Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero. 

Nunca más

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La soberanía no es un cheque en blanco. No es potestad única del Estado la suerte que corren sus ciudadanos. El concepto ha venido transformándose desde hace cuatro siglos y de manera importante después de la aberración y perversión de su uso durante la primera mitad del siglo XX que obligó a un replanteamiento drástico a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces la soberanía estatal no equivale a un “<a href="https://www.globalr2p.org/resources/the-responsibility-to-protect-report-of-the-international-commission-on-intervention-and-state-sovereignty-2001/" target="_blank" rel="noopener">poder ilimitado de un Estado para hacer lo que quiera con su propio pueblo</a>”.
La <a href="https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1" target="_blank" rel="noopener">ONU</a> fue creada en esa misma época para, entre otros, “mantener la paz y la seguridad internacionales” y buscar “el respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos”. Para ello, uno de sus principios es “la igualdad soberana de todos sus miembros”.
A pesar de que el fin de la Guerra Fría supuso un momento de esperanza, tan pronto entramos al siglo XXI se hizo evidente que el Estado se encuentra en crisis al igual que los órganos multilaterales o supranacionales. Un replanteamiento del concepto de soberanía resultaba necesario. En 2005 se construyó la doctrina internacional de <a href="https://www.un.org/es/chronicle/article/la-responsabilidad-de-proteger" target="_blank" rel="noopener">Responsabilidad de Proteger (R2P)</a>, en la que se reconoció que “la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” es inicialmente en cada Estado, pero en situaciones en las que los Estados no puedan o no quieran hacerlo, la responsabilidad de proteger recae en la comunidad internacional.
Claudio Lomnitz en su libro El tejido social rasgado describe que el Estado contemporáneo es incapaz e incluso ha abdicado a garantizar seguridad y justicia a su población, al tiempo que reclama más y más soberanía. En el caso mexicano es más que evidente. Una y otra vez actores políticos han afirmado que la seguridad de la población está en manos de grupos criminales: “<a href="https://www.milenio.com/politica/banda-criminal-donde-existe-solo-una-hay-menos-homicidios-amlo" target="_blank" rel="noopener">Donde predomina una banda criminal hay menos homicidios, advierte AMLO</a>”, “<a href="https://animalpolitico.com/estados/violencia-seguridad-sinaloa-depende-grupos-criminales-mando-militar" target="_blank" rel="noopener">Cese de violencia en Sinaloa ‘no depende de nosotros’ sino de grupos criminales, dice mando militar</a>&#8220;. En materia de justicia, Claudia Sheinbaum ha repetido en distintas ocasiones que ante la inseguridad y violencia hay cero impunidad. Esta frase no solo resulta falsa, es ofensiva ante las víctimas que exigen justicia y se enfrentan a niveles de impunidad que rondan el cien por ciento.
La realidad mexicana del siglo XXI presenta diversas violencias que se perpetran de manera generalizada y sistemática: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, reclutamiento forzado de menores de edad, tráfico de migrantes, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, extorsión, cobro de piso y secuestro. ¿De qué soberanía hablan en un país con más de siete mil fosas clandestinas que son halladas por madres buscadoras y no por el Estado? ¿Soberanía en un país en el que en dos décadas se acumulan de manera macabra cerca de medio millón de personas asesinadas y más de cien mil personas desaparecidas? ¿Soberanía a un Estado que no solo es incapaz de garantizar seguridad a su población, sino que es uno más de los perpetradores de las violencias?
La <a href="https://www.globalr2p.org/resources/the-responsibility-to-protect-report-of-the-international-commission-on-intervention-and-state-sovereignty-2001/" target="_blank" rel="noopener">Responsabilidad de Proteger</a> reconoce que “la soberanía implica una doble responsabilidad: externamente, respetar la soberanía de otros estados, e internamente, respetar la dignidad y los derechos básicos de todas las personas dentro del Estado. En los pactos internacionales de derechos humanos, en la práctica de la ONU y en la práctica misma de los Estados, ahora se entiende que la soberanía abarca esta doble responsabilidad. La soberanía como responsabilidad se ha convertido en el contenido mínimo de una buena ciudadanía internacional”.
Vivimos tiempos en los que los Estados desconocen sus obligaciones internacionales y buscan encerrarse en sí mismos. Esto resulta preocupante ante las violencias desatadas y más en gobiernos populistas que esconden su perversión detrás del “pueblo” y un concepto caduco de soberanía.
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Escudándose en la soberanía

