Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank
especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles
a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy.

Phronesis

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Escribo estas líneas en el contexto de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, que en lo que va del año ha ocasionado la muerte de más de 300 mil personas y ha contagiado a más de 5 millones en el planeta. Esta circunstancia ha mostrado la debilidad que la racionalidad neoliberal produjo en los sistemas de salud en varias partes del mundo, pero no sólo, pues aunque aún es pronto para evaluar los resultados que en los planos económico, laboral, educativo psicológico y social tendrá como saldo final esta lamentable circunstancia, ya —ahora que el confinamiento comienza a levantarse, inserto en lo que se ha dado en llamar una “nueva normalidad”— hay indicios de que los desplazamientos sociales que el neoliberalismo también produjo en los planos político, financiero, laboral, educativo y social —además del sanitario, por supuesto— que ya se mostraban como tendencia desde finales del pasado siglo XX, se radicalizarán en la era post-COVID 19.
Esto pondrá en jaque los valores que en la segunda posguerra produjeron lo que hasta hoy ha sido el último momento igualador de la Modernidad, el de la emancipación de las identidades —mujeres, afrodescendientes, comunidades LGBTTTIQ, personas con discapacidad, poblaciones originarias— la última de las cuales, la de las poblaciones originarias, había comenzado de hecho a llamar la atención sobre la importancia de una economía solidaria, del respeto por el ambiente y sobre la necesidad de un nuevo impulso descolonizador que hiciera contrapeso al exacerbado extractivismo que, por una parte, ha sido condición de la depredación natural, del desplazamiento material de las comunidades originarias y de la destrucción de sus cosmovisiones y, por la otra, de la explotación brutal de mano de obra precaria, propiciando nuevas formas de esclavitud y servidumbre, como lo ejemplifican los casos de la explotación laboral infantil y la de los migrantes no documentados.
Esta última ola se reavivó con los movimientos de consumidores que pusieron de relieve la necesidad de frenar el consumismo voraz al que nos empujó la psicopolítica neoliberal y, mucho más recientemente, con los nuevos movimientos de mujeres, los de la llamada “cuarta ola del feminismo”, cuyo apogeo tuvo lugar este mismo año, mientras China estaba sufriendo ya los estragos del virus y cuando en Europa no se tenía la menor idea del impacto que la pandemia tendría semanas después, especialmente en Italia, España e Inglaterra. Los días 8 y 9 de marzo de 2020 estaban llamados a ser recordados como el momento en el que la consigna “cambiemos el miedo de lugar”, gritada en plazas de todo el mundo por las mujeres, se hizo realidad. La convulsión en las universidades mexicanas debida a la violencia institucional ejercida, históricamente y de manera principal, desde las y los docentes al estudiantado, produjo efectos importantes que pusieron de relieve que la igualdad de género no es independiente de la igualdad material y que formas de organización horizontal, sin caudillismos, son posibles.
Sin embargo, estos impulsos no sólo se detuvieron porque el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y a la libre manifestación de las ideas ocupa del espacio público, de la movilidad para convertirse en movilización, ocupa molestar cerrando calles, haciendo pintas, rompiendo cristales, y, como es obvio, nada de eso es posible ni con la sana distancia, ni con el confinamiento; y aunque hay formas de protestar mediante las redes sociales, el mismo COVID, las batallas de descalificación política y científica en torno a la política para atender la pandemia y la necesidad, casi holliwoodense, de mostrar que podemos hacer la vida cotidiana conectados —mostrándonos haciendo video-conciertos, conferencias virtuales, teletrabajo, tele-fiestas y video-cenas— terminó por cooptar el espacio virtual, marginalizando incluso las no poco frecuentes denuncias en Twitter y Facebook que dan cuenta de que tanto la violencia institucional como la comunitaria de genero también “se quedaron en casa”.
Pero, como decía, no sólo pudo el COVID lo que no logró la policía o las políticas represión y de criminalización de la protesta, ni el patriarcalismo más brutal —o sea, detener la movilización social y eficientar mecanismos de control informal suave sobre la población— sino que, además, ha sido el escenario que ha logrado mostrar con meridiana claridad—y me temo que también impulsar— que la división social del neoliberalismo no está más dada en clases socioeconómicas como antaño, sino entre dos grandes grupos poblacionales, unos excluidos y otros incluidos, a los que podemos identificar, respectivamente, como precarios y como privilegiados; con ello, también ha puesto en claro que a la lucha de clases la ha sustituido, con toda seguridad, otra lucha, la de los privilegiados por no perder los privilegios y la de los precarios, por no morir.
Para los privilegiados, los que hemos podido “guardar casa” porque nuestros salarios o nuestras rentas —o ambas— están aseguradas, el encierro nos hace soñar con que ya pertenecemos al mundo que la imaginación de William Hanna y Joseph Barbera crearon para la Jetsons family en los años sesenta (sólo hay que ver los memes que en este sentido se han divulgado en redes) aunque en la realidad nos ha empujado más bien a una distopía: la de la materialización del sueño de Silicon Valley, de una comunidad de Geeks sentados la mayor parte del día frente a los ordenadores, las tabletas y los teléfonos inteligentes, juntos pero separados, ocupado cada uno en su dispositivo, consumiendo y consumiéndose —consumiéndonos— y transformando las deterioradas e imperfectas relaciones humanas en redes de datos que se comunican mediante las más sofisticadas interfaces con los nuevos y renovados telemercados, telerestaurantes, telefarmacias, teletiendas, teletransportes —que acompañan ahora al teleentretenimiento que, si bien no es nuevo, hoy constituye quizá el más eficiente mecanismo global de sustracción de tiempo útil para convertirlo en tiempo perdido en ensoñaciones, en la onírica aspiracional del espectáculo, como me gusta llamarle. Todo ello para teleconsumir, cómodamente, desde casa y al alcance de un clic, datos y tiempo aire que nos proveerán, como se dice ahora, de experiencias únicas, personalizadas, como las que nos llegan directamente desde Netflix, Spotify o Xvideos, o las que nos hacen llegar nuestros restaurantes favoritos, nuestras tiendas departamentales, nuestros supermercados y farmacias —y si ya somos adictos a la telecompra, también Amazon, Best Buy o eBay— desde sus portales de internet hasta nuestras casas mediante las delivery que hoy se han vuelto una “necesidad”: Rappy, Uber Eats, Corner Shop, Diddy Food, Sin Delantal o bien las ya convencionales DHL, Estafeta o Federal Express. Todo ello sin reparar en que, mientras satisfacemos nuestras ansias de comprar, regalamos a las grandes corporaciones globales información muy valiosa para perfilar nuestros hábitos de consumo. De hecho, cabría hipotetizar sobre este asunto, si la crisis económica de las medianas y pequeñas empresas que se espera implique recortes, despidos y reducciones de salarios, se podrá comparar con el crecimiento de los grandes corporativos transnacionales, como Google, Apple o AT&amp;T y, desde luego, de la banca global, en este mismo tiempo aciago.
En contraste, las personas precarizadas han tenido que enfrentar un riesgo de contagio cotidiano porque la inmediatez de sus vidas no les permite estar a salvo; les exige, por el contrario, cumplir con sus obligaciones laborales que, dicho sea de paso, resultan esenciales porque de ellas depende la producción, el abasto, los servicios que los privilegiados consumimos; o bien, como en el caso de los comerciantes informales, su cotidiana supervivencia. Son ellas y ellos, una legión de personas anónimas que han sido de antemano excluidas quienes, ante la mirada horrorizada de los televidentes —nunca mejor aplicado este término aunque hoy incluye principalmente a los espectadores de Instagram, Twitter, Facebook y Tik Tok— abarrotan por las mañanas y al caer las tardes el transporte público, caminan las calles, cruzan los parques, ataviados como pueden, con barbijos improvisados, caretas hechas de garrafas plásticas y hasta guantes de limpieza, seguramente con los dedos cruzados para no ser contagiados y llegar a tiempo al trabajo —donde estarán ahí para hacer la limpieza, vigilar, descargar camiones, cocinar, abastecer, cobrar la compra, hacer las entregas o atender a los bikers de las delivery, otra legión todavía más precarizada que hoy transita las ciudades— o bien para llegar a casa, cumplir con la faena, la pareja, la progenie, los abuelos e intentar descansar antes de iniciar de nuevo, como cada día, como todos los días, con o sin cuarentena.
Todo por no perder el estipendio diario que, para todas ellas y ellos es, como parece no ser tan obvio para muchos de los asentados en el privilegio, más importante que poner en riesgo la vida. Igual, tampoco es que haya una conciencia solidaria porque la legión de servidores pueda contagiarse o morir, sino más bien porque, en su necedad de exponerse al virus, puedan ellos contagiarnos o dejarnos sin el servicio; quizá por ello en algunas de las casas de las personas privilegiadas se optó por “ofrecer” a las y los trabajadores del hogar que no volvieran a sus casas, que se quedarán donde sus patronas, para no exponer a las familias privilegiadas, ni al contagio, ni al degradante trabajo doméstico.
Este periodo de confinamiento nos está dejando lecciones muy importantes acerca de cómo podría ser el mundo en los próximos años: comunidades privadas de privilegiados aislados, no más —es muy probable— por la amenaza de ningún contagio, sino porque así nos habremos habituado a vivir para sentirnos seguros, donde los derechos podrían incluso no ser necesarios porque la educación, la salud y el trabajo estarán como lo están hoy por el COVID, al alcance de un dispositivo telemático y casi seguramente a disposición del mercado. La democracia bien podría reducirse, como han vaticinado algunos, a darle like a nuestras opciones políticas preferidas o bien a debatir incansablemente en Twitter y a emitir comunicados plagados de abajo firmantes; nuestros hábitats serán pensados, como ya está ocurriendo, para gozar de ambientes sanos y seguros, como si fuesen campos de concentración sí, pero de concentración de la riqueza, y nuestros dioses Google, Apple o AT&amp;T, cuidarán de mantener nuestras subjetividades al día de las tendencias del mercado, las series de moda, el mundo de los deportes y de los espectáculos, el desempeño de nuestros gobernantes y quizá, de vez en vez, también nos den noticias de lo que pasa más allá de los muros de nuestros enclaves de confort. Afuera, mientras tanto, la gran mayoría urbana estará atrapada por la precariedad, limpiando, vigilando, cargando, manufacturando, entregando, en suma: sirviendo; esperando sin saberlo que algún dispositivo precaricida les alcance: la delincuencia, la explotación, la esclavitud, la indiferencia, el odio, la enfermedad o el hambre.
Por eso la pregunta acerca de la necesidad de un nuevo igualitarismo resulta más que necesaria, porque si no hacemos algo al respecto, lejos del optimismo de quienes ven en la “nueva normalidad” una nueva era —una que depara el fin del capitalismo, o el principio de una nueva solidaridad planetaria— lo que le espera a la mayor cantidad de las personas en el mundo es más precarización y, tarde o temprano, el precaricidio.
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La “nueva normalidad” post COVID-19

