Cómo hacemos para entender mejor la disociación entre los discursos político y jurídico sobre la seguridad y las prácticas de las instituciones públicas. Es una pregunta que me viene acompañando en toda mi carrera profesional. El desdoblamiento entre discursos y prácticas lo conocí desde muy joven y de manera directa; fue parte de mi más importante aprendizaje en la primera fase de mi trayectoria, cuando transité la vivencia “desde adentro” en los pasillos de dependencias diversas del poder ejecutivo federal y luego en San Lázaro y el Senado.
Luego lo comprobé en otros países a través de viajes de investigación que no han parado en tres décadas. No he conocido país alguno donde no haya dos niveles: lo que el Estado dice que hace y lo que hace. Y no creo que haya lugar alguno, si bien he visto diferencias de grado cuando la seguridad no llega, viendo a representantes institucionales ir desde las más sofisticadas elaboraciones retóricas hasta las más grotescas y cínicas exhibiciones.
Un autor escribió hace mucho “es tan importante lo que la policía hace como lo que dice que hace”; yo agrego: y tan lejana una cosa de la otra con tanta frecuencia. Pero mucho más allá de la policía, la política profesional y los operadores de la seguridad, desde la nacional hasta la ciudadana, tejen acuerdos que alinean el discurso para esconder más las prácticas. Esa es mi experiencia confirmada al menos en países de tres continentes. Por eso es tan potente la narrativa que sostienen la opacidad, hasta llegar al pináculo del relato: “la razón de Estado”. Ese lugar que escapa a cualquier control democrático para enseñar las contradicciones estructurales de la seguridad en todas sus formas y nuestro derecho a saber.
El secreto es convencerte que lo mejor es que no sepas y que nadie -o casi nadie- se pregunte si la prolongada falla en las políticas de seguridad en México y en tantas partes, se sostiene precisamente, en mucho, en la masiva cesión del derecho a saber. No saber “por nuestra seguridad”, aunque esta no llegue. Vaya montaje de eficacia centenaria.
Esa cesión que derriba las posibilidades de la rendición de cuentas; si no debo saber por mi seguridad entonces tampoco debo exigir la rendición de cuentas porque eso entorpece a las personas que trabajan por mi seguridad, aceptan las mayorías, según he aprendido.
La cita que preparó la historia para Sheinbaum y Trump, vista desde el ángulo de la seguridad, nos confronta a todo esto. Ambos países viven un encontronazo que mostrará la manera como cada uno construye el discurso que reconoce poco o nada de muchas de sus prácticas en seguridad, civiles y militares, para, quizá, firmar nuevos acuerdos que visibilizarán lo menos y esconderán lo más. No creo que estamos ni vayamos a estar en un momento de la historia que represente un punto de inflexión donde se desmonten los intereses entreverados entre el poder económico delictivo y el de los estados de ambas naciones.
Por lo demás, cuesta mirar la manera como siguen engañando con el despropósito evidente de suponer que la fuerza puede terminar con poderes y mercados delictivos que ya compiten con economías y poderes formales en cada vez más partes, de maneras más o menos visibles, más o menos sofisticadas y con más o menos violencia en ambos lados de la frontera. A medio siglo, siguen logrando engañar, asombroso (o no).
Mi hipótesis es que vendrán sacudidas violentas temporales que pueden debilitar de manera efímera algunos mercados delictivos, pero la agenda bilateral presenta diagnósticos incompatibles y por tanto deriva en agendas irreconciliables. Las definiciones de los problemas asociados a la crisis de seguridad que cada país asume no han sido ni serán compatibles. México no reconocerá la verdadera dimensión de su debilidad institucional asociada a la interdependencia política entre el Estado y la delincuencia organizada. Estados Unidos no reconocerá su tolerancia también política al flujo masivo de capitales para el lavado de dinero en su sistema financiero.
México no reconocerá la debilidad crónica del control sobre el mercado legal e ilegal de armas y Estados Unidos no controlará su mercado legal de venta de armas y tampoco reconocerá de qué tamaño es la venta masiva legal, proveyendo a quienes a su vez dotan a los grupos ilegales que tienen el mayor poder de fuego hoy en México. Ambos negarán la corrupción en la calle de muchas de sus instituciones policiales asociada al flujo de mercados ilícitos, no solo de drogas. Ambos negarán que sus fiscalías negocian cotidianamente de manera legal e ilegal, dejando operar a redes criminales de toda índole.
Ambos negarán sus respectivas crisis de salud, México habiendo perdido siquiera su capacidad de medir el uso de sustancias ilícitas, no se diga reducirlo, y Estados Unidos tolerando aún hoy el uso desproporcionado de determinados medicamentos prescritos que son el motor que explotó la crisis de adicciones a los opioides.
