Por más difícil que sea procesarlo, debemos asumir dos cosas: se puede ocupar la función pública construyendo relatos y sin cumplir el mandato legal del Estado, y se pueden usar esos relatos para progresivamente sacar a México de la bolsa normativa nacional e internacional en derechos humanos. Se acabó el acuerdo político a favor de una democracia constitucional de derechos y estamos en lo que la investigación ha llamado “la era narrativa”. Por tanto, el devenir es completamente incierto, a menos respecto a las promesas de la llamada transición a la democracia.
La reforma constitucional de 2011 a favor de los derechos humanos fue celebrada como un acuerdo de Estado que, se supone, nos llevaría a consolidar su ejercicio pleno por parte de todes. Nada más lejos de la realidad en general y en particular en seguridad y acceso a la justicia. Más bien ha avanzado una crisis de violencias, delincuencia, corrupción e impunidad que, a su vez, viene sembrando la deriva al peor de los escenarios, desmontándose los anclajes de control del poder público. En esa ruta, la prisión preventiva oficiosa representa una regresión de consecuencias aún más devastadoras.
En vez de arraigar una cultura de derechos humanos, fuimos por otro lado. La crisis mencionada viene reproduciendo el círculo vicioso a favor de la mano dura y el populismo penal; el endurecimiento engendra más violencias que empujan más endurecimiento. Y peor, a más crisis de seguridad y justicia, la mano dura crece en su rentabilidad política y política-electoral. A casi la totalidad de la clase política parece importarle absolutamente nada la evidencia que confirma que la inflación penal no resuelve la seguridad y el acceso a la justicia, y sí en cambio cataliza la violación sistemática de los derechos fundamentales.
Avanza la aprobación de una nueva reforma que ampliaría el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y para entender la gravedad del hecho invito a leer los siguientes extractos de un documento apenas publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La prisión preventiva oficiosa es violatoria del artículo 9.3 del Pacto 3 Internacional de Derechos Civiles y Políticos… el cual establece que la prisión preventiva no debe ser la regla, sino que puede aplicarse en función de asegurar la comparecencia de la persona procesada en el juicio. Los mecanismos de protección a los derechos humanos de Naciones Unidas, en interpretación de la mencionada disposición y de otros estándares internacionales, se han pronunciado sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Además, “La prisión preventiva es una medida cautelar (la más restrictiva de las medidas cautelares a disposición del Estado) que siempre debe atender un fin legítimo de carácter procesal: asegurar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal y controlar otros riesgos procesales como son la obstaculización de las investigaciones y la puesta en riesgo de la integridad de víctimas y testigos, tal y como lo establece la primera parte del párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Sin embargo, su imposición siempre debe partir del principio de presunción de inocencia y estar motivada por las circunstancias del caso concreto, a través de un examen individualizado sobre los riesgos procesales por parte del órgano judicial y con independencia del delito por el cual se procesa a la persona imputada”.
Sigue el mismo documento: “La prisión preventiva oficiosa, al anticipar la barrera de punición del derecho penal en función del delito motivo del proceso, de facto convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia condenatoria; por lo tanto, la imposición mecánica de la prisión preventiva atendiendo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal”.
Es aún más grave, porque “la prisión preventiva oficiosa expropia a la prisión preventiva del ámbito judicial. Como bien lo dice la Comisión Interamericana, cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por lo tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, “la situación es aún más grave, porque se está ‘codificando’ por vía legislativa el debate judicial; y por tanto, limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las características del caso específico”.
Por último, “…la prisión preventiva oficiosa sería una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, trastoca la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad personal. La prisión preventiva oficiosa trastoca los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial y atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana”.
Todo esto, en la dimensión política, importa cada vez menos. Aquella reforma de 2011 parece tan lejana. Son otros tiempos. Aprender a contar historias usando todos los recursos al alcance del poder público releva la necesidad de rendir cuentas por la calidad del ejercicio de gobierno. Hemos llegado a tal sinsentido que la autoridad puede negar las crisis que todos los días vemos y sufrimos, no solo sin mayores costos sino incluso mereciendo credibilidad y votos; la seguridad y el acceso a la justicia son prueba de ello. Y se puede controlar la narrativa para apalancar la deriva regresiva en derechos humanos. Peor, imposible.
El ataque se produjo dos días después de que Rusia prometiera represalias por un audaz ataque con drones de Ucrania.
