Entre la amenaza externa y la deuda interna: México frente al discurso de Trump
“La soberanía no consiste en rechazar toda presión externa, sino en gobernarse con dignidad”.
Norberto Bobbio
Hablar de soberanía no es levantar la voz frente al extranjero, sino ejercer con responsabilidad el poder hacia adentro.
El reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que plantea la posibilidad de intervenir en México para combatir al crimen organizado, coloca al país frente a una verdad incómoda: la presión externa crece cuando la deuda interna se ignora.
Más que una amenaza aislada, el discurso del mandatario estadounidense expone las fisuras de un Estado que no ha logrado —o no ha querido— romper definitivamente con la impunidad.
La advertencia no fue ambigua. En una entrevista con Fox News, el 9 de enero de 2026, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses “comenzarán ahora a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, tras meses de operaciones navales, y sostuvo que estos grupos criminales “están controlando México”.
Trump no dirige sus palabras únicamente a los cárteles. Su mensaje apunta, de forma directa o velada, a las redes de protección política que han permitido que el crimen organizado opere durante décadas con altos niveles de tolerancia institucional.
Desde su lógica, el problema no se limita al tráfico de drogas, sino a la debilidad —y en algunos casos, complicidad— de las estructuras del poder público en México.
El contexto electoral en Estados Unidos es clave para entender el tono y el momento de estas declaraciones. Trump necesita proyectarse ante su electorado como un líder decidido, capaz de actuar donde otros han fallado. La seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la violencia asociada al narcotráfico se han convertido en ejes centrales de su discurso político. En ese marco, México aparece más como argumento electoral que como socio estratégico.
A diferencia de otros escenarios internacionales, una eventual intervención no sería abierta ni masiva. Todo indica que, de concretarse, sería focalizada: acciones dirigidas contra líderes de cárteles específicos y, eventualmente, contra actores políticos señalados por su colusión con estos grupos criminales.
Esta posibilidad no solo tensiona la relación bilateral, sino que deja al descubierto las fragilidades del Estado mexicano.
El verdadero dilema, sin embargo, no lleva el nombre de Trump. Es un dilema interno. ¿Permitirá México que una potencia extranjera marque la agenda de su seguridad nacional, o asumirá por fin la responsabilidad de sanear sus propias instituciones? La pregunta no es retórica: es política, histórica y profundamente ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión que marcará época. Puede optar por una reacción defensiva, escudada en el discurso de la soberanía, o puede tomar la iniciativa para desmontar el entramado de impunidad que ha permitido la expansión del crimen organizado.
De su respuesta dependerá no solo la relación con Estados Unidos, sino algo más delicado: la confianza de la sociedad en su propio Estado.
Los hechos hablan por sí solos. Décadas de violencia, más de cien mil homicidios por sexenio y regiones enteras donde la autoridad civil ha sido desplazada confirman que el crimen organizado no se sostiene únicamente por su poder de fuego, sino por su arraigo en estructuras políticas y administrativas. Sin corrupción ni protección institucional, su dominio sería inviable.
Desde una perspectiva ciudadana, este momento exige algo más que gestos simbólicos o arengas nacionalistas. Exige liderazgo, voluntad política y una visión de Estado que esté a la altura del daño acumulado.
Romper el pacto de impunidad implica investigar, sancionar y separar del poder a quienes han hecho de la política un refugio para el crimen. No hacerlo deja un vacío que otros, desde fuera, estarán dispuestos a llenar
México no necesita una intervención extranjera. Necesita una intervención ética desde dentro. Porque la soberanía no se defiende negando la realidad, sino transformándola. Y porque ningún país puede exigir respeto afuera si ha renunciado a la justicia adentro.
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. (@Iniciativa_pcd).
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Fuerza de estabilización
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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