¿Por dónde mueren las democracias? Por la seguridad
Arrasó Bukele antier en las elecciones presidenciales en El Salvador. No hay sorpresas, su popularidad es avasalladora. En una conversación reciente, califiqué a Bukele como enviado del futuro, sí, de un futuro sin democracia. Él sería la avanzada del nuevo derrotero de América Latina. Sin ocuparse de los medios y enfocado en los fines, el presidente del país centroamericano vecino podría representar el punto de quiebre de nuestras frágiles y deficitarias democracias. Tal vez ya deberíamos entender que las democracias morirán por la seguridad.
¿Exagero? No lo creo, pero en todo caso me han dicho que exagero toda mi carrera profesional. Dije en los noventa del siglo pasado que si no reconstruíamos las instituciones policiales no habría seguridad; exageras, me decían. Dije en la primera década de este siglo que ninguna mejora policial sería duradera sin nuevos sistemas de control interno y externo; no es para tanto, repitieron; dije también desde entonces que la policía y el poder político se habían trenzado en un pacto original de intercambio de lealtad a cambio de impunidad y que sin desmontar ese pacto jamás tendríamos a la policía protegiendo a la gente, y lo mismo me decían.
Ya en la segunda década de este siglo me pregunté qué sería cuando comprobáramos que los militares tampoco traían la seguridad. Por último, todo este sexenio federal he insistido que la ruta hegemónica no declarada es entregar el control total a la seguridad a las instituciones castrenses. Y aquí estamos, ya con más militares operativos desplegados en tareas de seguridad pública que policías. Son desproporcionadas tus hipótesis, aún hoy hay quien me insiste.
Entre la capitulación civil en seguridad en México y la reelección de Bukele en El Salvador hay el menos un claro continuo: la inmensa mayoría de la sociedad acepta ceder el ejercicio de sus derechos a cambio de la seguridad.
La contradicción es terrible: las instituciones del Estado rotas son parte de la inseguridad y la sociedad acepta ampliar sus poderes. Los estados de excepción, bien vistos, formalizan en mucho la fractura de los controles institucionales rotos. La figura del arraigo llevada en México a la Constitución es un potente ejemplo de cómo la democracia se desmonta a sí misma, a nombre de la seguridad. Si las instituciones no pueden, no saben o no quieren profesionalizar sus competencias para investigar, entonces se bajan los estándares profesionales y se abren hipótesis jurídicas de intervención, aún si eso ancla figuras que violan el propio régimen constitucional de derechos. Todo a nombre de la seguridad, con la tracción social de soporte.
La contradicción se puede ver desde otro ángulo: la crisis de gobernabilidad asociada a las promesas incumplidas de gobierno tras gobierno, en lugar de apalancar el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la viene debilitando aún más. Si las instituciones policiales y las fiscalías rotas son opacas y no rinden cuentas, le pasamos la tarea a las instituciones militares que están aún más lejos de cualquier posible escrutinio. A nombre de la seguridad y también de la justicia, en lugar de ir a más controles democráticos, vamos a menos.
El estado de excepción declarado en el país vecino y los poderes de excepción de derecho y de facto que se vienen activando acá tienen el mismo motor: la descomposición crónica del Estado; es la sequía de instituciones civiles democráticas operando hacia una mayor sequía democrática (parafraseando a Wolf Grabendorff).
Si el futuro político para América Latina será modelado desde, por y para la popularidad, entonces ya ganó la seguridad que más apoyo merece, esto es, la que es intercambiable, por ejemplo, por la presunción de inocencia. Si es así, nuestras democracias ya están en desahucio y todavía no lo podemos asimilar. Una muerte en curso a cambio de la seguridad.
Nada me daría más gusto que estar exagerando.
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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