El “debate” sobre la información publicada por varios periódicos internacionales en torno a la cifra oscura de defunciones relacionadas con padecimientos producidos por el nuevo coronavirus constituye un ejemplo interesante de algo que anticipaba en alguna colaboración anterior sobre los efectos que más allá de la salud, traería la pandemia en México. Escribí entonces que a la biopolítica le iría ganando el paso la psicopolítica y que “la fragilidad de la razón humana (podría ser) un extraordinario campo de cultivo para la manipulación de las subjetividades. El caso de estas notas muestra la sofisticación que puede alcanzar este proceso que se funda en la manipulación deliberada de las emociones, no sólo en el miedo —como apuntaba yo en aquella colaboración— sino en la antipatía y en el enfado que muchas personas sienten frente al gobierno actual y todo lo que lo representa, con la finalidad de generar o reforzar actitudes y valores con un determinado sesgo político.
Contenidos que aparecen bajo una apariencia de racionalidad, que se validan, por ejemplo, en el prestigio de las casas editoriales que los publican, pero que carecen de todo tipo de soporte empírico, buscan mediante el uso de trozos de verdad, como la realidad de la existencia de una cifra oscura de muertes por COVID— hilar narrativas que, encabezadas con titulares sensacionalistas, alertan al público sobre historias que, construidas desde la objetividad del reportero, aparecen neutrales, creíbles, aunque carezcan de fuentes que permitan contrastarlas. Por esos creo que ese “debate” sobre las notas periodísticas merece un análisis que lo contextualice, justo en el escenario de la psicopolítica.
La psicopolítica, en términos simples, se refiere al control de las subjetividades; aunque sus antecedentes se ubican en el nacimiento de las relaciones públicas y su desarrollo se identifica con el de la publicidad y la mercadotecnia, lo novedoso radica en su uso contemporáneo para producir, mediante el recurso a la excitación de las emociones más básicas de las y los seres humanos, actitudes y comportamientos que derivan hacia la política, entendida ésta como un mercado. La psicopolítica ha sido, en mi opinión, el dispositivo más exitoso para trasladar la lógica empresarial al campo del Estado y la razón principal por la que el neoliberalismo dejó de ser solamente un modelo económico para convertirse, en un periodo de treinta o cuarenta años, en la racionalidad imperante en prácticamente todo el mundo occidental: el formateo masivo de nuestra psique, en efecto, a partir del descubrimiento de la fragilidad de nuestras subjetividades.
Como lo he planteado en otras colaboraciones, la pretensión de la 4T es producir un cambio de régimen. Y es precisamente la desconstrucción de la semiótica, de las prácticas y de las instituciones del tipo de Estado que se busca superar, lo que un cambio de régimen significa. La 4T ha elegido como herramienta una suerte de populismo híbrido, a veces a la izquierda, otras a la derecha, pero me parece que ello no es distinto al proceso mismo de construcción de la racionalidad neoliberal cuyo éxito radicó, como dirían preclaras inteligencias contemporáneas, en lograr que los electores identificaran capitalismo con democracia (W. Brown) al tiempo que las oligarquías identificaban democracia con conservadurismo (I. Wallerstein), con lo que se consiguió que la racionalidad económica actual se alejara radicalmente de los principios del liberalismo clásico —y obviamente del liberalismo social— para, bajo la denominación de neoliberalismo, dar forma a un capitalismo predatorio (N. Chomsky) en la que la acumulación por despojo (D. Harvey) ha concentrado la riqueza en pequeñas elites tanto globales como locales (T. Piketti), que mediante distintos tipos de dispositivos institucionales, materiales y sobre todo psicológicos (B.C. Han) han desplazado a las mayorías hacia la exclusión y, literalmente, al abandono, en los términos de J.L Nancy.
El populismo híbrido de la 4T ha optado por una estrategia que busca efectos similares a los de la psicopolítica, pero prescindiendo de su ambiente tecnocrático: ha intentado reidentificar a la democracia ofreciendo reconciliar demos (pueblo) y kratos (poder) y para ello se ha servido de lo que considera signos que le permiten identificarse con las clases populares: las creencias religiosas (aquí también con una religiosidad híbrida pero peligrosamente utilitaria, especialmente en su flanco pentecostal, como lo han señalado Barranco y Blancarte recientemente y también Dussell en varias ocasiones) la sabiduría popular, el lenguaje llano, la cultura del esfuerzo, la solidaridad, entre otros que configuran una semiótica radicalmente opuesta a la elaborada por la racionalidad neoliberal. La cancha de Andrés no está en la web, sino las mañaneras de Palacio Nacional y en el contacto directo con el pueblo; su recurso de comunicación política es el uso del lenguaje para producir sentimientos, de simpatía entre quienes lo quieren, de empatía entre quienes además lo comprenden, y de franca antipatía entre quienes lo detestan. Contrariamente a lo que podría pensarse, pero con una lógica indisputable si se piensa que México es un país donde la mayoría de la gente ha sido desplazada y precarizada, esta forma de comunicación política es la que le dio el triunfo electoral y la que le mantiene con una popularidad tal que, si sus opositores no hacen algo más inteligente que lo que el borrego de la prensa internacional ha querido ser, le alcanzará para ganar otra vez las elecciones intermedias y también las del 2024.
La sola idea de lograr en efecto un cambio de régimen no debe ser del agrado de la élite mexicana, pero tampoco de la cúpula global. Las historias de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil, donde igualmente se intentó superar el neoliberalismo mediante modelos de Estado más allanados a la lógica de lo público que a la de lo privado, deben servir para alertar que, más allá de los discursos, pero sin duda a través de ellos, la derecha no se va a cruzar de brazos porque con un cambio de régimen hay, para ellos, mucho que perder. No se trata, —o no sólo, casi nada yo diría— de poner en riesgo su riqueza o sus bienes, que son tan vastos como para que sus descendientes no se preocupen por ser pobres en generaciones; sino de arriesgar la estabilidad de las condiciones que les han permitido mantener bajo el dominio consensual de la psicopolítica, a una gran mayoría de personas que mientras son víctimas de la acumulación por despojo, obtienen conformidad mediante la onírica aspiracional del consumo. Por eso, causar miedo e indignación, como es el objetivo de esas notas, resulta políticamente redituable.
Cabe hacer notar, para evidenciar la fragilidad de nuestras subjetividades, cómo en el escenario COVID se invirtieron los papeles y, paradójicamente, frente a un conjunto de notas colocadas en medios prestigiosos, bien coordinadas, con el timming preciso para aparecer en el acmé —según se había previsto— de la pandemia en la ciudad de México, pero sin sustento empírico alguno, los que reclamaban a la 4T su desdén por las cifras y el sustento científico, hoy anteponen la opinión periodística al rigor del análisis sistemático que desde hace semanas realizan científicos calificados —todos son investigadores nacionales niveles 1, 2 y 3 desde antes del triunfo electoral de Andrés— y vinculados mediante instancias —globales por cierto— como la OMS y la OPS, cuyos estándares de validez científica están estratosféricamente encima de los del más famoso y prestigiado de los diarios.
La intención de producir una percepción generalizada de que la estrategia de la 4T contra el COVID-19 es errada, de que está produciendo más contagios y más muertes que en otros lugares del mundo y que ello se debe, por una parte, a la torpeza de Andrés y por la otra, a la intención de engañar de Hugo López-Gatell, constituye en el contexto actual un activo político para sus detractores que busca hallar, en el temor a los contagios y a las muertes, tanto como en la antipatía de quienes simplemente no lo soportan, un catalizador para producir más temor y más antipatía que electoralmente les reditúe.
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Psicopolítica COVID-19