Desde hace unos años varios han reflexionado sobre la naturaleza autoritaria del nuevo régimen político mexicano. Ejemplos sobran, aquí un par: <a href="https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/como-se-llama-esto/" target="_blank" rel="noopener">“¿Cómo se llama esto?</a>”, de Mauricio Merino en El Universal y en este mismo portal “<a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/nunca-mas/sera-fascismo" target="_blank" rel="noopener">¿Será fascismo?</a>”, de mi autoría. “Exageran”, se dijo.
En los últimos meses, y más aún en las últimas semanas, ya no es extraño leer columnas de opinión, textos académicos e incluso escuchar mesas de análisis en las que claramente se habla de la construcción o consolidación de un régimen autoritario, antidemocrático, totalitario y ultranacionalista en México. Incluso en organismos internacionales oficiales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia sobre la reforma al Poder Judicial el comisionado Carlos Bernal afirmó que <a href="https://x.com/jufed_org/status/1856439179070132680" target="_blank" rel="noopener">esta reforma es autoritarismo de libro</a>. Claro, las voces propagandistas del oficialismo lo siguen negando, sustentándose en otro elemento propio de los populismos autoritarios, totalitarios o fascismos que es la legitimidad del ”pueblo”, lo que eso signifique y más en nuestra realidad que, con el 54 % del voto, el oficialismo alcanzó al 74 % de la Cámara de Diputados mediante una lectura alejada de la Constitución por parte del INE y el TEPJF, defraudando la voluntad de los votantes. A esto se sumó la operación gansteril para conseguir los votos necesarios en el Senado.
Una vez aceptado por la inmensa mayoría de las voces independientes de que se trata de un régimen autoritario, habría que dar el siguiente paso para detallar ese autoritarismo. Gobiernos populistas autoritarios hay muchos en nuestro mundo, cada uno con sus particularidades: Putin, Orbán, Erdogan, Bukele, Modi y Netanyahu, entre muchos otros. Abiertamente fascistas tendremos a Trump en unas semanas. El caso mexicano tiene elementos propios que vale la pena analizar.
En un <a href="https://seminariogargarella.blogspot.com/2024/10/amicus-frente-la-corte-mexicana-por-la.html" target="_blank" rel="noopener">Amicus Curiae</a> presentado a la SCJN por cincuenta especialistas de gran renombre, con motivo de la reforma al Poder Judicial, se realiza un análisis de las reformas al texto de la Constitución y afirman que “aparecen en estos tiempos nuevas formas de destrucción o ‘muerte lenta’ de la democracia (‘la muerte a través de mil cortes’), basadas en el paulatino deterioro o desarticulación de los sistemas de equilibrio y control” y adicionalmente reflexionan sobre las reformas que han empoderado al ejército concluyendo que se “da paso a una república cívico-militar”.
La realidad política en tiempos de la autodenominada transformación, primero o segundo piso, da igual, es claramente autoritaria en un entorno de brutal violencia perpetrada por agentes no estatales (crimen organizado y desorganizado de distintos tamaños), así como agentes del Estado (desde policías municipales hasta militares, fiscalías, alcaldes, gobernadores e incluso políticos a nivel federal). Todos ellos actuando por su cuenta o entrelazados. Los vínculos político-criminales se ventilan a plena luz del día, sin consecuencias legales ni pudor. A esto se suma la militarización de la seguridad y la vida pública, la prisión preventiva oficiosa, la enorme corrupción y la casi absoluta impunidad. Por si fuera poco, el régimen está desmontando cualquier contrapeso. Desde el Poder Judicial federal y locales, la SCJN, los órganos autónomos, y ha colonizado la CNDH, el INE y el TEPJF, entre otros. También ha mostrado interés por acabar con la pluralidad representativa en las cámaras con la propuesta de eliminar la representación proporcional.
¿Qué es esto? Un régimen autoritario “cívico-militar” que ha desmontado la democracia a fuerza de “mil cortes” que, con una visión totalitaria, solo acepta como parte del “pueblo” a aquellos que simpatizan con su movimiento, que nada fuera de Morena tiene legitimidad alguna, que la cúpula política del oficialismo es la representante única e intérprete de la voluntad del “pueblo”, que sostiene una lectura rancia del nacionalismo, que tolera y promueve cuadros criminales o con relaciones criminales, y que articula herramientas de represión judicial. Por si fuera poco, con una tesis trasnochada y perversa de la soberanía que, junto con la reforma mal llamada de “supremacía constitucional”, permite la modificación constitucional a placer sin control alguno dentro o fuera del país. Esto será motivo de un próximo texto.
A falta de términos más precisos que la realidad contemporánea no ha logrado acuñar, no estamos ante un fascismo clásico, pero está cerca, como lo afirmamos Alfredo Figueroa y yo en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AHBcVgxQXbY">entrevista en Aristegui Noticias</a>. ¿Con qué objetivo? Crear una nueva oligarquía “con visión etnonacionalista o ‘pueblo-bueno-nacionalista’”, como lo escribí en <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/nunca-mas/obradorismo-poder-oligarquia">este portal</a> hace unos meses.
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Como bien dijo la presidenta: lo que no se nombra, no existe. Es tiempo de nombrar al régimen.
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Autoritarismo y qué más

