Hace algunos meses llegó a mi vida la historia de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona que comenzó a salir en titulares después de haber protagonizado dos escándalos monumentales: una pornovenganza y un asesinato.
Vivir en España aburre, hasta que repasas documentales de casos judiciales y sus recreaciones auspiciadas por Netflix. La historia de Rosa Peral se cuenta en la serie Cuerpo en llamas, interpretada por la estrella de La Casa de Papel, Úrsula Corberó. Si aún no le han hincado el diente a la serie o al documental, les resumo brevemente el quilombo: en 2008 Rosa fue víctima de una pornovenganza ejecutada por un superior en rango, con quien mantenía una relación sexual. Rosa estaba casada, y al negarse a seguir manteniendo relaciones con el señor superior, el alma de cántaro usó una fotografía de la chica que la mostraba realizándole sexo oral y la envió a todos los compañeros de comisaría, a través del correo electrónico de la propia Rosa. Todo sin su consentimiento, claramente.
Aunque Rosa denunció el hecho y presentó pruebas que incluían incluso grabaciones en las que el subinspector admitía la difusión de las imágenes, fue absuelto en 2018 por una salvedad que no tenía absolutamente nada que ver con el juicio de marras. En un juicio paralelo, Rosa fue encontrada culpable y condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez, junto con otro examante y también compañero de trabajo, Albert López. Durante el juicio, la vida sexual de la mujer fue objeto de un escrutinio público y mediático sin precedentes. La prensa y los argumentos legales destacaron sus relaciones sentimentales y se hizo hincapié en su carácter manipulador y su personalidad claramente promiscua, aspectos que, según su defensa, influyeron en la percepción del jurado.
El documental de Rosa no se centra en justificar su conducta o negar su autoría en el asesinato de Pedro; lo que se analiza en profundidad es que fue juzgada no solo por el crimen, sino también por su conducta personal, y que la difusión de su vida íntima contribuyó a una condena basada en prejuicios de género. El enfoque morboso y mediático que distinguió su juicio ha sido criticado por perpetuar estereotipos misóginos y por desviar la atención de las pruebas objetivas del caso. La revictimización de mujeres en procesos judiciales, especialmente cuando su vida sexual es utilizada en su contra, es una asignatura pendiente dentro de la necesidad de aplicar una perspectiva de género en la administración de justicia, para evitar juicios (penales, mediáticos o ambos) basados en estereotipos y lograr que todos nos centremos exclusivamente en argumentos comprobables y vinculatorios.
Traigo a colación el caso de Rosa Peral para colocar en justa perspectiva el más reciente sexo escándalo de internet.
El lunes pasado encontré varios tuits virales que señalaban la rabieta protagonizada por Scott, programador norteamericano de aparentes cuarenta y tantos años (hasta el momento su apellido permanece privado), quien construyó una página interactiva en la que exhibió más de 220 mil archivos de voz y mensajes de WhatsApp, así como los nombres de 398 hombres pertenecientes a 36 países, extraídos del teléfono de su novia colombiana de 24 años, a la que llamaremos María Clara. Scott decidió hacer pública la actividad sexual de quien identificaba como su novia formal porque asegura haber desconocido por completo que María Clara era una mujer que se dedicaba al modelaje webcam y a la prostitución.
La dinámica de poder desigual marcada por la diferencia de edad entre ambos, los recursos y el control tecnológico es una red flag del tamaño de mi hambre de triunfo y lujos. La edad de la chica no es confirmada, porque los únicos datos que aparecen al respecto son a través de su perfil de Chaturbate, sitio de sexo en línea en el que diferentes agencias reclutan a jovencitas desde los 19 años (edad aparente de María Clara; su rostro denota una edad no mayor a los 20) para ejecutar toda clase de actividades sexuales frente a la cámara.
Los caminos de la vida me llevaron a investigar dos cosas: por qué Colombia desbancó a Cuba como el principal destino de turismo sexual de nuestro continente, y qué tipo de servicios se ofrecen en sitios como en los que la chica se ganaba la vida. Y pues… agárrense, por favor.
Según un informe de Human Rights Watch firmado por Rebeca Hending y respaldado por una investigación de 18 meses realizada a diferentes estudios de webcam para adultos en Colombia, así como entrevistas realizadas a 55 trabajadoras, se documentaron abusos graves en estudios de webcam en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Palmira. Y aunque el gobierno ha reconocido el trabajo sexual como una actividad económica lícita, la falta de regulación específica deja a las modelos webcam en una situación de vulnerabilidad, sin olvidar que el estigma asociado al trabajo sexual es profundo y estructural. La ausencia de contratos laborales claros y la falta de acceso a derechos laborales básicos agravan su precariedad.