El pasado jueves 30 de abril, la Universidad Iberoamericana campus CDMX organizó una mesa para discutir la más reciente versión de la guía bioética, la que se dio a conocer ese mismo jueves 30 por la noche. En ella participamos Santiago Corcuéra, María de Jesús Medina, Mariana Dobernig y yo. Comparto en Phronesis, revisada, mi participación.
Sin duda, la guía ha abierto la conversación sobre un tema del que no solía hablarse y ha motivado una gran participación, incluso de no expertos, quienes han dejado ver argumentos muy interesantes que han impactado en versiones anteriores de la guía y que seguramente lo harán en discusiones futuras. De hecho, la guía ha estado en constante revisión y la versión más reciente se dará a conocer apenas dentro de unas horas. Sin duda, esta versión resuelve temas controversiales que, me atrevo a decir, se debieron más a insuficiencias en el modo de plantear los argumentos y a interpretaciones erróneas de los mismos, que a problemas con el propósito o el método propuesto en la propia guía. En todo caso, la discusión la ha tornado más prolija y creo que poco a poco, tiende a generar un importante consenso. Para abordar su análisis parto aquí de tres preguntas que, me parece, resumen las principales preocupaciones y debates suscitados por este documento.
1. ¿Era necesario elaborar una guía? Las y los médicos enfrentan estas situaciones todo el tiempo y están acostumbrados a afrontar sus consecuencias.
Hay que considerar que la guía está pensada para un contexto de excepción que supone situaciones que no se presentan en la práctica médica cotidiana, en la que el personal médico podría estar atendiendo a decenas o centenas de personas que al mismo tiempo requieren acceder a recursos que son escasos. Se entiende que, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, el que las y los usuarios superen en número a los recursos disponibles para atenderles es precisamente lo que justifica el triaje.
Esa situación excepcional supone que el sistema de salud pública subsume la práctica médica cotidiana, reorientando o de plano dejando en suspenso sus fines, con la finalidad de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Ello sin duda tiene efectos en la reducción de la discrecionalidad de las decisiones que sin la guía de todas formas serían tomadas por las y los directores de hospital y por el personal médico, abriendo la puerta a la discriminación y a los conflictos de interés. En ese sentido, siempre será mejor tener regulado en una guía un sistema de triaje que de otra forma daría lugar a decisiones arbitrarias sujetas a ningún tipo de control.
Por otra parte, la guía cumple la importante función de relevar al personal médico de la angustia moral que implica decidir por sí mismos a quien se asignan los recursos escasos: decide por ellas y ellos, fuera de coyuntura, a quien deben otorgarse los recursos, y lo hace en razón de criterios objetivos, prestablecidos y por ende revisables. Naturalmente, también funciona como un criterio que, aunque atinadamente en esta última versión de la guía ya permite tomar en cuenta la voluntad de pacientes y familiares en línea de principio, justifica como último recurso la expropiación de esa voluntad en función del propósito mayor de salvar más vidas. Así, este mecanismo asegura el giro que, en la perspectiva de salud pública hay que dar, desde el interés individual por la vida de una persona en concreto —como en casos de práctica médica cotidiana— por el interés colectivo de salvar la mayor cantidad de vidas posible.
2. ¿Por qué una guía debe decidir quien vive o quién muere? ¿No es eso jugar a ser Dios?
El nuevo documento es claro en ese sentido: la guía no tiene como objetivo elegir quien morirá, sino más bien quien recibirá los recursos escasos y quien tendrá que recibir atención por medios que supongan otros recursos no escasos (cuidados paliativos, según la guía). De hecho, la vida o la muerte de la persona puede ocurrir con independencia de haber recibido o no el recurso escaso; pero ciertamente, de un adecuado triaje depende que el recurso escaso resulte mejor aprovechado. Esta aproximación no es sólo un eufemismo. Es claro que en la situación de crisis que se está presentando ahora, un importante número de personas han y siguen enfermando gravemente y que, entre ellas, un elevado porcentaje ha muerto o morirá; ello es, por el momento, inevitable y previsible. De ahí que hacer lo necesario para que la decisión sobre a quien se otorga el recurso escaso no sea inútil, se vuelve imprescindible.
Por eso, para que la decisión sobre el destino del recurso escaso no sea fútil, es que se hace necesario aplicar una escala —SOFA, APACHE u otras construidas con este propósito- que dé una idea, lo más objetivamente posible, de en qué situaciones el otorgamiento de recursos escasos resultará mejor aprovechado. Ciertamente, estas escalas miden valores asociados a la condición médica del paciente y aplicadas junto a otras asociadas a comorbilidades, traducen esa condición a un dato numérico, que asignado a cada paciente, permite comparar y con ello elaborar listas de prelación: por tanto, lo que esta escala plantea, no es quién, dada su condición médica, morirá primero o después, sino la posibilidad mayor o menor de que la decisión que se tomará no sea fútil: a mayor puntaje en la escala mayor probabilidad de que la decisión lo sea; a menor puntaje, mayor probabilidad de que no lo sea. Por ello, más que certezas sobre la sobrevida de una persona, la escala ofrece al personal médico un indicador que les permite anticipar que la decisión que hay que tomar valdrá la pena.
3. ¿Puede la decisión final sobre a quien se asignan los recursos escasos recaer en el azar?
Cuando fue eliminado el argumento de los años por vivir, al que se relacionó con la edad, la guía consideraba que, en caso de empate en los puntajes arrojados por las escalas de medición, la decisión debía tomarse recurriendo al azar (un volado, un sorteo, etc.). La última, sin embargo, vuelve a plantear el recurso al azar como un caso extremo, luego de considerar la pertenencia de las personas involucradas en el triaje a grupos vulnerados. Sobre el azar hay que decir que su justificación radica en que se trata de una medida de último recurso, que debe tomarse solamente cuando ya no hay nada más que valorar y a la que debe recurrirse porque es imperativo decidir. Reparte en proporción de dos a uno, que es la más justa posible, la probabilidad de ser elegido para acceder al recurso escaso.
Sin embargo, un atino de la última versión de la guía es que, como se ha dicho, añade un criterio de previa consideración que introdujo Juan Antonio Cruz Parcero, miembro del comité que ha estado elaborando la guía, y que consiste en considerar la protección a personas que pertenecen a grupos vulnerados, lo que funciona como una suerte de compensación orientada por el principio de justicia social, que es el que precisamente rige a la salud pública. Esta adición da la vuelta a los argumentos sobre la no discriminación —que en los últimos borradores de la guía han sido vastos— para introducir un criterio que hace las veces de acción afirmativa de último momento a favor quien pertenece a grupos vulnerados. Es, en mi opinión, de la mayor importancia porque salva a la guía de quedarse en un plano en el que las y los seres humanos somos considerados únicamente desde una dimensión biomédica (Zoe), para ser significados en un sentido social (Bios). Para mí esta es la aportación más importante de esta última versión de la guía, porque da un sentido reivindicatorio a la elección final que, en caso de empate en el puntaje de la escala y antes de recurrir al azar, otorga el recurso escaso al desaventajado.
Todavía sigo creyendo que tenemos pendiente una discusión que, en situaciones límite como las que hacen necesario el triaje, aleje los argumentos de un discurso predominante biomédico -que inevitablemente raya en lo biopolítico—para aproximarlos más al campo propiamente ético, donde el tema de la vida pueda ser abordado desde valores que cuestionen el egoísmo de nuestra cultura individualista y donde la muerte, por tanto, signifique menos una fatalidad y más una oportunidad para ser altruista, en el marco de sociedades más solidarias. Me parece que el argumento de la vulneración social que ha introducido el nuevo documento avanza por ahí, pero todavía no es central en la justificación de la guía; creo, sin duda, que merece un mejor lugar.
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La guía bioética versión 30.04.20

