La traición de las mujeres obedientes
Falda o pantalón, respétame señor. Falda o pantalón, respétame señor. Falda o pantalón, respétame señor. La pequeña de unos 9 años repite la frase mientras camina de vuelta con su madre sobre Reforma, rumbo al punto de partida de la marcha que ayer, 8 de marzo de 2023, se convirtió en la más concurrida de los últimos cinco años en la Ciudad de México. La protesta más multitudinaria contra las acciones emprendidas por la actual administración, que se aproxima a su término. La manifestación con el mensaje más contundente de centenas de miles de mujeres, sobre todo jóvenes, que brincaron, bailaron, cantaron y se desgañitaron para hacerse oír y no sólo ver: seríamos más, si no nos mataran.
La pequeña de 9 no soltaba el estribillo que, de tan repetido, calaba: muy pronto en la vida hay que curtirse en la exigencia del respeto. Esa exigencia que se multiplicó por miles de carteles sostenidos a lo alto, desde la Glorieta de la Diana hasta el Zócalo. Calladita, no me veo. Harta de avisar que llegué viva. Si no luchamos juntas, nos matan por separado. Si mañana soy yo, abracen mucho a mi mamá.
Centenas de miles de mujeres a las que les dijeron que no anduvieran solas, así que cayeron todas. Mujeres desobedientes y descreídas del discurso oficial que ayer, horas antes de la marcha, pretendió dar por concluida la lucha feminista porque eso ya se logró y ahora se ocupa consumar la transformación, a pesar de la terca realidad que se empeña en contradecirlo. Esa que dice que aún matan 10 mujeres al día por la apuesta militarista de los últimos tres sexenios, incluido el que corre. Esa que insiste en demostrar que dinero hay, pero no se usa para combatir la violencia contra las mujeres ni para sostener refugios, estancias infantiles y el sistema nacional de cuidados, o para garantizar la salud sexual y reproductiva, el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, la vivienda de calidad, el transporte público accesible y hasta los senderos realmente seguros. Todo lo que hoy hace falta a esas centenas de miles de mujeres a las que les quitaron tanto, que les quitaron el miedo.
Y aún así hubo quienes -en esas horas previas- agradecieron la austeridad que mata, y aplaudieron y echaron porras al proyecto ni feminista ni machista, humanista de un presidente que apenas por segunda ocasión en cinco años decidió conmemorar el día, pero sólo con mujeres de su partido y en un palacio rodeado de vallas de acero. No fuera a ser que “los vándalos infiltrados de la derecha” lo tomaran y quemaran.
Pero las “vándalas” no se amilanaron y para cuando secretarias de Estado, gobernadoras y legisladoras emanadas de Morena aplaudían al presidente la paridad que no impidió el recorte presupuestal a los principales programas para la igualdad de género, ellas ya habían pintado las vallas con los nombres de las que nos faltan y han sido violentadas: las defensoras, las víctimas de feminicidio y de ataques con ácido, las desaparecidas, las violadas, las acosadas. También acusaron recibo y advirtieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México la ridiculez de achacar racismo y clasismo a las madres de las mujeres víctimas de la violencia machista, que resignificaron La Glorieta de las Mujeres que Luchan como un espacio de memoria y resistencia, ante la omisión del Estado.
Disculpen las molestias, pero nos están matando. Se lo debemos a las que no volvieron. Las centenas de miles de mujeres familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, colectivas feministas, mujeres indígenas, mujeres trans de la diversidad sexual y de género, mujeres con infancias, con discapacidad, universitarias, de la sociedad civil, y de organizaciones sindicales, urbano popular y políticas que ayer se volcaron a las calles de la Ciudad de México, tomaron nota de la contradicción entre su justo reclamo y el festejo oficialista. Ese que sin rubor deja pasar afrentas nunca permitidas ni justificadas en gobiernos anteriores, porque quien gobierna hoy lo pide. La disciplina y la obediencia, antes que los principios y la congruencia. El presunto rédito político futuro sobre las históricas trayectorias. La cancelación de la opción de izquierda, ante la aplicación en los hechos de los principios de la derecha. La traición a la propia causa antes que la desobediencia.
Pero hay esperanza en la pequeña de 9 y en las centenas de miles de mujeres que empezaron a arribar al Zócalo a las 3:30 de la tarde, mientras el último contingente partía del monumento a Cuauhtémoc dos horas después. Hay esperanza y un nudo en la garganta por su dolor encaminado y su demanda de justicia, que los gases de “extintores” de los gobiernos capitalinos de Ebrard, Mancera y Sheinbaum no pudieron ni han podido reprimir. Y hay, sobre todo, esperanza en el convencimiento de lo que pueden lograr, a pesar de la oscuridad en la que la autoridad pretende dejarlas. Porque ellas saben que lo que no han tenido para sí, será para todas ustedes.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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