Una y otra vez México no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Una vez más se trata de la revisión del pasado violento, de los crímenes de Estado en la llamada Guerra Sucia.
No fue sino hasta la derrota del PRI en el año 2000 cuando se abrió la ventana de oportunidad de garantizarle a las víctimas y a la sociedad la verdad y justicia necesarias para iniciar un camino que pudiera consolidar la naciente democracia. Las reformas electorales eran un piso necesario, pero no suficiente. El Estado mexicano debía transformar a las fuerzas armadas, los aparatos de seguridad y al sistema de administración y procuración de justicia. Todas estas instituciones operaban, y siguen haciéndolo, muy por de bajo de los mínimos necesarios de una democracia. Durante el sexenio de Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que fue todo un fracaso. Ni verdad ni justicia ni alguna reestructuración democrática de las fuerzas de seguridad y justicia. Esos errores son en parte responsables de la brutal crisis de violencia e impunidad que vivimos hoy.
En 2021, <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&amp;fecha=06/10/2021#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">López Obrador creó una serie de mecanismos extraordinarios</a> para buscar verdad, justicia, reparación, memoria y búsqueda de desaparecidos de ese periodo violento de crímenes de Estado. Varios fueron los cuestionamientos a estos mecanismos. Se dejaba sin atender la gravísima violencia que llevamos viviendo por décadas y, al igual que en el pasado, no se creaban mecanismos independientes del poder político. No se trata de un capricho técnico, la independencia de estos mecanismos extraordinarios es necesaria y así lo muestra la experiencia internacional.
Tan pronto iniciaron trabajos comenzaron los problemas. López Obrador rápidamente mostró su sesgo en favor del ejército. Frente a las víctimas autorizó <a href="https://animalpolitico.com/2022/06/amlo-nombres-militares-muertos-guerra-sucia-monumento" target="_blank" rel="noopener">la creación de un memorial</a> para los militares fallecidos en las operaciones criminales realizadas por la misma institución. Esta bofetada a las víctimas sumada a la falta de independencia de los mecanismos creados distanció a varios colectivos de víctimas restando solidez a los trabajos que apenas iniciaban.
Desde entonces todo ha sido un caos. El responsable de estos mecanismos era el subsecretario Alejandro Encinas, que dejó su cargo sin entregar un informe sobre la situación que guardaba todo el proceso: <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/9/por-falta-de-recursos-renuncian-expertos-de-la-comision-de-la-verdad-de-la-guerra-sucia-306717.html" target="_blank" rel="noopener">el mecanismo de justicia renunció en pleno denunciando falta de respaldo</a>, <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/01/11/acometen-despidos-masivos-en-la-cnb-y-dan-direcciones-a-funcionarios-sin-experiencia/" target="_blank" rel="noopener">las personas encargadas de la búsqueda fueron despedidas</a>, de los mecanismos de memoria y reparación no se sabe nada. En la Comisión de la Verdad también hubo problemas: las fuerzas armadas negaron información, <a href="https://x.com/museomucmi/status/1573826590324187136" target="_blank" rel="noopener">una comisionada renunció</a> denunciando falta de independencia, y el resto de la comisión de dividió y existen dos informes con ángulos distintos de análisis histórico.
<a href="https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/" target="_blank" rel="noopener">Hoy solo se conoce uno de estos informes</a>. Lo que en todos los países es un evento de Estado, la presentación de informes de comisiones de la verdad, en México se hizo primero en SEGOB y el viernes pasado de manera pública sin la presencia del ejecutivo ni el legislativo y tampoco estuvo presente la CNDH. En un futuro cercano se conocerá el otro informe.
Parte central de las comisiones de la verdad son las recomendaciones que emiten. Todo aquello que podría abonar a las garantías de no repetición. En el informe presentado se incluyen varias recomendaciones que van desde la desmilitarización de la seguridad pública y cambios de fondo en el sistema de justicia, reparaciones y de búsqueda, entre otros.
La comisión denunció falta de voluntad política desde la presidencia para respaldar su trabajo y poder tener acceso a toda la información. Para futuras ocasiones, si es que algún día se revisa la brutal violencia que vivimos, es imperioso que los mecanismos de verdad y justicia tengan independencia absoluta.
El nuevo gobierno es una continuación del mismo proyecto que el saliente que creó estos mecanismos. Si niega las recomendaciones y el diagnóstico de este informe, estará tomando partido por los perpetradores. Si se dice gobierno de izquierda y heredero del movimiento del 68 debe asumir el informe y sus recomendaciones: revertir la militarización, garantizar verdad, justicia y búsqueda. Es decir, no al Plan C.
<a href="https://x.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Otra oportunidad perdida

Se han realizado análisis cuantiosos sobre las formas en que el obradorismo pretende concentrar poder y mantener su proyecto por largo tiempo. Es decir, los cómo opera, pero no se ha reflexionado lo suficiente en los para qué quieren el poder o cuál es el proyecto obradorista de fondo. Me parece que se debe reflexionar en ambas cosas. Cómo buscan concentrar poder y mantener apoyo popular y, por otro lado, para qué quieren el poder. Son cosas distintas.
La autodenominada cuarta transformación, en mi opinión, se sustenta en un proyecto económico de recambio de oligarquías con visión nacionalista y de “pueblo”. En su percepción de la historia, hasta ahora las élites económicas no han contribuido a la grandeza histórica de la nación, son la “mafia del poder”.
Para ello han mejorado salarios y entregado recursos de manera directa a costa de reducir la capacidad del Estado de otorgar servicios. Convertir en derechos los apoyos económicos mientras no se garantiza el derecho a la vida, la seguridad, la verdad, la justicia, la salud y la educación, entre otros. Eso es la &#8220;4T&#8221;. Transformar al Estado en un distribuidor de recursos y no en garante de derechos y servicios. Esta fórmula probó ser exitosa en las pasadas elecciones, pero solo esto no sería suficiente.
Entre los cómo mantener el poder habría que agregar una descomunal campaña propagandística sustentada en ideas simples y repetitivas en las que todos los días se denuesta a quienes no se pliegan al poder, el control político de la justicia, la militarización, la opacidad, el debilitamiento de los órganos autónomos, la erosión de la división de Poderes, la eliminación de la representación plural en el Congreso, la amenaza y la cooptación. El proyecto exige un Estado predemocrático.
El proyecto se sustenta, entre otras cosas, en todo esto. Pero, ¿para qué quieren el poder? Lanzo una hipótesis: para consolidar una nueva oligarquía con visión etnonacionalista, entendido esto en la visión trasnochada del obradorismo sobre Patria y Pueblo. Me explico.
Coincido con Claudio Lomnitz (El tejido social rasgado, Ediciones Era, 2022) en que el Estado abdicó a garantizar seguridad y justicia. Como parte del proyecto de “seguridad” se ha cedido el territorio al crimen organizado buscando con esto que sean ellos junto con el ejército, como lo fue después de la Revolución, quienes pacifiquen por la mala (asesinando y desapareciendo personas). Esto se puede ver en la reducción de detenciones, decomisos y enfrentamientos, así como en la expansión territorial, de mercados y actividades ilícitas del crimen organizado de todos los tamaños. <a href="https://www.milenio.com/politica/banda-criminal-donde-existe-solo-una-hay-menos-homicidios-amlo" target="_blank" rel="noopener">De allí la afirmación presidencial de que allí donde solo hay un grupo criminal dominante hay menos homicidios</a>. No se trata de un modelo de seguridad, sino de control territorial y de mercados lícitos e ilícitos por parte de grupos criminales y el ejército. ¿Para qué?
Lomnitz (Para una teología política del crimen organizado, Ediciones Era, 2023) afirma que AMLO se refiere a la “mafia del poder” como “el pináculo del crimen organizado. Pero una vez en la presidencia, esa imagen de una pequeñísima mafia que todo lo controla fue cediendo su lugar a una categoría más difusa de ‘adversarios’, a quienes califica de ‘conservadores’”. Estos “adversarios conservadores” ya no solo son la élite política y capitales aliados, sino todo quien critique al gobierno. Todos estos no son parte del “pueblo bueno”. Por su parte el crimen organizado sí es “pueblo bueno” que “se ha extraviado, debido a la necesidad impuesta por las inequidades del sistema neoliberal”.
Para consolidar ese mesianismo nacionalista, el obradorismo busca la creación de una nueva oligarquía de sectores que, según esta visión, estén comprometidos con el futuro de la Patria y no con aquellos vinculados con el conservadurismo del siglo XIX o con intereses extranjeros. En esta lista de oligarcas deseables se incluye al crimen organizado y a la élite militar. De allí la opacidad y la entrega de grandes proyectos económicos al ejército. Ninguna institución representa los ideales nacionalistas de AMLO como el ejército. Al centro del proyecto de la militarización de la seguridad se encuentra que tanto militares como criminales gestionen los mercados lícitos e ilícitos. Dentro de esta nueva élite económica también está la cúpula política y familiar del obradorismo que, según diversas investigaciones periodísticas, se ha enriquecido de manera ilícita con la garantía del respaldo político y el manto de impunidad.
En resumen, una cosa son los cómo mantenerse en el poder y otra los para qué. Allí se encuentra una reconfiguración de oligarquías con visión etnonacionalista o “pueblo-bueno-nacionalista”.
Mientras tanto, la democracia se seguirá difuminando y el horror profundizando.
<a href="https://x.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