Lo primero que hay que decir, me parece, es que la guía bioética no plantea ningún dilema nuevo porque refiere a criterios que, bajo el concepto de triaje, han aplicado tradicionalmente en la práctica de la salud pública cuando ha sido necesario decidir, en situaciones de escasez de recursos, a quiénes dar prioridad para acceder a ellos. Situaciones como éstas se han presentado desde luego en otras pandemias, pero también en desastres naturales o cuando debe decidirse el turno para un trasplante. Está pensada para una situación crítica en la que deben tomarse decisiones inmediatas cuyo resultado, en circunstancias no críticas, podría traer consecuencias ético profesionales y hasta jurídico-penales para quien las toma. En este sentido, la guía se torna un referente normativo que, al tiempo que releva a las y los médicos de tomar decisiones críticas, les releva también de toda responsabilidad por actos que estén previstos en la propia guía. En otras palabras, les dice qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y enmarca estas acciones en un ámbito de protección contra el reproche jurídico, psicológico, moral o ético-profesional, otorgándoles un marco para actuar orgánicamente con el propósito de salvar vidas.
Me parece fundamental entender que este documento está pensado para un escenario excepcional en el que, de no existir, igualmente se presentarían las situaciones que en él se prevén, dejando al arbitrio de las y los médicos decisiones que entonces quedarían justificadas mediante criterios inciertos y totalmente vulnerables al prejuicio. Es, por tanto, un protocolo de actuación que debe usarse sólo cuando “la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada”.
En este sentido, la guía responde a una pregunta básica que en situaciones de emergencia puede presentarse de manera cotidiana y, de hecho, varias veces en un solo día: cuando los recursos no alcanzan para el número de pacientes que los necesitan ¿con que criterio deben asignarse?
La respuesta la ofrece la guía estableciendo que, en situaciones de crisis la prioridad la tiene la salud pública por encima de la práctica médica cotidiana. A diferencia de esta última, que atiende pacientes en específico, la salud pública tiene que ver con la salud de toda la población y, aunque generalmente hay un equilibrio entre ambas, en situaciones de crisis la salud pública se constituye en el marco de la práctica médica cotidiana. La razón tiene que ver con un ajuste en el enfoque en el que la salud tiene que dejar de observar al árbol, para ocuparse del bosque. Cuidar y salvar a cada persona es posible en situaciones críticas, pero ampliar el foco, asumiendo el riesgo de que se perderá de vista a la persona, permite poner la atención en las poblaciones. Aunque puede construirse —y en mi opinión prevalece— un argumento republicano para esta circunstancia, en realidad también pueden aducirse razones de tipo utilitario para justificarla, apelando aquí a la salud de la mayoría por encima de la pérdida de algunas vidas.
En otras palabras, en un escenario en el que habrá muertes seguras, la práctica médica cotidiana podría salvar la vida de unos pocos, poniendo en riesgo la de muchos, mientras que la salud pública buscaría salvar la vida de los más posibles, asumiendo el costo de un número menor de muertes. En ese sentido es que son los criterios de salud pública los que rigen en situaciones críticas. La guía formaría parte de una estrategia general que, por decirlo de alguna manera, expropia temporalmente los recursos médicos existentes, personal, instalaciones equipos y materiales, para sistematizarles y darles un carácter orgánico destinado el fin de salvar la mayor cantidad de vidas dentro de la población; en el contexto de ese sistema, por razones de salud pública, se justifica entonces también expropiar la decisión que, en la práctica médica cotidiana tomaría un médico determinado sobre un paciente determinado, bajo los criterios de “orden de llegada” o “necesidad médica” a favor de decisiones estandarizadas convergentes con la finalidad del sistema, de nuevo, salvar el mayor número de vidas.
Este encuadre, sin embargo, no está exento de problemas porque, en principio, en condiciones de normalidad sanitaria, a las personas la salud pública suele presentársenos en la forma de campañas preventivas, como las de vacunación o higiene, mientras que la práctica médica cotidiana supone relaciones directas con un médico que conoce, o por lo menos registra, la historia de cada paciente, probablemente sabe cómo se ha desarrollado, si está bien alimentado, si es padre, madre, hijo, si ha llevado una buena vida, entre otras cosas que personalizan la relación. En condiciones de crisis, sin embargo, la salud pública debe tornar la práctica médica en impersonal, lo que es imprescindible para estar en condiciones de cumplir con su finalidad, que es la de salvar el mayor número de vidas, con independencia de la historia de cada una de ellas y de los nexos y expectativas que sobre éstas puedan tener amigos o familiares. Quizá por ello, a muchas personas las decisiones estandarizadas les horrorizan, porque están pensando en personas concretas. Nada hay de malo en ello, al contrario, esa es la forma más humana de reaccionar, máxime si esa persona concreta es una persona querida. Pero ese es el precio que hay que pagar en una situación como ésta, en la que vale cruzar los dedos mientras hacemos conciencia de que, entre las pocas cosas seguras en esta crisis, es que habrá muchas personas que pierdan la vida. Pero es también esta la razón por la cual esta guía pone la toma de decisiones en un equipo que no está en contacto con los pacientes, en un conjunto de personas que deben pensar las soluciones para la coyuntura de la decisión crítica, fuera de esa misma coyuntura.
Detrás de esta consideración hay un tema cuya profundidad rebasa, me parece, a la guía, que es justo el de la relación entre vida y muerte. Valoro mucho que el documento haga un esfuerzo importante por secularizar un tema que está indefectiblemente ligado a consideraciones filosófico morales y no en menor grado, religiosas. y que tiene, sin duda, importantes cargas subjetivas. Pero encuentro este propósito incompleto. Primero, porque se afirma categóricamente que la muerte es mala para nosotros porque nos priva de futuro. Aunque en el fondo esta idea se recarga en el concepto de vida—por—completarse, que se describe someramente en la guía, un desarrollo mayor del propio concepto debería alejarle de un criterio puramente cuantitativo, en términos de años por vivir —que usando la terminología de Agamben, parece hacer alegoría de Zoe sobre Bios— para, más bien, tratar de responder a la pregunta crucial sobre, ¿por qué un viejo, un enfermo, o en términos de la guía, alguien cuyo puntaje no sea el requerido, debería ceder un recurso escaso que podría ser para él, a otra persona que obtuvo un puntaje menor?
En mi opinión la respuesta la da la propia guía, aunque no la explicita, y está más cerca de un argumento de solidaridad objetiva, que de uno de tipo utilitario. Creo que, en el marco de la justicia social, como referente que utiliza la guía, estas crisis son momentos únicos para pensar la muerte en términos solidarios de modo que el mantra de la biopolítica hacer vivir/dejar morir que presupone la vida como vida expuesta a la muerte, como la que puede ser matada sin consecuencias jurídico penales, pudiese replantearse en términos de algo así como estar dispuesto a morir para dejar que otros vivan. Todas las personas con las que he hablado sobre el tema parecen estar de acuerdo con esta idea, pero para que ajuste en el sistema de salvar vidas, es necesario objetivarla.
Recordemos que el propósito de la salud pública es salvar la mayor cantidad de vidas; para ello la guía dice que hay que evaluar dos cosas: 1) la posibilidad de que un paciente mejore y sobreviva y 2) el tiempo que dicho paciente utilizará los recursos escasos que se pueden reutilizar. Ambos son criterios razonables, objetivables y además son susceptibles de escalamiento. Entender a priori que, teniendo como referente objetivo una escala de mejora y supervivencia que además considere el tiempo de uso de los recursos escasos, no haber podido acceder a tales recursos por no pasar el test de supervivencia nos desafía en términos de egoísmo versus altruismo; es aquí, donde ser solidario podría ser la salida ética plausible, una que le da sentido a mi propia muerte o a la de alguien querido. Salimos así del escenario de la disputa egoísta por los recursos escasos que peleo para mí y para mis seres queridos, para entrar en una lógica solidaria que justifica como sacrificio la muerte de una persona en nombre de la vida de los demás. Aunque seguro alguien hallará reminiscencias cristianas en estas ideas, un marco laico y republicano coloca esta actitud solidaria más bien como aceptación tácita de la expropiación de mi voluntad y mis deseos a favor de una lógica menos individualista y más comunitaria. De todas formas, es importante hacer notar que, para efectos de la guía, no cambia el método, lo que cambia es la justificación.
En segundo lugar, porque el argumento de la vida-por-completarse no se liga, o al menos no aparece ligado, con dos argumentos que se presentan como justificación del rechazo a la priorización “por orden de llegada”, a saber, el de las ventajas con las que cuentan quienes viven en poblaciones urbanas frente a quienes viven en zonas rurales, o quienes poseen mayor riqueza económica o mejores redes de apoyo, que, por otra parte, si encajan bien con el de la solidaridad objetiva. Creo, en este sentido, que criterios relacionados con la desventaja social bien podrían formar parte de los ítems a considerar en una escala de supervivencia basada en la solidaridad objetiva que, de algún modo, compensaran las desventajas que pudieron influir en situaciones tales como la exposición al contagio, la propensión al desarrollo de la enfermedad por mala salud o alimentación precaria. También aquí, ceder los recursos a quienes han tenido vidas precarias es una forma de solidaridad que debería interpelar a los Estados, al mercado y a la sociedad en general para que, siendo el propósito de la salud pública salvar el mayor número de vidas, la tarea se continué de modo que no se trate sólo de salvar vidas (Zoe), sino de salvarlas para ser que sean mejor vividas (Bios), para que esos que estuvieron más expuestos a la muerte por tener, de hecho, menos recursos, tengan la oportunidad de dar un sentido a su existencia, más allá de la nuda vida.
En síntesis, dar sentido a la muerte de quienes ya están muriendo y morirán, y dar sentido a la vida de aquéllos que se salvarán gracias al sacrificio de los primeros.
Finalmente, en este marco quiero discutir el tema de los empates que es, probablemente, el que más debate ha ocasionado, pensando incluso en que las medidas propuestas por la guía son discriminatorias. Los dos criterios de desempate son secuenciales y suponen que, en caso de haber obtenido puntajes iguales en la aplicación de la escala, el primer criterio a considerar debe ser la edad, sobre la base del concepto de vida-por-completarse, y si el empate persiste, la cuestión debería decidirla el azar.
Algunos colegas piensan que, para evitar la sospecha de discriminación bastaría con el azar. CONAPRED por ejemplo, ha planteado algo así. Pero el azar como ultima ratio no es lo mismo que el azar como único criterio de desempate. No hay que olvidar que llegados a este punto, el empate en la escala de puntuación supone que la persona joven y la persona mayor que en situación hipotética han llegado al momento en el que hay que decidir entre ellos, tendrían la misma probabilidad de supervivencia y requerían del mismo tiempo de uso del recurso en disputa: elegir en este punto por azar, por ejemplo mediante un volado como lo sugiere la guía, asigna de entrada una probabilidad de 1 sobre 2 de ser elegido, lo que en principio parece más justo porque deja al azar la responsabilidad de la decisión. Pero de nuevo, creo que el dilema surge por la forma en la que está planteado, que asume de entrada una disputa imaginaria entre dos individuos y sus seres queridos por el derecho que cada uno reclama para acceder al recurso escaso. Una especie de duelo, como en el viejo oeste, en el que la suerte decide, como dice Peter Singer, “mis genes sobre los tuyos”. Por eso creo que un marco de solidaridad objetiva puede justificar que, en situaciones de crisis, cuando los recursos son escasos y los criterios de desempate no distinguen, más bien el tiempo vivido, que el que resta por vivir, puede en efecto ser un criterio objetivo de decisión, sin constituir discriminación. Solidariamente tendríamos que pensar que esa es una posición no egoísta, otra vez, de sacrificio, que da sentido a la muerte de quienes han vivido más y sentido a la vida de quienes aún podrían vivirla: privilegiar a los jóvenes como una suerte de acción afirmativa, gracias a la solidaridad de los viejos.
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Reflexiones sobre la guía bioética