Las chicas entrevistadas relataron una pesadilla: condiciones antihigiénicas, jornadas de hasta 18 horas sin descansos adecuados y coacciones para realizar actos sexuales no consentidos. Sin contar que prácticamente desconocían los términos de servicio de las plataformas, lo que las expone al robo de salarios, multas por hacer pausas para comer o ir al baño. Las trabajadoras desarrollaron erupciones cutáneas e infecciones, y carecieron de apoyo en materia de salud mental. Las agencias que subcontratan las habitaciones de los estudios desde las que transmiten las captan desde muy jóvenes, con la promesa de convertirlas en millonarias y permitirles aspirar a tener su propio estudio independiente.
Pero es un engaño total: no solo necesitan comprar su propio equipo y rentar un departamento apropiado para controlar mejor sus horas y actuaciones, sino que los estudios a menudo se niegan a ceder el control de las cuentas que usan, obligándolas a empezar de cero si quieren independizarse, lo que se traduce a ganar de poco a nada. Los gerentes de los estudios suelen amenazarlas con dar de baja sus cuentas o disminuir el tráfico de usuarios para presionarlas a trabajar largas horas sin comida ni agua, y a realizar actos sexuales que no son consentidos. Por otro lado, la precariedad no se zanja por completo, porque las plataformas retienen entre el 50 % y el 65 % de los ingresos generados, y los estudios pueden quedarse con hasta el 70 % de lo que paga la plataforma.
Human Rights Watch revisó las políticas de las plataformas investigadas y determinaron que es indispensable que estos sitios implementen protocolos en materia de derechos humanos más amplios para abordar los riesgos relacionados con la salud ocupacional, la seguridad, el saneamiento y las condiciones de trabajo. El fenómeno Colombia es impresionante, los extranjeros viajan a ese país a replicar fantasías coloniales y racistas, porque saben que es el hábitat perfecto para que hombres privilegiados consuman cuerpos empobrecidos del sur global como “entretenimiento exótico”. Para ejemplificar lo anterior, no se pierdan este reel, por piedad de Dios.
La profesión que eligió María Clara fue una opción ante una precariedad laboral (Colombia padece un índice de desempleo del 9.3 %, es decir, 2,368 millones de personas sin ocupación). La falta de oportunidades académicas y laborales convierten a este país en el segundo lugar mundial -el primero es Rumanía- con más “webcammers”. Se estima que entre 40,000 y 50,000 personas trabajan en el país sudamericano en esta industrial digital, y los estudios lo saben mejor que usted y yo. Una de las chicas entrevistadas, de nombre ficticio “Val”, nos proporciona un testimonio demoledor: “Después de años trasmitiendo, Val empezó a poner límites. Al principio, la presión de ser nueva y ver que es imposible no compararse con otras chicas más experimentadas, se obligaba a aceptar jornadas más intensas o realizar actividades de las cuales no se enorgullece. Los estudios donde grababa no se interesaban en lo más mínimo si se podía hacer daño físico, o si la denigraban emocionalmente.
“Una cosa horrible es que la mayoría los dueños de los estudios son hombres, y desconocen cómo funciona el cuerpo de una mujer y te obligan a trabajar durante la menstruación. Además, te manipulan para aceptar realizar algunas prácticas que daban más dinero, a pesar de negarse repetidamente. También usan métodos de presión con lo que le pagaban a otras modelos:”Ay mira, esta quincena te llegó de 700, pero te podría llegar hasta de 6 millones”, contó Val sobre los mensajes para convencerlas en realizar prácticas dolorosas y humillantes. En su perspectiva, se vive una violencia que las estigmatiza socialmente. “El sexo vende, pero también aísla. Si algún conocido te encuentra, puede chantajearte o usar de pretexto tu actividad para abusar de ti sin consecuencias”.
Estar fuera de la pantalla un par minutos es estar fuera del mercado, por lo que los administradores ejercen una vigilancia constante, no solo al trabajo frente a la cámara, sino también a las conversaciones que sostienen con los usuarios. Otra de las entrevistadas contó a Human Rights Watch que, además de su cámara de transmisión, el estudio instaló cámaras de vigilancia en los baños y en los vestidores. Se supone que las chicas tienen total control y decisión para cerrar una sesión si un usuario les exige prácticas a las que ellas no están dispuestas, pero en la práctica los dueños de los estudios vigilan lo que piden los usuarios y las presionan u obligan a practicar esos actos, a mantener contacto con los usuarios para orillarlos a proporcionarles sus teléfonos y continuar el contacto fuera de la plataforma, porque ellos saben que ese cliente fidelizado regresará una y otra vez a comprar más tokens para gastar en alguna chica de su preferencia. Negocio redondo.