El obradorismo

Se presentan un conjunto de reformas que sin duda trastocarán al Estado y que tienen por objeto la concentración de poder en el Ejecutivo, la opacidad y el militarismo. Entre ellas la elección de miembros del Poder Judicial, la eliminación de plurinominales, la desaparición o debilitamiento de órganos autónomos y la profundización de la militarización, entre otros.
La piedra angular del sistema político mexicano es el control político de la justicia. Se habla mucho en estos días, no sin falta de razón, que las aplastantes mayorías de Morena generarán un nuevo régimen político, pero lo harán dejando intacto el pilar fundamental del viejo entramado: la justicia no se define en clave de Estado de derecho sino bajo estrictos intereses políticos.
El oficialismo habla de mejorar la justicia demoliendo la independencia del Poder Judicial. Engañan; el objetivo no es la justicia ya que no tocan a las fiscalías y tampoco desmantelan los vínculos político-criminales. Militarizan ofreciendo seguridad cuando es imposible hacerlo manteniendo los casi absolutos niveles de impunidad y con políticos vinculados al crimen organizado. Pretenden eliminar la representación proporcional en el Congreso mientras en las candidaturas abundan pactos con organizaciones criminales.
Engañan. Ninguna transformación es posible mientras el Estado de derecho esté ausente y los intereses político-partidistas sean la clave para operar el sistema de justicia.
Ante violencias e impunidad extraordinarias resulta absurdo pretender garantizar seguridad y justicia con instituciones ordinarias capturadas por intereses políticos, económicos y criminales. Si hubiera verdadero interés se fortalecerían a las policías civiles, habría supervisión externa del aparato de seguridad, no habría opacidad en el quehacer militar y se construirían fiscalías verdaderamente independientes, un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión de la verdad independiente. El resto es un engaño.
Qué democracia pretenden defender en un país con miles de fosas clandestinas, con cientos de miles de desaparecidos, con buena parte del territorio entregado al crimen organizado, con vínculos político-criminales intactos y crecientes, con impunidad absoluta, con devastación de ecosistemas que ponen en riesgo a comunidades y al futuro mismo.
El país atraviesa momentos muy difíciles que requieren soluciones técnicas y complejas. Tomar decisiones o justificarlas detrás de la voluntad u opinión de mayorías a las que no se les ha hablado con claridad y profundidad es irresponsable. Informar de las reformas con una larga lista de calificativos y afirmaciones genéricas sin presentar pruebas es un engaño. Pretenden hacer pasar adjetivos como si fueran diagnósticos y propaganda por razonamiento, es un engaño.
Ante tal manipulación de la realidad solo queda decir Eppur si muove.
<a href="https://x.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

El engaño

El país se desgarra ante las violencias y la clase política está lejos de poner alternativas serias en la mesa. A la mayoría de medios de comunicación y opinocracia les obsesiona quién “ganó” el debate. Allí parte del problemón que no ha podido ser resuelto por décadas.
Un día sí y otro también el desfonde nacional se hace patente. El Estado pierde cada día más el control territorial ante el avance criminal que solo puede entenderse en colusión con agentes e instituciones del Estado. El crimen organizado escala su capacidad de fuego:<a href="https://x.com/All_Source_News/status/1777466541706985790" target="_blank" rel="noopener"> drones con explosivos</a>, <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/4/9/narco-escala-ataques-en-michoacan-ahora-lanza-bombas-quimicas-videos-326739.html" target="_blank" rel="noopener">bombas químicas</a>, <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/2/13/crimen-organizado-coloca-minas-explosivas-en-limites-de-jalisco-sedena-323914.html" target="_blank" rel="noopener">minas antipersonales</a>. El Estado se reduce a “reportar” las actividades criminales. Esto quedó patente con el secuestro masivo de personas en Sinaloa que, en palabras del gobernador, son “cosas que lamentablemente ocurren”. Los asesinatos políticos ya son parte de los procesos electorales mexicanos.
La reacción de la clase política es responsabilizar a sus oponentes, pero no ocuparse de la violencia y la impunidad. En el debate presidencial ni siquiera se hizo mención de preocupación o solidaridad por este fenómeno. Ante cada masacre la reacción es minimizarla. Frente a la violencia y corrupción cotidiana se responde que se investigará o que se presentarán denuncias. Estas frases en un país con impunidad casi absoluta es equivalente a decir “olviden el asunto y no estén chingando”.
Todos los partidos políticos son o han sido gobierno a nivel federal y estatal. Si en realidad hubiera compromiso por la seguridad y la justicia, en algún estado habría avances, la justicia sería la norma y no la excepción, la búsqueda de desaparecidos avanzaría sostenidamente. Nada de esto ocurre. Más bien lo que se repite, sin importar colores, es minimizar, mentir y maquillar cifras.
Eso sí, llegado el tiempo electoral todas y todos los candidatos afirman saber cómo hacerlo y tratan de convencer a la ciudadanía que tienen el compromiso de enfrentar el reto fundamental de la nación: verdad, justicia y seguridad.
¿Sería mucho pedir, y seguramente muy ingenuo, que alguna de las candidatas a la presidencia, o quien ocupa en lejano tercer lugar, convoquen a un acuerdo de Estado para revertir la violencia y la impunidad? ¿Sería imposible que extiendan la mano y llamen a cerrar filas en estos temas y que convoquen a especialistas para delinear un acuerdo de Estado?
La paz y la justicia no llegarán sin un acuerdo de Estado a largo plazo. Es natural que existan diferencias de visión entre partidos, en estos temas tendría que haber acuerdos. Las descalificaciones son propias de los procesos electorales. Sin embargo, tendrían que abrirse espacios de diálogo y acuerdos con un piso mínimo: voluntad absoluta para erradicar los vínculos políticos-criminales y los recursos ilícitos en campañas, desmilitarización de la seguridad y de la vida pública, y combate a la gran corrupción. Para ello se requieren fiscalías sólidas y verdaderamente independientes que tardarán años en construirse, mientras tanto urge la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, así como la construcción de instituciones policías civiles con supervisión externa. Soluciones cosméticas no han alcanzado y no alcanzarán.
¡Basta! Seis años más de división solo profundizará el horror. En tres sexenios la clase política, y la exigencia ciudadana, no ha estado a la altura del problemón. ¿Alguien tendrá la altura de llamar a un acuerdo nacional por la paz, seguridad, verdad y justicia?
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