La actual crisis debida al COVID-19 tiene varias dimensiones. Por razones obvias, el gobierno federal ha puesto el énfasis en la dimensión sanitaria y tiene en el radar también la dimensión económica, pero hay otras dimensiones que es necesario considerar: la social, la psicológica y la política. Todas estas dimensiones de la crisis están generando efectos que, teniendo como epicentro la sanitaria, están repercutiendo poco a poco en lo social, en lo económico, en lo psicológico y en lo político.
La dimensión sanitaria es la única que, hoy por hoy, está produciendo información y estrategias sobre hechos que sabemos que son inevitables y que han venido planteando problemas de atención prioritaria que están siendo resueltos desde una perspectiva biopolítica, al menos desde enero de este año. Esto significa el control de las personas organizadas en grupos (sanos, vulnerables, sospechosos, contagiados, enfermos y fallecidos) mediante, por lo menos, una estrategia preventiva (inmovilidad social, quédate en casa), una estrategia de atención a los casos sospechosos (hot lines, auto-tests medicina privada), una estrategia de hospitalización y tratamiento de enfermos críticos (reclutamiento de médicos, acopio de materiales, preparación de hospitales) y una estrategia para la disposición de cadáveres (que seguro está planeada pero que no es del todo conocida, o al menos no para mí). Esta perspectiva se está acompañando de otra estrategia de tipo informativo que está actualizando cifras diariamente, generando información oficial sobre el tema.
Mientras ello ocurre, las demás dimensiones de la crisis se están desarrollando por sí solas, atendiendo a sus propias dinámicas y sin que haya estrategias claras —o por lo menos no públicamente conocidas— para atenderlas. Planteo las siguientes:
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<li>En la medida en la que se refuerza el mensaje sobre la necesaria restricción de la movilidad social y se actualiza la información sobre el avance de la pandemia, es esperable una reacción social paradójica, que al tiempo que irá condenando a quienes, por la razón que sea, siguen en las calles, apoyará (tal vez discreta o secretamente) que quienes proveen servicios —empleados de seguridad privada, de supermercados, de servicios a domicilio, de limpieza y mantenimiento— sigan haciéndolo con la condición, en el mejor de los casos, de que extremen medidas sanitarias preventivas para no contagiar a los resguardados y, en el peor, evitando todo contacto con ellas y ellos; a fin de cuentas, instrumentalizándoles, es decir. Aquí hay un importante riesgo de discriminación, de cosificación y, en consecuencia, de banalización del riesgo de las y los otros, a quienes existe el peligro de considerar, al menos en alguna medida, reemplazables. De hecho, la gran mayoría de ellas y ellos ya han sido víctimas de desplazamientos económicos, sociales y laborales que los han empujado al precariato en el que, a pesar de la crisis, tendrán que seguir tratando de sobrevivir.</li>
<li>Esta situación está poniendo en jaque, ya desde hace algunos días, a quienes no pueden atender el llamado de quedarse en casa, ya sea porque trabajan en esos sectores, o porque su sostén diario depende de lo que cotidianamente logran vender, como es el caso de los miles de personas que trabajan en la informalidad, lo que para ellas y ellos hará que el contagio signifique algo más que otro de los múltiples riesgos laborales que enfrentan; por cierto que no todo el mundo estará dispuesto a reconocerlo como tal y menos aún a remunerarlo.</li>
<li>Como ya está ocurriendo, se incrementará la presión sobre los pequeños empresarios quienes empezarán a tener dificultades para cumplir con el pago de salarios de sus empleadas y empleados, tal como lo ordena el decreto de emergencia nacional anunciado ayer por el canciller Ebrard. Este es un sector crucial, que hay que atender porque representa al que se halla “en el medio”, en el que participan trabajadoras y trabajadores cuyos pagos dependen de formas de producción que podrían no ser esenciales, que no están en condiciones de prescindir de sus salarios, que muy probablemente no poseen ahorros y que, por tanto, tampoco están en posibilidades de emprender negocios propios, ni virtuales ni reales, al menos en lo inmediato.</li>
<li>Para quienes tengan la posibilidad de quedarse en casa, por su parte, la situación puede presentar problemas de otra naturaleza. Es altamente probable que la convivencia diaria reclame espacios físicos y psicológicos individuales que, dadas las dimensiones de la mayoría de las casas y departamentos que existen en las ciudades, resultan difíciles de garantizar. Es probable que aparezcan síntomas de ansiedad, depresión, frustración y que se generen o exacerben adicciones y situaciones de violencia familiar o vecinal. La lejanía con los seres queridos, especialmente con los familiares que son mayores y probablemente viven en soledad, la preocupación por quienes tienen familiares que hacen parte de la fuerza de trabajo indispensable para afrontar la crisis, o de quienes deben salir porque no están en condiciones de guardar casa, así como la distancia entre las parejas que no viven juntas, las de las y los adolescentes no emancipados, entre otras situaciones posibles, pondrán a prueba la capacidad de cada uno y de todos para lidiar con esta nueva situación que, aunque en algunos casos, desafortunadamente no en todos, puedan solventarse por medios telemáticos, nada sustituye el contacto físico que para los seres humanos es esencial en la demostración de los afectos, los deseos y los sentimientos. Todo esto puede crear situaciones dentro de casa para las que no estamos preparados y sobre las cuales nadie, salvo quizá esfuerzos aislados, nos está diciendo qué podemos o debemos hacer.</li>
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En la confluencia de todas estas dimensiones, el miedo irá jugando cada vez más un rol central: en la medida en la que se conozca más información sobre el avance de la pandemia, y en especial sobre el número de infectados activos y de decesos, los temores a no poder obtener ingresos, a no poder quedarse en casa o a no poder salir de ella, a llegar a una situación que salga de control, a que amigos, familiares o uno mismo se contagien y no superen la enfermedad, entre otras posibles fuentes de miedo y ansiedad, irán creciendo y, paulatinamente, creando una situación psicológica que escapará a la racionalidad y será terreno fecundo para la generación de todo tipo de influencias por más irracionales que parezcan. La fragilidad de la razón humana puede ser un extraordinario caldo de cultivo para la manipulación de las subjetividades. Entonces, a la biopolítica le irá ganando terreno la psicopolítica y de la crisis sanitaria pasaremos, cuando ésta se supere, a un escenario de abierta disputa política, donde lo que estará en juego no es la vida nuda, como ahora, sino el sesgo ideológico que tendrá el tipo de sociedad que de todo ello emerja.
@LGlzPlacencia

COVID 19, ¿qué viene luego del decreto de emergencia sanitaria en México?

¿Qué viene luego del decreto de emergencia sanitaria en México?

En otras colaboraciones he planteado que el momento actual hay que entenderlo en términos de un cambio de régimen y no sólo como otra transición presidencial. Para el actual gobierno, su propia llegada al poder no debe ser vista como alternancia, sino como la superación de una cierta visión del Estado —la neoliberal— por la vía de otra distinta: la popular.
En ese sentido, resulta importante entender que los parámetros con los que funcionaba el régimen neoliberal, los que le dieron identidad y sentido, estarán siendo revisados y estará siendo cuestionada su funcionalidad, de cara a los nuevos fines del Estado. Si el horizonte de interés cambió —o pretende ser cambiado— desde la lógica de lo privado en el periodo neoliberal hacia otra de lo colectivo en el periodo popular, la ley, las instituciones, las prácticas y hasta el modo de denominar las cosas, seguramente será objeto, como ya lo está siendo, de transformación.
Los nuevos nortes no son claros, pero acusan traslados que deberíamos estar dispuestos a reconocer: del check &amp; balance a la autocracia, del libre mercado a la autarquía, de la sociedad civil al pueblo, del conocimiento científico a la voluntad popular, del servidor público a los siervos de la nación. La cuarta transformación no necesita de la ciudadanía, de los expertos, de la burocracia, ni de los contrapesos porque, mientras posea el apoyo del pueblo es, por así decirlo, autosustentable. De ahí que el discurso del presidente López Obrador nos tome con tanta frecuencia descolocados; es como si, habituados a jugar futbol, la cancha y las reglas de este deporte se hubiesen trasformado, por efecto del voto mayoritario, en un campo de béisbol con las reglas y las características de este otro deporte. Los pocos futbolistas que no votaron por esta transformación, siguen pidiendo que haya árbitros, jueces de línea, que se pateé el balón y que no se metan las manos.
Pero hoy la realidad es otra y es por ello que las formas de participación a las que estábamos habituados, así como las instituciones que desde el presidente De la Madrid hasta el presidente Peña tuvimos, hoy se encuentran en serio cuestionamiento.
Este es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en lo personal, creo que hay razones para ser autocríticos. A decir verdad, las comisiones de derechos humanos han sido todo menos lo que se esperaba de ellas; han sido, más bien, una costosa burocracia que poco ha abonado a resolver el grave problema de violaciones que se vive en México desde hace mucho tiempo. Con sus excepciones notables, de la mano del Ejecutivo en turno, las y los Ombudsmen poco han servido como contrapeso real al poder, muy a pesar de las múltiples recomendaciones que han emitido y que les han sido aceptadas, así como de la presencia de los respectivos gobernadores en sus informes anuales.
Más a fondo, habría que ver si el enfoque de atención individual, que atomiza el carácter estructural de las violaciones a los derechos humanos, ha sido más efectivo que la mera solución, caso por caso, de una importante cantidad de situaciones violatorias que en realidad tienen causas, patrones y hasta perpetradores comunes. Lo mismo vale decir del abandono de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que, nuevamente salvo honrosas excepciones, poca atención ha recibido del sistema Ombudsman mexicano. E incluso, también es necesario recordar la tensa relación que la gran mayoría de comisiones, procuradurías y defensorías de los derechos humanos del país han tenido con las más serias organizaciones de la sociedad civil en el tema; las que, por cierto, tampoco tienen una relación pacífica entre sí.
De ahí que una defensa a ultranza de una institución a la que por tantos años hemos criticado resulte, por lo menos, insuficiente. Nada garantiza, es cierto, que la revisión legislativa que hoy se hace de ella arroje el resultado que el país necesita, pero no puede negarse que ésta es una gran oportunidad para revisar sus propósitos, para evaluar su efectividad y, sobre todo, para efectuar una reingeniería que adecue la institución al nuevo entorno político. Sin más intención que la de reflexionar desde la que hoy es y pretendo siga siendo por el resto de mi vida profesional, mi trinchera académica, apunto algunas direcciones que, a vuelo de pluma, propongo tomar en cuenta:
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<li>Cuando Carpizo diseñó la CNDH del periodo de Salinas, lo hizo con una enorme conciencia de la fuerza del presidencialismo mexicano de la época. La CNDH no nació autónoma, ni el nombramiento de su presidente se hizo acorde con los Principios de París. Como solía afirmarlo el célebre jurista campechano, la fuerza del Ombudsman provenía directamente de la fuerza del Ejecutivo: un Ejecutivo fuerte respaldaba y daba fortaleza a un ombudsman igualmente fuerte. En otras palabras, la fuerza política de un Ombudsman nombrado por el hombre más fuerte del régimen daba al primero la autoridad suficiente para denunciar a los servidores públicos frente al segundo y para exigir, a través de la figura del propio presidente de la República, la respectiva sanción, que era con lo que bastaba entonces.</li>
<li>El traslado del nombramiento de los titulares de la CNDH y de los nacientes órganos públicos de defensa de derechos humanos al poder legislativo, sólo sirvió para politizar este procedimiento que, en la mayoría de los casos, siguió siendo controlado por el Ejecutivo, con el agravante de que, al ser el Ombudsman elegido por los partidos, permitió la instauración de un sistema de cuotas que operó y ha operado en la mayoría de los casos, nombrando visitadores y otros funcionarios relevantes al interior de las instituciones, lo que dividió el poder dentro de ellas y redujo su eficiencia a un sofisticado sistema de simulaciones que instrumentalizó las recomendaciones, mal utilizó las amigables composiciones y convirtió a unas y otras en objeto de negociación política, en desmedro de las víctimas.</li>
<li>Por su parte, y aun cuando la consecución de autonomía para la CNDH y los demás OPDH fue un logro innegable en un sistema que pretendía estar basado en una lógica de check and balance, lo cierto es que ésta ha dependido más de su ejercicio, que de su proclamación. Las y los ombudsmanen autónomos han demostrado serlo con base en características que son asunto del perfil profesional y no de la constitucionalidad de la autonomía (Carpizo es, otra vez, un buen ejemplo): una autoridad moral construida a través de la capacidad de investigación, de la capacidad de demostración y de la capacidad de argumentación. En un régimen autocrático, la autonomía habría que construirla desde ese lugar, porque pensar en ella en términos de un modelo de contrapesos, sería prácticamente un suicido político.</li>
<li>Es necesario cambiar el enfoque hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y construir teóricamente su relación con los derechos civiles y políticos, así como con los derechos de emancipación identitaria. En el entorno actual, los DESCA son directamente violados por el mercado, al amparo de las libertades de empresa y de consumo, e indirectamente por el Estado, a través de la corrupción (las banderas de la 4T). Si queremos tomarnos en serio la defensa de derechos humanos hay que ir directo a las realidades económicas que los producen: las ausencias del Estado y la particularización de lo público.</li>
<li>Lo público, por tanto, delimitado por los derechos humanos todos, debe construirse como el patrimonio del pueblo y constituir el objeto privilegiado de atención de un defensor del pueblo. Defender al pueblo, por tanto, es defender su patrimonio, que a su vez es defender lo público, delimitado, como he dicho, por los derechos humanos.</li>
</ol>
Quiero decir con esto que hay mucho más que hacer que rasgarse las vestiduras frente a la posible transformación de la CNDH actual en una Defensoría del Pueblo. A reserva de abundar en ello en otros textos y en otros momentos, me queda claro que si no empezamos por reconocer que las circunstancias políticas han cambiado y que con ellas también se irán transformando las instituciones, las leyes, las políticas y las practicas que, ni más ni menos, desde el propio Estado impulsa la 4T, no quedará más que el espacio para enfadarse, lamentarse y frustrarse porque hoy las circunstancias son muy otras. Tenemos que dejar las reacciones emocionales para convertirlas en estrategias eficientes que sean capaces de trascender el puro rechazo visceral hacia la construcción de una sociedad que sepa reconocer que, lo que dejamos atrás no es, en absoluto, el paraíso.
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Transformar la CNDH

