El Ejército y los 43
Como el presidente Peña Nieto, el presidente López Obrador cedió a las presiones del Ejército en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura Vidulfo Rosales, abogado de los padres de estas víctimas.
De manera detallada en una entrevista realizada por Jesús Guerrero (Reforma, 26.09.24), Rosales da su versión de cómo ocurre la presión del Ejército y, entonces, el presidente da marcha atrás al compromiso contraído con los padres, a los cuales no les cumple su promesa y los traiciona.
El 18 de agosto de 2022 tuvo lugar una reunión en la que estuvieron presentes López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, los integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Omar Gómez Trejo, fiscal del caso, y también los padres y las madres de los normalistas asesinados.
En esa reunión se dio a conocer un informe con una lista de 180 personas con órdenes de aprehensión. En esta había nombres de jefes militares, funcionarios públicos federales y estatales, expolicías federales, estatales y municipales de Iguala, Taxco, Huitzuco y Tepecoacuilco, y también de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
El presidente dijo en esa ocasión “adelante, yo no tengo compromiso con nadie y pronto se les dará noticias”. Nosotros, dice Rosales, entendimos que el presidente giraba una orden para que se realizaran las detenciones correspondientes.
Un día después, el 19 de agosto, ocurre el arresto de Jesús Murillo Karam, que había sido el fiscal en tiempos de Peña Nieto. Los cargos: tortura y desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa. Entonces “pensamos que en verdad sí se estaba avanzando y que se había dado un gran paso para encontrar la verdad”, dice Rosales.
No era así. Las presiones del Ejército sobre el presidente inician en septiembre de 2022 cuando ya se conoce la lista con los mandos que se piden sean arrestados, y entre el 10 y 20 de septiembre tiene lugar un debate muy intenso al interior del gobierno, asegura Rosales.
La discusión era si se procedía y arrestaba a los mandos militares, o no se hacía nada para no entrar en conflicto con el Ejército. Según Rosales, los militares amenazaron con “dejar tiradas” las obras del aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
El presidente cedió. Estaban en juego sus obras emblemáticas y dio órdenes para que no procedieran los arrestos de los mandos militares implicados en el caso de Ayotzinapa, afirma Rosales.
El presidente, que no hizo honor a su compromiso con los padres y madres de los normalistas -añade el abogado-, “nos acusó de haber inventado historias, y denostó al igual a los organismos de derechos humanos que hemos acompañado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos”.
No hay duda, es la real verdad histórica que el Ejército tuvo participación en los hechos de Iguala, como lo aseguran los padres y madres de los normalistas, y también instancias internacionales implicadas en el caso. Hasta ahora no ha habido la voluntad y fuerza del gobierno para llevar a los militares a presentarse ante la justicia.
El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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