Semáforo de Extinción de Autonomías
Luego de la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), surgieron muchas preguntas. ¿Ya no funcionan las instituciones autónomas locales? ¿Seguirá cargándose la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)? ¿Se pueden presentar inconformidades si no se obtiene información? ¿Se suspendió la entrega de información pública en el país?
Y aún más. ¿Cuándo van a comenzar a operar los nuevos modelos institucionales en las entidades federativas? ¿Cuánto tiempo va a llevarse para que operen las nuevas instituciones responsables del derecho a saber? ¿Con quiénes expondremos las dudas que tenemos para cumplir con transparencia? Así podría mencionar una larguísima lista de inquietudes de todo tipo que me han acercado. La sociedad requiere respuestas. Y en este sentido, las 32 legislaturas locales son las encargadas de brindar certidumbre en el funcionamiento de los nuevos modelos que garanticen estos derechos humanos.
En cualquier rearticulación de instituciones públicas que conforman el Estado, la transparencia y el genuino parlamento abierto dan pulso respecto al tipo y características de los caminos que se construyen, y de las transiciones que se requieren para retomar el ritmo de respuestas públicas. En el caso de las reformas constitucionales y legales que tratan de la extinción de instituciones autónomas, para adoptar nuevos modelos que se ocupen de garantizar el derecho a saber y a la privacidad, la nitidez, claridad y certeza legal en los procesos legislativos y en la posterior implementación de los nuevos modelos requieren ser ejemplares.
Mapeo de país
Y como el reloj de arena de la transparencia sigue en avance de la cuenta regresiva (en tiempos que referí en el blog pasado y que acá pueden leer), realizamos el mapeo de las reformas que a nivel local extinguen las autonomías, y lo que disponen las nuevas leyes de acceso a la información, transparencia y datos personales. Documentaremos los procesos legislativos y tiempos en los que los próximos modelos atenderán lo que la sociedad requiere, de acuerdo con lo que cada legislatura determine en sus leyes y reformas locales.
El Semáforo sobre las reformas en torno al #DerechoASaber refleja qué instituciones autónomas siguen en funcionamiento, cuáles ya han realizado las reformas de extinción y nuevos modelos institucionales, qué entidades federativas tienen iniciativas de reformas en las legislaturas, y en qué entidades no se cuenta con información.
Al corte de información del 24 de abril, observamos que 24 instituciones autónomas siguen activas, lo que representa el 72 %; una está extinta (INAI); hay 3 estados con reformas aprobadas (Aguascalientes, Durango y Michoacán); dos legislaturas locales tienen ya iniciativas de ley en curso (Jalisco y Guerrero), y en 3 instituciones autónomas no muestran evidencia de funcionamiento (Michoacán, Aguascalientes y Nayarit).
Este Semáforo es el segundo en su tipo que realizamos para documentar ritmos del acceso a la información. El primero fue el semáforo sobre #CuarentenaEnTransparencia durante la pandemia por Covid19, y plasmó las instituciones autónomas que recurrieron -o no- a suspensión de plazos. Este segundo semáforo #ExtinciónDeAutonomías documentará el ritmo al que irá apagándose el modelo de instituciones autonónomas en acceso a la información y la privacidad, que nació a finales del siglo XX y cerrará su ciclo en el 2025.
En escucha
Se han ubicado dos legislaturas locales que en medios de comunicación han referido disposición para escuchar sobre alternativas de modelos institucionales: Jalisco y Ciudad de México. La primera ya cuenta con una iniciativa de reforma en discusión, mientras que en la capital del país aún no. La escucha es un primer paso para mostrar disposición de apertura, aunque el reto de cualquier intención de parlamento abierto es constatar si las acciones legislativas incluyen, consideran, fundan y motivan la inclusión o no, de las propuestas que la sociedad acerca.
Y aquí amerita subrayar que los ejercicios genuinos de parlamento abierto trascienden la realización de foros con invitaciones dirigidas a personas, organizaciones y grupos a modo. El parlamento abierto no es sinónimo de mesas en las que se exponen temas y enfoques de interés. Desde años atrás he referido que el parlamento abierto es una forma de interacción pública que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria, oportunidad, exhaustividad y datos abiertos, la representación y los procesos derivados de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de las personas legisladoras y los cuerpos legislativos.
Veremos el ritmo al que avanzan las legislaturas. Al día de la publicación de este blog, el reloj de arena de la transparencia ya consumió el 42 % del tiempo para realizar las armonizaciones a nivel local. Cabe agregar que incluso con las reformas y nuevas leyes, la clave estará en los artículos transitorios que determinarán en qué tiempos se hará la activación de los nuevos modelos institucionales. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. El reloj sigue su curso.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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