Detrás de los embates que el propio presidente de la República ha emprendido contra varios sectores de la sociedad es posible observar, aunque tenue, un cierto denominador común: la intención de desbancar a las élites del lugar de privilegio en el que él las mira, para reposicionar, aún si sólo de manera simbólica, al “pueblo”, esa abstracta conglomeración de quienes tienen en común la experiencia de la invisibilidad y la exclusión. Ahí está, me parece, la revolución detrás de la 4T, que no es una revolución armada, sino la subversión de los chairos, que son varios millones, frente a los fifís, que ciertamente son unos cuantos.
Visto desde la teoría, el discurso del presidente se mueve hacia el paulatino desmantelamiento de un modelo plutocrático, sostenido en una racionalidad orientada hacia lo privado, donde rigen el dinero y el parentesco, hacia otro cuyo norte debería estar en lo público, democrático y solidario, por el camino de la socialdemocracia y hasta el socialismo, pero no más lejos.
No obstante —y por ello el “debería”— este desmantelamiento ocurre en un contexto que ha encontrado en el populismo y la posverdad medios propicios para producir una forma de respaldo legitimante que, si bien profundamente irracional, resulta altamente eficiente, porque sin necesidad de prueba, coloca los argumentos considerados válidos, del lado de la verdad del pueblo que, siendo mayoría aplastante, invalida y vuelve elitista cualquier otra forma de verdad controlada, como la de la ciencia. Aquí es donde, en el discurso presidencial, plutocracia empata con aristocracia.
Muchos estudios celebres, desde Foucault hasta Habermas, han mostrado el modo en el que el discurso científico contribuyó a expropiar el saber popular para, mediante su cientifización, hacerlo patrimonio de expertos y herramienta de dominación. Otros, como de los Alain Touraine y, leídos a contramano, los de Andrew Arato y Jean Cohen— demuestran cómo conceptos como “políticas públicas”, “sociedad civil organizada”, “gobernanza”  y sus correlatos metodológicos, el “marco lógico” o la más reciente “teoría del cambio”, han constituido estrategias para la desmovilización política, la promoción de agendas interesadas y el control de los financiamientos provenientes de la filantropía transnacional, como es el caso de las fundaciones Ford, McArthur, Kellog, Open Society y muchas más que, como bien a descrito Zizek, “con una mano quitan y con la otra dan”, para mantener limpias sus conciencias.
Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno de Andrés Manuel es, como él mismo parece serlo, una extraña amalgama donde conviven tendencias de izquierda con otras marcadamente neoliberales y hasta integristas y que, incluso por debajo de su mirada flamígera, las prácticas del clientelismo y del reparto las cuotas perviven y están pasando factura.  
Sin un criterio claro que abra la puerta a la crítica de su gobierno, no importa si de buena o de mala fe, si desde dentro o desde fuera de su círculo cercano, el potencial emancipador que puede tener consigo una tendencia al desmantelamiento de la racionalidad privada que ha gobernado al país desde De la Madrid a Peña Nieto, corre el riesgo de desbordar, como me parece que está ocurriendo, el límite de la razón pública, incontroladamente hacia lo popular y con ello, de validar en la “verdad del pueblo” planteamientos contradictorios como por ejemplo el del “bono familiar”, tan en la línea de la renta básica, producto claro de la racionalidad neoliberal, o el más bien totalitario de la guardia nacional que en su propósito de proteger al Estado, pone en riesgo, precisamente, al pueblo, dispuesto por lo que parece, a inmolarse por mostrar que el presidente tiene la razón, que es su razón, la razón del pueblo. 
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¿A dónde va la 4T?

El primer mes de gobierno del sexenio que inició en diciembre pasado ha estado inmerso en la polémica y, en buena medida, en un contexto de polarización notable, tanto en la comentocracia mexicana, como en la opinión hecha pública a través de las redes. Desde sus propias categorías y marcos actitudinales, debaten quienes ven en las decisiones del ejecutivo federal estulticia e improvisación, quienes comparten sus fines, pero no sus medios y quienes aplauden las decisiones del presidente porque ven en ellas un impulso hacia la anunciada 4T.
Pero a sólo un mes de gobierno, el presidente López Obrador ha dado señales importantes, muchas de las cuales pueden considerarse, sin duda, como logros inéditos, otras anticipan el talante más bien vertical y estatalista que caracterizará a este régimen durante el sexenio, pero todas muestran que el presidente tiene prisa por transformar al país y que tiene claro, para bien o para mal, cómo debe hacerlo.
En mi opinión, el logro más notable de esta administración ha sido, en efecto, la visibilización y paulatino desmonte de un conjunto de privilegios que se fueron forjando a lo largo de años y que solían aparecer como dados—como derechos adquiridos, en la mirada de algunos— y que poco a poco han cedido el paso a una actitud de mesura que, para hacerse costumbre, tendrá que ser garantizada mediante medidas de control riguroso y máxima transparencia. Dentro del gobierno federal la desaparición de algunas áreas, la fusión de otras, la cancelación de los contratos de outsourcing, la reducción de personal de honorarios que han generado legítimos damnificados también muestran el carácter necesario para resolver, de una buena vez, los más arraigados vicios que en la burocracia mexicana han cobijado “aviadores”, conflictos de interés y muchas formas de corrupción sistémica. No menor me parece la tendencia hacia la resignificación del servicio público para que deje de ser ostentoso —las comidas, las camionetas, los guaruras– y retome el perfil que le corresponde, que es el de empleados de Estado cuya función es servir en su puesto, y no servirse del mismo.
Afuera, por una parte, a jalones y tirones, los “errores” en torno a la autonomía y el presupuesto universitarios generaron un contexto de autocrítica que derivó en que los rectores y titulares de las instituciones públicas nacionales de educación superior declararan públicamente que reducirían sus salarios a partir del primer mes de este 2019, por debajo de lo que gana el jefe del Ejecutivo. Dicho de otro modo, salvamos el presupuesto a costa de desnudar nuestras remuneraciones y hacer los ajustes necesarios en el gasto anual para que el presupuesto sirva principalmente para cumplir con el mandato de la educación pública superior. Por otra parte, en el mismo sentido, el nuevo presidente de la SCJN se inauguró con el anuncio de que —luego de un largo debate animado por una defensa ilegitima de salarios exorbitantes— las y los ministros también reducirán sus salarios, ello en un ambiente que ha sido proclive a discutir abiertamente la corrupción del poder judicial, la endogamia y otros vicios endémicos de la judicatura.
Otros sucesos significativos tienen que ver con el incremento histórico al salario mínimo y la muy relevante liberación de personas privadas de la libertad y el análisis de 368 casos más de gente considerada como presos políticos por intermediación de la Secretaría de Gobernación; además de las propuestas para la incorporación de las parejas del mismo sexo y las personas trabajadoras del hogar a los servicios del IMSS y para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes a través de SIPINNA. 
Otras medidas han desafiado la capacidad de expertos, opinólogos y comentócratas para repensar en clave distinta la lógica de un modo de gobernar completamente otro al que estábamos acostumbrados, basado en una concepción también muy otra de la relación entre Estado y ciudadanía, donde la gobernanza no tiene cabida: la Guardia Nacional, la estrategia de combate al tráfico ilegal de hidrocarburos y el regreso a la doctrina Estrada, por señalar los más polémicos, que muy probablemente nos colocan ante la necesidad de asumir que las decisiones detrás de esas políticas, tan unilaterales como irreversibles, ya fueron tomadas; que en su proceso de construcción nuestro consejo, como suele decirse,  simplemente no fue requerido, y que, en consecuencia, tal vez debemos aceptar que esa será la tónica en el futuro e iniciar una reflexión profunda sobre el rol que lo que conocemos como sociedad civil organizada está llamado a jugar de cara a la 4T.
En fin, es pronto, demasiado pronto para hacer un análisis definitivo, pero un mes de gobierno ha mostrado mucho de lo que veremos en los cinco años y once meses que aún quedan por venir. En el logro de sus objetivos, el presidente tiene prisa y su proyecto de Nación, así como él lo ha concebido, es su prioridad.
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La prisa del presidente

