Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: catalina.perezcorrea@cide.edu

No hay derecho

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Leía ayer en alguna red social una nota sobre mascotas abandonadas. Los comentarios indignados de los lectores proponían la cárcel como solución al problema. “Sólo así aprenderán”, escribió un lector. Leo diario notas que denuncian la tala indebida de árboles en zonas urbanas, el maltrato de mascotas, las infracciones viales, la violencia doméstica. Las solución común para erradicar estas conductas es la cárcel. ¿Se insulta en Internet?: cárcel. ¿El señor no paga la pensión alimenticia?: cárcel. ¿Discriminación?: cárcel. ¿Drogas? ¿Aborto? ¿Homofobia? ¿Violencia de género? La solución es simple: cárcel. ¿No sirve la amenaza de cárcel para disminuir la violencia? Fácil: fijemos más años de cárcel.
[contextly_sidebar id=&#8221;Oh7pV6xp4J2oG2tEh5n09L39KawWRjjC&#8221;]El sistema penal siempre ha sido injusto, violento y suele trabajar para proteger el interés de los que tienen. A los jóvenes –sobre todo los que provienen de colonias marginadas- los acosan diariamente las policías en las calles. Las mujeres son discriminadas una y otra vez cuando acuden a las agencias de los ministerios públicos a denunciar violencia en su contra. A las personas con pocos recursos económicos se les da un servicio paupérrimo y se desestiman sus denuncias. Una y otra vez leemos estudios que muestran que en las cárceles acaban personas con los mismos perfiles: jóvenes pobres y marginados que comparten características sociales –y raciales- sospechosamente homogéneas. Las mujeres en prisión también son jóvenes y pobres, pero además casi siempre son madres. Vemos el enorme costo que tiene para las familias (<a href="http://equidad.scjn.gob.mx/las-mujeres-invisibles/">principalmente mujeres sin recursos</a>) el uso del sistema penitenciario. Ellas pagan no sólo la manutención de los hombres y mujeres en reclusión sino que además son extorsionadas de forma infame por el personal de los centros de readaptación social. Todo esto es bien conocido pero igual se insiste en el uso de esa herramienta como clave de la transformación social, como si poner a muchos en prisión pudiera resolver los problemas de violencia social que hoy vivimos.
Quienes claman el uso del derecho penal y el mayor uso de cárceles parecen obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho penal. Parecen olvidar también quiénes son los aplicadores del derecho penal: las policías, los militares, los custodios de las prisiones que ponen en marcha a ese sistema. La realidad es que el derecho penal y las cárceles tiene una capacidad transformadora escasa y muchas veces su uso tiene el <a href="http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/view/36878">efecto opuesto</a> al deseado. La imposición de penas de cárcel sirve poco para disminuir los secuestros, la violencia o la discriminación, y no sirve para disminuir el consumo de drogas o los abortos. En cambio, implica la inversión de grandes cantidades de recursos a un sector muy poco productivo y a través del cual se cometen grandes injusticias.
No propongo aquí que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancionen a homicidas y violadores. Sin duda, toda persona adulta responsable de causar un daño a los derechos de otros debe responder por sus acciones. Pero la respuesta debe ser proporcional al daño y servir para resarcir. Hoy el derecho penal parece ocupar toda nuestra imaginación y ser la principal herramienta para lograr algún cambio social. Buscamos el derecho penal para prevenir, castigar y expresar rabia e indignación, pero al hacerlo contribuimos a agravar las realidades que queremos cambiar. Si el objetivo es empoderar a las mujeres para que vivan libres de violencia parece más importante lograr salarios iguales por trabajo igual, escuelas de tiempo completo y paridad en las instituciones, que más años de cárcel para los agresores. Si el objetivo es evitar el consumo de sustancias riesgosas, es más útil dar información a los consumidores o potenciales consumidores. Si se quiere prevenir discriminación, incluyamos y normalicemos lo diferente. La energía investida hacia el mayor uso del sistema penal difícilmente logrará grandes cambios. En palabras de Laureen Snider: es cuestionable que el oprimido pueda exitosamente convertir la herramienta de opresión en una de liberación.
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El poder transformador del sistema penal

Desde México pareciera que el debate internacional en materia de control de drogas se está moviendo hacia la despenalización y/o la tolerancia. Hoy, por lo menos 23 estados de la Unión Americana han despenalizado la mariguana de una forma u otra. Países Latinoamericanos como Jamaica y Chile también han despenalizado esta sustancia para usos médicos. Uruguay se convirtió en el primer país en despenalizar la producción y venta de mariguana. Además, casi todos los países latinoamericanos han despenalizado el consumo de sustancias ilícitas en un intento por hacer de las drogas un tema de salud en lugar de uno penal. Los ejemplos pueden hacernos pensar que el viento sopla fuerte hacia un cierre de la guerra contra las drogas. Pero el debate a nivel internacional muestra un panorama mucho menos alentador y los extremos del debate son mucho más alejados de lo que parecen.
El pasado 28 de abril, Indonesia fusiló –tal cual– a 8 personas, 7 extranjeros, por distintos delitos de drogas. El mundo occidental se mostró escandalizado: la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Australia públicamente expresaron un rechazo a la medida y Australia incluso removió a su embajador en protesta de lo que consideró “cruel e innecesario”. Incluso, investigaciones posteriores mostraron que las ejecuciones no sólo habían sido desproporcionadas sino que varias pudieron estar acompañadas de graves irregularidades en los procedimientos. Uno de los ejecutados, el de Indonesia, había sido sentenciado por posesión de mariguana y una solicitud pidiendo clemencia fue extraviada durante algún procedimiento. Otro presentaba indicios de padecimientos mentales y otro más había alegado corrupción por parte de uno de los jueces. No obstante, el gobierno de Indonesia defendió su actuación como necesaria para ganar –sí– la guerra contra las drogas.
[contextly_sidebar id=&#8221;HP801LM1gZMQWnEfPlaWS3fpHnKc2qBl&#8221;]En este contexto -e incluso con una, pequeña, protesta por las ejecuciones de Indonesia- el 7 de Mayo se llevó a cabo el <a href="http://idpc.net/es/incidencia-politica/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016">Diálogo de Alto Nivel sobre Drogas</a> en las oficinas de la ONU de Nueva York en Estados Unidos en preparación para la Sesión Especial de Naciones Unidas (<a href="http://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-ungass-2016">UNGASS 2016</a>), en la cual se hará una evaluación sobre la política mundial de control de drogas. La ultima vez que se hizo una reunión de este tipo fue en 1998 y su objetivo fue la eliminación de drogas del mundo. Ahora, tras 50 años de política prohibicionista, se presentará una oportunidad para evaluar los éxitos y fracasos –diría yo que más de los segundos– de la política de drogas a nivel mundial.
El diálogo, sin embargo, no fue del todo alentador. Aunque varios países y organizaciones se pronunciaron a favor de un debate abierto, basado en evidencia, para repensar la política actual, otros, como Egipto y Singapur, hablaron sobre el respeto a la soberanía para que cada país use su derecho penal como mejor considere (ie. pena de muerte).
Actualmente 32 países, incluido Estados Unidos, contemplan la pena de muerte para delitos de drogas y, según <a href="http://www.ihra.net/files/2014/08/06/IHRA_DeathPenaltyReport_Sept2011_Web.pdf">Harm Reduction International</a>, 6 la usan de forma frecuente. Y, el debate a nivel internacional parece más volcado a lograr un consenso en contra del uso de la pena de muerte por delitos de drogas y en contra de la criminalización del consumo, que a lograr un verdadero cambio del régimen mundial de control de drogas. De ser este el tema central del UNGASS 2016, seguiremos en el <a href="http://www.oas.org/documents/spa/press/informe_de_escenarios.pdf">camino</a> de siempre: el de la guerra contra las drogas. En ese camino cada país decide una interpretación (estrecha o laxa) de las convenciones de drogas, se menoscaban los procesos democráticos locales y el narcotráfico continua desplazándose hacia los países más vulnerables, aquellos con instituciones más débiles, como el nuestro.
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¿A dónde va el debate internacional de drogas?

