¿Te acuerdas cuando en tu niñez te sorprendían haciendo una travesura y nomás no encontrabas la manera de explicarla? ¿Te ha pasado que te piden justificar algo que hiciste y sabes que se te acabaron las razones? ¿Alguna vez has acordado las reglas para algo y de pronto has decidido actuar al margen de ellas? ¿O simplemente has decidido hacer algo porque sí y nomás porque sí? Bueno, todo esto se parece mucho a lo que los gobiernos muchas veces hacen cobijados en eso que llaman la seguridad nacional.
El traslado de 29 personas presas en México por delitos asociados al narcotráfico ha sido justificado en México y en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. En su columna del sábado pasado en Reforma, Peniley Ramírez relata que en 2023 «llegó al gabinete una nueva consideración jurídica: si se argumenta que un criminal amenaza la seguridad nacional de México, se le puede “trasladar” a EU, al margen de su proceso de extradición», con base en los artículos 89 de la Constitución y 5to de la Ley de Seguridad Nacional.
Cuenta ella que en ese año se propuso al gabinete de seguridad de López Obrador y no prosperó, y ahora, gracias a la decisión última de la presidenta Sheinbaum, se aceptó el argumento y se procedió al traslado. Pues justamente estamos en una de esas situaciones en las que se terminaron las razones y se decidió hacer algo porque sí. En este caso se acabaron las razones jurídicas para usar el recurso político que se resume en una frase: razón de Estado.
Escribe Peniley que «la oposición no parece dispuesta a reclamar una violación jurídica, si la hubiera». Tal vez tiene razón; yo agrego que en la seguridad nacional opera un acuerdo no escrito en el que mejor no preguntas y mejor no dices; esto es, no cuestionas y tampoco informas. Estamos ante un concepto de carácter auto referencial, es decir, se justifica en sí mismo.
Probé en varios chats de WhatsApp usando una analogía de un viejo refrán que usaban nuestras abuelitas: «todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar»; escribí todo cabe en la seguridad nacional sabiéndolo acomodar y, exactamente como lo esperaba, vinieron las insinuaciones o las abiertas críticas calificando mi cuestionamiento como una postura a favor de los delincuentes.
No falla, es perfecta la consistencia del apoyo político y social acrítico, por mucho mayoritario, si de seguridad nacional se trata. Es algo así como la casa de al lado a donde el poder público y las elites privadas trenzadas con él llevan lo que no cabe en la casa donde está ese acuerdo formal que normalmente llamamos Derecho. Y no es que la seguridad nacional no esté en el Derecho mexicano, claro que está en nuestro sistema jurídico, pero en la práctica nadie, absolutamente nadie rinde cuentas si las decisiones se amparan en ella.
Por el contrario, si alguna decisión no pasa o puede no pasar por el filtro del control constitucional y de legalidad, entonces se aplica la conocida reserva por motivos de seguridad nacional. Asómense a ver lo que hace la Comisión Bicameral en la materia del Congreso de la Unión y qué creen, pues es como un cuarto oscuro de la otra casa; intenten conseguir información sobre qué sucede ahí y me cuentan.
A la periodista Ana Paula Ordorica se lo expliqué apenas en su Podcast Broojula como una terrible paradoja: por nuestra seguridad, no podemos ejercer el derecho a saber lo que se hace precisamente por nuestra seguridad. ¿Esto quiere decir que siempre debemos saber todo? Es obvio que no, pero entonces para eso son los controles y contrapesos supuestamente de alta especialización, por ejemplo, del Congreso; pero regresamos a lo mismo: no podemos confirmar siquiera que funcionan.
Nada más impopular que cuestionar la seguridad nacional, especialmente cuando la narrativa hegemónica ha logrado inocular una asociación mecánica entre la justicia y el poder judicial con la corrupción. No puedo decir que la seguridad nacional opera siempre como una herramienta de opacidad para aplicar la razón de Estado, pero sí puedo afirmar que he sido testigo directo de que así se le entiende regularmente en las culturas institucionales de manera transversal a las tres ramas en las que se divide el poder del Estado.
Supongo que en alguna parte sí habrá debates jurídicos sólidos sobre el traslado de estas personas. Pero a la vez tengo claro que la combinación entre la disfuncionalidad histórica del acceso a la justicia y el desprestigio de las democracias constitucionales de derechos es y será palanca fundamental para justificar hoy lo injustificable apenas ayer.
