En las últimas semanas se registraron tanto en Monterrey como en la Ciudad de México casos de contaminación de agua domiciliar, en pleno proceso electoral. Independientemente del factor causante de las contaminaciones hídricas, organizaciones de la sociedad civil nos hemos coordinado para la acción ante la falta de información sobre la calidad de agua que llega a nuestros hogares.
Por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, enviamos una petición pública el 24 de abril dirigida al Congreso de la Unión, y en especial al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y al senador Raúl Paz Alonzo, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Lo que exhortamos a que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se establezcan ‘obligaciones específicas’ a todos los más de 2,000 Organismos Operadores de Agua de México, tanto gubernamentales como privados, para transparentar los parámetros de calidad del agua que llega a nuestros domicilios a nivel colonia, con base a la “NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano”.
Descubrimos, por ejemplo, que la normativa relacionada, la “NOM-179-SSA1-2020” dicta a que estos organismos resguarden los resultados de los análisis de calidad del agua, pero no se les obliga a transparentarlos a la sociedad. Entonces, ¿dónde queda el principio de ‘máxima publicidad’ que establece la constitución en materia del derecho humano a la información?
Nuestra propuesta podría ser ejecutada e instrumentada mediante la obligación de los Organismos Operadores de Agua a publicar sistemática, actualizada y claramente toda la información relativa a la calidad del agua para fines domésticos, ya sea por medio de sistema digitales de información en las páginas web de estas instituciones, en sus redes sociales o en los recibos de agua, donde podría ayudar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar y recopilar dicha información.
En última instancia, que estos datos se incorporen dentro de un nuevo apartado en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto implicaría destinar recursos económicos, tecnológicos e informáticos para lograr tal objetivo tan necesario.
De acuerdo a los estándares internacionales del derecho humano al agua, se exige que el agua de uso público y doméstico sea de calidad, lo cual debe estar forzosamente vinculado con el derecho humano a la salud y con el derecho humano a la información, en dicho sentido.
Ante la incapacidad para lograrse un acuerdo político para publicar una nueva Ley de Aguas en México, que tuvo que haberse publicado en el año 2013, no se han podido definir mayores responsabilidades a los gobiernos para garantizar el derecho al agua. Es por ello, que las mejoras de transparencia propuestas en nuestra petición ayudaría a que se garantice en parte lo establecido en el artículo cuarto la constitución política en materia del derecho humano al agua.
Como dato importante, el INEGI nos mostró que para el año 2023, solo el 20.4 % de la población mexicana encuestada consideró el agua que recibe en sus hogares como potable, lo que es un retroceso considerando que en el año 2021 la misma estadística fue de 24.4 %.
Acceder a la información específica sobre los parámetros de calidad del agua es sumamente difícil debido a que los organismos operadores de agua no la brindan proactivamente, ni inclusive vía solicitud de transparencia, como lo expuso la Dra. Laura Martínez Pepin Lehalleur en el año 2020, en el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
Lo anterior genera un entorno de desconfianza social, por lo que se incrementa el consumo de agua embotellada y los gastos domésticos. Esto ha convertido a México en el país con el mayor consumo de agua embotellada a nivel global, que provoca toneladas de desechos plásticos que finalmente contaminan el ambiente como los ríos y los océanos.
Toda esta preocupante situación puede ser una ventana de oportunidad, sobre todo para responsabilizar políticamente a los gobiernos locales y federales para garantizar nuestro derecho humano al agua de calidad, con ayuda del derecho humano a la información.
La petición expuesta la suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república:
- Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro
- Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California
- Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León
- Global Water Watch México
- Movimiento #UnRíoEnElRío
- Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo – Amanalco
- Red Mexicana de Cuencas
Invitamos a toda la sociedad a firmar y a difundir esta petición pública que hemos compartido vía change.org, porque la democracia la construimos todas y todos. El derecho humano al agua se tiene que garantizar con nuestra participación.
Esperamos que esta petición pública sea respondida desde el Congreso de la Unión con acciones claras por el bien de nuestro país.
#QueremosAguaTransparente
* Cuauhtémoc Osorno Córdova es miembro de la Red Mexicana de Cuencas. Se especializa en políticas públicas y derechos humanos relacionados al agua.
La institución educativa advirtió que los ocupantes se exponen a ser expulsados.
Las protestas en contra de la guerra en Gaza se intensificaron en la noche del martes en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando manifestantes tomaron un edificio académico.
Activistas propalestinos se atrincheraron en el llamado Hamilton Hall, que rebautizaron con el nombre de Hind Rajab, una niña de 6 años encontrada muerta en Gaza a principios de este año.
Esto ocurrió después de que algunos estudiantes fueran suspendidos por la universidad por desafiar la hora límite dada por las autoridades para que abandonaran el campamento montado en el campus.
Tras la ocupación del edificio, Columbia instó a los estudiantes y al personal a mantenerse alejados del campus y advirtió sobre posibles expulsiones.
Ben Chang, portavoz de la institución, dijo que “los estudiantes que ocupan el edificio se enfrentan a la expulsión”.
“Los manifestantes han optado por escalar a una situación insostenible (destrozando propiedades, rompiendo puertas y ventanas y bloqueando entradas) y estamos aplicando las consecuencias que describimos ayer”, dijo el portavoz en un comunicado.
La estudiante Jessica Schwalb describió el campus como “sin ley, anarquía absoluta”.
En declaraciones a CBS News, socio estadounidense de la BBC, dijo que el grupo había entrado con “bolsas llenas de cosas” y añadió: “Supongo que vivirán allí de forma indefinida”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que la toma Hamilton Hall fue “un abordaje absolutamente equivocado” por parte de los estudiantes.
El mandatario demócrata se ha opuesto a “las difamaciones repugnantes y antisemitas y la retórica violenta” toda su vida, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates,
Biden “respeta el derecho a la libre expresión”, afirmó Bates, pero las protestas deben ser “pacíficas y legales”.
“Tomar el control del edificio por la fuerza no es pacífico, está mal”, añadió Bates.
“Y el discurso de odio y los símbolos de odio no tienen cabida en EE.UU.”, dijo.
El expresidente republicano Donald Trump calificó la ocupación como “las protestas de Biden”.
“Todo es causado por él porque no sabe hablar. No puede juntar dos oraciones. Tiene que salir y hacer una declaración porque las universidades están siendo invadidas en este país”, dijo.
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