La historia es para todos conocida: el 26 de septiembre de 2014, policías municipales desaparecieron a 43 estudiantes y acribillaron a media decena más en las calles de Iguala. A 6 meses de los eventos es imposible seguir negando lo que muchos activistas, periodistas y académicos habían antes advertido: la infiltración del narcotráfico en diversas esferas del poder y la participación –activa o pasiva- de todos los niveles de las autoridades en el negocio de las drogas y del crimen organizado. El caso de los normalistas mostró a todos la culminación del proceso de captura del Estado: policías uniformados, en ejercicio de sus funciones y siguiendo la cadena de mando, actuaron abierta y desvergonzadamente al servicio del crimen organizado.
Según <a href="http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1244681">Humberto Padgett</a>, hoy Guerrero produce 60% de la amapola mexicana cuya producción parece ir a la alza. Hoy México ha sobrepasado a Colombia en la producción de adormidera. Aunque siempre se ha sembrado amapola en la región, la producción ha cobrado relevancia –entre otras cosas- por la legalización de mariguana en los Estados Unidos y la erradicación de cultivos en medio oriente. Los testimonios que ofrece Padgett son reveladores: hay que plantar mucha mariguana para que deje poco y la amapola resulta entonces una mejor opción comercial. Un kilo de goma en Guerrero se vende en cerca de mil dólares. Ya convertida en heroína blanca, puede venderse en 6 mil dólares en las montañas.
[contextly_sidebar id=&#8221;6FQ35FXXwvJWjdia0zoSwYsQlphHeudB&#8221;]Guerrero, junto con Chipas y Oaxaca, son los tres estados más pobres de México. En algunos municipios de Guerrero se calcula que 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, sin acceso a agua, educación o servicios de salud adecuados. Pero estos estados son sólo una muestra de la desigualdad y marginación prevaleciente en el país. En México viven cerca de 120 millones de personas. Según <a href="http://ricardoraphael.com/libros/el-mirreynato/">Ricardo Raphael</a>, el 46% de los ingresos que produce el país se distribuyen entre el 10% de la sociedad (el sector más privilegiado). A la vez, al 10% más pobre le corresponde apenas el 0.3% de la riqueza del país. Las familias mas ricas de México ganan 200 veces más que la media de ingresos percibida por los mexicanos y 1086 veces más que el sector más bajo.
Podríamos decir que en estos contextos la participación de nuestras autoridades –cuyos integrantes, como los policías municipales, con frecuencia pertenecen a los últimos escalafones de la sociedad mexicana- y de nuestros campesinos en el negocio de las drogas, es inevitable. Pero la concentración de la riqueza y la marginación social llevan años existiendo. No existían, sin embargo, los niveles de violencia ni la cooptación plena de la instituciones del estado. ¿Qué ha pasado?
La administración pública mexicana es hoy un sistema en el que la separación entre intereses públicos y privados está colapsada. Como señala Ricardo Raphael, los cargos públicos se usan, las más de las veces, como una extensión del patrimonio personal para beneficiar empresas propias, a amigos o familiares o para obtener prebendas. Se usan también como una especie de fuero informal, para violar impunemente la ley o aplicarla a modo. Es un sistema en el que es difícil distinguir entre autoridades y empresarios: cada autoridad es un micro (o macro) empresario en potencia, gracias a las prerrogativas propias de su cargo.
¿Qué sucede cuando introducimos al narcotráfico en este sistema de prebendas, en el que la corrupción y la impunidad son la norma? El sistema se comporta como siempre: el interés público toma la forma del interés privado y la maquinaria funciona para favorecer y proteger al privado porque las estructuras legales e institucionales están sujetas a ser cooptadas por cualquiera, llámese Arellano Félix, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zbUeOZHqUMU">Hilario Ramírez</a> (el infame alcalde de San Blas) o <a href="https://front.animalpolitico.com/2015/04/sfp-inicia-procedimiento-sobre-caso-korenfeld-por-uso-de-helicoptero/">David Korenfeld.</a> El narcotráfico, en este escenario, es un interés más con posibilidad de capturar al sistema político y jurídico. Sin embargo, se trata de uno que está fortalecido por el hecho de que las drogas y sus mercados permanecen en la ilegalidad y sus empresarios tienen mayores incentivos y necesidades para cooptar los espacios de autoridad.
La encrucijada en que nos encontramos es esta: parece que queremos mantener el sistema de prebendas, corrupción e impunidad pero no queremos que éste sea usado por los grupos de narcotráfico o delincuencia organizada. Lo cierto es que es imposible controlar que el sistema se corrompa para unos –para favorecer a una minera, a cierta televisora o a una constructora contratista del gobierno- pero no para otros –los Abarca o los Zetas-. No hay legalidad a medias. La decisión que –como generación- tenemos delante es entre continuar permitiendo que el poder público sirva para aprovechamiento de los intereses personales en turno –sea quien sea &#8211; o reclamarlo como un espacio que sirva para procurar el interés común. Así de sencillo; así de difícil.
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Corrupción para las élites