El reino árabe ha ganado peso en la escena global y mantiene cierto equilibrio entre Moscú y Kyiv.
Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia escogieron a Arabia Saudita como sede para las cruciales conversaciones con Rusia sobre la guerra en Ucrania.
Representantes de Washington y Moscú se reúnen este martes en Riad para tratar de sentar las bases de las conversaciones de paz, confirmaron el Departamento de Estado estadounidense y el Kremlin este lunes.
Por parte de Estados Unidos participan el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.
Rusia envió a la capital saudí al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y a Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin.
El encuentro ha generado preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos, que no participarán.
El gobierno de Arabia Saudita ha expresado su intención de implicarse activamente en las conversaciones de paz, no solo como país anfitrión sino con un rol más activo de mediador.
La elección de Arabia Saudita como sede del encuentro subraya hasta qué punto ha avanzado el reino en el plano diplomático en los últimos años desde que estuvo punto de convertirse en un estado paria tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en 2018.
Las sombras que se proyectaban sobre el país y su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, parecen haberse disipado, aunque ocasionalmente se siguen planteando preocupaciones en foros internacionales sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudita.
En muchos frentes -y en particular en las industrias del entretenimiento y el deporte- el reino wahabita ha dedicado enormes cantidades de dinero a tratar de convertirse en un actor importante en el escenario global.
En el plano diplomático, el liderazgo saudita también ha logrado avances: durante los años de Biden, el reino redujo su dependencia de Estados Unidos como principal aliado internacional.
Los sauditas dejaron claro que perseguirían en primer lugar lo que perciben como sus intereses: entablar relaciones más estrechas con países considerados los mayores rivales de Estados Unidos, como Rusia y China.
Por otro lado, hay que destacar la posición que hasta el momento ha mantenido Arabia Saudita en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Riad ha preservado históricamente sus relaciones tanto con Moscú como con Kyiv, en un intento de equilibrar sus intereses geopolíticos y económicos.
En el ámbito energético, Arabia Saudita ha colaborado estrechamente con Rusia en el marco de la OPEP+, coordinando políticas de producción de petróleo para estabilizar los mercados globales.
Sin embargo, también ha mostrado apoyo a la integridad territorial de Ucrania en foros internacionales y ha participado en iniciativas humanitarias para mitigar el impacto del conflicto en la población ucraniana.
Esta dualidad en su política exterior refleja, según expertos, la estrategia saudita de posicionarse como un mediador neutral, capaz de facilitar el diálogo entre las partes en conflicto.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido bien recibido por los sauditas.
Su primera visita al extranjero en su primer mandato fue a Arabia Saudita, y la naturaleza transaccional de su política exterior se ve como más propicia para el actual liderazgo saudita.
Arabia Saudita es clave en el conflicto palestino-israelí por su influencia en el mundo árabe y musulmán, y su posible normalización de relaciones con Israel, lo que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.
Uno de los posibles logros que Trump querría anotar en su historial sería un acuerdo de paz entre los sauditas e Israel, que sería la culminación de los Acuerdos de Abraham que inició en su primer mandato.
La guerra en Gaza, sin embargo, se ha interpuesto en el camino y puede aumentar el precio que Arabia Saudita exija por un acuerdo de paz.
Los sauditas expresaron su contundente rechazo al plan de Trump para Gaza: expulsar a todos los palestinos y reconstruirla como un complejo turístico.
Esto ha impulsado al reino a tratar de elaborar un plan alternativo viable con otros estados árabes, que permitiría que los habitantes de Gaza permanecieran en su territorio mientras se reconstruye el enclave.
Arabia Saudita ha reiterado que no establecerá relaciones diplomáticas formales con Israel sin una solución que considere justa al conflicto palestino, insistiendo en la necesidad de un Estado palestino independiente.
El actual planteamiento de la administración Trump parece entrar en contradicción con esto, tanto en su política hacia Gaza como hacia la Cisjordania ocupada.
La forma en que se resuelva este asunto será clave para la dinámica de la evolución de la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos.
En todo caso, está claro que los sauditas no tienen intención de renunciar a su ambición de convertirse en un actor esencial de la diplomacia global.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.