¡Basta!

Más de tres lustros de violencias desatadas y la clase política sigue pensando en lo mismo: cuánta fuerza y de qué tipo se requiere para reducir el horror y encaminarnos a ser un país que pueda garantizar la vida, controlar el territorio, romper el vínculo político-criminal y desmantelar redes criminales con gran capacidad de fuego.
Todos los partidos políticos son o han sido gobierno a nivel estatal y federal. Todos han pretendido contener la violencia sin pasar por la justicia. Ante las violencias, las respuestas han sido más militares y prisión preventiva oficiosa.
Las candidaturas a la presidencia ya pusieron sobre la mesa sus propuestas que son más de lo mismo, unas peores que otras. Preocupa sobremanera las propuestas de Morena de continuar con la apuesta militar, la elección de jueces, magistrados y ministros del poder judicial, y la continuación de la política fallida y perversa de búsqueda de desaparecidos. De entre las propuestas de la oposición también preocupa la construcción de mega prisiones en lugar de transformar el sistema penitenciario y la firma de un Tratado para la Seguridad de América del Norte que en las condiciones actuales fortalecería a los militares y a las fiscalías corruptas y capturadas. Se puede pensar en un tratado solo después de depurar las instituciones mexicanas.
En ningún lado aparece abatir la impunidad, transformar fiscalías, reformar por completo el sistema penitenciario, desmantelar las redes de macrocriminalidad (político-criminales) y un proceso sólido de Justicia Transicional.
Es necesaria una gran Comisión de la Verdad, completamente independiente, que genere narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales de los contextos, métodos, patrones de violencia y de impunidad, así como de las redes de colusión entre agentes y fuerzas del Estado, clase política, empresas privadas, crimen organizado y otros grupos armados. Las fiscalías del país tardarán años en poder ser descapturadas y fortalecidas; mientras tanto se requiere un Mecanismo Extraordinario de Justicia que aborde fenómenos de gran violencia y corrupción para desmantelar las redes de macrocriminalidad.
Las propuestas hasta hoy presentadas se encuentran muy por debajo de la realidad. La clase política se sigue negando a perder el control político de la verdad y la justicia. El país presenta una descomposición mucho peor que los diagnósticos que presentan las campañas. Cada sexenio se piensa que no podríamos estar peor, la realidad demuestra lo contrario. No alcanza con pequeños o medianos ajustes, mucho menos con la continuidad del descomunal fracaso en materia de seguridad y reducción de la impunidad. Sin un compromiso absoluto por la verdad y la justicia, no hay militares y cárceles que alcancen.
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Seguridad sin justicia

