Se buscan demócratas
México entra a su aniversario de independencia como país en 2024, con la discusión de dos bloques de reformas constitucionales: la reforma judicial y la que elimina instituciones autónomas, lo cual podría abrir escenarios de retrocesos en la división de poderes y de derechos humanos no vistos en la etapa posrevolucionaria del siglo XX y en lo que va del XXI.
Es éste el momento oportuno para plantear lo que sí es, para qué sirve y qué alcances tiene un parlamento abierto genuino, y qué papel tiene la representación legislativa en la democracia. El corazón de todo ello es la participación de la sociedad.
Sociedad: clave
Los grupos se convierten en actores cuando dejan de hibernar y toman acciones, “cuando movilizan recursos de poder que les permiten intervenir en un escenario político”, refiere el politólogo argentino Oscar Oszlak en su libro La trama oculta del poder. Y justo es lo que observamos en la sesión plenaria del Senado de este 10 de septiembre, en la que grupos de la sociedad que están en contra de la reforma judicial, irrumpieron en las instalaciones estando en plena discusión. Eso no había pasado antes en México.
Mostraron ser actores públicos y con ello, ser contrapesos de reflexión y argumentación para la valoración y sustento de votación por parte de personas legisladoras. Quienes han ido en contra de la reforma judicial que busca elegir por voto popular a integrantes del Poder Judicial en México han dado una dinámica distinta al Congreso de la Unión.
“¿En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar!”
El corazón de la apertura de un Estado abierto es, siempre, la sociedad. Es quien exige que sea escuchada y valore incorporar su participación, sus propuestas, en las acciones, decisiones y políticas públicas. La sociedad es la que marca el paso, exige cuentas, monitorea, vigila, propone y quien pide apegarse a sus intereses al momento de ser representada. De ahí la relevancia de la frase que han coreado en el contexto de la reforma judicial: ¿en dónde están los senadores que nos iban a escuchar? Y es justo esa frase lo que nos obliga a recordar cómo surge y quiénes exigen que las legislaturas se abran.
La Declaración por la Transparencia Parlamentaria cumple doce años este 15 de septiembre; fue impulsada por organizaciones de sociedad civil especializadas en el monitoreo parlamentario. En su primer considerando, la Declaración refiere que los parlamentos y congresos deben ser incluyentes, responsables, accesibles y receptivos a la ciudadanía, para la democratización de sus responsabilidades constitucionales. De ahí que en un parlamento abierto genuino de cara a la reforma judicial y a la que busca eliminar las autonomías de instituciones como la encargada de garantizar transparencia, estos primeros requerimientos de apertura, no se observan.
La voz de la sociedad es toral. Pero ¿qué es la sociedad civil?, planteaba Oszlak al reunirnos un grupo de colegas el día de la sociedad civil, como parte de la Cumbre de Estado Abierto en México el pasado 27 de agosto. Conversamos acerca de que el bajo dinamismo de la sociedad juega un rol muy importante en las transformaciones de sistemas democráticos a totalitarios -como está ocurriendo en el mundo y México está en la línea roja, como lo muestran las mediciones de Varieties of Democracy V-Dem-. La participación de la sociedad da el ritmo de la democracia, la pautan.
Acción colectiva y silencio
Y aquí es donde conviene voltear a la dinámica que ha generado la reforma de instituciones autónomas y simplificación administrativa (como la han denominado de origen, en un eufemismo simplista de la concepción de la conformación constitucional de las instituciones del Estado). La Cámara de Diputados tiene en valoración la reforma para eliminar las instituciones que son autoridad de acceso a la información; ya aprobaron el dictamen de comisiones unidas, aunque éste no ha sido publicado en Gaceta Parlamentaria ni discutido en sesión plenaria.
¿Qué se ha escuchado por parte de la sociedad y actores públicos, sobre la eliminación de autoridades que garantizan la transparencia? Muy poco. Sólo pronunciamientos del observatorio de Designaciones públicas con un acertado hashtag que refiere #LoQueYaNoVamosASaber, algunos artículos, declaraciones y manifiestos internacionales como de las relatoras de la ONU. Pero ninguna ha generado acción colectiva como la reforma judicial.
De ahí que entramos en esta propuesta de reforma, en una espiral del silencio colectivo. La reforma de eliminación de autonomías no ha saltado a las calles. De ahí que hice -y reitero- el llamado a viralizar #SilencioPorLaTransparencia, para abonar a la generación de acción colectiva. Y aquí regreso nuevamente a citar al doctor y colega de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, Oscar Oszlak: “Si un grupo carece de consensos básicos, las amenazas externas no suelen aumentar la cohesión sino conducen a la apatía, enfrentando el riesgo de la desintegración.” De ese tamaño es el reto: ¿las autonomías constitucionales serán eliminadas en un contexto de apatía y desarticulación de esfuerzos y pronunciamientos?
En la Lógica de la acción colectiva de Mancur Olson, establece que no toda persona destinataria de una política o acción pública está dispuesta a actuar en conjunto con otras en la defensa de sus intereses, ya sea porque elige ser gorrona, porque no percibe que sus intereses se vean afectados o bien porque no concuerda con las decisiones o acciones que están dispuestos a adoptar sus pares.
¿Cómo generar acción colectiva por parte de la sociedad, para ser contrapeso democrático de las legislaturas que cuentan con integración mayoritaria del mismo partido que gobierna a nivel federal el país?
Sin transparencia
Las dos cámaras federales observan un puntaje de 51.63% (en una escala de cien) en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, que realizamos y publicamos en la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. México está reprobado.
Y en ese contexto, los 34 legislativos que conforman el Constituyente Permanente, con la representación derivada de las elecciones de junio de 2024 y las decisiones de autoridades electorales, darán pauta en la historia de México si funcionaron como parlamento abierto o cerrado.
Hasta ahora, las sesiones donde han aprobado la reforma judicial han sido en sedes alternas a los recintos oficiales, porque la sociedad se manifestó en las instalaciones por argumentar no haber sido escuchadas. Hasta ahora, el dictamen de la reforma que elimina instituciones autónomas para concentrar sus funciones en el Poder Ejecutivo no ha sido publicado, el documento no es transparente a la sociedad.
Nos urgen personas demócratas en México. Y el parlamento abierto genuino es una gran herramienta para alimentar la democracia.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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