Trump y la extorsión
El 13 de mayo del 2024, en el juicio que se le siguió a Donald Trump por la falsificación de registros financieros para cubrir pagos ilegales dirigidos a comprar el silencio de una actriz porno, Michael Cohen, quien durante una década fue su abogado a cargo de los trabajos sucios, subió a declarar:
“Entonces, la Universidad Trump se metió en problemas y había aproximadamente 50 proveedores a los que no se les había pagado. Para ellos había una suma segura de aproximadamente 2 millones de dólares. Desafortunadamente, las facturas excedían por mucho esa suma y Trump no deseaba cubrir el saldo. Entonces, lo que hice fue dividirlos a todos por los 2 millones y obtuve básicamente el 20 por ciento de lo que se debía facturar a cada uno. Me comuniqué con los proveedores y, salvo dos, aceptaron tomar su porcentaje”.
Cohen contó otras historias de cómo Trump el empresario solía extorsionar o demandar a quien se interpusiera en sus planes, fuera una concursante del Miss USA, un inversionista o un ciudadano común. Relevante su acuerdo con el pasquín sensacionalista The National Inquirer, donde le publicaban sólo notas positivas y además compraban y ocultaban otras que pudieran dañarlo, método bautizado como “catch and hide” (atrapa y esconde), el cual se intensificó luego que el empresario decidió lanzarse por la presidencia.
En sus más de cinco décadas como hombre dedicado a las bienes raíces, Trump ha sido coherente en su comportamiento radical moldeado por una sólida megalomanía y narcicismo cutre. Su falta de empatía y gusto por pisotear derechos de terceros son tan naturales como su mitomanía compulsiva.
Pese a su proclividad para imponerse vía la extorsión, la manipulación o las amenazas, en el 2017 cuando ganó por vez primera la elección se esperaba que ya como presidente tuviera un comportamiento más institucional y que, al menos en apariencia, se plegara a los mandatos de la Constitución, las leyes y la moral republicana.
Pero no fue así.
En esta versión Trump 2.0, que dirige la casa Blanca a partir del 20 de enero del 2025, con la mayoría en ambas cámaras, la Corte Suprema jugando a su favor, y medios tradicionalmente equilibrados como The Washington Post, CNN o ABC dispuestos a cambiar líneas editoriales para complacerlo, el envalentonado presidente de los Estados Unidos mira cómo sus tácticas casi han borrado los contrapesos y la disidencia que en otro tiempo luchó por contenerlo.
Por lo pronto, con su inigualable estilo tipo jefe de la mafia, en estos primeros días de su segundo mandato Trump ha ejercido una extorsión disfrazada de diplomacia dura a México, Canadá, Dinamarca, Panamá, Colombia, China, y a un puñado de países en Medio Oriente. Sus amenazas prometen alguna acción arbitraria contra todos ellos y mientras exige sumisión y los insta a tomar acciones que lo complazcan, les repite que todo es por el “bienestar del pueblo estadounidense” del cual han estado abusando, pero “eso se acabó”.
Chantajeó asimismo a la cadena ABC News que prefirió pagarle 15 millones de dólares antes de ir a un juicio luego que Trump los demandara por difamación. Chantajeó a Meta, empresa matriz de Facebook, que le pagó 25 millones de dólares evitando así una demanda presentada de Trump quien alegaba que dichas empresas le habían “suspendido sus cuentas de manera ilegal” en el 2021.
Pero el chantaje mayor y más triste, sin duda, debe ser el que aplica sobre el Partido Republicano, bajo el cual compitió por tercera vez. La última fase de esta etapa, la de la rendición, arrancó al diluirse los esfuerzos de Donald Trump por mantenerse ilegalmente en el poder tras con el fallido intento de insurrección que organizó el 6 de enero del 2021. Ahí el actual presidente, decidido a volver a la Casa Blanca como única alternativa para no ir a prisión por los crímenes cometidos en los dos últimos meses de su primer mandato, sostuvo una llamada con la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel (RNC), y le dijo que abandonaría el partido y se iría a formar otro, según se lee en La traición, el acto final del show de Trump, libro del reportero de la ABC, John Karl.
Como para los republicanos la partida de Trump y sus seguidores sería el fin de la institución, aquellos que lo habían culpado por los hechos del 6 de enero decidieron ir a su residencia de la Florida a retractarse. Comenzando por quien era el líder de la minoría en la cámara de representantes, Kevin McCarthy.
“El presidente tiene la responsabilidad del ataque al Congreso por parte de la turba alborotada”, dijo mister McCarthy horas después de aquel suceso, aunque semanas antes de encabezar un desfile de republicanos que asistieron a pedirle perdón a Trump.
Convertido dicho partido en un culto hoy, y enviado el mensaje de apoyo total al líder si que se permitiera la disidencia, poco se atrevieron a enfrentarlo. Los congresistas republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger fueron de los pocos que decidieron enfrentarlo al participar en el Comité Selecto 6 de Enero que investigó el asalto al congreso: dos años después, ambos perdieron sus curules en las elecciones intermedias frente a candidatos trompistas.
Un caído más fue el ahora exsenador y excandidato presidencial en 2013, Mitt Romney, quien un poco harto de recibir amenazas de muerte y tras convertirse en un paria en su partido por votar “a favor” de los dos juicios políticos realizados contra Trump, en 2024 ya no buscó la reelección de su curul y decidió retirarse de la política.
Ante esta perspectiva cabe preguntar si habrá alguna instancia o figura que consiga frenar la destrucción de las instituciones democráticas, de salud, de apoyo social que ha puesto en marcha Trump en estas primeras semanas como presidente de los Estados Unidos.
Una pregunta que no parece se vaya a responder en el corto plazo.
El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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