Más sobre la crisis de seguridad y justicia en su función estabilizadora del sistema político
En anterior columna expliqué mi hipótesis del efecto político estabilizador de la crisis de seguridad y justicia. La discusión quedó inserta en un informe que estaremos publicando pronto el Dialogo Interamericano y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX.
Hemos llegado a esta hipótesis luego de confirmar durante tres décadas y media la fortaleza de la barrera política que impide desmontar la crisis. Creíamos que la transición democrática abriría la reforma igualmente democrática de los aparatos de seguridad y justicia y sucedió lo contrario; mientras se abría el sistema político pluralizando el acceso al poder, se militarizaba más y más la función policial, se mantenía inalterada la descomposición de las fiscalías para culminar con la entrega del sistema de administración de justicia al mercado electoral.
Va siendo hora de dimensionar el equilibrio que sostiene y estabiliza al sistema. Es una ecuación muy sofisticada que nos absorbe y engaña a la vez: bienvenidas todas las reformas legales imaginables sin alteración de las prácticas. Parece que pasa una cosa, pero en realidad sucede otra. La fórmula ha sido extraordinariamente efectiva no solo para no cambiar la promesa del resultado, es decir, la seguridad y la justicia, sino incluso para oxigenar la ruta hacia la mayor descomposición institucional y social.
La síntesis es desoladora porque centenas de miles de personas y amplias audiencias sociales hemos apoyado y aplaudido por décadas -y lo seguimos haciendo- los cambios en los parámetros jurídicos, incluso diciéndole al mundo que logramos acuerdos de Estado detrás de una reforma constitucional ejemplar a favor de los derechos humanos en 2011, solo por mencionar un caso paradigmático de nuestras contradicciones.
Las reformas que no logran lo que prometen producen más reformas. Exactamente como la política de seguridad enfocada en el uso de la fuerza y el castigo penal no logra sus mandatos y, al ofrecer lo mismo “desde arriba” y exigir lo mismo “desde abajo”, se estabiliza. Es contraintuitivo y, a la vez, la evidencia que lo confirma es abrumadora. Si todo esto es difícil de digerir, el caso de las fiscalías es de plano imposible de procesar, al menos si de las promesas formales hablamos.
Vamos a reiterar el tamaño de esto: transición democrática con fiscalías, si acaso, retocadas para guardar las apariencias. Cómo tramitar que la reforma penal constitucional se aprobó hace 17 años mientras la impunidad de los más graves delitos anda en los mismos números, arriba del noventa por ciento desde que se le mide. Si las palabras a veces encapsulan nuestro tiempo, yo me conformo con una sola muleta discursiva de nuestra llamada clase política: “cero impunidad”. Sin rubor, todos los colores políticos la usan.
¿Y por qué no les ruboriza? Precisamente por la solidez estabilizadora de la crisis misma. Vaya paradoja: pueden decir lo que sea desde el poder público, pueden prometer lo que sea, pueden construir relatos usando estadísticas que esconden más de lo que muestran, pueden mentir abiertamente declarando de pronto los militares que se ha “recuperado el Estado de derecho” en un municipio en el que días después matan a su alcalde, puede la presidencia declarar terminada la corrupción, las desapariciones forzadas y la tortura, exactamente el mismo día que uno recibe noticias de lo contrario en voz de las víctimas; todo esto se puede porque paradójicamente el discurso sin base de realidad aceita la normalización de la tolerancia social.
Promoveremos la investigación que descifre cada vez mejor todo esto. Por lo pronto, el martes pasado invitamos al académico de la UNAM Luis Astorga, quizá el especialista más reconocido en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, y nos avisó que hay cuatro campos de poder en disputa: el político, el económico, el militar y el delictivo, correlacionados, en un momento de la historia, por decirlo suavemente, catastrófico.
Nuestros tiempos.
Las autoridades estadounidenses han estado informando a miles de migrantes que usaron esta app que sus permisos de permanencia y trabajo han sido cancelados y que deben marcharse “inmediatamente”.
Miles de migrantes que ingresaron a EU durante el gobierno de Biden usando una aplicación especial para programar citas de asilo están recibiendo la orden de abandonar ese país “inmediatamente”.
A los aproximadamente 900,000 migrantes que ingresaron por la frontera sur usando la aplicación CBP One se les permitió, en general, permanecer en EU durante dos años y se les otorgó un “permiso condicional” para trabajar legalmente.
Ahora, a muchos de ellos se les informa que sus permisos condicionales han sido revocados y que si permanecen en EU pueden ser sometidos a enjuiciamiento.
El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo prometiendo aumentar las deportaciones de EU. Su gobierno recientemente renombró la aplicación como CBP Home y la está utilizando para “autodeportaciones”.
En un correo electrónico visto por la BBC, se le dijo a un migrante: “Es hora de que salgas de EU”.
“Si no sale de EU de inmediato, estará sujeto a posibles medidas policiales que resulten en su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí”, añade el mensaje.
Un “abuso”
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que “la Administración Biden abusó de su autoridad para permitir la entrada de millones de extranjeros indocumentados a EU, lo que agravó aún más la peor crisis fronteriza de la historia del país”.
“La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, añade el comunicado.
No se sabe con certeza cuántas personas recibieron las notificaciones, aunque funcionarios de inmigración han confirmado que se enviaron a “algunas” de las personas que ingresaron a EU por esta vía.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las cancelaciones y la presión para salir inmediatamente no se aplican a los migrantes en dos programas de libertad condicional diseñados para algunos ucranianos y afganos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que entre quienes recibieron las notificaciones se encuentran migrantes mexicanos, hondureños y salvadoreños.
El aviso también informa a los migrantes que cualquier beneficio recibido como parte de su permiso de entrada a Estados Unidos, incluyendo la autorización de trabajo, ha sido cancelado.
“Estará sujeto a un posible proceso penal, multas civiles y sanciones, y a cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, indica.
CBP One
CBP One, lanzada originalmente en 2020, se amplió durante la administración Biden para permitir a los posibles migrantes programar citas para presentarse en un puerto de entrada.
En aquel momento, los funcionarios reconocieron que la aplicación había contribuido a reducir las detenciones en la frontera y presentaron la tecnología como parte de un esfuerzo mayor para proteger a los solicitantes de asilo que realizan un viaje, a menudo peligroso, a EU.
Sin embargo, en marzo, la aplicación cambió su nombre a CBP Home.
Ahora permite a los migrantes indocumentados identificarse y declarar su intención de salir del país.
La aplicación también pregunta a los migrantes si tienen “suficiente dinero para salir de EU.” y si tienen un “pasaporte válido y vigente de su país de origen”.
A finales de febrero, el gobierno anunció la creación de un registro nacional para migrantes indocumentados. Quienes no se inscriban podrían enfrentar un proceso penal.
El registro exige que cualquier migrante indocumentado mayor de 14 años proporcione al gobierno estadounidense su dirección y sus huellas dactilares.
Los expertos señalaron que el sistema de registro enfrentará obstáculos, ya que es difícil de implementar y presenta numerosos desafíos logísticos.
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