Impunidad estabilizadora
En una definición sencilla, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan como un todo para cumplir un propósito. Tal es el caso del sistema político, integrado por instituciones, actores, reglas y procesos orientados al ejercicio del poder. En ciencias sociales, la noción de sistema permite analizar patrones, incentivos y resultados estructurales, más que conductas aisladas. Desde la perspectiva de Niklas Luhmann, cada sistema se reproduce a sí mismo y colapsa cuando deja de hacerlo, por ejemplo, a causa de la interferencia de otros sistemas.
El sistema político mexicano es ampliamente reconocido, dentro y fuera del país, como históricamente estable, al menos desde la consolidación del régimen de partido de Estado. Ríos de tinta han explicado un complejo entramado de negociación de poderes y recursos que, durante décadas, evitó sobresaltos propios de un colapso sistémico. Incluso la llamada transición a la democracia de finales del siglo XX y principios del XXI ha sido caracterizada como ejemplar, en la medida en que dio paso a una alternancia pacífica en el poder.
Una de las características más notables de esta estabilidad ha sido la negociación política de la obediencia a la ley. Dicha estabilidad no ha descansado en un Estado de derecho sólido. Por el contrario, los equilibrios que han sostenido al sistema han operado a través de una relación política y social que simultáneamente utiliza y tolera la manipulación de la ley, concebida como una herramienta disponible. Ni durante el régimen de partido hegemónico ni en la apertura política asociada a la transición democrática ni en el actual proceso de reconcentración del poder y desmantelamiento de contrapesos institucionales se ha buscado realmente consolidar el principio de igualdad ante la ley, columna vertebral del Estado de derecho.
El sistema político mexicano se ha mantenido equilibrado no por la obediencia a la ley, sino por su desobediencia selectiva. La impunidad es, en este sentido, un constructo profundamente político —y también social— coherente con una concepción de la ley sujeta a criterios de oportunidad. Si la aplicación de la ley es maleable en función de las disputas por poder y recursos, entonces la reducción efectiva de la impunidad resulta, en sentido estricto, profundamente disfuncional para el sistema.
De hecho, la impunidad ha sido —y continúa siendo— una moneda de cambio extraordinariamente poderosa para la estabilidad sistémica. Un ejemplo claro es la práctica estatal de perseguir a ciertas redes criminales mientras se tolera o coopera con otras, incluso como parte de políticas informales de seguridad orientadas a pacificar localidades o regiones. Bajo estas condiciones, las fiscalías difícilmente pueden producir algo distinto a la impunidad —salvo de manera marginal—, en tanto no pueden sustraerse a la contaminación política del ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, la emergencia de poderes criminales de alcance global, sostenidos precisamente sobre esta impunidad estabilizadora, parece estar alcanzando dos límites que revelan disfuncionalidades estructurales. El primero se relaciona con la depredación criminal sobre las instituciones del Estado, hasta el punto de comprometer su capacidad para regular la propia impunidad. El segundo tiene que ver con la depredación criminal de la actividad económica, que desborda los límites históricamente modulados desde el poder político.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse por el papel de la interferencia sistémica proveniente de Estados Unidos, en la medida en que irrumpe y distorsiona los mecanismos locales de regulación de la impunidad respecto de liderazgos criminales que son —o han sido— parte de redes de macrocriminalidad, cuyo extraordinario poder es, precisamente, un producto de la garantía de impunidad.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
Los miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre por diversos delitos, entre ellos homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, por un tribunal de la provincia china de Zhejiang.
Los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y aislada en un llamativo centro de casinos y barrios rojos.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
¿Quién era la familia Ming?
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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