A lo largo de la última semana los medios han publicado extensamente sobre el pasado de Eduardo Medina Mora, hoy candidato para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre está ligado a casos tan indignantes como la fabricación de culpables de la masacre en Villas de Salvárcar; el encubrimiento del desastre minero de Pasta de Conchos; la ilegal detención y encarcelamiento de las tres indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta; la violación de mujeres detenidas tras los enfrentamientos violentos en San Salvador Atenco; el infame Michoacanazo; la trágica e impune guardería ABC y, el más reciente, sobre el trasiego “vigilado” de armas ilícitas en territorio mexicano (que implica, por cierto, que el señor mintió al Senado de la República durante su reciente comparecencia).
Todos estos casos, que en su momento indignaron profundamente a la sociedad mexicana, hoy vuelven a la luz pública, recordando la impunidad y la falta de responsabilidad pública que prevalece en nuestro país, especialmente entre los encargados de procurar justicia. Recuerdan también que en nuestro país, las personas encargadas de velar por el bien público pocas veces cumplen con su mandato, pero aun así –o quizás por eso- son premiados por el sistema.
No pretendo revisitar los detalles de los casos desenterrados que demuestran que Medina Mora no ha cumplido sus encargos ni con honorabilidad ni con probidad, como lo exige el artículo 95 de la Constitución de todo aspirante a Ministro de la Corte. Lo que quisiera subrayar en este espacio es que en la decisión que tome el Senado este martes no sólo está en juego uno de once lugares en la Corte, sino también el tipo de Estado que se está construyendo.
Comienzo con unos datos: cuando Medina Mora fue Procurador General de la República presentó 236 acciones de inconstitucionalidad, un promedio de 7.15 acciones al mes. Como contraste, su antecesor, Daniel Cabeza de Vaca, presentó 41 acciones de inconstitucionalidad equivalente a 2.15 acciones mensuales. A la vez, su sucesor, Arturo Chávez Chávez, presentó 22 acciones de inconstitucionalidad, equivalentes a 1.2 acciones por mes en promedio. Las acciones presentadas por el entonces procurador tuvieron una orientación marcada: todas, menos una, se presentaron en contra de congresos locales, es decir en contra de las legislaturas de los Estados.
[contextly_sidebar id=&#8221;38PDbm5sC081ZjXIhnZWShLwt6BIP1pg&#8221;]Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo mediante el cual ciertos órganos del Estado pueden cuestionar la constitucionalidad de leyes y así impugnar los excesos de las legislaturas locales o federales. Dado que se trata de un mecanismo contra-mayoritario -por el cual el poder menos representativo de todos (el poder judicial) resuelve sobre decisiones que ha tomado el poder más representantivo y electoralmente legitimado (el legislativo)- debe usarse sólo en circunstancias extraordinarias. Por eso la Constitución exige que se reúnan 8 votos (de 11) en el Pleno de la Suprema Corte para echar abajo una ley. Se trata de un mecanismo potente y delicado. Pero, durante la gestión del entonces procurador Medina Mora se hizo uso de esta facultad para -en promedio 2 veces por semana- intentar restringir por la vía judicial y desde el Gobierno Federal, los procesos democráticos locales que se daban a los largo y ancho del país. Para un congreso local, estar constantemente teniendo que defenderse de la Federación ante la Suprema Corte implica una carga política -y económica- no menor.
De estos datos podemos desprender que Medina Mora entiende a la Corte Suprema como un órgano fundamentalmente político, activista, que puede ser incitado, una y otra vez, a usar facultades formales con fines políticos, a ocupar espacios que corresponden a órganos de representación popular.
México vive un claro periodo centralizador. Del federalismo revitalizado que inició en los tempranos 80 y que dio pie al escalonado y exitoso proceso de apertura democrática y pluralidad política que culminó con la alternancia por vía electoral, queda poco. Un amplio número de leyes y reformas federales han centralizado las decisiones del país en los último ocho años. Las elecciones, la educación y hasta las decisiones más básicas de seguridad local son sólo algunos de los temas que han quedado -cada vez más- bajo el control de la federación.
El nombramiento de Medina Mora debe entenderse como un paso más en esta dirección. No sólo estamos a punto de presenciar el nombramiento como garante de la justicia a un personaje ligado a graves violaciones de derechos humanos sino también de alguien con una clara visión antifederalista y antidemocrática. Lo que está en juego con este nombramiento es el sistema de pesos y contra pesos del gobierno: el mecanismo mediante el cual cada poder tiene su lugar dentro del sistema y la capacidad de limitar los excesos de otros. Lo que esta en juego, en breve, es nuestro frágil equilibrio constitucional.
Firma <a href="change.org/nohaganministroamedina" target="_blank">la petición</a> para que no nombren a Medina Mora ministro de la Suprema Corte.

Medina Mora y el (des)equilibrio constitucional

Regreso de Colombia. En los descansos de reuniones a las que he asistido se habla de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que buscan terminar el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años. En algún momento me escapo de las reuniones para visitar la exposición “Ya Basta”, que se exhibe en una de las salas del Centro de Formación de la Cooperación Española. La exposición muestra imágenes del conflicto armado que ha cobrado, desde 1958, por lo menos 220,000 vidas. Según <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/BYColombiaMemoriasGuerraDignidadAgosto2014.pdf">el informe con el mismo nombre</a> “entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada doce horas fue secuestrada una persona”. Colombia es un país más pequeño que México, pero las cifras son escalofriantes y hacen difícil pensar que alguien de aquel país que no ha sido tocado personalmente por la violencia. Aun así, para los colombianos parece haber llegado el momento para decir “no más violencia”. El prólogo del informe concluye: “Es el ‘¡Basta ya! de una sociedad agobiada por su pasado, pero esperanzada en su porvenir”.
Con profunda pena pienso en la realidad mexicana y las posibilidades de acercarnos a un proceso similar. México no es Colombia. Las guerrillas colombianas poco tienen que ver con nuestros cárteles. Pero a pesar de las diferencias, compartimos lo esencial del conflicto: el dolor humano. Las fotos de la guerra colombiana, al igual de las fotos de la prensa mexicana, muestran el desconsuelo humano y las terribles pérdidas que deja cualquier conflicto armado. Compartimos además con Colombia las enormes injusticias sociales y la polarización de la sociedad entre estos y “los otros”. ¿Qué podemos aprender del proceso de paz colombiano?
[contextly_sidebar id=&#8221;gjztj761g5UJzBVA6q8hTTYetDjURoEe&#8221;]Más allá de bajar las armas, el proceso de paz pretende mirar hacia delante. Pero ello no implica ignorar el pasado. Una parte central del proceso es reconocer a todas y cada una de las víctimas, reconocer a los muertos, a los desaparecidos y así dar un lugar, una significación al dolor de sus familiares. El proceso parte del supuesto de que sin el pleno reconocimiento del pasado no hay lugar para la reconciliación ni para la paz. Para nosotros esto implicará el desentierro de todo cuerpo que de forma clandestina ha sido desaparecido en las muchas fosas que entierran a las víctimas de nuestra guerra. Supone además el señalamiento de los culpables (sean autoridades o civiles) y el reconocimiento público por parte de estos sobre el daño que causaron. No se trata de castigar a los miles que han tomado parte –de una forma u otra- en nuestro conflcito. Significa responder, ante la comunidad que formamos parte, por lo que se ha hecho.
El proceso de paz significa además el reconocimiento de que todos pertenecemos a una única comunidad política llamada México. No existen “los otros” cuya eliminación o desaparición se justifique. El Estado somos todos y las autoridades no pueden, como hicieron en Tlatlaya, ejecutar a quienes consideran enemigos. En palabras de uno de los estudiantes que ayer marchaba en Guanajuato por su compañero muerto presuntamente en manos de la policía “<a href="http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/-8216no-nos-pueden-matar-por-querer-un-pais-mejor-8217-96600.html">No nos pueden matar por querer un país mejor</a>”.
El proceso, por último, no significa la desaparición de los conflictos sociales ni la resolución inmediata de los mismos. Significa darles cabida en el Estado para que puedan ventilarse y resolverse por una vía distinta a la violencia, por una vía legal y civil. Requiere el reconocimiento de la participación en el Estado (con todo lo que eso implica) de los grupos que hoy han quedado fuera.
¿Estamos cercanos a poder entrar a un proceso similar al colombiano? Mi optimismo es bajo. Hace unas semanas visité la exposición de las Fuerzas Armadas “<a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/08/inauguran-exposicion-fuerzas-armadas-pasion-por-mexico-en-el-zocalo-3568.html">Pasión por México</a>”. En ella niños desde 3 años de edad juegan a ser soldados. Con ayuda de miembros de las fuerzas armadas suben a tanquetas, posan con ametralladoras en sus manos y se pintan la cara con pintura negra simulando ser soldados. Sus padres y madres comen palomitas mientras les toman fotos. Más que prepararnos para un proceso de paz, la exposición, que hoy recorre la República Mexicana, muestra a una sociedad que se prepara –y prepara a sus niños- para la guerra de los años por venir. El proceso de paz parece distante.

