El control legislativo sobre las Fuerzas Armadas descansa en paz
El pasado 26 de diciembre Milenio informó que, tras 16 meses de la actual Legislatura del Congreso de la Unión, continúa pendiente la integración de dos comisiones bicamerales clave: la de Seguridad Nacional y la de Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La primera está prevista en los artículos 56 a 60 de la Ley de Seguridad Nacional; la segunda fue establecida mediante un decreto publicado el 18 de noviembre de 2022.
El 15 de marzo de 2023, Animal Político reportó la aprobación de los integrantes de esta última comisión, encargada de analizar “los informes sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Sin embargo, dos años después, el 11 de abril de 2025, el mismo medio digital constató su inoperancia: “El Congreso abandona el monitoreo a las Fuerzas Armadas, aunque por ley debe hacerlo”.
Por otra parte, el 23 de septiembre del año pasado, en el podcast Seguridad en Comunidad del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX, publicamos el episodio ¿Evaluación imposible? La experiencia de David Pérez Esparza, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En él, Pérez Esparza relata la resistencia que enfrentó durante su gestión (enero de 2019 a marzo de 2023) al proponer evaluaciones de impacto en materia de seguridad. Si bien reconoce reducciones de la violencia en algunas regiones del país, es contundente al afirmar: “con toda honestidad, no sabemos técnicamente por qué… me enseñaron a pensar en buscar la causalidad y hoy no la tenemos… no sabemos qué funcionó, qué no funcionó”.
Lo revelado por el exfuncionario es, sin duda, relevante, pero no constituye una novedad. Desde hace tiempo sabemos que las evaluaciones de impacto en seguridad se realizan de manera excepcional en México. La investigación más reciente muestra que esta carencia es regional, particularmente en las políticas de reducción de homicidios, lo que implica que la gran mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe, respecto a temas torales de la seguridad ciudadana, toman las decisiones, en sentido estricto, a ciegas.
El 27 de marzo también del año pasado, el PSC reunió a personas expertas de la academia, la sociedad civil y la función pública en el marco del primer ejercicio denominado Aula en acción, que derivó en la publicación del documento Evaluaciones de Impacto de las Estrategias para la Reducción de Homicidios. El consenso es contundente a favor de las mismas.
La no instalación de las dos comisiones bicamerales durante 16 meses de legislatura exhibe una de las especialidades del Estado mexicano: formalizar mandatos legales que luego son sistemáticamente desacatados. Este fenómeno debe analizarse en dos planos: el técnico y el político. En el primero, es difícil encontrar a una persona operadora del sector de seguridad o justicia penal que se oponga abiertamente a la evaluación. Otra cosa es en el ángulo político, donde las resistencias abundan.
El documento derivado del Aula en acción muestra que la evaluación de políticas de seguridad es un proceso complejo, mientras que el testimonio de Pérez Esparza subraya la escasez de personas especializadas en esta tarea en México. La pregunta para quienes identifican este déficit desde el propio Estado es obligada: ¿por qué no cambiar la historia invirtiendo de manera ambiciosa y decidida en la formación de cuadros de alta especialización?
La renuncia a instalar las comisiones bicamerales es contraria a la ley y carece de todo sustento técnico desde la perspectiva de la metodología de políticas públicas. Se trata, en cambio, de una decisión política que se impone sobre las normas y aplasta las buenas prácticas en seguridad ampliamente reconocidas por la evidencia disponible.
El problema, sin embargo, es aún más grave por dos razones interdependientes. Por un lado, la debilidad crónica del contrapeso legislativo frente a las instituciones castrenses ya ni siquiera intenta disimularse desde el poder público. Por el otro, tampoco parece necesario hacerlo, pues esta omisión carece de relevancia práctica, en tanto apenas logra ser una noticia fugaz en medios de comunicación y en las redes digitales.
Asfixiar la fiscalización legislativa sobre las Fuerzas Armadas hace imposible, por ejemplo, formalizar la rendición de cuentas o la justificación cualitativa de la tasa de letalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada menos. El Congreso se anula a sí mismo frente al poder más extremo del Estado: quitar la vida. Un poder que la Sedena ha ejercido, en promedio, en diez ocasiones por cada persona herida en enfrentamientos entre 2007 y 2024, de acuerdo con datos de la propia institución.
Consultamos a personas legisladoras y revisamos los exhortos formales que han exigido la instalación de las comisiones y nos han informado que la mayoría legislativa “ni siquiera ha ofrecido hacerlo”. Al final, acaso, para la inmensa mayoría de la clase política, pero también de la sociedad, una pregunta fundada, una indagación sólida o un cuestionamiento informado por parte del legislativo hacia el poder ejecutivo parece no merecer el menor significado.