Todo está mal. Todo. Los usuarios de estas plataformas que perpetúan y sostienen una industria humillante, y el extranjero que va por una novia veinte años más joven que él a un país empobrecido. Ambos no son el proxeneta directo, pero su dinero sostiene tanto una industria donde muchas mujeres trabajan bajo condiciones abusivas o engañosas, y el otro, al pagarle todo a una jovencita en clara desventaja, también alimenta económicamente un sistema donde muchas mujeres no tienen alternativa real, porque se pierde la noción de consentimiento ético: no basta con que alguien diga “sí, soy tu novia” si está haciéndolo desde la necesidad y el hambre.
En este contexto, Scott no solo explotó su posición para difundir contenido íntimo de María Clara sin su consentimiento, sino que también utilizó sus habilidades técnicas para crear un sitio web destinado a exponerla públicamente, perpetuando así una forma de violencia digital que refleja las prácticas coercitivas y explotadoras presentes en la industria del modelaje webcam, del que tanto se horroriza que María Clara pertenezca.
Los casos de Rosa y María Clara comparten una similitud inquietante: lo que se castiga en ambas es que si una mujer ejerce o ha ejercido su sexualidad fuera de los márgenes socialmente aceptables son castigadas públicamente de forma desproporcionada. Y siempre sucede a través de mecanismos que perpetúan violencias más profundas que las que supuestamente las convierten a ellas en infractoras morales.
Scott no solo se sintió con derecho a ventilar la vida sexual de la chica, sino que construyó un sistema para castigarla públicamente, al más puro estilo de una cacería digital, instrumentalizándola mediante un delito: difusión no consentida de su intimidad. En ambos casos, sus relaciones sexuales o afectivas fueron usadas como herramientas de escarnio público. Rosa Peral fue víctima de pornovenganza institucional, cuando un superior usó su imagen íntima para dañarla dentro de la policía. María Clara fue víctima de pornovenganza digital, cuando su pareja difundió contenido personal para justificar su “traición”.
En ambos casos se construyó una narrativa de castigo moral porque “se lo merecían” por su cuestionable vida sexual. Esto perpetúa la idea de que las mujeres que se desvían del ideal de pureza deben ser disciplinadas no solo por sus parejas o sus jefes, sino por la sociedad entera.
Y en lo personal, lo que me resulta claramente deleznable es el doble estándar de género; porque nadie juzga a los hombre que consumen prostitución, pero se castiga demoledoramente a la mujer que la ejerce o explora su sexualidad sin límites morales. La culpabilización recae de forma selectiva. Nadie menciona un punto delicado: no sé si todos los que vivimos el escándalo en tiempo real de María Clara notamos una violencia más: la violencia basada en poder digital. Scott tiene la ventaja privilegiada de la edad, el dinero y las habilidades técnicas, usó su posición y conocimientos para “ajusticiarla”. Ella, con 24 años, en situación económica vulnerable, quedó expuesta a consecuencias permanentes.
En el audio introductorio que aparecía en el home del sitio dedicado a María Clara, Scott se justificó argumentando que la chica lo había contagiado con una ETS, pero como justificación de venganza la mesa se queda con tres patas: aunque el dolor de una traición íntima y un contagio no deben jamás minimizarse, nada justifica una respuesta que arrase con la vida de otra persona, mucho menos con una joven que difícilmente podrá recuperarse del estigma y de la imborrable huella digital. La pornovenganza es un crimen, no es una catarsis emocional válida o justificable. Scott no se “desahogó”; cometió un acto de violencia que puede tener consecuencias legales. La justicia de “ojo por ojo” digital suele ser ciega, brutal y desproporcionada.
La dolorosa cercanía de los juicios públicos a Rosa y María Clara expone un patrón estigmatizante: cuando una mujer transgrede lo sexualmente permitido, cualquier castigo parece válido, incluso uno ilegal. Pero lo que debería preocuparnos es lo opuesto: que sigamos validando el juicio moral sobre la vida íntima y que en nombre de él se justifiquen nuevas violencias.
Por supuesto, todos sabemos a estas alturas que Rosa es una asesina y como tal se le condenó en juicio paralelo, pero su culpabilidad en la planeación y ejecución de su expareja no tendría por qué invalidar el juicio que perdió: su exjefe también cometió un delito y tuvo que haber pagado la pena correspondiente. Un delito no borra o anula otro, sea cual sea el nivel de gravedad. Por supuesto, María Clara engañó y presuntamente contagió una ETS a su expareja, un señor veinte años mayor que ella que aprovechó su talento informático para destrozarle la vida públicamente a una persona sobre la que ejercía control y poder. Scott pudo demandarla y obtener una indeminización, pero en cambio se decantó por cometer un delito y, de paso, revictimizarla. Mientras tanto, el circo público continua tolerando novedosas formas modernas de lapidación pública, y los sistemas judiciales y digitales continúan sin suficientes mecanismos de protección para víctimas de pornovenganza.
