
En este 2023, Luis Estrada estrenó ¡Qué Viva México! donde aborda una vez más, desde el género del panfleto político, la realidad del país. Antes lo había hecho en otras tres películas, La Ley de Herodes (1999), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014).
La primera de estas, La ley de Herodes, se sitúa en 1949 donde los habitantes del pueblo ficticio de San Pedro de los Saguaro, persiguen y decapitan al alcalde cuando trata de huir con los fondos municipales.
El asesinato se convierte en un escándalo que llega al gobernador Sánchez (Ernesto Gómez Cruz), que pretende ser candidato en la contienda presidencial de 1952, para suceder a Miguel Alemán Valdés.
Los hechos pueden afectar su imagen como gobernador y hacerlo a un lado en la carrera por la candidatura y jugar a favor de su rival, el secretario de gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.
El gobernador encomienda al licenciado López (Pedro Armendáriz Jr.), su secretario de gobierno, reconocido por su ambición y corrupción, que resuelva el problema en el pueblo.
López, que pretende suceder al gobernador, piensa que el candidato ideal para el puesto es Juan Vargas (Damián Alcázar), a quien considera puede manejar a su antojo.
Encarga al licenciado Ramírez (Juan Carlos Colombo), que busque a Vargas, que se desempeña como encargado de un basurero.
López lo lleva con el gobernador, quien lo nombra alcalde interino de San Pedro de los Saguaros. El nuevo alcalde, al llegar al pueblo, es recibido por el secretario Carlos Pek (Salvador Sánchez), quien le lleva al palacio municipal.
Vargas se propone hacer un buen trabajo, que traiga el “progreso y la justicia social” al pueblo, pero pronto se da cuenta que se enfrenta a obstáculos imposibles de vencer.
La mayoría de los habitantes son indígenas y no hablan español. La gestión de los presidentes municipales anteriores ha sido un prolongado desastre y objeto del saqueo sistemático.
El pueblo carece de todo y Vargas asume que en su tarea está solo y que cualquier cambio y mejora es algo que depende de él y nadie más.
En el pueblo la oposición está representada por el único médico, Uriel Morales (Eduardo López Rojas), candidato eterno del PAN, y de doña Lupe (Isela Vega), la dueña del burdel.
A sugerencia de su esposa Gloria (Leticia Huijara), viaja a la capital del estado para solicitar recursos al secretario de gobierno, que lo recomendó para el puesto. Este se los niega, porque todo el dinero es para las elecciones.
Lo que el secretario le da es una copia de la Constitución y una pistola. Representan la ley y el orden y le dice que la única ley que existe es la Ley de Herodes: “O te chingas o te jodes»”.
De regreso al pueblo, el carro del alcalde se descompone y de manera accidental se encuentra con Robert Smith (Alex Cox), estadounidense que le ofrece ayuda. Arregla el desperfecto y pide su paga. Vargas no se la da.
Después de un tiempo el alcalde ya tiene en sus manos todas las riendas del pueblo. Y ha decidido entrarle, como los anteriores alcaldes, a la corrupción.
Doña Lupe, la dueña del burdel, es quien lo inicia en esta vieja práctica. Entre otras ventajas goza del servicio gratuito de las prostitutas.
Extorsiona a los dueños de negocios y a los habitantes a quienes impone todo tipo de multas bajo el pretexto de que son fondos, para llevar la electricidad al pueblo.
Esto con la ayuda de un ingeniero estadounidense, que es Smith, quien llega al pueblo exigiendo que el alcalde le pague la reparación del carro.
Vargas mata a doña Lupe y a su guardaespaldas. Acusa de su asesinato a Filemón, el borracho del pueblo, a quien también asesina cuando lo lleva con las autoridades estatales.
De regreso a su casa se da cuenta que su esposa tiene como amante a Smith, quien logra huir semidesnudo mientras golpea y encadena a su esposa.
El alcalde levanta falsas acusaciones contra el médico Morales, el panista, a quien acusa de ser autor intelectual del asesinato de doña Lupe.
Descubre que Morales ha abusado sexualmente de la trabajadora del hogar que es una adolescente, y Vargas lo chantajea y el médico debe abandonar el pueblo o ir a la cárcel.
De sorpresa se hace presente el secretario López y su secuaz, Tiburón (Jorge Zárate), ambos fugitivos luego que intentaran matar su rival por la gubernatura que resulta ser sobrino del presidente Alemán.
López exige al alcalde que le entregue todo el dinero que ha robado a los habitantes del pueblo. Va a su casa por el dinero y descubre que su esposa se ha ido con Smith con todo lo que había robado.
Decide, entonces, asesinar a López y al Tiburón. El pueblo se levanta contra el alcalde, que se refugia en lo alto del único poste de luz que levantó.
En esa situación llega la policía del estatal, que busca a López, y rescata al alcalde. En recompensa por haber matado a López obtiene un escaño como diputado del Congreso de la Unión.
En 2000, hace 23 años, las autoridades intentaron impedir que la película se exhibiera. Era el tiempo de la campaña electoral por la presidencia de la República. No lo lograron.
Esta película de Estrada, una crítica política original y novedosa en el cine mexicano, llena de ironía y humor, ofrece un muy buen logrado retrato, con alta dosis de realidad, de lo que había sido la política mexicana.
El abuso de autoridad, la corrupción y también el crimen están ahí. Todo en aras de obtener y conservar el poder, para servirse de él. Estrada lleva el género del panfleto político al cine y lo hace de manera creativa e inteligente.
En 2000, la película tuvo una gran cantidad de nominaciones y premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos once premios Ariel. En el Sundance Film Festival, Estrada ganó como mejor director y en el Valladolid International Film Festival, también como mejor director y Damián Alcázar como mejor actor.

La ley de Herodes
Título original: La ley de Herodes
Producción: México, 1999
Dirección: Luis Estrada
Guion: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Vicente Leñero y Fernando León
Fotografía: Norman Christianson
Música: Santiago Ojeda
Actuación: Damián Alcázar, Leticia Huijara, Pedro Armendáriz Jr., Salvador Sánchez, Isela Vega, Eduardo López Rojas (…)

Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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