Es gravísima la erosión democrática y sumamente peligrosa las reformas propuestas por Morena: hacer definitiva la militarización de la vida pública, acabar con la representación de minorías en el congreso, partidizar al poder judicial y destruir los contrapesos y división de poderes. Importante poner allí la mirada, la indignación, la exigencia y la movilización. Sin un mínimo de democracia no hay viabilidad.
Sin embargo, también es gravísima la violencia sin control, la absoluta impunidad, los vínculos político-criminales, el control territorial por parte de grupos criminales fuertemente armados, la extorsión y cobro de piso generalizados, la abdicación en la búsqueda de desaparecidos, el reclutamiento forzado de menores, la devastación de tierra y territorio, entre muchas otras. Aquí pocas miradas, pocas denuncias, pocos discursos.
Por un lado, se oferta la continuación de la autodenominada transformación en la que se profundiza el sectarismo, la militarización y la democracia entendida como la voluntad de las mayorías a raja tabla, sin respetar derechos de minorías ni el Estado de Derecho ni la división de poderes. Como respuesta social se han realizado movilizaciones en las que se pretende preservar lo poco que se tiene, una disfuncional y frágil democracia construida en un periodo breve. Es necesario seguir haciéndolo. Desde la oposición partidista nada concreto, oposición con poco contenido.
Pero nadie, desde la esfera política, parece ocuparse del horror, de la cooptación de partidos políticos por intereses económicos, criminales y de pequeños grupos que se han apoderado de ellos; de la gran corrupción ni del control político de la justicia. ¿Es agenda de alguien? ¿Hay indignación y exigencia social para movilizarse sobre esto?
¿De qué democracia hablan torios y troyanos? ¿Una con más de 4 mil fosas clandestinas, con cientos de miles de asesinados y desaparecidos; una en que el Estado ha preferido la vía militar que la civil; una en que la vida no está garantizada y la justicia tampoco? Si hubiera voluntad en algún partido, tendríamos alguna fiscalía en el país que opere medianamente decente; no la hay. Habría algún partido con operación transparente, con principios antes que intereses, con agenda más allá de ganar elecciones. ¿Hay que esperar seis años para sacar el discurso de cambio, ofrecer futuro, hacer compromisos para luego negarse a rendir cuentas? ¿Hay que esperar a que se acerquen elecciones para mostrar la indignación en las calles?
Mantener la democracia tiene que ser prioridad, pero si el resto no lo es, tarde o temprano la democracia morirá, formal o de facto. La exigencia e indignación tiene que incluir el fin de las violencias, de la impunidad, del maridaje político-criminal, el rescate de la vía civil y el cuidado del medio ambiente. Aquí también debe estar la indignación y la exigencia.
Trabajar en búsqueda de la verdad, justicia y seguridad requiere un acuerdo de Estado, no de partidos. Una agenda de mediano y largo plazo en la que se sumen distintos actores sociales como la academia, las iglesias, los colectivos de víctimas, las organizaciones sociales y los empresarios.
De ese tamaño es el reto, pero la clase política no parece estar a la altura y la indignación y exigencia social no ha sido suficiente.
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Indignación y exigencia

Desde el inicio del sexenio, AMLO ha declarado en reiteradas ocasiones que <a href="https://mvsnoticias.com/nacional/2019/5/7/prioridad-numero-uno-la-busqueda-de-los-desaparecidos-amlo-408169.html" target="_blank" rel="noopener">su prioridad número uno es la búsqueda de personas desaparecidas</a>. México es un país que, en datos oficiales, rebasa las <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral" target="_blank" rel="noopener">114 mil personas que permanecen desaparecidas</a>. Como lo han dicho varias madres de desaparecidos ante las más de 4 mil fosas, el país es una fosa clandestina. La crisis forense rebasa los 52 mil cuerpos en espera de ser identificados.
Ante este monumental reto, de las escasas acciones realizadas en este sexenio ante la presión de las familias de desaparecidos fue la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en agosto de 2022. Este surge como segunda opción dada la inoperancia del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
A menos de un año y medio de su creación <a href="https://www.jornada.com.mx/2024/02/05/politica/012n1pol" target="_blank" rel="noopener">el CNIH se encuentra abandonado, sin personal y sin presupuesto</a>. En su inauguración el exsubsecretario Alejandro Encinas prometió que se abatiría el rezago de identificación que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, y con ello dar “un paso firme para garantizar el derecho humano a ser buscado e identificado”.
Termina el sexenio y la prioridad número uno que se impuso AMLO no solo no se encuentra cumplida, sino que los saldos son criminales: es el sexenio con cifras récord de desapariciones, un intento gubernamental por disminuir las cifras con fines políticos, la impunidad es casi absoluta, no hay respuesta ante la crisis forense, se han politizado los cargos de los responsables y desmantelado los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Búsqueda, no hay presupuesto suficiente. Pero lo que menos hay es voluntad política para abordar el fenómeno.
Son los colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes siguen en terreno, quienes han tenido que buscar dialogar con grupos criminales para continuar su trabajo. El presidente se ha negado una y otra vez a reunirse con ellas. El abandono del Estado es absoluto y se trata de la prioridad número uno del presidente.
El horror se profundiza mientras que al presidente solo le interesa acumular poder y seguir desmantelando la democracia.
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La prioridad número uno de AMLO

