manos de Maduro.
Pero el excanciller, con un liderazgo mucho más débil que su antecesor y en el centro de varias facciones, no fue el reformista que prometió ser.
En 2014 se desplomaron los precios del petróleo y se detonó la terrible crisis que hasta hoy azota a los venezolanos.
Analistas criticaron entonces una inacción gubernamental en un momento crítico.
Durante su mandato, Maduro dejó importantes tareas de gestión a altos mandos del Ejército, a los que encomendó la importación de alimentos y productos básicos y hasta la dirección de la petrolera PDVSA, la fuente más robusta de ingresos del país.
La influencia de los uniformados no evitó, sin embargo, cierto descontento en los cuarteles, conspiraciones, ruido de sables y detenciones.
Desde aquellos años, Maduro pareció vivir permanentemente en el alambre.
La primera supervivencia
En 2015, la oposición logró una amplia mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde la llegada de Chávez al poder en 1999.
Con 107 escaños obtenidos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática frente a los 55 del gobernante PSUV, la alternativa estaba facultada para aprobar leyes y nombrar miembros de otros poderes públicos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rectores del Consejo Nacional Electoral o altos funcionarios como el Fiscal General de la República, sin tener que contar con votos del oficialismo.
Aquel revés electoral no encontró a Maduro y el oficialismo desprevenidos.
En las semanas festivas de diciembre previas a la instalación de la nueva AN en enero de 2016, Maduro nombró nuevos magistrados del TSJ, institución afín al gobierno desde la cual se bloquearía la posibilidad de que la AN ejerciera sus potestades constitucionales.
Entre otras medidas, el TSJ suspendió la toma de posesión de tres diputados indígenas -con los que la oposición alcanzaba su mayoría calificada- y, luego, declaró a la AN en desacato, dando así por inválidas todas sus decisiones.
Figuras emblemáticas del chavismo, como la entonces ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, rompieron con el gobierno, mientras el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de “autogolpe”.
Distintos gobiernos de la región como Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile cuestionaron en duros términos lo ocurrido.
Para octubre de 2016, el TSJ ya había emitido 27 sentencias que bloqueaban el trabajo del Legislativo.
Ese año, al cumplirse la mitad del periodo de gobierno de Maduro, se abría la posibilidad constitucional de convocar un referendo revocatorio para sacarlo del poder, pero estos esfuerzos de la oposición fueron bloqueados por los tribunales, que también impidieron los intentos de la AN de someter al mandatario a un juicio político.
En marzo de 2017, la oposición denunció un “golpe de Estado” y la “ruptura definitiva” del orden constitucional en el país después de que el TSJ emitiera una sentencia en la que básicamente se adjudicaba las facultades que le correspondían a la Asamblea Nacional, mientras esta se mantuviera en “desacato”.
Aunque el TSJ “corrigió” la sentencia en 72 horas, el malestar propició una oleada de protestas que se extendió por cuatro meses dejando unos 120 muertos.
El gobierno respondió con represión, pero también con sus propias manifestaciones multitudinarias.
Sin embargo, su arma más efectiva para desactivar a la oposición sería la convocatoria a unas elecciones regionales (ante las cuales la oposición se dividió) y una Asamblea Nacional Constituyente “plenipotenciaria” que le dio el control de un órgano legislativo que en teoría se encontraba por encima de los poderes constituidos.
Ambos comicios estuvieron marcados por señalamientos de fraude, incluyendo las denuncias de la empresa de software electoral Smartmatic que dijo que las cifras en la elección de la Constituyente habían sido manipuladas.
La represión, el cansancio por las protestas y la constatación de que el gobierno se mantenía inamovible ayudaron a Maduro a salir de este periodo convulso.
El año terminó con el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana que terminaría sin acuerdo en febrero de 2018.
Maduro contra Guaidó
En enero de 2019, Maduro se juramentó para un segundo mandato tras haber ganado las elecciones presidenciales de mayo de 2018, realizadas sin la participación de la mayor parte de la oposición y considerada como fraudulentas por EE.UU., la Unión Europea y más de una decena de países latinoamericanos.
Esa juramentación de Maduro disparó un proceso inédito: partiendo del principio de que las elecciones no eran válidas y de que Maduro no era un presidente legítimo, la oposición argumentó que había una vacante absoluta en la presidencia, por lo que decidió aplicar el artículo 233 de la Constitución.