Como una persona preocupada por el respeto de los derechos humanos no puedo aceptar de ningún modo la militarización de la seguridad pública, una vez más, en el país; pero una cosa es que no la acepte y una muy otra es que no trate de entenderla. Como sociólogo que soy me queda claro que a Andrés Manuel hay que leerlo en una clave distinta a las que solemos recurrir cuando hacemos análisis, suponiendo que abordamos una realidad de normalidad democrática. Creo que nos hemos perdido en miradas parciales que tendríamos que intentar integrar en una panorámica mucho más amplia. La transición que estamos viviendo no es sólo un cambio de poderes, sino —al menos eso es lo que ha dicho reiteradamente el presidente electo— un cambio de régimen: uno que se propone revertir la relación de subordinación que desde el presidente De la Madrid hasta el presidente Peña ha tenido lugar entre Estado y Mercado a favor de éste último.
Este cambio es para nada menor; se trata literalmente de una subversión, que es el sentido fuerte en el que hay que interpretar la idea de una cuarta transformación, si es que aceptamos que la frase encierra mucho más que una balandronada. Las evidencias que pueden apoyar esta hipótesis las encuentro en el nerviosismo de los mercados, frente a provocaciones concretas que hemos visto en los últimos días: me refiero a la caída de la bolsa frente al amago de eliminar las comisiones en la banca, y como efecto de la iniciativa de reformas a Ley Minera según la cual la Secretaría de Energía tendría la facultad de declarar como inviables zonas para la explotación minera. Junto con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, estos eventos constituirían una suerte de esgrima de sombra que, antes de ejercer el poder, el próximo gobierno ha puesto en marcha para tantear el terreno; para tener evidencia empírica, es decir, tanto del respaldo social que conserva, como de lo que tendrá que enfrentar si gobierna, como parece que lo hará, con una política económica intervencionista.
En ese contexto, ni la guardia nacional, ni la negativa a apoyar una fiscalía independiente, ni el nombramiento de los coordinadores estatales carecen de sentido pragmático. En primer lugar, porque el giro hacia un estado social supone un desafío directo a privilegios concedidos por años a los poderes económicos, a la oligarquía que configura el tipo de capitalismo que tenemos en el país; en segundo, porque la presencia de esos poderes en las estructuras de gobierno, muchos de los cuales permanecerán enquistadas en los gobiernos locales, es un riesgo permanente para el poder que pretende constituirse ajeno a ellos —en otras palabras: ¿qué tan independiente puede ser un fiscal independiente? ¿Qué tan confiables pueden ser las fuerzas armadas encerradas en sus cuarteles? ¿Qué tan confiables puede ser el uso que los gobernadores dan al dinero público? En tercer lugar, porque el desafío al mercado legal no puede obviar que hay otra cara de ese mismo mercado que representa una elevada fuente de inestabilidad, principalmente porque hay evidencia que supone que no hay un límite claro entre el dinero limpio, el dinero sucio y el dinero lavado. En mi perspectiva, estas son cuestiones que alguien que, no solo pretende gobernar un país que vive múltiples violencias —legales, ilegales y estructurales— y que genera tantas víctimas, sino que pretende transformarlo, tiene, necesariamente, que tomar en cuenta. En el nuevo tablero estratégico, es muy probable que el estado de derecho deba dejarle el sitio a un nuevo derecho del estado, funcional a una -nueva también- economía política.
En esta lógica recurrir a las fuerzas armadas no sólo significa darles un voto de confianza; es traerlas de su lado, es construir una línea de protección armada leal al nuevo proyecto de nación. Tener coordinadores que vigilen el desempeño de los gobernadores se vuelve fundamental para generar un control administrativo del dinero público e intentar garantizar que no sea privatizado. Tener los hilos del nombramiento de un fiscal en el que el presidente pueda confiar es crear una línea de defensa jurídica. En esa misma lógica, el perdón a los políticos corruptos juega también como garantía política de inmunidad.
Así vistas las cosas, lo que está haciendo el presidente electo es pertrecharse; es crear un nuevo entramado de control que funcione en todos esos ámbitos —protección armada y controles administrativos, políticos y jurídicos— que mantenga a raya los poderes fácticos para que éstos le permitan gobernar.
En este largo interregno, a riesgo incluso de perder un poco de la legitimidad ganada en campaña, el presidente electo está demostrando que tiene claro que una cosa es conquistar una nación, como indiscutiblemente lo hizo como candidato, y otra es pretender gobernarla, para lo que necesita poder y control sobre el Estado.
No he dicho que este proceder se justifique, al menos no en los parámetros de democracia en los que suponemos vivir; pero como dije, a Andrés Manuel hay que leerlo en una clave distinta, cifrada en una lógica económica, política y jurídica que habrá que aprender a interpretar para entenderla, estemos o no de acuerdo con ella.
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Argumentos para entender al presidente electo

En 2014, Ricardo Raphael publicó en Mirreynato: la otra desigualdad (México: Planeta) datos acerca de la distribución del salario mensual por familia en México; con información de un grupo de investigadores y de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de INEGI, mostró que quienes más ganan en el país, obtienen un salario 1086 veces superior a quienes menos ingresan a sus hogares. Si vemos cifras brutas, en el primer caso están quienes obtienen mensualmente dos millones y medio de pesos por familia o más, que representan un centésimo de la población; en el segundo se hallan las familias que logran integrar 8 mil pesos al mes a sus hogares. Entre ambos extremos, un salario de 108 mil pesos mensuales, por familia, puede obtenerlo, apenas un 2 % de nuestra población. Nótese que hablamos de un salario por familia, lo que quiere decir que esos 108 mil pesos se logran, muy probablemente, con el salario de dos personas.
Siempre con los datos que publica Ricardo, los cálculos permiten establecer que, en el decil más bajo de la población, donde muy probablemente el ingreso del hogar se integra con el salario, en promedio, de cuatro personas, cada una debe ganar 630 pesos mensuales, es decir 171 veces menos que el salario que se ha asignado el presidente electo. Suponiendo, sin conceder, que ese ingreso lo aportara solo él o la jefa de familia, estamos hablando de un poco más de dos mil quinientos pesos mensuales. La diferencia con los 108 mil sigue siendo enorme: 43 veces mayor.
Alguien podría decir que la comparación debería hacerse con quienes conforman la clase media, que es donde, en teoría, cabría un servidor público. Así que vayamos al rango dónde ésta se ubica, que está entre los deciles 4 y 8; en ese rango, el decil 8, que representa al 80 % de las familias mexicanas, el ingreso mensual no alcanza los 15 mil pesos, muy probablemente aportados por más de una persona. En el 5, que representa a la mitad, las familias logran ingresar mensualmente por debajo de los 8 mil pesos. Con los parámetros anteriores, es decir, suponiendo que el ingreso proviene del sueldo de solo uno de los miembros de la familia, el salario que tendrá el presidente electo es 7 veces más alto que el del 80 % de éstas y 13 veces mayor que el de la mitad.
Visto de otro modo, cualquier salario superior a los 108 mil pesos mensuales, coloca, a la familia que los obtiene, entre el 2 % más rico del país. A ojos vista, su situación es, sin duda, privilegiada.
En este punto la reflexión supone pensar si un servidor público, por bueno que sea o por preparado que esté, debe aspirar a formar parte de ese 2 % privilegiado, cuando la mitad de la población gana 13 veces menos que él, suponiendo que se conformara con el tope presidencial. Cabe señalar que el ingreso de la burocracia proviene de los impuestos que en gran parte son pagados por contribuyentes cautivos, asalariados cuyas familias, en el mejor de los casos, estarán ubicadas dentro y por debajo del decil 8.
Algunos dicen que el problema es más bien el de incrementar los salarios de los más pobres, pero sin un límite máximo, esta medida sólo empujará la espiral hacia arriba, fomentando la dinerocracia que es, en mi opinión, la fuente donde abreva el Mirreynato del que habla Ricardo Raphael. Por tanto, lo que se requiere es, más bien, por una parte, reducir las brechas entre quienes menos y más ganan, estableciendo en efecto un tope máximo, de modo que los salarios altos no crezcan, mientras los bajos se van incrementando. Por la otra, es importante aumentar el poder adquisitivo del salario, de modo que el problema no sea cuánto debo ganar para obtener lo que necesito/deseo consumir, sino poder consumir lo que necesito/deseo, con lo que gano. El tema no es menor para nada, y me parece mucho más complejo que la defensa a ultranza de un salario elevado para quien desempeña un cargo pagado con dinero público, por más calificado que éste sea.
Juárez hablaba de la “honrosa medianía” como parámetro de vida de quien dedica la suya al servicio de la República; yo coincido, porque en la balanza debe quedar claro el límite entre una vida digna y la nuda vida a la que parece condenarnos el modelo económico que el gobierno electo pretende superar.
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La honrosa medianía