Todo censo serio debe ser transparente. <a href="https://x.com/Pajaropolitico/status/1735306003921436716?s=20" target="_blank" rel="noopener">No es el caso del “censo” de personas desaparecidas realizado por el gobierno</a>. Presentaron una serie de cifras que pretenden sean aceptadas como verdad revelada, sin hacer público el detalle de la información ni su metodología.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1351944" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados.jpg" alt="Gráfica con los resultados del censo realizado por los servidores de la nación casa por casa" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Surgen varias dudas y preocupaciones:
<ul>
<li>La base de datos del registro y el desglose de lo presentado deben ser públicos para poder ser confrontado con la información de los familiares y colectivos de familiares de víctimas, del periodismo y la academia.</li>
<li>¿Qué metodología siguieron para comprobar los 3,945 casos que identificaron en visitas domiciliarias? ¿Cuáles son las pruebas que se tienen de cada caso? La Secretaría del Bienestar no tiene facultades para dar de baja del registro ni modificar las carpetas de investigación.</li>
<li>¿Se notificó a los familiares y se entregaron los cuerpos en los 4,134 casos en los que se cuenta con un acta de defunción? ¿Cómo comprobaron que se trata de la misma persona desaparecida y no de una homonimia?</li>
<li>¿Por qué las fiscalías no actualizaron el registro de desaparecidos en los 8,405 casos en que la investigación ya estaba cerrada? ¿Lo saben los familiares?</li>
<li>¿Por qué las fiscalías no sabían que 197 personas desaparecidas se encontraban en prisión?</li>
<li>Sobre los 17,843 en los que hay “indicios” de localización surgen de inmediato varios cuestionamientos: aparecer en una base de datos de vacunación o programa social no garantiza ni que se trate de la misma persona que fue desaparecida ni que aún desaparecida los familiares sigan recibiendo programas sociales. Esos indicios deben ser corroborados por las fiscalías o comisiones de búsqueda, no por la Secretaría del Bienestar.</li>
<li>Al momento de escribir este texto, el registro de personas desaparecidas continúa arrojando las cifras previas a este anuncio. ¿Darán de baja los registros? ¿Cuáles? ¿16,681 o también los 17,843? ¿Qué autoridad lo hará? ¿Se actualizarán las investigaciones en las fiscalías? ¿Se notificará cada caso a las comisiones de búsqueda locales?</li>
<li>Entre las personas “ubicadas”, “sin datos suficientes” y “sin indicios para búsqueda” arroja un total de 79,955. ¿El Estado los considera desaparecidos o no? ¿Seguirá la búsqueda e investigación? La deficiencia de información es responsabilidad del propio Estado, pero el gobierno pretende desentenderse del problema pidiendo “apoyo a la ciudadanía para contar con mayor información”.</li>
<li>¿Para el gobierno, las personas que permanecen desaparecidas son 12,377? ¿Solo buscará a esas personas? De ser así, no solo son irresponsables sino perversos y criminales.</li>
</ul>
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Las personas desaparecidas no son cifras. El problema del registro y la calidad de la información se debe al mal funcionamiento de las fiscalías y comisiones de búsqueda, así como al manejo político de un fenómeno tan doloroso.
Mientras el gobierno se preocupa por su imagen con fines electorales, deja a un lado el subregistro. En algunos estados puede ser del doble o mucho más. Solo como ejemplo están las investigaciones periodísticas y de organizaciones en <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/registro-nacional-contabiliza-la-mitad-de-personas-desaparecidas-que-la-fiscalia-de-sinaloa-durante-2022-y-2023-GA5543080" target="_blank" rel="noopener">Sinaloa</a>, <a href="https://desaparecerenbc.elementaddhh.org/#:~:text=A%20nivel%20estatal%20la%20tasa,incrementos%20muestran%20una%20tendencia%20preocupante" target="_blank" rel="noopener">Baja California </a>o <a href="https://animalpolitico.com/estados/desapariciones-casos-gobierno-federal-cdmx" target="_blank" rel="noopener">CDMX</a>.
El fenómeno de las desapariciones requiere atención responsable. Saber el número de personas y quiénes son es solo el inicio. Presentar cifras confusas y sin sustento no es la respuesta de un Estado serio. Siguen en el aire varias importantes: ¿quiénes y cuántos son?, ¿dónde están?, ¿quiénes son los responsables de las desapariciones?, ¿por qué desaparecen personas?, ¿por qué no se investiga?
Adicionalmente urge abatir la impunidad, garantizar la verdad, resolver el rezago forense de decenas de miles de cuerpos sin identificar, implementar mecanismos de búsqueda eficientes, que la FGR cumpla su obligación de poner en operación las bases de datos nacionales que le marca la ley, garantizar que no haya más desapariciones.
Como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahora López Obrador politiza el fenómeno, oculta información, pretende engañar y se hace cómplice de un fenómeno criminal.
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El “censo” de las personas desaparecidas y la perversión

Después de un largo proceso de reflexión, el EZLN volvió a emitir una serie de comunicados. En uno de ellos que lleva el título de “<a href="https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/11/octava-parte-p-d-que-hay-que-leer-para-saber-de-que-trata/" target="_blank" rel="noopener">Octava parte: P.D. Que hay que leer para saber de qué trata</a>”, plantea la oscuridad que vivimos como humanidad.
No se trata de algo local o nacional, la oscuridad nos cubre en todo el mundo. La crisis civilizatoria es un diagnóstico compartido por varios: <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/nunca-mas/barbarie-o-proyecto-civilizatorio-genocidio" target="_blank" rel="noopener">en este espacio escribí al respecto</a> e incluso <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/10/law-israel-hamas-international-criminal-court-icc" target="_blank" rel="noopener">el fiscal de la Corte Penal Internacional </a>y el secretario general de Naciones Unidas han hablado al respecto.
El comunicado del EZLN plantea una ruta inicial de salida. Ruta que será larga y dolorosa, pero que tiene que ser buscada “en común”, es decir “buscar juntos el camino”. Para ello “hay que reponer la luz. Pero para reponerla, tenemos que encontrarla.  Y para encontrarla, tenemos que saber dónde buscarla.  Y para saber dónde buscarla, tenemos que saber mero qué pasó”. Ese es el camino.
Saber y asimilar lo que pasó y sigue pasando es el primer paso, requiere dialogar y escucharnos. Una de las herramientas para encontrarlo son las Comisiones de la Verdad. Se trata de órganos creados para investigar y divulgar los procesos de violencias, reivindicar y reparar a las víctimas, realizar recomendaciones para la no repetición de los hechos. Para abonar a los procesos de justicia y comenzar, desde la verdad, a buscar la paz y la reconciliación de la sociedad.
Estas comisiones toman en cuenta factores históricos, sociales, psicológicos, económicos, políticos y cualquier otro relevante. Cada Comisión de la Verdad ha tenido mandatos y objetivos distintos, pero siempre centrándose en la investigación de patrones de violencias y no en hechos ni casos concretos. Se nutren de información pública, testimonios de miles y miles de víctimas, testigos y victimarios, fuentes periodísticas y académicas y cualquier otra que pueda generar contexto. Se busca comprender causas y consecuencias de las violencias, entornos, patrones, responsabilidades institucionales y, en algunos casos personales, impacto de la corrupción-impunidad en la violencia, y afectaciones a víctimas y colectivos.
Los trabajos suelen durar algunos años. Al concluir presentan un informe que tiene por objeto mostrar los patrones de las violencias por región y temporalidad para poder enfrentar el pasado y desde ahí construir el futuro. Por lo regular estos informes son fundamentales para los procesos de justicia que suelen llegar tiempo después. Sin verdad es imposible la reconciliación. No hay reparación suficiente sin verdad. Las garantías de no repetición solo se pueden construir desde la verdad de los hechos, la paz se sustenta en la verdad.
No hay una receta mágica ni única para las Comisiones de la Verdad. Con mucho cuidado deben definirse el mandato, los objetivos, la conformación, la temporalidad, la estructura, los protocolos y el financiamiento de la Comisión de la Verdad que le urge a nuestro país.
Estos procesos pueden ser realizados fuera de las instituciones del Estado. Desde una amplia articulación ciudadana que incluya a organizaciones sociales como las iglesias y/o universidades.
Una gran Comisión de la Verdad es una forma de “saber mero qué pasó”.
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Hay que reponer la luz