Este señala que en estos casos el presidente de la Asamblea Nacional asumirá la presidencia de forma interina y convocará a elecciones en un periodo de 30 días.
El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó, presidente de la AN, se declaró como “presidente encargado” de Venezuela, fijándose como objetivos “el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.
Guaidó recibió el reconocimiento del gobierno de Trump en EE.UU. y, tras este, de decenas de países de Europa y América Latina hasta llegar a sumar más de medio centenar.
El reconocimiento del gobierno interino vino acompañado de una máxima presión que buscaba forzar un cambio en Venezuela. Trump impuso sanciones sobre la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos para el Estado.
La producción petrolera venezolana cayó drásticamente hasta ubicarse por debajo de los 500.000 barriles diarios, mientras el gobierno de Maduro perdió el control de millonarios activos que Venezuela tenía en el extranjero como la petrolera Citgo en EE.UU. o 30 toneladas de oro que el país tiene depositadas en el Banco de Inglaterra.
En la madrugada del 30 de abril de 2019, acompañado de un grupo de militares venezolanos y del dirigente opositor Leopoldo López, que acababa de ser liberado de su prisión domiciliaria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guaidó transmitió un mensaje desde los alrededores de la Base Aérea de La Carlota en Caracas en el que llamaba a los ciudadanos a salir a las calles.
Por unos instantes hubo la impresión de que algo podía ocurrir, pero luego quedó claro que los esfuerzos por lograr una fractura en el respaldo militar al gobierno de Maduro habían fracasado.
Incapaz de forzar ese quiebre, sin posibilidades reales de ejercer la presidencia interina que había reclamado para sí, y sometido de forma constante a la amenaza de detención, el gobierno temporal de Guaidó menguó lentamente.
Cuenta atrás
Desde el 28 de julio de 2024, varios acontecimientos marcaron una especie de cuenta atrás para Maduro en el poder.
Aunque el presidente fue declarado ganador de las elecciones presidencias por el CNE, bajo control oficialista, esos comicios fueron considerados como un hito por la oposición.
A diferencia del CNE, que se negó a presentar resultados detallados y auditables, la oposición divulgó más del 80% de las actas que mostraban como claro vencedor a su candidato, Edmundo González Urrutia.
Eso llevó a un consenso mayoritario entre las democracias occidentales de que la reelección de Maduro era fraudulenta y que González era el presidente legítimo.
Miles de venezolanos, incluso de barrios tradicionalmente chavistas, salieron a protestar a las calles. El gobierno reprimió y encarceló a más de 2.000 personas, según cifras oficiales.
Amenazado, González Urrutia se exilió en España, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado, tuvo que vivir más de un año en la clandestinidad, de la cual solo salió en diciembre de 2025 para recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
Presión militar
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 cambiaron las reglas del juego.
Con una estrategia de mano dura para combatir el narcotráfico en América Latina, la administración trumpista acusó a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización designada como terrorista por EE.UU. y que tendría su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Durante meses, EE.UU. desplegó lo que Trump llamó “la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” alrededor de Venezuela.
El despliegue incluye al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald S. Ford, buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y una fuerza de unos 15.000 efectivos.
Desde septiembre, esas fuerzas han estado atacando lanchas supuestamente cargadas de drogas, matando a al menos 110 personas.
Los ataques se encuentran bajo intenso escrutinio por parte del Congreso de EE.UUU y han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos, que los han calificado como “ejecuciones extrajudiciales”.
Días antes de la captura de Maduro, Roxanna Vigil, investigadora especializada en Seguridad Nacional del Council on Foreign Relations, le advertía a BBC Mundo que la presencia militar estadounidense en el Caribe reducía en gran medida las opciones de Maduro para negociar un acuerdo para solucionar esta crisis.
El gobierno de Maduro había movilizado a las fuerzas militares venezolanas y ordenado el despliegue de armas y medios tácticos, al tiempo que desarrolló una amplia campaña diplomática, contactando a gobiernos aliados como los de Rusia y Turquía, y solicitando la implicación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Había analistas que sospechaban que detrás de la campaña de Trump contra el narco en América Latina se ocultaba en realidad una estrategia para un cambio de régimen en Venezuela.
Lo que ya es seguro es que Maduro no seguirá al frente. El conductor de autobús elegido por Chávez para continuar su legado será juzgado en Nueva York tras una operación militar de EE.UU. que recuerda a la que posibilitó la captura del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá en enero de 1990.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