Coincido, sin duda, en que la consulta no era necesaria. Sin rigor, los resultados de un ejercicio que ciertamente aporta una innovación a la democracia de nuestro país, caen en el fangoso terreno de la posverdad. Sí había —como creo que las hay— razones para sostener la necesidad de suspender la construcción del aeropuerto en Texcoco, no era necesario usar a las personas para validarla. Porque, me atrevo a decir, habríamos preferido que se tomase como una decisión abiertamente política, sostenida en una argumentación sólida.
Creo incluso que el recurso a frases como “el pueblo no se equivoca” o “el pueblo manda” son, además de demagógicas, peligrosas, pues pensar que las decisiones deben tener un necesario respaldo popular puede conducir a la idea de que logros cuya legitimidad es necesariamente, contra-mayoritaria —como es el caso de las que conciernen a los asuntos relacionados con los derechos humanos— pueden se revertidos. O bien a la de que es posible validar pretensiones claramente discriminatorias y excluyentes, si las respalda la mayoría.
Sin embargo, hay que reconocer que el modo en el que se ha construido la decisión de suspender Texcoco para optar por el acondicionamiento de los aeropuertos Benito Juárez, Toluca y Santa Lucía ha sido, desde el punto de vista político, inteligente, audaz y también valiente.
Inteligente porque ha sabido reforzar ante el electorado que le llevó a ganar la elección presidencial la imagen de alguien que primero pregunta, que toma en cuenta a la gente y que respeta lo que ésta le dice, incluso frente a decisiones de gran trascendencia. A este sector evidentemente le importa menos el método que el resultado. Audaz, porque, en ese camino una parte importante de su electorado ha dudado, creo con razón, porque a diferencia del segmento anterior, a éste otro si le importa el método, incluso con independencia del resultado. Pero sobre todo ha sido una decisión valiente, porque representa un desafío directo, desde la política, al poder económico. Se trata de un mensaje fuerte que dista mucho de ser una locura, un capricho o una ocurrencia.
El NAIM está pensado como un megaproyecto, como un enclave destinado a detonar una zona económica de gran importancia dentro del Estado de México. Forma parte del legado de obras de esta naturaleza que han signado el desarrollo de infraestructura en el México del siglo XXI y que vemos crecer en muchas partes del país, a pesar de los desplazamientos de personas que provocan y de los impactos ambientales que generan, justificadas en discursos desarrollistas que, lo que de cierto producen, son importantes ganancias económicas que benefician principalmente a las empresas que se involucran con ellas.
Como todos los megaproyectos, se trata de obras que tienen un propósito particularista que está convirtiendo a los derechos en mercancías que, aun cuando conserven una cierta dimensión pública —porque teóricamente todos podemos acceder a ellas— se ofrecen en un entorno por completo privatizado, bardeado física y simbólicamente por la jurisdicción federal.
Un aeropuerto es un buen ejemplo de ello. Hoy, viajar en avión es una necesidad para quienes tenemos que desarrollar parte o todo nuestro trabajo en sitios a los que la relación distancia/tiempo torna inaccesibles por otras vías. Pero esperar en un aeropuerto es cada vez más como visitar un mall, porque además de ser una terminal, un aeropuerto es un gran centro de consumo, donde los precios, especialmente los de los alimentos, son tan elevados como el consumidor quiera pagarlos. Habría que hacer una reflexión más profunda sobre la amplitud del concepto “Hub”, que en un aeropuerto no se limita sin duda a su capacidad para conectar vuelos desde un centro estratégico, sino a la de conectar consumidores con los centros de consumo, ahí dentro, en los alrededores, las vías de llegada y de salida, en fin, como nodos de mercado que en un mundo como en el que vivimos no tienen nada de extraño, salvo porque los que se benefician son siempre los mismos, a costa de las personas usuarias.
Por eso el impacto de la decisión es trascendente: porque ahí donde nos hubimos habituado a que el mercado decidiera y el Estado le sirviera, esta vez la política metió la mano y, en nombre del Estado que promete ser, le puso una señal de alto. En efecto, para los más liberales esta es una alerta contra el “dirigismo” y los límites que éste supone al poder económico. Pues bien, si era eso lo que el presidente electo ofreció como un cambio radical hacia su cuarta transformación, lo que tal vez presenciemos en los próximos años sea un Estado fuerte al servicio del bien público y no del interés privado.
Que el Estado estará ahí para estorbar el propósito particularista que hoy persiguen los megaproyectos y reorientarlo hacia el bien público debería ser el contenido del mensaje. No menos que eso, pero tampoco más. En mi opinión, decisiones como ésta poseen racionalidad si, por ejemplo, se las funda en los DESCA; por tanto, no requieren del riesgoso respaldo popular. Los derechos humanos son, por naturaleza, contra-hegemónicos y eso les convierte en límites claros a los llamados “poderes salvajes”. Ojalá el gobierno electo tenga esta consideración en su radar.
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NAIM: ¿una nueva relación entre Estado y mercado?

Todos los años casi medio millón de personas cruzan la frontera sur de nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo, de un salario digno y de una mejor vida para sí y para los suyos. La mayoría de ellas y ellos son hondureños, pero también llegan guatemaltecos y salvadoreños a quienes se une un número considerable de mexicanas y mexicanos que comparten el mismo objetivo: atravesar el territorio nacional para finalmente cruzar el río Bravo y hallar un medio de sobrevivencia en el norte del continente.
Así ha sido durante años, aunque hay que decir que el incremento en la migración no documentada ha sido directamente proporcional a la pauperización que el modelo económico extractivista ha ocasionado justo en esos países, donde poco a poco las y los migrantes pueden considerarse también, y creo que principalmente, como desplazados.
En Centroamérica, como en México, la violencia tiene muchas caras; no es sólo la que se produce en los enfrentamientos a balazos o con las extorsiones y secuestros, de los que siempre es posible culpar a los “bad hombres”, sin considerar que detrás de la industria criminal hay también una responsabilidad por la promoción de formas de vida animadas por la corrupción y la dinerocracia; la violencia también es social y es política: es la que se vive como efecto de los múltiples deslizamientos que son producto de la mercantilización del mundo, que se expresan en los mega proyectos —las mineras, los parques eólicos, los enclaves turísticos, detrás de los cuales están las empresas de los hombres de cuello blanco— tanto como en las políticas reductoras del gasto social y enemigas de lo público, emprendidas por los líderes políticos de todos nuestros países.
El denominador común de todas estas formas de violencia, criminal, económica y política, es la exclusión y su resultado, un genocidio de baja intensidad que se demuestra en la pérdida de vidas que, en el corto, el mediano y el largo plazo se produce por el abandono de grandes núcleos de personas a su propia suerte.
En este sentido es que digo que las y los migrantes son desplazados. En consecuencia, es posible considerarles también como movientes en resistencia, comunidades que no suelen verse en su conjunto porque avanzan de a poco, pero que forman un amplio conglomerado de supervivientes que lo que buscan es ser incluidos, aunque sea del peor modo, en el modelo económico que los desplazó.
Los días anteriores vimos una expresión comunitaria de esos movientes en resistencia en la frontera sur y nos asustamos. El gobierno ha preferido contenerlos e incluso ha llegado a culparlos por no tener documentos y por plantar cara a los agentes migratorios, obviando por completo que, más adelante, seguramente, a los migrantes centroamericanos que logren pasar, se unirán compatriotas nuestros que enfrentarán igualmente el maltrato de los agentes migratorios estadounidenses. Pero más sorprendente aún ha sido la respuesta de las personas que, a través de las redes sociales, han mostrado a un México xenófobo, pero principalmente racista y clasista, que reproduce casi en escala de 1:1 los argumentos simplones, ignorantes e hipócritas que se escuchan en los discursos del presidente Trump. Por ello, más que la política del gobierno federal que siempre ha sido aliada de la norteamericana respecto a la frontera sur de nuestro país, debería preocuparnos, tal vez, la actitud absurdamente nacionalista de todas esas personas que se oponen a la caravana —¡que se rasgan las vestiduras ante el quebrantamiento de una ley de naturaleza administrativa!— porque ahí está el gen antidemocrático que conduce a la cancelación del respeto a la diversidad, hoy con motivo del origen nacional, pero mañana, también sexual, etárea, funcional, o racial, que desafortunadamente ya está andando en el ambiente social de muchos países y que es la chispa que anima al fascismo y a los totalitarismos.
Lograr que nuestra sociedad, la que vive y transita entre el Bravo y el Suchiate, sea una sociedad solidaria y respetuosa, es en lo que más hemos fallado.
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