Preparándonos para la guerra

Durante el Foro Internacional de Política de Drogas, organizado por la Cámara de Diputados hace unos días, escuche varias veces decir, con variantes, que en México no se penaliza el consumo de sustancias ilícitas. Esta afirmación es engañosa, por decir lo menos. Si bien en México el verbo “consumir” no es delito, sí se criminaliza –y sanciona penalmente- a los consumidores.
Empiezo por hacer una distinción sutil, pero importante. Penalizar y criminalizar son cosas distintas. Mientras que lo primero se refiere a que una conducta sea sancionada (por ejemplo con cárcel), lo segundo se refiere a que existan instituciones penales, normalmente agencias de seguridad, con facultades (por ejemplo de arrestar) frente a quienes realizan cierta conducta, independientemente de que al final se aplique o no una sanción. Así, decir que el consumo no está penado significa que la conducta “consumo” no es sancionada con pena (cárcel u otra). Decir en cambio que los consumidores son criminalizados, significa que dicho grupo es abordado -por regla general- por las instituciones penales (por ejemplo por la policía y/o los ministerios públicos), aun sin ser sancionados.
La sutil diferencia entre penar y criminalizar significa que en la práctica se detiene y procesa a un gran número de consumidores de sustancias ilícitas, que además son sometidos a la jurisdicción de las instituciones de seguridad y al ministerio público. En nuestro país, entre 2009 y 2013 fueron detenidas por la PGR a nivel nacional 140,860 personas por consumo de drogas (PGR via infomex 0001700136313). En ese mismo lapso, fueron iniciadas, por consumo, 52,074 averiguaciones previas en el sistema federal.
¿Por qué fueron detenidas y procesadas estas personas por una conducta que no es delito?
De acuerdo con la legislación actual, la posesión de sustancias ilícitas, para cualquier fin, es un delito. En el caso de la posesión para consumo, la ley ordena la detención de consumidores y la intervención de las instituciones penales, aunque no el uso de penas de prisión en contra de consumidores. Es decir, aunque el consumo no está penado, la posesión –actividad necesaria para todo consumo- sí lo está. En casos de posesión para consumo (de algunas sustancias y sólo en determinadas cantidades), la ley establece que el ministerio público no ejercerá acción penal (es decir, no hará una acusación penal frente a un juez) por el delito (Ley General de Salud, artículo 475-II). Decir que los consumidores son criminalizados significa que, en casos de posesión para consumo, el aparato penal se pone en marcha: la policía detiene al consumidor y lo presenta ante el ministerio público, aunque no se procese o sancione penalmente.
¿Cuántas conductas no delictivas permiten –o peor, obligan- la detención y procesamiento de quien las comete? Los casos que vienen a la mente son contados. Tal es el caso, por ejemplo, de conducir en estado de ebriedad que en el DF no es delito, pero sí se ordena el arresto administrativo de la persona –y no sorprende dado el elevado número de personas muertas anualmente en casos de accidentes automovilísticos que involucran alcohol-. Pero incluso en ese caso, por lo menos en el DF, no se pone a la persona a disposición de ministerio público, sino del juez cívico. No se usa al ejercito para realizar esas detenciones.
El tema de la criminalización de los usuarios de sustancias ilícitas es agravado aun más por las bajas dosis de posesión máximas establecidas en la Ley General de Salud que implican que, de facto, consumidores que poseen cantidades mayores a las toleradas sean acusados, procesados y sancionados –ahora sí penados- como si fueran narcomenudistas. Es decir, en los casos en que consumidores porten cantidades mayores a las permitidas, o que traigan cualquier cantidad de las sustancias no contempladas en la Ley General de Salud (como el muy popular Clonazepam –Rivotril-), son detenidos y procesados por posesión en modalidad de narcomenudeo.
Los datos son reveladores. Entre 2009 y 2013, fueron iniciadas 87,746 averiguaciones previas (infomex 0001700157814) por el delito de posesión (la mayoría, por cierto, se inició con detenido cuando alguien fue arrestado en flagrancia –o con las manos en el guato-). En los Estados, entre 2009 y 2013, fueron detenidas, 48,001 personas por posesión. De estas, 11,977 fueron detenciones por posesión simple (aunque hay que señalar que de las 181 solicitudes que realizamos a las procuradurías sólo 14 aportaron información específica sobre posesión simple, así que la cifra podría ser mayor). Por cierto que el delito de posesión simple se acredita cuando “por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”.
Resulta así que en nuestro país consumir no es un delito, pero si lo es poseer, cultivar, suministrar (e.g. pasar el churro), fabricar, y cualquier conducta necesaria para el consumo. Para consumir sin delinquir hay que conseguir que alguien sostenga el churro –o su equivalente- mientras se consume. Desafortunadamente, quien sostiene es poseedor y, en consecuencia, delincuente.