Rusia lanzó la madrugada del viernes ataques a gran escala con drones y misiles contra la capital de Ucrania, Kyiv, y otras partes del país, según informaron las autoridades ucranianas y rusas.
Al menos tres personas murieron y 49 resultaron heridas en los ataques, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Los ataques aéreos tuvieron como objetivo Kyiv, la ciudad de Lutsk y la región de Ternópil, en el noroeste del país.
“Hasta el momento se han confirmado tres muertes; todos eran empleados del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania”, declaró Zelensky.
Añadió que en el ataque se utilizaron más de 400 drones y que el número de heridos “podría aumentar”.
En un comunicado anterior, el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó de la muerte de cuatro personas en la capital del país.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas armadas lanzaron durante la noche del jueves un ataque masivo con armas aéreas, marítimas y terrestres de alta precisión y largo alcance, así como con drones de ataque.
El ministerio indicó los ataques eran en respuesta a “actos terroristas del régimen de Kyiv”, y agregó que habían tenido como objetivo instalaciones militares.
La ofensiva de Rusia contra Ucrania se produce días después de que Kyiv lanzara su mayor ataque con drones de largo alcance contra al menos 40 aviones de guerra rusos en cuatro bases militares, en la llamada “Operación Telaraña” el domingo.
El miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, que respondería a los ataques de Ucrania contra sus bases.
Debido al ataque del viernes se activaron alertas antiaéreas en la capital, así como en las ciudades de Járkov, Sumy y Lugansk. El sistema ferroviario de Kyiv se vio interrumpido tras el bombardeo de las vías del metro dañadas.
Se informó que decenas de miles de civiles en la capital pasaron unas horas intranquilas en refugios subterráneos.
Desde el centro de la ciudad, se oían ráfagas prolongadas de ametralladoras mientras las defensas aéreas en las afueras intentaban derribar decenas de drones que apuntaban a Kyiv.
De vez en cuando, también se oía el inconfundible zumbido de los drones sobre sus cabezas.
Brillantes destellos de luz, que a veces se reflejaban en los edificios cercanos, eran seguidos, cinco o diez segundos después, por estruendosas explosiones.
En una entrevista con la TV ucraniana, el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ihnat, dijo que Rusia lanzó 407 drones, 38 misiles de crucero y seis balísticos contra Ucrania durante la noche. Agregó que se interceptaron hasta 30 misiles y 200 drones.
“Este es el segundo ataque aéreo más grande contra Ucrania, después de que Rusia utilizara 472 misiles y drones durante la noche del domingo”, señala Vitaliy Shevchenko, editor de Rusia de BBC Monitoring.
A las afueras de la capital, el jefe militar de Ternópil, Vyacheslav Negoda, declaró que el ataque del viernes fue el “ataque aéreo más masivo contra nuestra región hasta la fecha”.
El alcalde de Ternópil, Igor Polishchuk, declaró que cinco personas resultaron heridas en el ataque y que se produjeron daños en viviendas, escuelas y una instalación gubernamental.
Agregó que en Lutsk, cinco personas resultaron heridas en un ataque con 15 drones y seis misiles.
En una publicación en X, Zelenski escribió: “Rusia debe rendir cuentas por esto” e instó a Estados Unidos, Europa y a “todo el mundo” a presionar a Rusia, afirmando que no hacerlo es “darle a la guerra más tiempo para cobrar vidas; eso es complicidad y responsabilidad”.
Zelenski afirmó que en la operación Telaraña del domingo el servicio de seguridad ucraniano utilizó 117 drones que impactaron al “34% de los portamisiles de crucero estratégicos rusos”.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas aéreas derribaron 174 drones ucranianos durante la noche en zonas de Rusia y Crimea ocupada.
El ministerio indicó que también se interceptaron misiles de crucero antibuque Neptune sobre el Mar Negro.
A principios de este mes, se celebraron conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul, pero terminaron sin un avance significativo.
Los negociadores ucranianos afirmaron que Rusia rechazó un “alto el fuego incondicional”, una exigencia clave de Kyiv y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos.
El equipo ruso dijo haber propuesto una tregua de dos o tres días “en ciertas zonas” de la vasta línea del frente, pero no dio más detalles.
El miércoles Trump afirmó que Putin prometió responder con firmeza al reciente ataque de Ucrania a bases aéreas rusas, durante una llamada telefónica que duró más de una hora.
Moscú había declarado previamente que las opciones militares estaban sobre la mesa para su respuesta al ataque ucraniano.
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