El mundo de hoy es incapaz de resolver conflictos armados. La barbarie se reproduce sin que las instancias multilaterales y supranacionales creadas para tales fines sean capaces de frenarla.
En lo que va del siglo XXI son cuatro los genocidios que la humanidad ha presenciado de manera pasiva: Darfur y los perpetrados contra los yazidíes a manos de ISIS, los Rohingya en Myanmar y los Uigures de China. Por distintos motivos ninguno de estos cuenta con sentencias judiciales. Los ataques criminales del 11 de septiembre dieron inicio a una guerra de Estados Unidos contra el terrorismo que generó un caos en Irak y Afganistán con un costo humano elevadísimo. Cuando fue asesinado Osama bin Laden, el presidente Obama declaró que <a href="https://www.hrw.org/es/news/2011/05/08/la-muerte-de-bin-laden-significa-que-se-perdio-una-oportunidad-importante-para-que" target="_blank" rel="noopener">se había hecho justicia</a>. Perversa forma de concebir la justicia. La brutalidad de la guerra en Siria fue contenida con más violencia. La criminal invasión rusa a Ucrania contó con insuficientes respuestas internacionales. Ahora, la barbarie perpetrada por Hamás desató la barbarie israelí como respuesta. De no contenerse pronto, este conflicto puede desbordarse rápidamente.
En distintos momentos de la historia, la humanidad ha pretendido contener la brutalidad. Estos proyectos civilizatorios (por ejemplo, el evangelio y la Iglesia, la ilustración, los Estados, las instancias supranacionales) han buscado contener el horror, pero terminan fracasando.
El actual pacto civilizatorio nació después de la Segunda Guerra Mundial. Los garantes de este proyecto son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU que junto con el Consejo de Seguridad tienen como misión central garantizar la paz y seguridad internacional, y la Corte Penal Internacional (CPI) que tiene competencia sobre los crímenes que golpean la esencia humana (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión).
El reconocimiento de que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos iguales en dignidad y derechos, los órganos multilaterales, el diálogo y la justicia son los ejes civilizatorios. El fracaso es más que evidente. Este pacto civilizatorio no cancela el derecho de las naciones y los pueblos a defenderse y resistir ante la opresión, pero eso no es una carta blanca para hacerlo de cualquier manera. Toda respuesta debe apegarse al marco establecido en el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Es importante recordar la historia. Las atrocidades nazis no justificaron la destrucción aliada de la ciudad de Dresde, por citar un ejemplo. Por ahora, el ojo por ojo sigue siendo la respuesta, los crímenes atroces son la vía frecuente para prevenir la barbarie. De allí no hemos salido.
El horror perpetrado por Hamás y la brutal respuesta de Israel ha revivido intensamente estas discusiones. Es importante hacerlo con menos filias y fobias. Al respecto, recomiendo ampliamente las declaraciones del <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DHyxpHiM1KA" target="_blank" rel="noopener">fiscal de la Corte Penal Internacional</a> y de la <a href="https://soundcloud.com/unradio/albaneseongaza?utm_source=clipboard&amp;utm_campaign=wtshare&amp;utm_medium=widget&amp;utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Funradio%252Falbaneseongaza" target="_blank" rel="noopener">experta independiente</a> relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
En estos posicionamientos dejan en claro que existen obligaciones morales y legales, que la solución no pasa por la inhumanidad sino por las instituciones y preceptos civilizatorios, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad de ambos bandos son evidentes. Hablan de la necesaria observancia de los principios de proporcionalidad y distinción para la protección de civiles, de la urgencia y obligación de permitir la entrada de ayuda humanitaria y de liberar a los rehenes.
Preocupa a la relatora que los discursos con “intenciones genocidas” se materialicen en los hechos. Desde ambos bandos se deshumaniza al oponente y se llama a “acabar con los infieles” de un lado y se hacen referencias bíblicas de Amalek del otro. Además de las implicaciones legales, el término genocidio tiene un gran peso político, moral y simbólico. Por ello es importante comprenderlo. <a href="https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-es-exactamente-un-genocidio/a-67270257" target="_blank" rel="noopener">Aquí</a> un texto muy claro.
En palabras de Karim Khan, fiscal de la CPI, “la ley no es opcional, es algo que nos mantiene unidos y nos aleja de las puertas del infierno”. La CPI mantiene abierta una investigación sobre la situación de Palestina desde hace varios años. Tiene competencia por los crímenes perpetrados en y desde territorio palestino por lo que, a pesar de que Israel no reconoce la competencia de la corte, puede asignar responsabilidades a altos mandos israelís y palestinos por los crímenes atroces perpetrados desde 2014.
Khan reflexiona, “lo que vemos en el mundo es la multiplicación de conflictos y víctimas”. Es momento de apegarse a la civilidad o seguiremos en el espiral del infierno y la barbarie. Si fallamos colectivamente y se prioriza la venganza por sobre la verdad, la justicia y el diálogo, entraremos en un punto inflexión que acabe por aniquilar el proyecto civilizatorio ya moribundo. La respuesta que demos como humanidad a estos años de violencia nos llevará al torbellino de la barbarie o a reformular el proyecto civilizatorio.
La solución no es barbarie ante la barbarie. El camino civilizatorio es el del diálogo, la construcción de paz entre enemigos, las instituciones supranacionales tanto políticas como de justicia que requieren ser fortalecidas. Regresar al espíritu de la Carta de Naciones Unidas en la que se tienen herramientas como las sanciones económicas, diplomáticas, políticas y financieras, así como a una CPI con respaldo amplio. Es momento de recordar al segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld: “la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno”.
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