Tú lo sostienes y yo aspiro: cómo consumir sin delinquir

Hace unos meses, viajando por Nuevo México en Estados Unidos, me topé con Santa Fe Hemp, una tienda dedicada a la venta de productos de cannabis. El acervo de productos fabricados con la planta de la mariguana es impresionante: cremas, bálsamos, lápices labiales, camisas, bolsas, sombreros, pantalones y hasta papel e hilo. Compartí <a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/#axzz37eOKTquo">aquí</a> algunas fotos de los productos que encontré entonces. Ahora viajando por Perú, encuentro algo similar con la hoja de la coca (que no es igual que la cocaína). Aunque la variedad de productos no es tan vasto como lo producido con cannabis, no deja de impresionar que en nuestro país destinemos tantos recursos (económicos, sociales, institucionales, políticos) para erradicar cualquier rastro de una planta –y sus derivados- que en otros países se aprovecha y consume de forma regular.
Acá algunas imágenes que logré captar:
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<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/07/17/sobre-la-coca-y-los-viajes/foto-coca-1/" rel="attachment wp-att-318232"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-318232" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-coca-1-259x346.jpg" alt="foto coca 1" width="259" height="346" /></a>
Mate de coca que ofrecen en el aeropuerto de Cusco al bajarse del avión. No hubiera sobrevivido el malestar que produce la altura del lugar sin esto. (Por cierto que se necesita alrededor de 400 veces lo que se usa para un té para hacer un gramo de cocaína).
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<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/07/17/sobre-la-coca-y-los-viajes/foto-coca2/" rel="attachment wp-att-318233"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-318233" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-coca2-456x342.jpg" alt="foto coca2" width="456" height="342" /></a>
Mate de coca en versión elegante en el lobby del hotel, junto al Earl Grey y el té limón.
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<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/07/17/sobre-la-coca-y-los-viajes/foto-galletas/" rel="attachment wp-att-318234"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-318234" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-galletas-456x342.jpg" alt="foto galletas" width="456" height="342" /></a>
Galletas con hoja de coca (no eran muy ricas).
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<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/07/17/sobre-la-coca-y-los-viajes/foto-chocolate/" rel="attachment wp-att-318235"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-318235" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-chocolate-259x346.jpg" alt="foto chocolate" width="259" height="346" /></a>
Chocolate con hoja de coca y cereales andinos (muy bueno).
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<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/07/17/sobre-la-coca-y-los-viajes/foto-museo-de-la-coca/" rel="attachment wp-att-318236"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-318236" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-museo-de-la-coca-456x342.jpg" alt="foto museo de la coca" width="456" height="342" /></a>
El museo de la coca en Cusco, Perú. Ahí se da una buena explicación de los usos medicinales de la hoja de coca y las comunidades que la cultivan desde hace cientos de años. Adentro venden productos como cremas para la artritis y dolor muscular, refresco de coca, entre otros.
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En uno de sus escritos más famoso, realizado durante un viaje a Tierra Santa en 1867, Mark Twain escribía:
“Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. No es posible adquirir opiniones amplias, integras y benévolas sobre hombres y cosas vegetando en un pequeño rincón del mundo durante toda la vida”. (The Innocents Abroad)
[contextly_sidebar id=&#8221;VHwFm0Yi9PFO1PyIWh7bzGUe4pPNAdPX&#8221;]Los viajes nos obligan a enfrentarnos con contextos distintos a los habituales, a otras formas de vida, a otras lenguas, costumbres, modas y modales. Nos obliga a la observación crítica de lo que hay dentro y fuera. Obliga al reconocimiento de que mucho de lo que tomamos como cierto, necesario, bueno, malo e incluso obvio es circunstancial: depende de nuestra educación, de nuestras vivencias cotidianas, de lo que se permite y condena en los lugares en los que vivimos, de los hábitos que hemos adquirido por imitación o convicción. En las diferencias observadas y vividas fuera de casa, y en la incomodidad constante que producen, podemos encontrar cierta libertad. El encuentro con lo diferente genera la posibilidad de redefinirnos, de elegir nuevamente lo que es cierto, necesario, bueno y lo que no. Parafraseando a Twain, viajar ayuda a frenar la intolerancia y a repensar las convicciones. En el tema de las drogas, como en otros temas, debemos poner de frente las realidades que se viven en otros países para así estar en condiciones de repensar y cuestionar nuestras suposiciones.
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Sobre la coca y los viajes

En su más reciente estudio, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) analiza las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países de América Latina (México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia). Acá algunos de los principales hallazgos.
El estudio, En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina del CEDD (disponible <a href="http://www.drogasyderecho.org/">aquí</a>) muestra que las respuestas de los Estados latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo principalmente penales y no, como sugiere el creciente consenso internacional, a través de las instituciones de salud. Aunque en los países estudiados el consumo no es un delito, existe en todos una persistente criminalización de los consumidores de drogas de uso ilícito, que implica su detención, procesamiento penal e incluso encarcelamiento.
[contextly_sidebar id=&#8221;011a97b1d67aba36dd5204c7598966bf&#8221;]Las cifras que presenta el estudio no son menores y muestran que parte de los esfuerzos punitivos por reducir la oferta de drogas ilícitas siguen dirigidos –voluntaria o involuntariamente- en contra de consumidores. Según el estudio de Argentina, en una muestra del año 2011, alrededor del 73-74% de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires, fueron por tenencia de estupefacientes para consumo personal. En Ecuador, entre 2007 y 2014 se detuvo a 5,103 personas bajo la imputación del delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de un total de 6,467 detenciones por delitos de drogas. Es decir que el delito de posesión representó el 78.9% de las causas por delitos de drogas ene se país. En Bolivia, por su parte, entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas (en su mayoría cannabis), aunque la posesión no está tipificada como delito. En México, donde el consumo de sustancias ilícitas no es un delito, entre el año 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas a nivel federal 140,860 personas por consumo de drogas, y se iniciaron cerca de 54,000 averiguaciones previas por la misma causa. No podemos leer estos datos sin pensar en los recursos –y los costos de oportunidad- que esto implica.
Para quienes trabajamos el tema, los resultados del estudio no son sorprendentes. Diversos actores, grupos y ONGs llevan años denunciando el acoso al que son sujetos los consumidores de sustancias ilícitas. También han señalado los graves costos sociales, económicos e institucionales que representa las respuestas estatales actuales. El estudio, sin embargo, permite ver los mecanismos legales e institucionales existentes que explican el por qué y el cómo se criminaliza a los consumidores. Resumo en este espacio dos de estos mecanismos.
Uno de los hallazgos mas ilustrativos de los estudios es que, a pesar de que el consumo no está prohibido en ninguno de los países que forman parte del trabajo, la posesión suele estarlo -de un modo u otro-. Así, la criminalización de los consumidores se vuelve inevitable, pues todo consumo, en algún momento involucra la posesión de sustancias de uso ilícito. La tabla muestra una síntesis –muy apretada- de la regulación en torno al consumo y la posesión.
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/05/28/en-busca-de-los-derechos-usuarios-de-drogas-y-las-respuestas-estatales-en-america-latina/tabla-1-va-bien/" rel="attachment wp-att-311071"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-311071" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/05/Tabla-1-Va-bien.jpg" alt="Tabla 1 Va bien" width="616" height="434" /></a>
Además, no sólo la posesión sino casi todas las demás conductas requeridas para llegar al consumo como el suministro –nota: no pasen el churro-, distribución, cultivo, fabricación están prohibidas y son penalizadas. En México tenemos incluso el muy ambiguo delito de “fomento al consumo” -olviden mi comentario sobre el churro. No vayan a decir que promuevo el consumo. Esto significa que aunque el “consumir” esté fuera del ámbito de acción de los sistemas de procuración y administración de justicia penal, los consumidores no lo están.
En los países que existen umbrales de tolerancia (es decir dosis máximas de sustancias por debajo de las cuales la posesión se considera consumo y no es penalizado), el estudio muestra que estos suelen ser muy bajos y que no responden a las prácticas de uso que tienen los consumidores (véase la siguiente tabla).
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/05/28/en-busca-de-los-derechos-usuarios-de-drogas-y-las-respuestas-estatales-en-america-latina/tabla-2-va-bien/" rel="attachment wp-att-311072"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-311072" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/05/Tabla-2-Va-bien.jpg" alt="Tabla 2 Va bien" width="619" height="253" /></a>La forma en que se usan los umbrales actualmente implica que, por encima de las dosis máximas permitidas, los consumidores son equiparados a distribuidores (narcomenudistas, microtraficantes, o como se les llame en cada país). Esto significa que, para los delitos de posesión (en diversas modalidades), arriba de esos bajos umbrales, el Estado no necesita demostrar la intención del agente para atribuir responsabilidad penal sino simplemente encontrarlo con una cantidad mayor a la permitida. En el caso mexicano, si un consumidor porta más de dos cigarrillos (medianos) de mariguana o una “grapa” (gramo) de cocaína, comete el delito de posesión simple que conlleva una sanción de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa.
El estudio aporta nuevos argumentos a favor de la adopción de una política de drogas –nacional y regional- más racional y acorde con las obligaciones de los gobiernos tienen en materia de salud y otros derechos fundamentales. La discusión sobre política de drogas no es sólo sobre la posible reducción de la violencia que implicaría regular el mercado negro de drogas sino, también sobre poner en el centro de la discusión la violencia que los Estados ejercen directamente en contra de un amplio sector de la población.
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En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina

Este lunes 17 salió publicado en el Blog <a href="http://drogas-en-movimiento.org/">Drogas en Movimiento: nuevas perspectivas</a> mi texto: <a href="http://drogasenmovimiento.files.wordpress.com/2014/02/14-02-17-tribunales-de-tratamiento-de-adicciones-un-placebo-para-un-sistema-muy-enfermo.pdf">Tribunales de Tratamiento de Adicciones: un placebo para un sistema muy enfermo</a>. Acá una versión larga del mismo. 