Negarán que la relación entre sus respectivas fuerzas armadas transita en la más absoluta opacidad, bajo la cobija de la seguridad nacional y la razón de Estado. No sabemos lo que no sabemos, tampoco sabremos de las operaciones militares extraterritoriales de Estados Unidos en México y en América Latina.
Discursos y prácticas dos mundos. Que decida cada persona si compra, otra vez, aquello de “cerrar filas” en medio de una crisis de seguridad monumental cocinada por ambos países. Yo prefiero otra cosa: ambos gobiernos deben rendir cuentas ante las sociedades a las que hacen daño masivo gracias a una política de drogas que ahora ha sido tragada por una política contra el terrorismo, en esta ruta de más de medio siglo produciendo más violencia, más corrupción y más riqueza criminal.
La medida se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que quiere comprar Groenlandia, una isla autónoma con amplia autonomía pero que forma parte de Dinamarca.
Dinamarca ha anunciado que destinará 14.600 millones de coronas (US$2.050 millones) a reforzar la seguridad en la región ártica, en colaboración con sus territorios autónomos, Groenlandia y las Islas Feroe.
El acuerdo, con el que buscan “mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región”, incluye tres nuevos buques para el Ártico, más drones de largo alcance con capacidad avanzada de adquisición de imágenes y una mayor cobertura por satélite.
“Debemos afrontar el hecho de que existen serios desafíos en materia de seguridad y defensa en el Ártico y el Atlántico Norte”, declaró el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen.
La medida llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho en repetidas ocasiones que quiere adquirir Groenlandia, una isla que goza de amplia autonomía pero que sigue formando parte de Dinamarca.
Trump ha dicho que no puede descartar el uso de la fuerza militar o económica para perseguir su deseo de apoderarse del territorio.
La tensión desatada por la ambición expansionista de Trump sobre la isla llegó a su momento álgido la semana pasada en una explosiva llamada telefónica que mantuvo con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Ambos mandatarios conversaron durante unos 45 minutos, en los que Frederiksen dejó claro que Groenlandia no estaba en venta, aunque ofreció una mayor cooperación en defensa y en la explotación de los recursos naturales de la isla.
A pesar de ello, Trump estuvo “agresivo” y “confrontacional”, y la charla acabó mal, según dijeron funcionarios europeos que fueron informados de la conversación al Financial Times.
“(Trump) fue muy firme. Fue una ducha fría. Antes era difícil tomárselo en serio. Pero creo que es grave y potencialmente muy peligroso”, dijo uno de ellos al diario británico. Otro calificó la conversación de “horrorosa”.
Frederiksen ha pedido desde entonces a sus socios europeos que no inflamen más los ánimos, pero ha iniciado una gira por las capitales europeas para recabar apoyos.
Groenlandia, el territorio menos poblado del mundo, tiene unos 56.000 habitantes, en su mayoría indígenas inuit.
Estados Unidos mantiene desde hace tiempo un vínculo de seguridad con Groenlandia. Después de que la Alemania nazi ocupara Dinamarca continental durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invadió Groenlandia y estableció estaciones militares y de radio en todo el territorio. Desde entonces ha mantenido su presencia en la región.
Groenlandia se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa, lo que le confiere una importancia estratégica para Estados Unidos.
En los últimos años, ha aumentado el interés por los recursos naturales de Groenlandia, incluida la extracción de minerales de tierras raras, uranio y hierro.
“Groenlandia está entrando en una época de amenazas cambiantes”, declaró Vivian Motzfeldt, ministra de Independencia y Asuntos Exteriores de Groenlandia, en un comunicado en el que anunciaba el nuevo gasto en defensa.
“Me complace que con este acuerdo parcial hayamos dado el primer paso para reforzar la seguridad en Groenlandia y sus alrededores”.
Se espera que en el primer semestre de este año se anuncien nuevos fondos.
La nueva inversión se produce después de que Dinamarca anunciara por separado en diciembre que iba a destinar casi US$1.500 millones a la defensa de Groenlandia, incluida la compra de nuevos buques, aviones no tripulados de largo alcance y equipos adicionales de trineos tirados por perros.
Poulsen describió el momento del anuncio como una “ironía del destino”, justo después de que Trump dijera que la propiedad y el control de Groenlandia eran una “necesidad absoluta” para Estados Unidos.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho que el territorio no está en venta, añadiendo que «Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia».
Por su parte, la primera ministra danesa ha dicho a Trump que corresponde a Groenlandia decidir su propio futuro.
Trump ha redoblado sus intenciones desde entonces, a pesar de las advertencias de los países europeos de que no amenace a Groenlandia.
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