Lo anterior, por cierto, en tiempos donde la seguridad nacional amplía sus alcances, por cierto, cada vez menos por la vía civil y más por la militar y muy por encima de los límites de la ley y de los derechos humanos.
Después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar que lo trasladó a Nueva York, el presidente Donald Trump ha intensificado su discurso y lanzó advertencias directas a varios países y territorios
El segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo moldeado por sus ambiciones en política exterior.
Trump cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa, en la residencia de ambos fuertemente fortificada en Caracas, en una dramática redada nocturna en la madrugada del sábado.
Al describir la operación, Trump desempolvó la Doctrina Monroe de 1823 y su promesa de supremacía estadounidense en el Hemisferio Occidental, rebautizándola como la “Doctrina Donroe”.
Estas son algunas de las advertencias que ha lanzado en los últimos días contra otros países que están en la órbita de Washington.
Dinamarca/Groenlandia
Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, pero Trump quiere la isla entera.
“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, sostuvo el presidente ante los periodistas, asegurando que la región estaba “plagada de barcos rusos y chinos por todas partes”.
Esta vasta isla ártica, que forma parte del Reino de Dinamarca, se encuentra a unos 3.200 kilómetros al noreste de Estados Unidos.
Es rica en minerales de tierras raras, que son cruciales para la producción de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y equipos militares. Actualmente, la producción de tierras raras de China supera con creces la de Estados Unidos.
Groenlandia también ocupa una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. Por eso, se prevé que, a medida que los hielos polares se derritan en los próximos años, se abran nuevas rutas marítimas.
El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, respondió a Trump calificando la idea del control estadounidense sobre la isla de “fantasía”.
“No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, declaró Nielsen.
Colombia
Horas después de la operación militar en Venezuela, Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que “cuide su trasero”.
Colombia, país vecino de Venezuela al oeste, cuenta con importantes reservas de petróleo y es un importante productor de oro, plata, esmeraldas, platino y carbón.
También es un centro clave para el narcotráfico en la región, especialmente de cocaína.
Desde que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en septiembre, alegando sin pruebas que transportaban drogas, Trump se ha visto envuelto en una creciente disputa con el presidente de izquierda del país.
Estados Unidos impuso sanciones a Petro en octubre, alegando que estaba permitiendo que los cárteles “prosperaran”.
Hablando a bordo del Air Force One el domingo, Trump dijo que Colombia estaba siendo “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos”.
“No va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, añadió. Cuando se le preguntó si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: “Me parece una buena idea”.
Históricamente, Colombia ha sido un aliado cercano de Washington en la guerra contra las drogas, recibiendo cientos de millones de dólares anualmente en asistencia militar para combatir a los cárteles.
Irán
Irán se enfrenta en este momento a protestas masivas contra el gobierno y Trump advirtió anoche que las autoridades iraníes que serán “duramente castigadas” si pierden la vida más manifestantes.
“Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los castigará con dureza”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.
Aunque Irán queda en teoría fuera del alcance definido por la “Doctrina Donroe”, Trump, no obstante, ya había amenazado al régimen iraní con nuevas acciones tras atacar sus instalaciones nucleares el año pasado.
Esos ataques se produjeron después de que Israel lanzara una operación a gran escala con el objetivo de neutralizar la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear, lo que culminó en el conflicto entre Israel e Irán de 12 días.
En una reunión, celebrada la semana pasada en Mar-a-Lago, en Florida, entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se informó que Irán fue el tema principal de la agenda. Los medios estadounidenses informaron que Netanyahu planteó la posibilidad de nuevos ataques contra Irán en 2026.
México
El ascenso de Trump al poder en 2016 estuvo marcado por sus promesas de “construir el muro” a lo largo de la frontera sur con México.
En su primer día de regreso en el cargo en 2025, firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.
Ha afirmado con frecuencia que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas o inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
En declaraciones el domingo, Trump dijo que las drogas estaban “entrando a raudales” a través de México y que “tendremos que hacer algo”, añadiendo que los cárteles allí eran “muy poderosos”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.
Cuba
Cuba, ubicada a solo 145 kilómetros al sur de Florida, ha estado bajo sanciones estadounidenses desde principios de la década de 1960 y mantenía estrechas relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro.
Trump sugirió el domingo que no era necesaria una intervención militar estadounidense, porque Cuba está “a punto de colapsar”.
“No creo que necesitemos ninguna acción”, dijo. “Parece que se está desmoronando”.
“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos”, añadió. “Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”.
Según algunos informes, Venezuela suministra aproximadamente el 30% del petróleo de Cuba, lo que deja a La Habana en una situación vulnerable si el suministro cae tras la salida de Maduro.
El senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha pedido durante mucho tiempo un cambio de régimen en Cuba, y dijo ante un grupo de periodistas este sábado: “Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco”.
“Cuando el presidente (Trump) habla, hay que tomarlo en serio”, agregó.
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