El pasado miércoles 5 de febrero la Cámara de Diputados aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho se celebró en medios como un avance claro hacia el modelo de justicia penal adversarial que la reforma de 2008 prometió. El nuevo código será obligatorio para todos los procedimientos penales que tengan lugar en el país ya sea en materia federal o local.
Sin duda, la nueva ley contiene elementos positivos que podemos celebrar –como permitir que cualquier persona pueda presenciar las audiencias que se llevan a cabo-. Pero también se colaron disposiciones que preocupan -como la suspensión condicional del proceso- que posibilita la creación de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTAs) a nivel nacional. ¿Cómo funciona la suspensión y los tribunales? ¿Qué tipos de casos van a resolver? ¿Cuánto va a costar la implementación de este sistema? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué peligros conlleva? Comparto aquí unas respuestas iniciales a estas preguntas.
[contextly_sidebar id=&#8221;2d7b2f62d48b6a055a8a07fc4bd040ee&#8221;]Los TTAs existen hoy en Nuevo León como un programa piloto que ha tenido resultados inciertos. Según la página del Poder Judicial del Estado, para diciembre de 2013 se habían evaluado 180 casos en los tres tribunales existentes (<a href="https://front.animalpolitico.com/2013/10/cortes-de-drogas-nuevo-leon-imita-a-eu-en-el-combate-a-las-adicciones/#axzz2sZ9qLB5c">acá</a> más cifras sobre los tribunales). Del programa han “egresado” 61 personas, han sido expulsados 57 y 28 casos están aún vigentes. De los casos vigentes, el 86% son por alcohol y el 7% por cannabis. No sabemos cuánto ha costado el programa ni se han hecho públicos las formas de tratamientos a los que son sometidos los “voluntarios” del programa. La principal causa de expulsión fue la negación de tratamiento:
<figure id="attachment_296275" aria-describedby="caption-attachment-296275" style="width: 741px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2014/02/18/en-nuevo-codigo-de-procedimientos-penales-y-los-tribunales-de-tratamiento-de-adicciones/grafica-ok-blog-no-hay-derecho/" rel="attachment wp-att-296275"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-296275" alt="Fuente: Poder Judicial del Estado de Nuevo León Nota: es incierto qué significa el “criterio especial”. " src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/02/Gráfica-OK-Blog-No-hay-derecho.jpg" width="751" height="450" /></a><figcaption id="caption-attachment-296275" class="wp-caption-text">Fuente: Poder Judicial del Estado de Nuevo León          Nota: es incierto qué significa el “criterio especial”.</figcaption></figure>
Los TTAs no existen como tribunales diferentes a los tribunales penales de primera instancia, ni tiene una legislación propia. Se trata más bien de un mecanismo alterno de solución al proceso penal ordinario. A través de este mecanismo se suspende o interrumpe el proceso por decisión del juez, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones dictadas por el juez durante un plazo no menor a 6 meses y no mayor a 3 años. Estas condiciones van desde prestar servicio social hasta someterse a tratamiento de adicciones. En el caso de los tratamientos de adicciones, aunque se dice que el tratamiento es voluntario, es en realidad forzoso pues se plantea en la forma de “tratamiento o cárcel” (que lleva por cierto implícito el ya tortuoso proceso penal ordinario mexicano). Una vez cumplido el plazo fijado por el juez y las condiciones, se extingue la causa penal y no puede volverse a imputar responsabilidad penal por el mismo delito. Pero –y aquí una de las principales críticas a este mecanismo-, si no se cumplen con las condiciones, la suspensión se revoca, el proceso continúa su curso normal como si la suspensión nunca hubiera sucedido, conduciendo –probablemente- a la imposición de una pena de prisión.
Los TTAs en Nuevo León funcionan para personas imputadas por delitos no graves y con problemas de consumo de sustancias –lícitas o ilícitas-. En el nuevo código la suspensión procede para personas acusadas de delitos no graves -si la media aritmética de la pena de prisión no es mayor a cinco años-. Como se mencionó, el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales posibilita su uso para el tratamiento de casos problemáticos de consumo. Pero falta aún ver si a nivel nacional se usará la suspensión como en Nuevo León, exclusivamente como forma de tratar casos de consumo problemático o si se usará para darle una salida alternativa (a la cárcel) a ciertos delitos no graves. 
¿Cuáles son las ventajas de este mecanismo? Al suspender el procedimiento de casos no graves, los TTAs prometen reducir el número de procesos superfluos que terminan con la imposición de penas de prisión. Además sirven supuestamente para aligerar la carga de las institucionales penales. Sin embargo, no reducen en nada la carga del ministerio público –que tendrá que seguir procesando estos casos-. Tampoco reducen significativamente el trabajo de los jueces penales –que conocerán y procesaran éstos para decidir si procede o no la suspensión-. Si bien en Nuevo León el programa ha servido para que algunas personas eviten ser enviadas prisión –un logro no menor dados los enormes costos personales, <a href="http://www.presunciondeinocencia.org.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=124">presupuestales</a> y <a href="http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/view/36878">sociales</a> que implica el uso de sanciones de prisión-, también ha significado un costo adicional al Estado por el elevado número de personas expulsadas que han tenido que vuelven al sistema penal, llevando un doble proceso, por decirlo de alguna forma. Es por esto que los tratamientos forzosos no son la mejor forma de evitar que asuntos “no-graves” sobrecarguen el sistema y personas no peligrosas pueblen las prisiones. 
El artículo 14 del nuevo código establece el principio de prohibición al doble enjuiciamiento, que prohíbe que una persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído sea sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Sin embargo, la suspensión del proceso parecesometer a doble proceso a los “participantes”.  Esto es porque si una persona fracasa en el tratamiento (que de forma seria puede ser pensado como una sanción), es sometido –nuevamente- al proceso penal y es impuesta otra sanción (pasar ciertos años en prisión después de haber pasado cierto tiempo en tratamiento y bajo otras restricciones personales que dicte el juez). De esta forma, personas que ya fueron condenadas a cumplir con una pena (el tratamiento) son condenadas a una nueva sanción (pasar tiempo la cárcel). 
En Estados Unidos, donde han sido implementados diferentes modelos de cortes de drogas (drug courts) y que inspira nuestro modelo de tribunales, éstos han sido duramente <a href="http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Drug%20Courts%20Are%20Not%20the%20Answer_Final2.pdf">criticados</a> por criminalizar a consumidores de sustancias ilícitas. El modelo instrumenta una política criminalizadora en contra de personas –usuarios problemáticos- que de antemano acepta no pertenecen en la cárcel. Lo hace además de una forma onerosa para el estado y con la amenaza de cárcel como incentivo para el tratamiento –te curas o te castigo-. Este proceso no sólo castiga el delito que se cometió, sino que sanciona el consumo mismo (aunque esto no sea un delito) y lo intenta “curar” por la vía penal.
Si el objeto del gobierno es sacar del sistema penal –y de la cárcel- a personas que considera pertenecen en el sistema de salud, tenemos que preguntar por qué no se hizo eso por ejemplo reclasificando conductas para que no sean delitos sino faltas administrativas. ¿Por qué se optó por un modelo costoso, que criminaliza a los usuarios y que finalmente termina -en una importante proporción- sancionado con cárcel a usuarios de substancias que requieren servicios de salud? ¿Qué pasó con las promesas de explorar otras formas no punitivas para tratar los problemas de consumo problemático? ¿Dónde quedó el fin de la guerra contra las drogas y el uso racional de los recursos en materia de seguridad?

