
Hasta donde alcanzo a ver no hay persona en la llamada clase política que declare públicamente que los militares deben quedarse en las calles por tiempo indefinido. No estoy diciendo que no haya ahí quien crea que así debe ser, solo afirmo que no lo dicen abiertamente. Sin embargo, las personas en el poder público civil y militar que desde hace al menos cinco sexenios vienen diciendo que la intervención militar en la seguridad pública debe ser temporal, no se han tomado la molestia de diseñar propuestas concretas de rutas posibles de regreso a los cuarteles.
No hay propuestas en parte quizá porque en el fondo nadie o casi nadie cree que algún día sea posible que eso pase. Así se monta el círculo vicioso del que hemos hablado por mucho tiempo: no hay instituciones civiles de seguridad profesionales y entonces se recurre a los militares, y justamente al llamarle a los militares se reproducen los incentivos para que no haya instituciones civiles profesionales.
Con evidencia en mano, afirmo que los militares no están en las calles porque construyen la seguridad, la justicia y la paz, sino porque todavía la mayoría cree que son la mejor opción para lograrlo algún día. Las instituciones castrenses están siendo utilizadas como recurso útil en este contexto donde los populismos y la posverdad marginan las evidencias y se soportan en la manipulación de las creencias. En otro ángulo, apenas me dijo un extraordinario analista que hace tiempo deberíamos haber entendido que los militares no son utilizados para construir seguridad, sino para la protección política del régimen.
Ahora bien, la percepción dominante entre gobiernos y sociedad coloca el uso de la fuerza pública como la herramienta más importante del Estado ante las violencias. Muy poca gente imagina vías diferentes a la fuerza para construir la seguridad, la justicia y la paz. Por eso el despliegue policial y militar merecen tal apoyo. La montaña de evidencia que se viene construyendo en México y en el mundo, que confirma la falla militar en la construcción de proyectos de seguridad sostenibles y coherentes con los derechos humanos, es generalmente irrelevante ante la percepción dominante a favor de la fuerza. Tan potente es ésta que muchas veces incluso cuando las personas tienen claro que ese despliegue no contribuye a reducir las violencias, de igual manera piden más de lo mismo (mismos estudios de opinión enseñan ambas cosas: el despliegue no me trae seguridad, pero quiero más despliegue).
Todo esto ha funcionado como soporte estructural que apalanca la fase superior de la militarización, es decir, la deriva militarista, ideología en plena expansión hegemónica que prefiere a los militares sobre los civiles para resolver los grandes problemas de la sociedad.
¿Cómo regresar a los militares a sus cuarteles donde parece no existir un saber colectivo que siquiera reconozca la posibilidad de construir seguridad, justicia y paz con las instituciones civiles? La pregunta es extraordinariamente compleja y no creo que haya quien la puede responder con claridad. Además, si bien la Constitución dispone que las instituciones responsables de la seguridad pública serán civiles, hemos llegado a un punto donde en la práctica no está claro el reconocimiento político y social de la norma suprema como el lugar donde están las reglas más importantes que debemos respetar para poder coexistir.
Yo entiendo la introducción de la palabra “civil” en el perfil constitucional de dichas instituciones como uno de los logros recientes más significativos de nuestra democracia. Por tanto, sea cual sea la dificultad y la complejidad para lograrlo, la seguridad, la justicia y la paz en México deben caminar por la vía civil.
La agenda política a favor de la militarización y el militarismo representa, quizá, el más destructivo impulso antidemocrático. En consecuencia, pocas cosas pueden ser tan urgentes como discutir y consolidar rutas para el regreso de los militares a los cuarteles. En varios núcleos de reflexión han iniciado los trabajos para construirlas y se trata de un doble desafío: recuperar el liderazgo civil y, en coherencia, contener a los militares en funciones de apoyo subsidiario. En esto estamos.