El Ejército y sus operaciones en ciberespacio
El Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC) es una unidad que depende de la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y se integra con 178 efectivos militares.
Su objetivo es realizar “operaciones militares en el ciberespacio” y entre sus tareas están las actividades defensivas orientadas a proteger la infraestructura militar, acciones de “ciberinteligencia” y también realizar operaciones de “defensa reactiva”.
Desde 2016, la Sedena ha invertido cientos de millones de pesos en el COC, que es organizado en seis secciones: 1) Monitoreo, 2) Respuesta a Incidentes, 3) Seguridad de la Información, 4) Operaciones, 5) Doctrina y Desarrollo, y 6) Administrativa.
Se ubica en el Campo Militar 1-A, en un edificio semicircular de concreto junto al Centro Militar de Inteligencia (CMI), agencia militar secreta que ha operado ilegalmente el programa Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El pasado febrero la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó una investigación sobre las operaciones del COC. La R3D es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, que desde 2014 desarrolla investigación y litigio estratégico para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
La investigación muestra que el COC realiza actividades de monitoreo de personas usuarias de redes sociales que hacen comentarios o publicaciones críticas hacia las Fuerzas Armadas o al gobierno federal. Y también crean perfiles falsos para obtener más información sobre sus amistades, sus familiares y sus redes de contactos. Además, emplean un software especializado para operar granjas de usuarios simulados (bots) para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública”.
Para realizar sus acciones de monitoreo, el COC utiliza el software HIWIRE, adquirido en 2020, desarrollado por la empresa israelí WebintPro, que tiene capacidad de monitoreo de redes sociales y puede “identificar activistas e influenciadores clave” y “monitorear redes opositoras en tiempo real”.
De acuerdo al Manual de Organización y Funcionamiento (MOF) se establece un “Grupo de Operaciones de Influencia y Sensibilización”, que tiene como parte de sus objetivos 1) “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército Mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”, 2) “desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército Mexicano” y 3) “desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército Mexicano”.
Las actividades del COC no se encuentran contempladas dentro del marco legal. Por ello, una de las prioridades de la Sedena ha sido impulsar la creación de un marco jurídico “que dé sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en el Ciberespacio”. La investigación de R3D se basa en los correos electrónicos filtrados por el colectivo Guacamaya. Hay todavía mucha tela de donde cortar.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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