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El nuevo Código de Procedimientos Penales y los Tribunales de Tratamiento de Adicciones

Paseando por el centro de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos me topé con esta tienda “Santa Fe Hemp”.
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/santa-fe-hemp/" rel="attachment wp-att-288882"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-288882" alt="Santa Fe Hemp" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/Santa-Fe-Hemp-456x342.jpg" width="456" height="342" /></a>
La palabra Hemp se traduce al español como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo">cáñamo</a> y es el nombre que recibe la fibra que se obtiene de la Cannabis Sativa (también conocida como Mariguana). Para mi era sabido que de la mariguana se obtiene varios productos como aceites, papel, cuerdas y, claro, la marihuana.
Comparto aquí algunos de los productos que me topé en Santa Fe Hemp. Todos los están hechos 100% de cáñamo.
<figure id="attachment_288885" aria-describedby="caption-attachment-288885" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/shampoo-de-hemp-1/" rel="attachment wp-att-288885"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288885" alt="Shampoo, acondicionador para el cabello y bálsamo para los golpes y dolores musculares" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/shampoo-de-hemp-1-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288885" class="wp-caption-text">Shampoo, acondicionador para el cabello y bálsamo para los golpes y dolores musculares</figcaption></figure>
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<figure id="attachment_288887" aria-describedby="caption-attachment-288887" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/balsamo-labios-3/" rel="attachment wp-att-288887"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288887" alt="Bálsamo para los labios (orgánico)" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/bálsamo-labios-3-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288887" class="wp-caption-text">Bálsamo para los labios (orgánico)</figcaption></figure>
 
<figure id="attachment_288889" aria-describedby="caption-attachment-288889" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/mochila-hemp/" rel="attachment wp-att-288889"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288889" alt="Mochilas para computadora y bolsas" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/mochila-hemp-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288889" class="wp-caption-text">Mochilas para computadora y bolsas</figcaption></figure>
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<figure id="attachment_288895" aria-describedby="caption-attachment-288895" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/bufandas/" rel="attachment wp-att-288895"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288895" alt="Bufandas y más mochilas" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/bufandas-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288895" class="wp-caption-text">Bufandas y más mochilas</figcaption></figure>
 
<figure id="attachment_288897" aria-describedby="caption-attachment-288897" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/camisas-hemp/" rel="attachment wp-att-288897"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288897" alt="Camisas. En la tienda había muchos tipos de camisas desde playeras hasta camisas de vestir. También vendían faldas hechas de 100% de cáñamo orgánico y pantalones de mezclilla, y para hacer ejercicio." src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/camisas-hemp-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288897" class="wp-caption-text">Camisas. En la tienda había muchos tipos de camisas, desde playeras hasta camisas de vestir. También vendían faldas hechas de 100% de cáñamo orgánico y pantalones de mezclilla, y para hacer ejercicio.</figcaption></figure>
 
<figure id="attachment_288898" aria-describedby="caption-attachment-288898" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/12/20/vestida-de-cannabis/hilo-de-hemp/" rel="attachment wp-att-288898"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-288898" alt="Hilo de distintos colores, también 100% cáñamo. (No, no había galletas ni cigarrillos, esos sólo se venden en dispensarios con receta médica)." src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/12/hilo-de-hemp-259x346.jpg" width="259" height="346" /></a><figcaption id="caption-attachment-288898" class="wp-caption-text">Hilo de distintos colores, también 100% cáñamo. (No, no había galletas ni cigarrillos, esos sólo se venden en dispensarios con receta médica).</figcaption></figure>
 
[contextly_sidebar id=&#8221;39321331dc720e497c49c127fdbaa019&#8243;]Entrar a esta tienda fue una revelación por dos motivos. Primero, porque es impresionante ver la variedad de productos que se puede producir con una planta cuya siembra es ilegal en nuestro país y que, además, es sancionada con penas de prisión que van de 6 1/2  a 16 1/2 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal. ¿Cómo es que uno de los principales productores de cannabis en el mundo prohíba la producción de algo que a unos kilómetros de la frontera se vende como artículos de lujo?
Segundo, porque entrar a esta tienda, situada en una zona de lujo de Santa Fe hace ver lo ridículo que es la prohibición de la cannabis en nuestro país y lo profundamente injustas que son las leyes que aún hoy justifican el encarcelamiento y hostigamiento de campesinos, jóvenes, padres y madres de familia. Al reflexionar sobre “Santa Fe Hemp” no puedo más que pensar en las miles de personas  -sí, miles- que pasarán está navidad en las cárceles de nuestro país por alguna conducta relacionada con la mariguana, en las familias que irán a visitarlos y en las razones que nos damos para que esto siga así.
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Vestida de ¿cannabis?