Después de la desaparición del sitio que Scott construyó para desprestigiar a su novia, algunas fuentes aseguran que la historia es falsa o que obedece a un experimento social; sin embargo, así sean Claras o Perales, estoy convencida que todos estamos aprendiendo hoy algo nuevo y, si no, lo veremos próximamente en Netflix sin cortes comerciales.
El ataque se produjo dos días después de que Rusia prometiera represalias por un audaz ataque con drones de Ucrania.
Rusia lanzó la madrugada del viernes ataques a gran escala con drones y misiles contra la capital de Ucrania, Kyiv, y otras partes del país, según informaron las autoridades ucranianas y rusas.
Al menos tres personas murieron y 49 resultaron heridas en los ataques, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Los ataques aéreos tuvieron como objetivo Kyiv, la ciudad de Lutsk y la región de Ternópil, en el noroeste del país.
“Hasta el momento se han confirmado tres muertes; todos eran empleados del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania”, declaró Zelensky.
Añadió que en el ataque se utilizaron más de 400 drones y que el número de heridos “podría aumentar”.
En un comunicado anterior, el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó de la muerte de cuatro personas en la capital del país.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas armadas lanzaron durante la noche del jueves un ataque masivo con armas aéreas, marítimas y terrestres de alta precisión y largo alcance, así como con drones de ataque.
El ministerio indicó los ataques eran en respuesta a “actos terroristas del régimen de Kyiv”, y agregó que habían tenido como objetivo instalaciones militares.
La ofensiva de Rusia contra Ucrania se produce días después de que Kyiv lanzara su mayor ataque con drones de largo alcance contra al menos 40 aviones de guerra rusos en cuatro bases militares, en la llamada “Operación Telaraña” el domingo.
El miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, que respondería a los ataques de Ucrania contra sus bases.
Debido al ataque del viernes se activaron alertas antiaéreas en la capital, así como en las ciudades de Járkov, Sumy y Lugansk. El sistema ferroviario de Kyiv se vio interrumpido tras el bombardeo de las vías del metro dañadas.
Se informó que decenas de miles de civiles en la capital pasaron unas horas intranquilas en refugios subterráneos.
Desde el centro de la ciudad, se oían ráfagas prolongadas de ametralladoras mientras las defensas aéreas en las afueras intentaban derribar decenas de drones que apuntaban a Kyiv.
De vez en cuando, también se oía el inconfundible zumbido de los drones sobre sus cabezas.
Brillantes destellos de luz, que a veces se reflejaban en los edificios cercanos, eran seguidos, cinco o diez segundos después, por estruendosas explosiones.
En una entrevista con la TV ucraniana, el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ihnat, dijo que Rusia lanzó 407 drones, 38 misiles de crucero y seis balísticos contra Ucrania durante la noche. Agregó que se interceptaron hasta 30 misiles y 200 drones.
“Este es el segundo ataque aéreo más grande contra Ucrania, después de que Rusia utilizara 472 misiles y drones durante la noche del domingo”, señala Vitaliy Shevchenko, editor de Rusia de BBC Monitoring.
A las afueras de la capital, el jefe militar de Ternópil, Vyacheslav Negoda, declaró que el ataque del viernes fue el “ataque aéreo más masivo contra nuestra región hasta la fecha”.
El alcalde de Ternópil, Igor Polishchuk, declaró que cinco personas resultaron heridas en el ataque y que se produjeron daños en viviendas, escuelas y una instalación gubernamental.
Agregó que en Lutsk, cinco personas resultaron heridas en un ataque con 15 drones y seis misiles.
En una publicación en X, Zelenski escribió: “Rusia debe rendir cuentas por esto” e instó a Estados Unidos, Europa y a “todo el mundo” a presionar a Rusia, afirmando que no hacerlo es “darle a la guerra más tiempo para cobrar vidas; eso es complicidad y responsabilidad”.
Zelenski afirmó que en la operación Telaraña del domingo el servicio de seguridad ucraniano utilizó 117 drones que impactaron al “34% de los portamisiles de crucero estratégicos rusos”.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas aéreas derribaron 174 drones ucranianos durante la noche en zonas de Rusia y Crimea ocupada.
El ministerio indicó que también se interceptaron misiles de crucero antibuque Neptune sobre el Mar Negro.
A principios de este mes, se celebraron conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul, pero terminaron sin un avance significativo.
Los negociadores ucranianos afirmaron que Rusia rechazó un “alto el fuego incondicional”, una exigencia clave de Kyiv y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos.
El equipo ruso dijo haber propuesto una tregua de dos o tres días “en ciertas zonas” de la vasta línea del frente, pero no dio más detalles.
El miércoles Trump afirmó que Putin prometió responder con firmeza al reciente ataque de Ucrania a bases aéreas rusas, durante una llamada telefónica que duró más de una hora.
Moscú había declarado previamente que las opciones militares estaban sobre la mesa para su respuesta al ataque ucraniano.
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