Comparto aquí mi texto publicado en <a href="http://www.lja.mx/2013/12/cuando-la-indiferencia-produce-violencia/">la Jornada de Aguascalientes</a>, en donde en días pasados se anunció, con escasa y confusa información, la suspensión del Programa de atención a la Violencia de Género por razones presupuestales. Fuentes internas indican que el programa inició el año con un presupuesto para 10 meses, con recursos otorgados por la federación, pero que el gobierno local omitió destinar los recursos faltantes para terminar el año. ¡Vaya forma de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género!
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A sólo 4 días de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes suspendió su programa de  Violencia de Género. Al ser cuestionado sobre los hechos, el Director General del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), Francisco Esparza Parada, aclaró que debido a problemas presupuestales se tuvo que prescindir de “alrededor de 30 psicólogas” que integraban el equipo de atención a mujeres víctimas de violencia en la dependencia a su cargo. Otras fuentes afirman que se despidió a 6 trabajadores (2 hombres y 4 mujeres) que integraban el programa y a su responsable. La información no es clara, como tampoco lo son las justificaciones que se han dado para explicar los problemas presupuestales y la consecuente suspensión del programa.
Resulta difícil obviar el hecho de que los trabajadores despedidos son, en su mayoría, mujeres. Consciente o no, el mensaje es que el trabajo de ellas no tiene la misma importancia que el de los hombres, que ellas son prescindibles. Pero resulta todavía más difícil de ignorar que, de todos los programas de salud, se suspenda el de atención a las mujeres víctimas de la violencia. Los efectos que ha tenido la poca atención dada al tema son indiscutibles: Aguascalientes se ubica por encima de la media nacional en casi todos los rubros de violencia contra la mujer.
[contextly_sidebar id=&#8221;c1f2f0779ba8bdf47b94662cfa22417c&#8221;]De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el INEGI en 2011 Aguascalientes ocupa el 7to lugar como la entidad con mayor porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito comunitario, con 32% de mujeres respondiendo que han sufrido algún tipo de violencia en este rubro. La entidad, además, ocupa el deshonroso segundo lugar con mayor porcentaje de mujeres violentas en el ámbito laboral –justo el que aquí nos ocupa directamente- con una incidencia de 26.8%. Menciono un último dato de la ENDIREH: “de las poco menos de 52 mil mujeres de la entidad que reportan violencia laboral, 92% mencionan ser víctimas de discriminación y 19% de acoso laboral”. No podemos obviar este contexto al analizar la decisión de suspender el programa. En un Estado en el que las cifras son alarmantes, el mensaje es que el problema no es prioritario.
La violencia contra la mujer es un hecho y si algo muestran los datos es la necesidad de contar no sólo con programa para atender a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, sino con programas para prevenirlo. Los estudios de género muestran que una de las formas más eficaces de prevenir la violencia en contra de las mujeres es haciéndolas económicamente autónomas. Resulta pues paradójico que la Secretaría de Salud del estado no sólo suspenda el programa de atención a la violencia sino que lo haga mediante el despido de las trabajadoras del programa, la mayoría de ellas mujeres. Al daño que implican los despidos, habrá que agregarle el  que se hayan anunciado justo la semana en que el mundo se dio a la tarea de despertar conciencias sobre el problema, con ceremonias, foros y pronunciamientos por doquier, desde el INEGI hasta la Presidencia de la República.
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Cuando la indiferencia produce violencia

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, cerca de 1,200,000 personas habían consumido alguna sustancia de uso ilícito en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta en 2011. Aunque existen varias ramas del derecho e instituciones (administrativo, de salud y penal) que regulan las sustancias de uso ilícito en México, el derecho penal sigue siendo la rama que marca la relación entre consumidores y Estado. Para muchos de los usuarios de estupefacientes controlados, el consumo implica entrar en contacto directo con las instituciones penales, con todos los costos que eso implica. Para muchos otros ha implicado moverse en la clandestinidad y la ilicitud, con los riesgos que ello conlleva.
[contextly_sidebar id=&#8221;fa7cf1e09339ac3353f59f3d495a40f8&#8243;]Tanto a nivel nacional como internacional existe cierto consenso respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino de salud. En la mayoría de los casos, el consumo no produce efectos negativos relevantes ni para el individuo que consume ni para la sociedad. A la vez, parece que los efectos más nocivos a la salud de los consumidores de sustancias controladas provienen del actual régimen prohibitivo que, al criminalizar a consumidores, los expone a situaciones de mayor riesgo (participar del mercado ilícito, consumir sustancias cuya procedencia y calidad no ha sido verificada o estar en contacto con el sistema penal y –presumiblemente- con el sistema penitenciario en donde la prevalencia de enfermedades contagiosas graves como el VIH/SIDA, Hepatitis, tuberculosis, sarna es mucho mayor que en la población en general) (<a href="http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf">Comisión Global de Política de Drogas, 2011</a>). Además, la criminalización de consumidores ha contribuido a sobrecargar los sistemas penales, a aumentar la población carcelaria, a perjudicar la salud de los usuarios de drogas y a negar el ejercicio de sus derechos fundamentales (TNI &amp; WOLA, 2010).
A pesar de ello, y a pesar que el consumo de sustancias de uso ilícito no está tipificado como un delito en México, la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Además, las cantidades máximas que la ley permite portar a los consumidores son tan pequeñas que están por debajo de la unidad usual de venta en el mercado negro, por lo que es fácil que un consumidor sea perseguido como si se tratara de un narcomenudista. Es decir, el régimen legal que, en teoría, buscaba crear un espacio de tolerancia para el consumo y distinguir con nitidez entre consumidor y narcomenudista, se aleja tanto de la realidad, que tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. El último estudio México del <a href="http://drogasyderecho.org/cedd-nosotros.html">CEDD</a>, que es <a href=" http://drogasyderecho.org/cedd-actividades.html" target="_blank">presentado este martes 12 de noviembre</a> en el CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013,  fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito.  (El evento se podrá seguir en vivo <a href="http://canal.cide.edu/">acá</a>).
 
Personas detenidas por consumo de drogas
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="82">2009</td>
<td valign="top" width="82">2010</td>
<td valign="top" width="82">2011</td>
<td valign="top" width="82">2012</td>
<td valign="top" width="82">Mayo 2013</td>
<td valign="top" width="82">Total</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="82">46,951</td>
<td valign="top" width="82">38,000</td>
<td valign="top" width="82">30,361</td>
<td valign="top" width="82">21,162</td>
<td valign="top" width="82">4,386</td>
<td valign="top" width="82">140,860</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Fuente: Información pública otorgada por la Procuraduría General de la República, con número de folio 0001700136313.
&nbsp;
Los datos reflejan que ha habido un constante descenso en el número de detenciones a nivel federal de personas por consumo. Sin embargo, es notorio que, a pesar de la aprobación de la Ley de Narcomenudeo –que hizo de la posesión y del menudeo delitos del fuero común- aún hay un importante número de detenciones por consumo. Durante el periodo en cuestión, además, fueron iniciadas 53,769 averiguaciones previas por consumo en el sistema federal y fueron también emitidos casi 90,000 No ejercicios de la Acción Penal. Aunque este último número se trata de personas que no fueron sancionadas penalmente, son personas que quedaron bajo la custodia o supervisión de una institución penal durante un periodo de tiempo.
La criminalización del consumo en México se puede explicar, en parte, por la negativa a distinguir distintos tipos de consumo y por la presunción de que todo consumo siempre es riesgoso y problemático -por lo que los márgenes de tolerancia son tan estrechos que en vez de abrir un espacio de tolerancia para el consumo, encierra a consumidores y proveedores en una misma categoría-. Por otra parte, es probable que la criminalización del consumo sea también resultado de la desinformación bajo la que operan las autoridades. Como he mencionado en este <a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/08/07/que-ha-pasado-con-la-ley-de-narcomenudeo/#axzz2kHDU1OBQ">espacio,</a> la Ley de Narcomenudeo no se ha implementado a nivel nacional. Quizás por ello las autoridades federales detienen y/o procesan a quienes ellas mismas califican de consumidores, siendo que el consumo no es delito, y además, persiguen los delitos de posesión y narcomenudeo aún cuando, conforme a la legislación actual, deberían de ser las autoridades estatales las encargadas de perseguirlos. Sean cuales sean las causas, el resultado es preocupante pues significa incertidumbre jurídica para los consumidores y el menoscabo de sus derechos fundamentales.
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2013/11/12/drogas-delincuentes-y-consumidores/cedd-usuarios-de-drogas-y-las-respuestas-estatales/" rel="attachment wp-att-283283"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-283283" alt="CEDD - Usuarios de drogas y las respuestas estatales" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/11/CEDD-Usuarios-de-drogas-y-las-respuestas-estatales.jpg" width="523" height="853" /></a>

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